En ejercicio de facultades extraordinarias que la Asamblea Legislativa le otorgó al Ejecutivo, se dictó el Decreto Ley 9 de 1997, que establece un régimen especial de incentivos fiscales para promover la restauración del Casco Viejo. En ese entonces, el presidente de la República era del PRD y mantenía control mayoritario en la Asamblea Legislativa. Por alguna extraña razón que nadie se ha molestado en explicar, el PRD, que tiene mayoría legislativa a través del pacto META, parece haber cambiado de opinión. Pretende ahora aprobar un proyecto de ley, según el cual los compradores de propiedades en el Casco Viejo estarán obligados a pagar indemnizaciones de 6 mil dólares a cada una de las familias que desalojen. Según se afirma, hay aproximadamente mil familias que deben ser desalojadas, lo que equivale a gravar a los inversionistas con 6 millones de dólares no contemplados en los proyectos. ¿En qué quedamos? Cuatro años atrás al PRD le pareció conveniente otorgar incentivos y ahora pretende establecer gravámenes. ¿Quién los entiende?