La aspiración del empresariado panameño de lograr que el Estado adopte una política de comercio exterior por encima de los acostumbrados vaivenes de los gobiernos de turno, es una expectativa legítima y no debiera caer en saco roto. Sin embargo, no se puede dejar pasar la ocasión sin comentar lo que a fuerza de ser obvio, no se quiere ver. Las políticas de apoyo y promoción de las exportaciones panameñas no pueden tratarse de modo aislado. Ellas tienen que ser parte de una política económica más general, la cual a su vez supone una visión del desarrollo, como de sus medios. De lo contrario, la formulación de dichas políticas sería como el intento de diseñar un edificio a partir del segundo piso, sin bases ni planta baja ni primer piso. Es decir, un imposible lógico que se manifiesta en una frustración ante la promesa incumplida. Todos los ciudadanos tienen como expectativa legítima que el Estado sea un instrumento de desarrollo y no su obstáculo. Eso incluye al millón de panameños que vive en condiciones de pobreza. Las respuestas no provendrán de un grupo político, sino de la acción concertada del Estado y la sociedad; ni surtirán efectos sostenidos para solo un sector de la economía, si no benefician a todos. Pensemos en el país que verdaderamente tenemos, y dejemos que la solidaridad nos impulse a garantizar mejores niveles de acceso a una buena salud y a una mejor educación; así descubriremos que juntos podemos despegar hacia el siglo XXI. El precio de buscar soluciones sectoriales podría ser muy alto.