Violencia
sin soluciones
La intervención de Estados Unidos a través del Plan Colombia,
no ha contribuido, hasta ahora, con la pacificación del país,
y el “avance” en la lucha contra el narcotráfico es poco visible.
HERASTO
REYES
hreyes.prensa.com
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Lo que ha recibido el pueblo colombiano del Plan Colombia
ha sido el incremento de la violencia.
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La definición real del Plan Colombia se encuentra en los hechos.
Durante las últimas semanas, el tema ha ocupado la atención de gobernantes,
líderes guerrilleros, sindicalistas y del ciudadano común. Ha sido
así por el recrudecimiento de la guerra y el incremento de las masacres;
por la semiparalización de las negociaciones de paz entre el Gobierno
colombiano y los grupos guerrilleros; por la reafirmación de sus
negocios por parte de paramilitares y narcotraficantes, y por los
atropellos contra campesinos y líderes sindicales. También han llamado
la atención las promesas de donaciones multimillonarias por parte
de Estados Unidos a los países que apoyen sin condiciones su política
intervencionista.
Panamá no está fuera del alcance de esta política. Todo lo contrario,
el país se ve involucrado por su vecindad con el epicentro de la
guerra y por cierto interés de Estados Unidos de volver a tener
alguna presencia militar en el Istmo, después de su retiro en diciembre
de 1999, en toda la política que define al Plan Colombia. Aunque,
hasta ahora ha logrado mantener cierta resistencia a las presiones
norteamericanas de utilizar nuestro territorio como trampolín para
sus tropas.
El Plan Colombia es la propuesta del presidente Andrés Pastrana
para combatir, por la vía armada, el narcotráfico. Tiene el aval
de Estados Unidos y la promesa de sus millones. Ha encontrado
ciertas aprehensiones en la Comunidad Europea y en algunos países
vecinos de Colombia como Brasil y Panamá, que refutan el plan
por razones políticas y como Venezuela y Ecuador, que cuestionan
el componente militar de la propuesta.
Estados Unidos, pese a todas las evaluaciones negativas del uso
de la fuerza en la eliminación de los sembradíos e instalaciones,
productores y procesadores, de coca y de cocaína, insiste en que
la vía armada es el método para combatir la actividad; pero detrás
de esta insistencia está el afán de combatir a las organizaciones
guerrilleras, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El propio presidente estadounidense, George Bush, ha manifestado
su disposición de cooperar con Colombia y sus vecinos en aspectos
que van más allá del combate al narcotráfico. Aseguró, durante
una reunión con los presidentes de Colombia, Ecuador, Venezuela,
Bolivia, Brasil y Panamá, que “el Plan Colombia significa más
que el solo país de Colombia”. Esta reunión se verificó dentro
del marco de la Cumbre de las Américas en Quebec, Canadá.
Estados Unidos considera imposible evitar que la ayuda militar
incluida en el Plan Colombia no sea utilizada para el combate
a la guerrilla, ya que de acuerdo con sus apreciaciones “hay una
vinculación entre la guerrilla y el narcotráfico” por la vía de
la protección a los cultivos de coca y a los laboratorios de cocaína.
Esta consideración es la que define, como parte del plan, el peligro
de que la guerra tenga extensiones que alcancen a las organizaciones
guerrilleras. Evidentemente que estas responderían en el terreno
del combate.
The New York Times, probablemente el periódico más influyente
de Estados Unidos, ha hablado de que la “primera crisis” en política
exterior para el gobierno de Bush puede ser Colombia, donde hay
fuerzas militares norteamericanas expuestas a “peligros letales”.
Estados Unidos tiene en Colombia, según el diario, de 250 a 300
militares dedicados al manejo de las estaciones de radar y al
entrenamiento militar. Esta cantidad se duplica, si se cuenta
a los empleados civiles.
De los mil 300 millones de dólares destinados al Plan Colombia,
para dos años de operaciones, la mayor parte corresponde a la
ayuda militar.
Finalmente, el diario advierte que, aunque la asistencia militar
está destinada a las fuerzas gubernamentales, también hay que
considerar que existe una amplia “colaboración entre el Ejército
colombiano y las unidades paramilitares”. La ayuda militar de
Estados Unidos a Colombia asciende a dos millones de dólares diarios.
Andrés Pastrana, en declaraciones que hacían eco a los planteamientos
que vinculan a la guerrilla con el narcotráfico y a la detención
de un capo narcotraficante, el brasileño Luis Fernando Da Costa
(Fernandiño), dijo que “los grupos subversivos van a tener que
demostrarle al mundo que no tienen ningún nexo con los carteles
de las drogas”.
Fernandiño fue detenido por la Fuerza de Despliegue Rápido del
Ejército colombiano cuando se movía acompañado por dos supuestos
miembros de las FARC, según informes del Ejército. Este capo de
la droga había convertido a Brasil en el reino de su poder. Fernandiño
dijo que pagaba 10 millones de dólares mensuales a la guerrilla
colombiana por la colaboración con su negocio ilícito. Ahora está
detenido, Colombia más rápido que ligero lo expulsó rumbo a Brasil.
En la detención de Fernandiño intervino directamente Estados Unidos
a través del Departamento Antidrogas en coordinación con las autoridades
de Paraguay, Colombia y Brasil . Sea cual sea el desenlace de
la “treta Fernandiño”, lo cierto es que es un ingrediente que
se suma a los afanes de probar la vinculación de las FARC con
el narcotráfico en un terreno, donde los límites son borrosos.
Puede ser que se detengan a otros grandes capos del narcotráfico
con el método de la guerra, pero lo que se deben preguntar quienes
financian y arman a los ejércitos en una red de trincheras sin
fin es ¿por qué las masacres de colombianos inocentes siguen y
se recrudecen cada vez que se presentan hechos como el comentado?,
¿acaso los narcotraficantes (que cuentan “con todo el dinero del
mundo”, como lo reconoció Fernandiño) no promueven este clima
de sangre y dolor para salirse con las suyas?
Colombia se caracteriza hoy por una creciente desconfianza social,
una situación económica que no despega, la ausencia de la autoridad
de las instituciones estatales en gran parte del país, controlada
o con fuerte presencia de los grupos armados, y con más de 120
mil hectáreas destinadas al cultivo de coca y, en menor cantidad,
de amapola.
Colombia también se caracteriza por el número plural de masacres
de todo tipo y de orígenes diversos y por los constantes asesinatos
de dirigentes políticos y sindicales.
Las noticias cotidianas de los diarios, ilustran al respecto:
“La violencia se destacó este fin de semana con el ataque de rebeldes
a un pueblo que dejó al menos nueve muertos y los nuevos datos
de la masacre cometida por paramilitares en las montañas del sureste,
que habría cobrado la vida de una veintena de personas”.
El New York Times interpreta que “el narcotráfico, apretado en
un lugar, simplemente surge en otro”. Lo irónico del Plan Colombia,
según el diario, es que entre más éxito se logra en erradicar
las plantaciones de coca en Colombia, más serio será el problema
para los países vecinos, porque tanto refugiados como narcotraficantes
y guerrilleros sencillamente se mudarán de lugar.
En Panamá, un alto vocero de la Cancillería, el viceministro Harmodio
Arias, ha dicho que “el problema de Colombia es de Colombia, y
nosotros como país limítrofe queremos que haya paz, pero no nos
vamos a involucrar en una guerra o problema que tienen ellos,
los colombianos”.
Arias cuestionó la ayuda económica (1.8 millones de dólares) de
Estados Unidos a Panamá en el marco del Plan Colombia, porque
“al final nuestro país va a quedar involucrado en un problema
por recibir esa mínima cantidad de dinero”. Recalcó su convencimiento
de que esa ayuda “son migajas”, y no millones.
Son pocos, pero significativos, los incidentes o situaciones que
buscan que Panamá se involucre en acciones colaterales de la guerra
colombiana. Por ejemplo: en febrero del 2001, seis helicópteros
militares tipo UH-60 Black Hawk, de fabricación estadounidense
y de propiedad de las Fuerzas Armadas de Colombia, aterrizaron
en el aeropuerto Enrique Malek de David y de ahí se trasladaron
a Tocumen en Panamá, donde pernoctaron bajo la custodia del Servicio
Aéreo Nacional (SAN). Su destino final era Colombia. Los helicópteros
forman parte de la donación de 30 de estos aparatos que ha hecho
Estados Unidos a Colombia; los mismos ingresaron a Panamá con
la autorización de la Oficina de Relaciones Internacionales de
la Cancillería.
Más recientemente, el Servicio Marítimo Nacional (SMN) participó
con fuerzas estadounidenses y colombianas en la captura de una
embarcación de narcotraficantes en alta mar (a 180 millas náuticas
de la isla Jicarita, localizada en el golfo de Montijo). En la
acción fueron detenidos cuatro colombianos a los que no se identificó
y que después de estar bajo el régimen panameño los entregaron
en extradición al Gobierno de Estados Unidos.
Esta vez fue en aguas internacionales, pero Estados Unidos busca
que estos operativos conjuntos, entre sus fuerzas militares y
los funcionarios policiales panameños, se den en el espacio aéreo
y marítimo de Panamá. El embajador de Panamá en Washington, Guillermo
Ford, reconoció que existe un borrador de acuerdo y que se dan
conversaciones al respecto.
Por su parte, el canciller José Miguel Alemán reconoció, según
informaciones del diario El Panamá América, que se está “conversando
para actualizar” un acuerdo afín, que se firmó en 1991. Las gestiones
sobre este tema de las fuerzas conjuntas para combatir el narcotráfico
se han prolongado, sin que hasta ahora se haya llegado a permitir
que las acciones estadounidenses se den en aguas o cielos panameños.
Estados Unidos también ha insistido en fórmulas similares a la
de las llamadas Fuerzas Visitantes, que permitirían a las tropas
norteamericanas utilizar el suelo istmeño bajo un régimen de negación
de la jurisdicción por parte de Panamá. La propuesta original
se vino al agua cuando en el 2000 fue negada, tras lo cual Estados
Unidos ha mantenido la presión para que Panamá ceda espacio a
fin de que sus tropas, destinadas al combate en Colombia, tengan
en Panamá un asiento. Hasta ahora, Panamá no ha permitido esa
posibilidad.
La guerra sigue; la presencia de Estados Unidos en los combates
se mantiene; los narcotraficantes continúan su accionar con los
violentos métodos de las masacres y asesinatos y la guerrilla
hace lo propio en el campo de batalla más que en la mesa de negociaciones;
el pueblo colombiano pone la sangre que corre por su suelo.
Por ejemplo, durante el año 2000 fueron asesinados unos 112 sindicalistas
y en lo que va del 2001 el número de dirigentes sindicales asesinados
es de 31 víctimas. Se considera que estos crímenes selectivos
son obra de los paramilitares y de matones a sueldo, financiados
por los narcotraficantes. El gobierno, según lo expresan dirigentes
sindicales, “está actuando como el dejar hacer, dejar pasar. No
establece mecanismos para neutralizar el problema de la impunidad”,
mientras que el sindicalismo colombiano sigue siendo golpeado
persistentemente.
En síntesis, la guerra es un mal que vive Colombia, pero que puede
extenderse al vecindario y lejos de plantear las soluciones al
problema, móvil del conflicto, lo profundiza. El narcotráfico
es un poder organizado que no se resuelve por la vía de las armas.
Eso parece estar claramente demostrado.
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