En los difíciles momentos que vive el panameño, el aumento de la tarifa del servicio de transporte público no será una medida popular. El alza en los precios del teléfono, de la energía eléctrica y la gasolina aún gravita negativamente sobre el país, lo que hace que dicho incremento sea asaz inoportuno. Llama poderosamente la atención que el Gobierno se haya comprometido con el gremio de ‘buseros’ a acceder a su petición, sin asegurarse primero de que los empresarios del transporte brinden un servicio adecuado a la población. Se trata de una vieja cuenta pendiente que todavía ningún gobierno ha logrado cobrar, pues la mala calidad del transporte público es conocida y de larga trayectoria. No es suficiente que el acuerdo entre la Autoridad del Transporte y los transportistas incluya la reglamentación del servicio, pues un reglamento fácilmente puede quedar convertido en letra muerta por la dificultad que supondría su aplicación. De lo que se trata es de que efectivamente se preste un servicio de transporte con la calidad que la ciudadanía merece, y nada indica que el aumento vaya a contribuir en algo para que esto se logre. Los transportistas reciben de esta forma un incentivo para seguir siendo ineficientes en su negocio, y quien paga por ello es nuevamente el ciudadano de a pie. No queda más que preguntarse: ¿quién le pone el cascabel al gato?