Es cierto que el derecho es parte de la cultura, pero hay veces que la cultura funciona al revés del derecho. Por ejemplo, el Código Judicial establece la obligación que tiene toda persona de poner en conocimiento de las autoridades la perpetración de un delito y al mismo tiempo señala el deber del Ministerio Público de perseguir los actos delictivos de oficio, con excepción de crímenes que requieran de querella de parte interesada. Los medios de comunicación denuncian con frecuencia hechos que por constituir delito deben ser investigados por los fiscales, pero estos están tan ocupados que no tienen tiempo de abrir una investigación de su propia iniciativa y cumplir así con lo que la ley les manda. ¿En qué se consume el valioso tiempo del personal del Ministerio Público? Habrá que investigarlo, pero hay indicios que sugieren que las fiscalías invierten una parte importante de su tiempo adelantando los casos de calumnia e injuria, que son dos delitos que no deben perseguirse de oficio, sino solo cuando medie parte interesada. Curiosamente, una buena parte de estos expedientes de los llamados delitos contra el honor es contra periodistas, cuyo trabajo es denunciar públicamente lo que el Ministerio Público está muy ocupado para investigar. Hacer justicia requiere de equilibrio, pero ¿puede el Ministerio Público servir a la ley cuando tiene el fiel de la balanza torcido?