El sistema electoral es quizás uno de los aspectos en los que la naciente democracia panameña ha conocido avances importantes en la década del noventa. Si bien es cierto que los partidos políticos han jugado un papel determinante en la reconstrucción de la democracia representativa, no menos cierto es que de ellos se espera que maduren y crezcan a medida que la democracia lo hace. Es por eso que la exclusión de las organizaciones no gubernamentales, agrupadas bajo la denominación de sociedad civil, de la fase decisoria de la Comisión de Reformas Electorales tiene un sabor a anacronismo que no puede despertar simpatías en el sector de la ciudadanía que no está afiliado a los partidos políticos. Cierto es que los partidos son el vehículo natural de la democracia, pero ello no faculta a ningún partido ni institución a privar de participación en la toma de decisiones a las organizaciones que no tienen ese carácter. Con la presentación del paquete de reformas electorales se pondrá a prueba la madurez de nuestra clase política, pues será el momento para que todos presenciemos un debate gobernado por la altura de sus principios o por el egoísmo y miopía de quienes han desarrollado intereses mezquinos. Es sabido que los candidatos de libre postulación jamás han sido una amenaza para los candidatos de los partidos, que, por supuesto, cuentan con mucho más recursos. De lo que se trata solamente es del derecho a participar que tiene todo ciudadano; derecho que los partidos políticos no pueden, ni deben querer, conculcar.