Pese a que su nombre indica otra cosa, la llamada Comisión de Reformas Electorales no prepara una reforma electoral. Desde hace meses, el Tribunal Electoral se ha dado a la tarea de proponer y discutir en la comisión integrada por miembros de los partidos políticos y de organizaciones no gubernamentales -los últimos con derecho a voz, mas no a voto- una serie de modificaciones al Código Electoral. Es una especie de ajuste a un sistema que, presumiblemente, de acuerdo al sentir de la comisión, no requiere de una reorientación. En la realidad, nuestro sistema de representación política está comenzando a dar muestras de agotamiento: un liderazgo pasivo, un discurso vaciado de todo sentido de acción, promesas vanas y contradictorias, elites que resisten exitosamente la renovación en sus filas, generaciones nuevas que encuentran sus formas de participación política fuera de los partidos, y un clientelismo rampante y desvergonzado, son apenas algunas características del actual sistema electoral. Claro está, los hombres y las mujeres con visión de los retos que el futuro inmediato le depara a esta nación piensan que es tiempo de reformar el sistema electoral; pero para proceder a ello se requiere, entre otras cosas, reformar la Constitución. Entretanto, cuesta aceptar el eufemismo implícito en la llamada Comisión de Reformas electorales.