Con la firma de Hebe
de Bonafini y de Mercedes Meroño, presidenta y vice respectivamente, se entregó
su presentación sobre el tema al juez Garzón.'Operación Cóndor'
La decisión de la justicia española de declararse competente para juzgar crímenes de dictaduras latinoamericanas sin mirar hacia atrás su propio pasado, desempolvó tal vez con mayor actualidad ahora –más allá de que el concepto jurídico de extraterritorialidad se imponga–, la macabra Operación Cóndor entre los regímenes militares de esta región.
La Audiencia Nacional española parece admitir todos los argumentos de la organización humanitaria argentina de Madres de Plaza de Mayo para aceptar las inquietudes del juez español Baltasar Garzón, para investigar qué paso con los españoles o sus descendientes desaparecidos, por lo menos en las dictaduras argentina y chilena.
Durante la ‘‘guerra sucia’’ contra la guerrilla en Argentina hubo 10 mil desaparecidos según la información reunida por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y 30 mil según las ligas de derechos humanos.
Con la firma de Hebe
de Bonafini y de Mercedes Meroño, presidenta y vice respectivamente, se entregó
su presentación sobre el tema al juez Garzón.
Este magistrado fue denunciado repetidamente por autoridades gubernamentales argentinas por ‘‘acoso judicial’’, a raíz de la citación a unos 150 ex represores de la dictadura por considerar el gobierno actual que se trata de ‘‘cosa juzgada’’.
Entre 1986 y 1987 se amnistiaron, a través de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final a todos los oficiales intermedios, también llamados mandos medios. En 1990 el actual presidente argentino Carlos Menem indultó a los jefes militares condenados por delitos de lesa humanidad en el histórico ‘‘Juicio a los Comandantes’’.
El juez Garzón fue quien, precisamente, desató el mayor escándalo internacional cuando obtuvo de Gran Bretaña, la retención del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
En su documento, Las Madres expusieron ante Garzón que, ciertamente la ‘Operación Cóndor’, más concretamente los crímenes coordinados por las fuerzas represivas latinoamericanas, son conocidos desde 1978 como operaciones conjuntas que militares y policías de los diferentes países involucrados en atentados, asesinatos, torturas contra luchadores populares de las más diversas nacionalidades.
Le señalaron al magistrado que ‘‘nos reiteramos en la denuncia a todos cuantos lo idearon, lo organizaron y lo efectuaron. Algunas de las consecuencias indudables de esa lucha, es la entrega en este documento para que el mismo reactive todos los mecanismos jurídicos que se necesitan procesalmente para que los genocidas vayan a la cárcel’’.
Incluso precisaron las Madres que ‘‘entendemos que sobran elementos incriminatorios contra el verdugo (Pinochet) que más se ha vanagloriado de los crímenes que cometió’’.
La agrupación describió sobre la ‘Operación Cóndor’ que, a mediados de la década del 70, se constituyó la multinacional del terror y de la represión en el Cono Sur de América Latina. La ‘Operación Cóndor‘, un acuerdo impulsado por la Central de Inteligencia Estadounidense (CIA) a través del titular de la DINA (servicios secretos chilenos), general Manuel Contreras’’.
Ese acuerdo, precisaron, fue aprobado por los gobiernos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil.
Explicaron que, básicamente, la operación ajustaba detalles de la coordinación represiva: cualquier militante popular podía ser secuestrado, en cualquiera de los países firmantes.
Mencionaron igualmente que, ante los golpes militares ocurridos en Bolivia en 1971, Chile y Uruguay (1973), miles de personas se refugiaron en Argentina. En el período 1971-1976 ingresaron al país -según información oficiosa de la organización- medio millón de personas.
Recordaron entonces un informe de Amnistía Internacional en el cual se señalaba, que ser extranjero terminó (en Argentina) por ser considerado un equivalente a ‘subversivo’ y los refugiados chilenos en particular, fueron amenazados, intimidados y asesinados por grupos parapoliciales.
Después de una documentada historia de lo que, para las Madres, fue el total abuso del terrorismo de Estado, solicitaron a Garzón los testimonios, entre otros, a Emilio Aragonés Navarro, embajador de Cuba en 1976.
También añadieron, entre una veintena, a los ex funcionarios estadounidenses Henry Kissinger, Cyrus Vance, Vernon Walters y Robert Hill, los miembros del FBI (Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos) Robert Thierry, Robert Scherrer y Clarence Kelly.
Incluyeron igualmente a los chilenos Michael Townley (DINA, inteligencia), Manuel Contreras, Pier Luigi Concutelli, Salvatore Falabella, Pedro Espinoza y el ex general Vicente Rodríguez.
De Paraguay, mencionaron a Rafael Rivas Velázquez (inteligencia), Benito Guanes Serrano (Estado Mayor), Francisco Brites (jefe de policía), mientras que de Argentina surgió el nombre del ex general Ibérico Saint Jean, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura.