DECIDE LA
AUDIENCA NACIONAL
Juez
español puede seguir con caso Pinochet
El 30 de octubre pasado, once jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, que actuaron como panel de apelaciones, rechazaron por unanimidad los recursos de la fiscalía, que alegó que Garzón no tenía jurisdicción para investigar las atrocidades cometidas durante las dictaduras militares de Chile y Argentina.
El proceso jurídico en contra de Pinochet entablado en España recibió un espaldarazo de la Audiencia Nacional, que decidió que el juez Baltasar Garzón puede seguir adelante en su investigación contra las dictaduras chilena y argentina.
En Londres, el juez británico Stephen Richards afirmó que la concesión de la libertad condicional le parecía ‘‘inadecuada’’. Sin embargo, aclaró que había accedido a otorgársela a condición de que ‘‘permaneciera en todo momento en el hospital’’ de Londres bajo continua vigilancia policial.
Pero, según expertos legales, podría tratarse de una ‘‘transición técnica’’ hacia la liberación del general, reclamado por la justicia española por genocidio, terrorismo de estado y torturas.
La medida no cambia virtualmente la situación del ex dictador, que estaba bajo arresto en un hospital desde el 16 de octubre a petición de Garzón, y que espera que se resuelva una apelación sobre el reconocimiento de su inmunidad, presentada ante la Cámara de los Lores, el más alto órgano de apelación del Reino Unido.
La decisión de la corte
española permite que Garzón mantenga con vida su investigación de dos años,
pero no altera el hecho de que la Cámara de los Lores es el que tiene la última
palabra y podría dejarlo en libertad y enviarlo de regreso a Chile.
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, José Miguel Insulza, sostuvo que su país no ha reconocido la jurisdicción de los tribunales españoles para procesar a Pinochet.
‘‘Se ha planteado un tema de jurisdicción entre Estados soberanos y es necesario examinar la forma en que se va a resolver’’, dijo Insulza, tras conocer la resolución de la Audiencia Nacional.
La resolución española fue celebrada en Chile por grupos de izquierda y de derechos humanos, mientras que en la derecha fue calificado como un acto de colonialismo.
‘‘No lo podíamos creer, estamos felices, contentas’’, declaró eufórica Viviana Díaz, vicepresidenta de la ‘‘Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos’’.
En las filas de la oposición derechista, afín a Pinochet, el fallo español fue duramente criticado.
El diputado Alberto Cardemil, de la derechista Renovación Nacional y ex subsecretario del Interior del régimen de Pinochet, consideró que el fallo ‘‘es tratar de imponer en el mundo un nuevo concepto colonialista, en el que el más fuerte juzga a los ciudadanos de otro país, y nadie puede estar seguro dentro ni fuera de sus fronteras’’.
Garzón presentó una solicitud formal de extradición, que está pendiente de una decisión de la Cámara de los Lores de Inglaterra.
Si la apelación fracasa, Pinochet podría quedar libre para volver a Chile, afirman sus abogados, porque ya no habría base legal para seguir adelante con las peticiones de extradición.
Según expertos legales, es muy improbable que el fallo de los lores sea contrario a la sentencia del Tribunal Supremo.
Desde hace varias semanas, un avión de las fuerzas aéreas chilenas espera en un aeropuerto cercano a Londres para llevarse de vuelta a Chile al general que, según su esposa, Lucía Hiriart ha perdido su sonrisa y ha estado apático.
La esposa agregó al vespertino La Segunda, que lo único que desea Pinochet es volver a Chile, y cada cierto tiempo pregunta: ‘‘¿ya nos vamos, no es verdad?, ¿por qué estoy aquí?, ¿qué novedades hay?’’.
Por otro lado, en Madrid, abogados que representan a familiares de los desaparecidos dijeron que la confirmación de la competencia de los tribunales españoles para entender los crímenes cometidos por las dictaduras argentina (1976-83) y chilena (1973-90), sienta un ‘‘precedente histórico en la persecución de los genocidas’’.
Pinochet, que había estado detenido en Londres, obtuvo del Tribunal Supremo británico la libertad condicional, a condición de permanecer en el hospital psiquiátrico donde está alojado y bajo la vigilancia de la policía.
En España, en tanto, la decisión de la Audiencia Nacional española se recibió con emoción y júbilo.
‘‘Los genocidas no van a tener lugar donde esconderse. Es un paso trascendental en la lucha por los derechos humanos’’, dijo emocionado el abogado argentino Carlos Slepoy, de la Asociación argentina por los derechos humanos.
‘‘Pensamos que puede tener un efecto de contagio en otros estados y tribunales para que ejerzan acciones parecidas’’, añadió Slepoy.
Desde que se inició el sumario, el abogado aseguró que al margen de la posibilidad de que Pinochet fuese extraditado a España, ‘‘el juez investigará sus cuentas bancarias en todo el mundo’’.
Otro de los abogados, Enrique Santiago, de la Izquierda Unida (IU), opinó que el fallo ‘‘confirma que en la legislación internacional existen mecanismos para llevar ante un juicio a responsables de delitos contra la humanidad. Si no se hizo hasta ahora –señaló– fue por falta de voluntad de los Estados’’.
Los letrados consideraron que la Cámara de los Lores británica ‘‘debería tener en cuenta’’ el fallo, al pronunciarse sobre la inmunidad de Pinochet.
Rafael Hernández, vocal del máximo organismo judicial español (Consejo General del Poder Judicial), consideró un ‘‘triunfo del derecho internacional’’ la posibilidad de que Pinochet pueda ser juzgado en España.
Amnistía Internacional calificó la decisión de ‘‘precedente histórico’’ que ‘‘reafirma la universalidad de los derechos humanos’’ y supone un ‘‘paso firme en la lucha contra la impunidad’’.
Al conocerse la decisión del Tribunal, toda la emoción contenida estalló entre quienes aguardaban el resultado.
La madre de un desaparecido chileno dijo: ‘‘Nuestros hijos podrán descansar allá donde los han dejado: en el mar, la tierra o en cenizas. Pero volverán a la vida sus nombres, no la impunidad’’.
Patricia Isasa, sobreviviente de un centro clandestino de la dictadura argentina, señaló: ‘‘Hoy se confirma nuestra lucha de 20 años, no sólo por los compañeros que ya no están, sino por las generaciones futuras’’.
El juez Baltasar Garzón, que no hizo comentarios, fue ovacionado al abandonar el tribunal por los manifestantes.
Los fiscales, que perdieron su batalla en contra de la competencia de los juzgados españoles, apoyarán las investigaciones del juez, según confirmó el teniente fiscal, Jesús Santos.
El Gobierno prefirió el silencio y el vocero, Josep Pique, se limitó a señalar que el Ejecutivo respeta las decisiones judiciales y no las comenta.
El ex primer ministro socialista, Felipe González, pidió al Gobierno que cumpla con su obligación de tramitar el pedido de extradición de Pinochet cuando sea remitido por el juez.
El vicecanciller chileno, Mariano Fernández, quien se reunió en Madrid con el canciller español Abel Matutes, dijo que no se realizará una protesta formal y que el Gobierno no será parte del proceso.
Grupos de derechos humanos respaldan a Garzón
En Buenos Aires, unos 400 representantes de organismos defensores de los derechos humanos iniciaron, la noche de la decisión de la Audiencia Nacional, una movilización para apoyar al juez español Baltasar Garzón y exigir ‘‘juicio y castigo’’ contra los responsables del terrorismo de Estado durante las últimas dictaduras en el Cono Sur.
La ‘‘jornada de vigilia y reclamo’’ se realizó frente al consulado de España, en esta ciudad, y formó parte de otras similares que, según dijeron los organizadores, se llevaron adelante también en distintos países.
Los manifestantes levantaron un improvisado escenario para la posterior actuación de conjuntos musicales.
Representantes de las Madres de Plaza de Mayo, entre otras, reclaman el castigo para el ex presidente argentino Jorge Videla, actualmente bajo arresto, por el secuestro de niños nacidos en cautiverio.
La jornada de protesta concluyó con una marcha hacia el consulado de Chile.