LO ASISTIERON 'MEDICOS ENCAPUCHADOS'
El general convirtió la tortura en ciencia

La tortura, en sus distintas especialidades y facetas, se convirtió en una de las asignaturas de obligatorio cumplimiento entre las filas del Ejército chileno y su principal inspirador, el general Augusto Pinochet, a quien le correspondió llevarla al más alto nivel científico a través de sus ‘‘médicos encapuchados’’.

Esta asignatura maldita estaba en todas partes, pues se usaba en la detención, en los interrogatorios, dentro de los vehículos policiales y militares usados para trasladar a los presos políticos, en los campos deportivos convertidos en centros de reclusión, dentro de los buques destructores de la marina de Guerra, en los hangares de la Fuerza Aérea, en fin, allá donde se mirara.

De acuerdo con la Comisión de la Verdad, a cuyos dos tomos del Informe Rettig tuvo acceso La Prensa, incluso hombres de leyes, magistrados, fiscales y jueces coincidieron en denunciar que la tortura también fue usada para fabricar o reunir las ‘‘evidencias’’ y después presentarlas ante los consejos de guerra. Según Pinochet, ‘‘Chile estaba en guerra contra el comunismo’’. Sin embargo, lo curioso de la guerra del general, es que todas las bajas mortales estaban del lado de la población civil y ninguna de entre sus filas.

Los métodos de tortura fueron variadísimos, entre ellos los golpes violentos y continuados hasta producir fracturas y derramamientos de sangre.

Por ejemplo, era común colocar a los detenidos tendidos boca abajo en el suelo, o de pie, sin moverse largas horas, permanecer horas o días desnudos, bajo luz constante o, al contrario, enceguecidos por vendas o capuchas o amarrados, incomunicados, sin alimentos, sin agua, sin abrigo en un país donde hiela en invierno, y sin facilidades sanitarias.

Asimismo fue común el colgar a los detenidos de los brazos, sin que sus pies tocaran el suelo, por espacios prolongadísimos de tiempo. Se emplearon diversas formas de semi asfixia, en agua, en sustancias malolientes, en excrementos.

Las vejaciones sexuales y violaciones fueron frecuentes. Igualmente la aplicación de electricidad y quemaduras. Muy usado fue el simulacro de fusilamiento. En algunos centros se empleaban refinamientos de torturas, algunas de las cuales se hacían frente a los familiares del detenido o viceversa.

Sería imposible resumir aquí todos los lugares de tortura que hubo en Chile.

Por otra parte, no en todos los centros de detención se torturó, aunque sí, en la mayoría; las más exentas de apremios serían las cárceles, en su mayor parte. De siniestra memoria para quienes pasaron por allí son los que se detallarán más abajo para ejemplificar, y además el antiguo aeropuerto de Cerro Moreno, en Antofagasta; barcos de la Armada o bajo su control, en Valparaíso; el Estadio Nacional, el Estadio Chile y la Academia de Guerra Aérea, en Santiago; la isla Mariquina y el fuerte Borgoño, en Concepción; la base aérea de Maquehua, en Temuco, y diversos regimientos, comisarías, retenes y centros aéreos en todo el país.

En el Campamento de Prisioneros de Pisagua, todos los detenidos eran interrogados, y todos los interrogatorios estaban precedidos o acompañados por golpes y aplicación de electricidad.

Diariamente, según el Informe Rettig, algunos detenidos eran escogidos para tratos degradantes, trabajos pesadísimos durante largas horas o ejercicios físicos de extenuación, como correr por suelos con desnivel con la vista vendada, o intentar subir a la carrera una escala, mientras sus guardias hacían fuerzas para empujarlos hacia abajo. Concluido un día de interrogatorio, se solía dejar a veinte o treinta reclusos que lo habían sufrido, tendidos a la intemperie por hasta 48 horas, bajo el calor diurno y el hielo nocturno.

Uno de los así apremiados, Nelson Márquez, terminó con ello de enloquecer e intentó fugarse; recapturado a los pocos minutos bajo un muelle, fue muerto a tiros de inmediato.

En la Comisaría de Rahue, Osorno (Sur de Chile), se da cuenta de violaciones, golpes sostenidos con las armas, aplicación de electricidad, simulacros de ahorcamiento; los detenidos eran colgados de vigas por los brazos, en fin... fue un centro habitual de desapariciones, para las cuales se empleaba el puente sobre el río Pilmaiquén, como lugar de fusilamiento y para la disposición de los cadáveres en las aguas de dicho río.

Especial relevancia, en este período y con posterioridad, tuvo el Campamento de Prisioneros No. 2 de la Escuela de Ingenieros Militares del Regimiento de Tejas Verdes, y la escuela misma, ambos estrechamente relacionados, después, con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la temida seguridad del Estado de Pinochet.

Funcionó este complejo desde el mismo día del golpe militar, el 11 de septiembre de 1973, y hay abundantes testimonios sobre su modus operandi desde esa fecha hasta mediados de 1974.

Aunque centrado en la zona portuaria de San Antonio (mar Pacífico), al parecer el complejo Campamento-Escuela sirvió asimismo para recluir e interrogar a personas venidas de otros puntos, en una especie de embrión de lo que sería la DINA.

Los detenidos, que en algunos momentos alcanzaron a cien, permanecían habitualmente en el campamento, y sólo eran llevados a la escuela para interrogarlos, cuando de ésta así se solicitaba por teléfono. El traslado se hacía en camiones-frigoríficos proporcionados por empresas pesqueras del puerto, o requisados a ellas. Desde su salida y hasta su regreso al campamento, los detenidos iban con la vista vendada o encapuchados.

En la escuela, eran llevados para el interrogatorio al subterráneo del casino de oficiales, o bien al segundo piso. Allí el detenido, desnudo, era atado a una silla, o a un sommier metálico, y objeto de golpes –que incluso solían causar fracturas–, y de aplicación de electricidad en la boca, genitales, y otras partes del cuerpo. Tenían otras formas de tortura, como colgar a la víctima de los brazos sin que sus pies tocasen el suelo, por horas, hasta que perdía el conocimiento. Para las mujeres detenidas, la tortura era sexual y revestía múltiples y aberrantes formas.

Concluida la sesión de tortura, el detenido era devuelto al campamento.

En éste las condiciones de hacinamiento, sanitarias y de alimentación revestían el carácter de verdaderos malos tratos. Una forma de incomunicación era en contenedores, sólo con algo de comida y sin ninguna facilidad sanitaria. Otra forma, los llamados nichos bajo las torres de vigilancia. Confeccionados con las estructuras metálicas de los portones, y destinados a los detenidos que se juzgaban más peligrosos, los nichos les movilizaban –asimismo sin ninguna facilidad sanitaria y además, aquí, sin alimentos– durante días.

Fue característica del complejo la presencia de médicos, también encapuchados, que controlaban la tortura (de modo que no fuese mortal) y atendían de urgencia a las víctimas más lesionadas por ella.

En la rutina habitual, el detenido cuyo interrogatorio no ofrecía ya posibilidades de nuevas revelaciones, era remitido o devuelto –generalmente en estado lamentable– a la cárcel pública de San Antonio.

El informe de un organismo humanitario, a fines de 1973 y comienzos de 1974, hace ver el alto número de atenciones médicas que requerían los prisioneros de la cárcel, número cinco o seis veces superior en porcentaje a los de las otras cárceles visitadas.

Señala asimismo las insuficiencias habitacionales y sanitarias del complejo. Deja constancia de las torturas practicadas, entre ellas de ‘‘violaciones varias’’. Reclama del engaño sufrido en el campamento, donde les dijeron que ya no había prisioneros que entrevistar, cuando los existentes habían sido hacinados y encerrados en camiones-frigoríficos hasta la noche, esperando que los visitantes se retirasen.

Como se comprobará en la relación de los casos particulares concernientes al complejo Tejas Verdes, muchas personas murieron en él, o salieron de él a la muerte, algunas condenadas por consejos de guerra, otras ejecutadas sin proceso alguno, otras a consecuencia de la tortura. Las muertes de estas últimas, y de los ejecutados sin juicio previo, o bien se encubrieron con falsos consejos de guerra, o bien con certificados de defunción que adolecían, por lo menos, de falsedad intelectual en cuanto a la causa del deceso; o bien no se explicó a la familia en forma alguna lo sucedido, devolviéndole el cadáver en urna sellada transportada por un camión-frigorífico. Este fue el caso, por ejemplo, de Oscar Gómez Farías, quien –torturado hasta enloquecer, y mostrando en su cuerpo las huellas visibles y terribles del apremio sufrido– atacó desnudo a un guardia armado, el cual le dio muerte en el acto, el 27 de diciembre de 1973.

Las muertes y desapariciones

El grueso de las muertes y detenciones seguidas de desaparición durante el régimen militar, especialmente en sus primeros años, fue fruto de actos emprendidos contra funcionarios destacados del régimen depuesto de Salvador Allende, especialmente de sus más altas autoridades y de los funcionarios de mandos medios en áreas sensibles de algunas instituciones del Estado y los gobiernos municipales, entre ellos intendencias, gobernaciones, corregidurías, regidores, alcaldes y hasta comunicadores sociales del Estado.

También las hubo contra jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales (Juntas de Vecinos; Centros de Madres; Juntas de Abastecimiento y Precios, JAP), poblacionales, indígenas y estudiantes, estos últimos tanto de la enseñanza superior como de la media. Naturalmente, el rasgo distintivo de todos: jefes, dirigentes y funcionarios, fue el haber sido partidarios o simpatizantes del gobierno caído, de la Unidad Popular, o de las extrema izquierda afín a aquélla, por ejemplo del MIR. Muchas veces, no obstante, dichas relaciones políticas se deducían de la conducta ‘‘conflictiva’’ de la víctima como, huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras y otras.

En la indicación de quiénes eran ‘‘conflictivos’’ jugaron algún papel elementos civiles, en especial agricultores, comerciantes, transportistas y un número menor de ellos proporcionó elementos para las detenciones –vehículos, lugares de interrogatorios– o aun participó en las ejecuciones.

Caracterizar a las víctimas de esas violaciones a los derechos humanos resulta difícil. Sin embargo, las muertes y desapariciones tuvieron diversa magnitud, características y periodicidad en las distintas regiones estudiadas, según señala la Comisión de la Verdad. En algunas regiones, la comisión dio por acreditadas cerca de 500, como es el caso de la Metropolitana. La siguen la Octava Región con poco más de 200, y la Novena y Décima con entre 100 y 150 víctimas cada una. Las demás, por lo general, no alcanzan a 50, y hay algunas de 10 ó menos.

Un muy apreciable número de las muertes de este período (1973) son de este tipo, y afectan a las autoridades nacionales y locales del régimen depuesto y a los líderes y militantes más activos de los partidos que lo sustentaban. Ellas se insertan dentro del clima reinante –inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973– de hacer una ‘‘limpieza’’ de elementos juzgados ‘‘perniciosos’’ por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual ‘‘amenaza’’.

Esta idea pudo derivar de uniformados afectos a las teorías de la contrainsurgencia ‘‘grupo DINA’’, que en esta etapa [1973] no operaba aún a nivel nacional. También la idea de la ‘‘limpieza’’ pudo derivar del extremo y destructivo pasionalismo político y social a que había llegado el país en aquellas fechas (finales de noviembre de 1973).

Otras muertes afectaron a personas simpatizantes del gobierno socialista depuesto, muchas veces sin militancia política, y generalmente de sectores modestos, de aquellos a quienes se consideraba ‘‘conflictivos’’. En ello cooperó al ambiente de venganza política.

La Comisión de la Verdad también ha conocido de casos de ejecuciones selectivas de pretendidos delincuentes. La ‘‘eliminación’’ de supuestos antisociales es otra forma de ‘‘limpieza’’ que interesa recordar para el análisis del fenómeno de ésta. El paralelismo con los ejecutados políticos es evidente: los unos –según idea de sus verdugos– dañan a la sociedad por sus doctrinas y actividades político-sociales, los otros por acciones criminales de tipo común; éstos y aquéllos son delincuentes por igual, y la sociedad se libra de todos quitándoles la vida.

Caso relevante es el de algunas de las personas que aparecieron inhumadas clandestinamente en la fosa colectiva de Pisagua, descubierta en 1990. Su ejecución fue igualmente clandestina (pues nunca se había reconocido su asesinato). No tenían vinculaciones políticas, sino pretendidos lazos –no comprobados o comprobadamente falsos– con el tráfico de drogas. Pero el ejemplo de Pisagua se repite a lo largo de Chile, en las grandes ciudades como en los villorrios rurales; delincuentes habituales, alcohólicos consuetudinarios; hombres violentos que golpean a sus mujeres o protagonizan incidentes con los vecinos; jóvenes drogadictos, o que inician una carrera de pequeños delitos aparecen muertos en la calle; o a la vera del camino; o, misteriosamente, en la morgue, de dos o tres disparos. O, ‘‘desaparecieron’’.

En todos estos casos, está implicada la idea a perversa de que la sociedad se ha liberado, drásticamente, de un elemento indeseable y perjudicial.

También la comisión ha conocido en este período casos de muertes que perpetran agentes del Estado, haciendo un uso innecesario o excesivo de la fuerza. Este tipo de muertes no es deliberado, sino producto de la ostentación de la fuerza, o del descuido o exceso culpable en su empleo, propios de quienes la detentan cuando a ello se une la conciencia de circunstancias que les proporcionen impunidad. El caso típico es la persona muerta por circular en horas de toque de queda, no existiendo motivo para suponerle una especial peligrosidad y habiendo otras formas de reducirlo y sancionarlo por la infracción.

Además, la Comisión de la Verdad ha descubierto casos de ejecuciones selectivas de venganza personal. Muertes violatorias de derechos humanos, en esta época, son ajustes de cuentas personales, que pueden tener origen político, pero también no tenerlo, sino otro de muy distinta índole. Algunas cuentas se saldaron con la muerte a fines de 1973, por quienes tenían la fuerza y contra quienes no la tenían. Y los primeros no fueron ni siquiera principalmente militares, sino también y quizás en buena mayoría civiles, que podían disponer en ese instante de apoyo armado por obra de autoridad, amistad, falsas denuncias, o intrigas políticas.

Algunos procedimientos empleados

Algunas muertes revisten la apariencia de una legalidad que no existe o es discutible, como los consejos de guerra; otras intentan explicarse como aplicación de la llamada ‘‘ley de fuga’’, o publicitando que se trataba de extremistas que habían intentado atacar alguna unidad o recinto policial o militar. En otras, se certificó la muerte sin dar explicación alguna. Otras víctimas permanecen hasta la fecha como desaparecidos.

Consejos de guerra

La mayoría de los consejos de guerra presenta un carácter muy dispar. Respecto de más de algunas de las muertes anunciadas como decisión de un Consejo de Guerra, la Comisión de la Verdad concluyó en que éste, presumiblemente, nunca se efectuó y no fue más que el modo de explicar una ejecución ilegal. Otros, en cambio, se efectuaron con mediana sujeción a la legalidad vigente, aun cuando en ninguno de aquellos en que se condenó y ejecutó a alguien, se respetaron plenamente las reglas de un debido proceso.

Se han comprobado los graves efectos que surtieron, en los consejos, tanto la pobre asesoría jurídica de que dispusieron, no ya las víctimas solamente, sino también sus jueces, como el nivel insatisfactorio [de los jueces] en cuanto a conocimiento de los principios elementales del derecho, aun descontando que en su mayoría no eran abogados. Estos jueces pudieron creer –incluso, originalmente, de buena fe– que determinadas personas ‘‘merecían’’ la muerte, y que así lo había resuelto la superioridad; en consecuencia, ellos no hacían sino cumplir con su deber al refrendar una decisión que estaba tomada de antemano y en un nivel, por decirlo así, administrativo-militar. Por ende, el Consejo de Guerra era, respecto de esas personas, sólo una manera de legalizar o formalizar la decisión previa ya referida.

El segundo antecedente que es menester consignar, y que incide en los consejos de guerra, se refiere a los interrogatorios. La Comisión de la Verdad comprobó que, en esta etapa, todos ellos –o por lo menos una proporción abrumadora de ellos– fueron precedidos por diversas formas de amedrentamiento físico y psíquico, cuando no por la tortura pura y simple. En tales circunstancias, la comisión se encontró moralmente impedida para aceptar que en ningún Consejo de Guerra de 1973 los interrogados, encausados y condenados hayan tenido, verdaderamente, un ‘‘debido proceso’’. El derecho a defensa fue también, por lo general, suprimido o severamente restringido.

Las ejecuciones al margen de todo proceso: métodos y lugares

Por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. Varios debió conocer la Comisión de la Verdad, especialmente en las regiones del sur, en que la persona, sometida ya al control de sus captores, fue ejecutada en presencia de su familia.

Los métodos de ejecución fueron muy variados. En ocasiones el detenido era muerto de uno o dos tiros en el cráneo. A veces era acribillado. Algunas veces se le hacía correr con la ilusión (o sin ella) de que tenía alguna posibilidad de librar con vida, para de inmediato dispararle por detrás.

La Comisión de la Verdad se vio en la necesidad de dejar constancia de que, en numerosas ocasiones, la muerte fue aplicada junto con torturas y ensañamientos que no buscaban, aparentemente, más objetivo que agravar hasta lo indecible el sufrimiento de las víctimas.

Por ejemplo, en el caso de Eugenio Ruiz-Tagle, muerto en Calama el 19 de octubre de 1973, su madre, que pudo ver un momento el cadáver, lo describe así: ‘‘Le faltaba un ojo, tenía la nariz arrancada, una oreja que se le veía unida y separada abajo, unas huellas de quemaduras muy profundas, como de cautín, en el cuello y la cara, la boca muy hinchada, quemaduras de cigarrillos, por la postura de la cabeza tenía el cuello quebrado, muchos tajos y hematomas’’. Otros casos son los del cantante Víctor Jara y del director de prisiones del régimen caído, Littré Quiroga, ambos largamente torturados en el Estadio Chile. El cadáver de Jara, con manos y rostro muy desfigurados, presentaba 44 orificios de disparos. Quiroga, golpeado de modo incesante, fue visto por un testigo ‘‘literalmente agónico’’, ‘‘con dificultades para respirar’’, ‘‘casi no podía hablar’’. Por lo que parece, las torturas se debían en gran parte a su cargo público, y perseguían como finalidad principal hacerlo sufrir. Su cadáver presentaba, asimismo, múltiples heridas de bala. Ambos cuerpos, el de Jara y el de Quiroga, fueron abandonados en el Zanjón de la Aguada, habiendo ocurrido la muerte el 12 ó 13 de septiembre de 1973.

Las explicaciones oficiales frente a estas muertes

Algunas de estas ejecuciones se publicitaron e intentaron justificarse como aplicaciones de la llamada ‘‘ley de fuga’’, es decir, la muerte de los detenidos que –según las autoridades– intentaron huir o evadirse y no obedecieron las llamadas previas a no hacerlo, formuladas mediante la voz, disparos de advertencia al aire.

Una variante común, a veces individualizada como ‘‘ley de la fuga’’, es que la víctima –según las autoridades– hubiera agredido a sus captores, o interrogadores, o hubiese intentado quitarles sus armas de servicio.

En todos estos casos, la Comisión de la Verdad ha visto claramente un intento de justificar, sin respeto por la verdad, fatales violaciones de los derechos humanos.

En primer término, el sentido común, cualquiera noción básica de derecho que se tenga y los expertos consultados, han llevado a la conclusión que no existe la ‘‘ley de la fuga’’ en los términos colacionados. No es justo ni legal que el captor de un detenido, o su custodio, por el solo hecho de intentar evadirse aquél, y aunque hayan precedido toda suerte de advertencias, le dé muerte.

La Comisión de la Verdad encontró, sin embargo, que la autoridad –en sus versiones oficiales de estos hechos– no probó, ni siquiera enunció, ninguna de tan imprescindibles circunstancias; más aún, en ningún caso de ‘‘ley de fuga’’ se pudo hallar rastro de investigación judicial (que era de absoluto rigor, habiendo muertos) ni interno-institucional sobre los sucesos, pese a múltiples indagaciones y requerimientos al respecto. Ni hubo sobreviviente alguno, en los casos alegados, a la supuesta aplicación de la ‘‘ley de la fuga’’.

La ‘‘ley de fuga’’ es un vulgar crimen con ventaja y alevosía. Aparecen intentando fugarse personas inermes, custodiadas por un contingente numeroso y bien armado; personas amarradas, engrilladas o encadenadas; personas heridas, o en precario estado físico por obra de largas detenciones y de torturas.

La negación y ocultamiento de los cadáveres

La negación y ocultamiento de los cadáveres de los ejecutados fue de carácter sistemático, anárquico e irracional por parte del régimen militar de Pinochet.

A veces presenta la finalidad de que sus ejecutores no responden del crimen, de ningún modo. A veces, la de esconder los maltratos previos o póstumos de los cuerpos. Pero otras veces no es imaginable ninguna razón. Por ejemplo, que no se entregaran y en cambio se inhumaran clandestinamente los restos de los fusilados en Pisagua por sentencia de Consejos de Guerra, reales o supuestos, pero fusilamientos a los cuales las autoridades habían dado amplia difusión.

Tratamiento a las familias de la víctimas mortales

Lo anteriormente señalado respecto de la disposición de cadáveres es sólo un ejemplo del maltrato que se dio a las familias de los detenidos, las cuales –aun suponiendo que las víctimas hubieren incurrido en algún delito– no tenían ninguna parte en ello. Como prácticas que se reiteran monótonamente, podemos enumera las que siguen:

a) Negar a la la familia el hecho de la detención.

b) Negarle el nombre del lugar de la misma, o aquél al cual el detenido ha sido trasladado.

c) Negarle la visita, o permitírsela sólo por breves momentos y en presencia de guardianes, aun después de concluidos larguísimos lapsos de incomunicación y duros interrogatorios.

d) Ocultarle la muerte del detenido.

e) Entregarle el cadáver en urna sellada, con prohibición de abrirla; prohibición de velatorio o de funeral público; orden de enterrar de inmediato y sin acompañamiento, orden de enterrar en otra parte.

f) Larguísimas esperas para recibir alguna noticia de los detenidos, las más de las veces, de pie, tratados –los parientes que aguardan– con grosería o crueldad verbal, ocasionalmente con violencia física, y casi siempre con prepotencia.

g) Destrucción o robo de objetos y muebles en los allanamientos.

h) Extorsiones a las familias, bajo falsas y torturantes promesas de libertad; en alguna parte, la familia debía manifestar su buena disposición depositando dinero en una cuenta del Banco del Estado.

i) Orden perentoria de dejar la ciudad o pueblo en un plazo brevísimo.

Frente a ello, resulta admirable la paciencia, persistencia y dignidad con que las familias se empeñaron, primero, en mantener el contacto con los detenidos; segundo, en auxiliarlos y consolarlos; tercero, en defenderlos legalmente; y cuarto, ya muertos o desaparecidos, en buscar sus restos para honrarlos.

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