Panamá, 17 de marzo de 2001
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Reglamentan partidas circuitales

Los 38 millones de dólares del presupuesto de las partidas serán distribuidos en forma igualitaria, a razón de 550 mil para cada legislador

HERMES SUCRE SERRANO
hsucre@prensa.com

La Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República firmaron ayer un acuerdo para reglamentar el uso de las partidas circuitales (proyectos de desarrollo social) para evitar la corrupción en su manejo y que sean utilizadas en provecho político de los legisladores.

Laurentino Cortizo, presidente de la Asamblea Legislativa, informó que los 38 millones de dólares del presupuesto de las partidas circuitales serán distribuidos en forma igualitaria, a razón de 550 mil para cada legislador.

Cada legislador designará un coordinador para los trámites administrativos de formulación y seguimiento de las partidas circuitales. Este coordinador debe ser de nacionalidad panameña, no haber sido condenado por delito doloso o contra la administración pública y no tener parentesco con el legislador dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

En ningún caso el legislador o su personal podrá encargarse de las cotizaciones, ni tendrá injerencia en la designación del contratista final de un proyecto de desarrollo social. Estas funciones serán únicas y exclusivas de los administradores y ejecutores de los proyectos.

Los organismos depositarios, administradores y ejecutores de los proyectos de desarrollo social serán auditados y fiscalizados por la Contraloría General de la República.

Los legisladores presentarán ante la presidencia de la Asamblea Legislativa, a más tardar el 31 de marzo de cada año, un informe de ejecución de sus proyectos de desarrollo social del año inmediatamente anterior.

Según el acuerdo, la titularidad de los bienes adquiridos, a través de los fondos del programa de Desarrollo Social de los legisladores, dado en uso a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la mantendrá siempre el Estado.

Cortizo indicó que este acuerdo es el resultado de un compromiso adquirido el 1 de septiembre de 2000 para evitar que estos fondos se manejen en base a intereses políticos, colocando siempre en desventaja a los legisladores de oposición del gobierno de turno. Admitió que no fue una tarea fácil. “Tengo que reconocer los grandes aportes del contralor Weeden, de la legisladora Teresita de Arias y del legislador Mateo Castillero”, anotó.

Cortizo reveló que hay mucho interés para que en el futuro este acuerdo se convierta en una ley. Teresita de Arias, primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, señaló que con la nueva metodología se evitará que los presidentes de la Asamblea mantengan las partidas como un instrumento de presión. Añadió que en 1999 había muchos legisladores oficialistas que recibían partidas por un millón 250 mil dólares, mientras que los de la oposición solo recibían 350 mil dólares.

“En esta forma se daba un castigo inmerecido a la comunidad, porque se limitaba la capacidad de trabajo de los legisladores de oposición en favor de sus electores”, destacó.

Por su lado, el contralor Alvin Weeden resaltó que el nuevo acuerdo “despolitiza” las partidas circuitales y allana el camino a un manejo más transparente de estos fondos.

“Queremos que esta reglamentación se convierta en una especie de manual de funcionamiento de las partidas circuitales. Estoy seguro de que el pueblo es el que ha salido ganando”, reiteró.

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