Libertad condicional debe ser un derecho
La oposición considera que los gobernantes de turno no deben
otorgar ese privilegio
LORENZO ABREGO
labrego@prensa.com
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Jerry Wilson
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El vicepresidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa,
Jerry Wilson, denunció que históricamente las concesiones de libertad
condicional a los detenidos ha sido una fuente de corrupción porque
“las compran y las venden”.
Por eso propuso legislar para que la libertad condicional sea
establecida como “un derecho” y eliminar la “discrecionalidad
y la vía de gracia” para acabar con una fuente de corrupción permanente.
De acuerdo con las leyes vigentes, la libertad condicional es
concedida por el Organo Ejecutivo, que a fin de cuentas es quien
otorga o niega este recurso a los reos que han cumplido las dos
terceras partes de la condena y han presentado buena conducta.
La directora del Sistema Penitenciario, Concepción Corro, es de
la opinión de que la libertad condicional está regulada en el
Código Penal y hay que tener cuidado con el concepto “derecho”,
porque el sistema podría acabar poniendo en la calle a reos de
alta peligrosidad.
Argumentó que uno de los elementos más constantes en el tema de
la libertad condicional es que el mecanismo contribuye a bajar
el hacinamiento, pero qué pasa con los internos que ni siquiera
han sido condenados.
Añadió que lo que debe hacerse es buscar un mecanismo que permita
agilizar los procesos pendientes de los detenidos. En Panamá hay
alrededor de 5 mil detenidos que no han sido procesados por los
juzgados y tribunales competentes.
Los legisladores de oposición impulsan un proyecto de ley que
ya fue vetado por la mandataria Mireya Moscoso y que establece
que “el sancionado con pena de prisión que haya cumplido dos tercios
de su condena con índices de readaptación obtendrá la libertad
condicional”.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Rubén Arosemena, manifestó
que no puede ser que el tema de la libertad condicional se maneje
al “antojo” de las administraciones de turno.
El legislador Wilson sustentó el hecho de que la mayoría de las
corrientes modernas abogan porque la libertad condicional sea
un derecho del reo y que la misma cumpla con una serie de obligaciones
tal como se pretende establecer en el proyecto que fue vetado
por Moscoso.
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