La administración de justicia en Panamá es un enigma. Las leyes se aplican selectivamente, cuando convienen y en los casos en que de antemano se decide condenar o absolver. Tres medios de comunicación social impresos -El Panamá América, El Universal y La Prensa- publicaron noticias substancialmente idénticas, sobre una investigación del Ministerio Público acerca de posibles falsificaciones de títulos universitarios expedidos en el exterior. La fuente era la misma y los nombres de las personas bajo investigación también lo eran, porque el fiscal a cargo de la investigación fue quien proporcionó la información. Sin embargo, hace tres días, los periodistas Juan Manuel Díaz de El Panamá América y Reiner Tuñón de El Universal, fueron condenados a dieciocho meses de prisión, por haber publicado el nombre del odontólogo Samuel Osorio entre los profesionales a quienes se investigaba. Si alguien se equivocó, fue el Ministerio Público, aunque su flaca memoria le impida recordarlo. Ahora se pretende enjuiciar a José Otero, del diario La Prensa por los mismos hechos. Hace dos días, los agentes de la División de Captura de la Policía Técnica Judicial le notificaron una orden de conducción, a pesar de que ya estaba representado por un abogado en el proceso. Como tantos otros, es un caso kafkiano de hostigamiento judicial que ningún honor le hace a la justicia panameña ni a quienes la imparten. En cuanto al Ministerio Público, sería más apropiado sustituir su nombre por el de “Misterio Público”.