Panamá, 9 de marzo de 2001
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Propuestas para la Caja

Francisco Díaz Mérida tiene una propuesta para la CSS que busca mejorar los servicios y prestaciones médicas en la región metropolitana.

ABDIEL ZARATE
azarate@prensa.com

El aumento progresivo de los costos de funcionamiento de la CSS, no refleja cambios positivos ni en la salud ni en las prestaciones médicas de la población asegurada.

El aumento progresivo de los costos de funcionamiento de la CSS, no refleja cambios positivos ni en la salud ni en las prestaciones médicas de la población asegurada.

Sin embargo, existe la posibilidad de que esta situación cambie, de ponerse en marcha la propuesta presentada en marzo del año 2000 por el subdirector nacional de servicios y prestaciones médicas del área metropolitana, Francisco Díaz Mérida.

La propuesta se sustenta en el mejoramiento de las prestaciones médicas, a través de la reestructuración del sistema de los servicios de salud, los cuales parten de las premisas que dieron lugar al plan de trabajo de salud y seguridad social presentado por el actual director general de la CSS, Juan Jované.

La primera premisa es la participación social: consiste en que la población asegurada participe de manera activa en los procesos de planificación, organización, supervisión y control de la gestión de salud y seguridad social (hospitales y policlínicas). La segunda es la democratización institucional, que es eliminar las prácticas históricas de la institución de: reprimir y oprimir a la fuerza de trabajo de la institución; conculcar los derechos de la población asegurada; y la producción elitista de los servicios de salud.

Y la tercera es la transparencia, que es lograr una administración clara, sin dudas ni ambigüedades.

Díaz Mérida considera que sin estas premisas no es posible hacer frente a los retos y desafíos de la seguridad social panameña en los próximos 50 años y solo daría cabida a maniobras de carácter burocrático, politiquerías y a la improvisación programática y de gestión.

Por tal motivo, propone como objetivos: optimizar la atención médica general y especializada, según los niveles de complejidad; y garantizar el pleno acceso de la población asegurada con oportunidad y equidad.

Hasta el momento, el análisis de la población asegurada se ha hecho con dos criterios: los altos costos de la atención y la demanda-oferta de servicios de morbilidad.

Francisco Díaz Mérida.

El norte de la administración sanitaria ha sido la atención médica de consulta externa, la centralización de la medicina especializada, las restricciones en el acceso a los medicamentos y procedimientos médicos-quirúrgicos.

Por esta razón, el actual modelo de atención tiene cuatro ejes fundamentales que son: la atención de la enfermedad, la postergación de la tutela de la salud de los asegurados, la medicina biológica y farmacológica con la consecuente negación de los procesos colectivos de salud-enfermedad, y la contención de los costos.

Según Díaz Mérida, el resultado de esto ha dado como resultado un enfoque individualista de la salud y enfermedad de los asegurados, razón por la cual se desconocen los perfiles epidemiológicos. “No obstante, la información disponible señala que los indicadores de enfermedad están en aumento”.

En los últimos cinco años, la tasa de morbi - mortalidad de los asegurados, la tasa de discapacidad (invalidez, incapacidad permanente) y los años potenciales de vida activa perdidos por la enfermedad, la muerte y la discapacidad han aumentado.

El costo de la enfermedad y discapacidad en términos de prestaciones económicas, está aproximadamente entre 60 y 80 millones de dólares para 1999.

Pero esta situación, según Díaz Mérida, puede agravarse como resultado del control burocrático en la prescripción de medicamentos para uso solo de especialidades y en el acceso a procedimientos médico-quirúrgicos solo ordenados por especialistas de las diferentes disciplinas.

Esto también agrava el acceso a la disponibilidad oportuna de cupos o citas con especialidades, dado el hecho de que se incrementa la concentración de pacientes.

Una importante cantidad de panameños está asegurado por la CSS, por lo tanto, los servicios de salud de la institución constituyen una necesidad, en razón de que cerca del 62.2% de los pensionados son pobres, y aproximadamente el 30.5% se encuentra en extrema pobreza. El 62.8% de los cotizantes activos son pobres, y cerca del 20.7% están en pobreza extrema.

Díaz Mérida es de la opinión de que el proceso de transformación de la dirección nacional de los servicios y prestaciones médicas debe contemplar su debida jerarquización institucional, así como los procesos que le son vitales.

Es necesario, dice Díaz Mérida, enfatizar dos situaciones, a las cuales la institución no les ha dado el correspondiente valor específico, pero que adquieren una dimensión sustantiva para los próximos 50 años.

El programa de salud de los trabajadores y riesgos profesionales (su relación con el ambiente), el programa de salud comunitaria y atención integral (su relación con el saneamiento básico ambiental), así como el programa de atención de los jubilados , pensionados y tercera edad (su relación con los costos de atención).

“Es obvio que tanto a nivel técnico-normativo, como a nivel local se requieren estructuras específicas, correspondientes, que eviten la dilución de estos programas en el contexto general de la red primaria o en el mejor de los casos en el coordinador del programa de una policlínica”, señala Díaz Mérida.

Para tener una visión de la salud pública, Díaz Mérida sugiere tres procesos estructurales: la salud comunitaria y atención integral a la familia (atención a los beneficiarios), la salud integral de los trabajadores (cotizantes activos) y la salud de los pensionados (cotizantes pasivos), pero se tiene que garantizar en cada uno de ellos la promoción y prevención, la curación y la rehabilitación.

Para Díaz Mérida, la reorganización y readecuación del sistema de servicio de salud institucional es urgente en razón del incremento de las tasas morbi-mortalidad, tasa de invalidez, de incapacidad permanente, de los altos costos derivados de la atención médica y de la discapacidad.

En este sentido, propone organizar, sobre la base de un microsector, la atención primaria de salud dirigida a cerca de 500 familias (2 mil 500 personas) y centros de trabajo del área (500 trabajadores de microempresas y pequeñas empresas) desde una perspectiva integral.

Estos equipos deben estar constituidos por un médico general, enfermera básica, una auxiliar de enfermería y un promotor de salud que permitirían ordenar los recursos en función de los factores de riesgo y perfiles epidemiológicos del individuo o colectividad, con el objeto de la conservación, recuperación y rehabilitación de la salud.

Para las áreas donde predominan medianas empresas de cualquiera naturaleza, Díaz Mérida sugiere equipos básicos de salud ocupacional o de unidades locales de atención primaria ocupacional.

“Si la magnitud, peligrosidad, toxicidad o riesgos a la salud así lo requieran, las empresas estatales o privadas -con más de 50 trabajadores- deben contar con su propio servicio de atención médica, como parte integral de su departamento de seguridad y salud ocupacional. Ello equivale a eliminar las actuales clínicas satélites (odontológica, ginecológica, pediátrica... ) e impedir su proliferación”, explica Díaz Mérida.

Con respecto a la red hospitalaria de la región metropolitana, que está conformada por cuatro hospitales -de los cuales solo uno funge supuestamente como hospital de segundo nivel y el resto de tercer nivel- Díaz Mérida propone transformar el hospital viejo del Complejo Hospitalario en uno de segundo nivel para la región metropolitana, con excepción de San Miguelito y Las Cumbres, entre otras cosas.

 
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