Propuestas
para la Caja
Francisco
Díaz Mérida tiene una propuesta para la CSS que
busca mejorar los servicios y prestaciones médicas en la
región metropolitana.
ABDIEL
ZARATE
azarate@prensa.com
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| El aumento
progresivo de los costos de funcionamiento de la CSS, no refleja
cambios positivos ni en la salud ni en las prestaciones médicas
de la población asegurada. |
El aumento
progresivo de los costos de funcionamiento de la CSS, no refleja
cambios positivos ni en la salud ni en las prestaciones médicas
de la población asegurada.
Sin embargo,
existe la posibilidad de que esta situación cambie, de
ponerse en marcha la propuesta presentada en marzo del año
2000 por el subdirector nacional de servicios y prestaciones médicas
del área metropolitana, Francisco Díaz Mérida.
La propuesta
se sustenta en el mejoramiento de las prestaciones médicas,
a través de la reestructuración del sistema de los
servicios de salud, los cuales parten de las premisas que dieron
lugar al plan de trabajo de salud y seguridad social presentado
por el actual director general de la CSS, Juan Jované.
La primera
premisa es la participación social: consiste en que la
población asegurada participe de manera activa en los procesos
de planificación, organización, supervisión
y control de la gestión de salud y seguridad social (hospitales
y policlínicas). La segunda es la democratización
institucional, que es eliminar las prácticas históricas
de la institución de: reprimir y oprimir a la fuerza de
trabajo de la institución; conculcar los derechos de la
población asegurada; y la producción elitista de
los servicios de salud.
Y la tercera
es la transparencia, que es lograr una administración clara,
sin dudas ni ambigüedades.
Díaz
Mérida considera que sin estas premisas no es posible hacer
frente a los retos y desafíos de la seguridad social panameña
en los próximos 50 años y solo daría cabida
a maniobras de carácter burocrático, politiquerías
y a la improvisación programática y de gestión.
Por tal motivo,
propone como objetivos: optimizar la atención médica
general y especializada, según los niveles de complejidad;
y garantizar el pleno acceso de la población asegurada
con oportunidad y equidad.
Hasta el momento,
el análisis de la población asegurada se ha hecho
con dos criterios: los altos costos de la atención y la
demanda-oferta de servicios de morbilidad.
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| Francisco
Díaz Mérida. |
El norte de
la administración sanitaria ha sido la atención
médica de consulta externa, la centralización de
la medicina especializada, las restricciones en el acceso a los
medicamentos y procedimientos médicos-quirúrgicos.
Por esta razón,
el actual modelo de atención tiene cuatro ejes fundamentales
que son: la atención de la enfermedad, la postergación
de la tutela de la salud de los asegurados, la medicina biológica
y farmacológica con la consecuente negación de los
procesos colectivos de salud-enfermedad, y la contención
de los costos.
Según
Díaz Mérida, el resultado de esto ha dado como resultado
un enfoque individualista de la salud y enfermedad de los asegurados,
razón por la cual se desconocen los perfiles epidemiológicos.
No obstante, la información disponible señala
que los indicadores de enfermedad están en aumento.
En los últimos
cinco años, la tasa de morbi - mortalidad de los asegurados,
la tasa de discapacidad (invalidez, incapacidad permanente) y
los años potenciales de vida activa perdidos por la enfermedad,
la muerte y la discapacidad han aumentado.
El costo de
la enfermedad y discapacidad en términos de prestaciones
económicas, está aproximadamente entre 60 y 80 millones
de dólares para 1999.
Pero esta
situación, según Díaz Mérida, puede
agravarse como resultado del control burocrático en la
prescripción de medicamentos para uso solo de especialidades
y en el acceso a procedimientos médico-quirúrgicos
solo ordenados por especialistas de las diferentes disciplinas.
Esto también
agrava el acceso a la disponibilidad oportuna de cupos o citas
con especialidades, dado el hecho de que se incrementa la concentración
de pacientes.
Una importante
cantidad de panameños está asegurado por la CSS,
por lo tanto, los servicios de salud de la institución
constituyen una necesidad, en razón de que cerca del 62.2%
de los pensionados son pobres, y aproximadamente el 30.5% se encuentra
en extrema pobreza. El 62.8% de los cotizantes activos son pobres,
y cerca del 20.7% están en pobreza extrema.
Díaz
Mérida es de la opinión de que el proceso de transformación
de la dirección nacional de los servicios y prestaciones
médicas debe contemplar su debida jerarquización
institucional, así como los procesos que le son vitales.
Es necesario,
dice Díaz Mérida, enfatizar dos situaciones, a las
cuales la institución no les ha dado el correspondiente
valor específico, pero que adquieren una dimensión
sustantiva para los próximos 50 años.
El programa
de salud de los trabajadores y riesgos profesionales (su relación
con el ambiente), el programa de salud comunitaria y atención
integral (su relación con el saneamiento básico
ambiental), así como el programa de atención de
los jubilados , pensionados y tercera edad (su relación
con los costos de atención).
Es obvio
que tanto a nivel técnico-normativo, como a nivel local
se requieren estructuras específicas, correspondientes,
que eviten la dilución de estos programas en el contexto
general de la red primaria o en el mejor de los casos en el coordinador
del programa de una policlínica, señala Díaz
Mérida.
Para tener
una visión de la salud pública, Díaz Mérida
sugiere tres procesos estructurales: la salud comunitaria y atención
integral a la familia (atención a los beneficiarios), la
salud integral de los trabajadores (cotizantes activos) y la salud
de los pensionados (cotizantes pasivos), pero se tiene que garantizar
en cada uno de ellos la promoción y prevención,
la curación y la rehabilitación.
Para Díaz
Mérida, la reorganización y readecuación
del sistema de servicio de salud institucional es urgente en razón
del incremento de las tasas morbi-mortalidad, tasa de invalidez,
de incapacidad permanente, de los altos costos derivados de la
atención médica y de la discapacidad.
En este sentido,
propone organizar, sobre la base de un microsector, la atención
primaria de salud dirigida a cerca de 500 familias (2 mil 500
personas) y centros de trabajo del área (500 trabajadores
de microempresas y pequeñas empresas) desde una perspectiva
integral.
Estos equipos
deben estar constituidos por un médico general, enfermera
básica, una auxiliar de enfermería y un promotor
de salud que permitirían ordenar los recursos en función
de los factores de riesgo y perfiles epidemiológicos del
individuo o colectividad, con el objeto de la conservación,
recuperación y rehabilitación de la salud.
Para las áreas
donde predominan medianas empresas de cualquiera naturaleza, Díaz
Mérida sugiere equipos básicos de salud ocupacional
o de unidades locales de atención primaria ocupacional.
Si la
magnitud, peligrosidad, toxicidad o riesgos a la salud así
lo requieran, las empresas estatales o privadas -con más
de 50 trabajadores- deben contar con su propio servicio de atención
médica, como parte integral de su departamento de seguridad
y salud ocupacional. Ello equivale a eliminar las actuales clínicas
satélites (odontológica, ginecológica, pediátrica...
) e impedir su proliferación, explica Díaz
Mérida.
Con respecto
a la red hospitalaria de la región metropolitana, que está
conformada por cuatro hospitales -de los cuales solo uno funge
supuestamente como hospital de segundo nivel y el resto de tercer
nivel- Díaz Mérida propone transformar el hospital
viejo del Complejo Hospitalario en uno de segundo nivel para la
región metropolitana, con excepción de San Miguelito
y Las Cumbres, entre otras cosas.
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