Panamá, 2 de marzo de 2001
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Obreros ferroviarios gestan demanda internacional

JOSE QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com

Ex empleados del Ferrocarril de Panamá protestaron ayer frente a las instalaciones de la Asamblea Legislativa para exigirle al Gobierno que se les pague lo que, según ellos, se les adeuda.

La calidad de la administración de justicia en Panamá será puesta a prueba nuevamente a nivel internacional, en vista de que los 270 ex trabajadores del Ferrocarril de Panamá, privatizado en junio de 1998, no fueron indemnizados según el acuerdo pactado con el entonces director de la Autoridad Portuaria Nacional, Hugo Torrijos Richa.

Los trabajadores perdieron su última batalla legal en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, cuando se rechazó una demanda interpuesta que intentaba hacer valer sus reclamos por un monto de casi 10 millones de dólares al momento de ser privatizado-

En vista de ello, su vocero, Jorge Catuy, explicó que, como último recurso, estaban solicitando al presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, cortesía de sala para exponer el problema y que se reconsiderara su situación en vista de que, a su juicio, los magistrados no han actuado de acuerdo a la ley.

De no ser escuchados, entonces no les quedaría otro camino que presentar sus reclamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, la cual recientemente le dio la razón a más de 200 ex trabajadores de sindicatos estatales que fueron destituidos por el ex presidente Guillermo Endara, en 1990, acusados de complicidad de una frustrada intentona golpista.

Para fundamentar sus argumentos, Catuy explicó que ellos debieron ser indemnizados según los mismos parámetros de los trabajadores que sirvieron en la fenecida Autoridad Portuaria Nacional, dado que el Ferrocarril de Panamá era componente estratégico de esa institución. Este hecho, añadió, quedó contemplado en una resolución, en un decreto ejecutivo y en un pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración.

Sin embargo, se desconoció el acuerdo y luego se les dejó por fuera, lo cual fue un acto criminal porque muchos han muerto, otros han perdido sus hogares y otros bienes.

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