Contraloría retuvo 552 autos oficiales
HERMES SUCRE SERRANO
hsucre@prensa.com
La Contraloría General de la República no comulga con el lema
“lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta”. Y para demostrarlo,
durante el pasado Carnaval detuvo a 552 funcionarios que andaban
haciendo turismo interno en los automóviles oficiales.
El subcontralor Enrique Lau informó que los vehículos fueron detenidos
porque andaban en actividades muy alejadas de asuntos oficiales,
pero muy cercanas a preparativos festivos.
Algunos de los vehículos no tenían la franja amarilla con la leyenda
“Para uso oficial” y sus conductores no portaban el respectivo
salvoconducto. Aparte de utilizar un equipo estatal, también se
estaban gastando el combustible, que hoy está por las nubes.
Lau indicó que la institución está haciendo una investigación
a fondo para determinar responsabilidades, principalmente porque
también hay funcionarios municipales implicados.
Por ahora, agregó, es muy prematuro brindar detalles sobre la
seriedad de las faltas, pero adelantó que los superiores de los
funcionarios implicados deberán sancionarlos con una multa de
100 dólares y, de ser reincidentes, se tomarán medidas más severas.
Muchos de los infractores son funcionarios de mandos medios.
Un ex sargento del antiguo cuartel central, de las desaparecidas
Fuerzas de Defensa, recuerda que el uso de los autos oficiales
para actividades personales, por lo regular recreativas, es un
problema de vieja data.
En los tiempos de los militares se creó una unidad supervisora
–especie de inquisición automotriz– cuya sola mención ponía a
temblar a los conductores y funcionarios de mandos medios del
Estado.
Esta organización de supervisión de equipo rodante estaba jefaturada
por el coronel Rodrigo García y tenía como sus lugartenientes
a Luis Pimentel y a Tomás de Aquino Montenegro. Todos los salvoconductos
eran firmados por ellos y en algunos casos, por la seriedad, tenían
que pasar a manos de García, quien tenía la última palabra. En
ese tiempo los autos eran decomisados y se requería de un largo
trámite, con excusas válidas, para que fuera devuelto a la institución
de origen.
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