El transporte público, colectivo y selectivo, es un problema que tiene muchos lustros de antigüedad, sin que ningún gobierno le encuentre solución. El diagnóstico es simple, pero la solución muy compleja. A través de los años, los famosos “cupos”, su concesión y su transferencia han sido objeto de tráfico de influencias, favoritismos políticos y toda clase de componendas que burlan el Código Administrativo y hasta el Penal. Mucho hay podrido en el transporte, y sobran razones muy legítimas para protestar. No obstante, los medios que se han utilizado para expresar la inconformidad de los que se consideran afectados, vician la legitimidad de sus reclamos. Privar a miles de personas de trasladarse al lugar en donde deben cumplir sus obligaciones laborales o personales, atenta contra la economía nacional y hasta los derechos humanos. El transporte es un servicio público de primera necesidad, y si no se presta, el Estado debe hacer lo que sea necesario para suministrarlo. Los “cupos” son una concesión, y si sus beneficiarios no cumplen con la prestación del servicio, es necesario rescindirlos y adjudicarlos a quienes puedan y quieran cumplir con sus obligaciones. El paro de los transportistas del sector este de la ciudad capital fue injusto porque convirtió en rehenes a miles de personas que carecen de otro medio de transporte. Peor todavía, los conductores pretendieron cerrar vías públicas y conculcar la libertad constitucional de tránsito, lo que produjo enfrentamientos con la Policía Nacional. La ceguera de los extremismos llegó incluso más allá, porque los transportistas agredieron de palabra y de hecho a los periodistas y reporteros gráficos que pretendían informar sobre lo que ocurría. Con esos métodos, en lugar de conquistar simpatías para su causa, cualquiera que sea, obtendrán la animadversión ciudadana. Ojalá aprendan la lección.