La reforma, modernización, o simplificación tributaria –el bautismo no importa– es cuestión de vieja data que tiene sus raíces en el gobierno anterior. En cuanto al actual, habla mucho sobre el tema, pero es muy poco lo que produce. A comienzos del pasado mes de junio, la presidenta de la República anunció que convocaría a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para considerar las reformas tributarias. Ante las justificadas críticas por el apresurado método para discutir un asunto de tanta trascendencia, el Ejecutivo desistió de su propósito. Todo autorizaba a suponer que si se pretendía aprobar las reformas tributarias en sesiones extraordinarias, era porque existía un anteproyecto de ley que se aprobaría en Gabinete para ser propuesto ante la Asamblea. Aparentemente, no era y todavía no es así. La Asamblea inició su siguiente legislatura ordinaria y la terminó sin que se presentara proyecto tributario alguno. Tampoco parece haberlo, porque todo lo que el Ministerio de Economía y Finanzas ha divulgado, son conceptos abstractos sobre los cuales se puede discutir para siempre sin llegar jamás a conclusión alguna. Hace falta un anteproyecto concreto con artículos que definan con precisión y claridad lo que se propone. Mientras no se presente y discuta, continuará la incertidumbre entre los inversionistas, lo que sin duda es un factor que influye negativamente sobre la reactivación de la economía. ¿Hasta cuándo?