Algunos temas pendientes requieren modificaciones constitucionales para poder instrumentarse

Guillermo Márquez Amado

Se han tocado muchos temas y se han soslayado algunos. Entre aquellos y estos, me parecen más importantes los siguientes:

Temas tratados

- Los cambios de residencia podrán declararse hasta un año antes de las elecciones. Esta medida busca disminuir substancialmente el traslado de electores de un sitio a otro para favorecer las candidaturas. Además, se amplía el período de impugnaciones al padrón.

- Se establece una sanción moral para los partidos políticos que se inscriban mediante compra de adherentes. Quizás se piense que por ser solo moral, no es una verdadera sanción; pero al hacerse pública su imposición diez días antes de las elecciones generales, seguramente el partido en cuestión verá reducidas al mínimo sus posibilidades de subsistencia; no solo de triunfo, si es que los panameños estamos maduros como para negar el voto a quienes quieran jugar vivo en la arena política.

Se instituyen nuevas juntas de circuito para contar únicamente las actas de mesas con los resultados de las elecciones presidenciales, con lo que se espera tener más rápidamente los resultados oficiales de la elección presidencial y de la de legisladores.

- Se reducen a uno los tres suplentes del presidente, secretario y vocal de las mesas y juntas de escrutinio con un considerable ahorro en gastos para el Tribunal Electoral.

- Se impone a los partidos y candidatos llevar libros de contabilidad, en los que deben registrar el origen de los ingresos para la campaña, su cuantía y su gasto. Estos libros se presentan únicamente al Tribunal Electoral, que debe manejarlos confidencialmente.

• Se establece el principio de no discriminación tarifaria en la publicidad de los candidatos y partidos entre sí, ni con respecto a las tarifas comerciales.
• Se establecen condiciones de calidad para la publicación de encuestas.
• Se prohíben las postulaciones a más de un cargo de elección.
• Se simplifican los trámites para la postulación de candidatos.
• Se incorpora a la ley el sistema de Transmisión Extraoficial de Resultados (TER) y se da derecho a los partidos a conectarse al sistema en línea.

Temas pendientes

• Disminución del período de transición, esto es entre las elecciones y la toma de posesión.
• Elección de legisladores nacionales.
• Aumento de la base poblacional para determinar el número de legisladores y reconfiguración de circuitos.
• Destino de partidas circuitales, particularmente durante los procesos electorales.
• Elecciones intermedias de alcaldes, representantes y concejales.
• Topes de gastos de campaña.
• Libre postulación.
• Normas sobre la proclamación de legisladores en circuitos plurinominales.
• Normas penales electorales.

Ciertamente hay mejoras importantes ya introducidas, pero puede ser mucho mejor lo que está por hacerse. Sin embargo, varios de los temas pendientes requieren modificaciones constitucionales para poder instrumentarse, como: la disminución del período de transición, la elección de legisladores nacionales -lo que podría requerir una reconfiguración de circuitos-, las elecciones intermedias de gobiernos locales y la postulación libre.

Si queremos que las mejoras introducidas comiencen a operar desde las elecciones del 2004, es imprescindible que se hagan los cambios constitucionales mediante la vía del referéndum antes de esa fecha y, para esto, si hubiera mayores consultas y voluntad de pensar en la nación y no en transitorias coyunturas políticas, podría llegarse a un entendimiento nacional que, como en 1983, permita la aprobación de un texto.

No es difícil anticipar que habrá quienes querrán incluir muchos temas, aprovechando esta vía. La sensatez aconseja que solo se incluyan aquellos, en los que hallemos consenso o simpatías amplias. Quizás así podamos conjugar necesidades y deseos, pragmatismo e ideales, con razonable certeza de que pueda ser posible lo que es necesario.

Topes de campañas, partidos políticos y sociedad

La discusión sobre los topes de campañas electorales se relaciona con la corrupción

Giulia De Sanctis

Lo que salta a la vista es que los partidos mencionados son los que mayores recursos manejan en sus campañas electorales y que saben que los torneos electorales los ganan quienes, a nivel de campaña y de imagen, logran vender mejor su producto electoral. Por ello, es casi natural que quieran evitar cualesquiera norma que limite la utilización de todos los recursos a su alcance para finalmente lograr su fin último, acceder al poder.

La reflexión sobre los topes en los gastos de campañas se convierte también en una reflexión sobre nuestra sociedad, pues a pesar de la existencia de una financiación estatal a los partidos políticos, su mayor fuente de ingresos sigue siendo la financiación privada.

Es ingenuo pensar que este financiamiento privado provenga sobre todo del ciudadano común y que, por lo tanto, es a este ciudadano y a sus intereses a los que, una vez en el poder, el partido político va a proteger. La realidad es que son las grandes empresas quienes hegemonizan las donaciones a los partidos, y es así como el partido político, supuesto mediador entre el Estado y la sociedad civil, responde en la práctica y una vez en el gobierno a estos intereses particulares y privados de sus donantes.

Evidentemente, los topes en el gasto de las campañas pondrían en peligro esta relación entre los partidos políticos y su fuente de financiamiento, lo que explica las razones del rechazo por parte de nuestra clase política, desoyendo además las peticiones que al respecto hizo la sociedad civil representada en la Comisión únicamente con derecho a voz.

Por otra parte, esta negativa refleja también una intención consciente o inconsciente de los grandes partidos políticos de mantener su liderazgo, entorpeciendo, con la más pura lógica de mercado, las posibilidades de los partidos más pequeños, que no pueden ni podrán competir con las grandes cantidades de dinero que se requieren para siquiera empezar una campaña electoral.

Entonces, la discusión de los topes de campañas mantiene, sin lugar a dudas, una estrecha relación con la corrupción y la necesidad del control público de los fondos de los partidos políticos. También es una ocasión para cuestionarnos como sociedad si queremos fortalecer nuestro actual sistema de partidos que permite el pluralismo, donde las diferentes corrientes, ideas e intereses tienen un espacio de discusión -aunque débil, mal concebido, con ausencias de ideales y metas reales y muchas veces corrupto-, o si por el contrario queremos debilitarlo y así menguar las posibilidades ciudadanas de representación y dejar que solamente las fuerzas del mercado sean las que rijan nuestro destino.