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Los corredores locales de bienes raíces enfrentan varios obstáculos para hacer sus negocios. Sin embargo, ayer escucharon noticias alentadoras de parte del ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas.

Las inquietudes de los corredores salieron a relucir durante una exposición de Cárdenas, conferencista invitado al VI Congreso Internacional Inmobiliario que se realizó ayer.

Los corredores panameños quieren que se reforme la legislación de vivienda (Ley 93) que, según Roberto Domínguez, presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), es nefasta porque hace de los lanzamientos de inquilinos morosos toda una tortura.

Cárdenas coincidió con los corredores en que, pese a que los propietarios de casas agotan todos los recursos legales, no pueden lanzar a los morosos. A su juicio, el Organo Judicial permite demasiados recursos y amparos que imposibilitan el desalojo de una vivienda.

Pero no todos los morosos son iguales a los ojos de los corredores. En ocasiones hay personas registradas como morosas en la Asociación Panameña de Crédito (APC) y éstas necesitan, a su vez, un préstamo para un apartamento o una casa. Pero, por el hecho de aparecer en la “lista negra” de la APC –por una mala referencia de crédito muchas veces ya cancelado– el cliente no puede obtener el préstamo y el corredor pierde el negocio. En estos casos, preguntó uno de los participantes del foro, “¿quién reglamenta la ACP?”

Ante la inquietud, el ministro planteó que hace poco el tema fue abordado en el Consejo de Gabinete. Y sin precisar más detalles, el funcionario insinuó que muy pronto habría noticias al respecto.

Pese a esta discusión, lo que más captó la atención de los asistentes fue la propuesta de ley para financiar viviendas al sector informal, conocido como “leasing habitacional”. Cárdenas espera que en el mes de marzo, la Asamblea Legislativa apruebe definitivamente este anteproyecto, que ya pasó el primer debate

Esta es una de las fórmulas que el MIVI impulsa para paliar el déficit de vivienda, calculado al terminar el 2000 en 172 mil unidades residenciales.

Según Cárdenas, el 30% de la población panameña se encuentra en el sector informal, en el que no declaran renta. Eso impide a muchos panameños conseguir el financiamiento para una casa o un apartamento.

La idea de darles financiamiento surgió de discusiones dentro de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y la banca hipotecaria privada y oficial. El bajo índice de morosidad hipotecaria entre los sectores de bajos ingresos fue clave para que se concretara la idea.

De acuerdo con el proyecto de ley, el beneficiario firma un contrato de arrendamiento y se le abre una cuenta especial. Un porcentaje del dinero es para amortizar el arrendamiento y el otro es para lo que constuiría el abono inicial. En tres años, el cliente tendría un historial de pago lo suficientemente sólido para pedir un préstamo hipotecario sin mayores problemas. Entonces firma un contrato de compra-venta.

Cárdenas dijo que esta ley permitiría que se usen terrenos estatales para desarrollar el programa.

Para los corredores de bienes raíces esta es una oportunidad de acercarse al sector de menos ingresos.

En el congreso inmobiliario participaron unos 150 corredores centro y norteamericanos, así como caribeños.

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