Concierto
en las Ruinas de Panamá Viejo
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La
junta directiva de la Asociación Nacional de Conciertos
realizó anoche un ‘‘Concierto Orquestal’’ en honor a sus
patrocinadores, donantes y colaboradores del año 2000 en
la Catedral de las Ruinas de Panamá Viejo. LA PRENSA/Bernardino
Freire
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Ley
95 podría ser parcialmente objetada
Mireya
Moscoso informó que se adelantan consultas con el sector agropecuario
para llegar a un consenso
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
Luego
de una serie de consultas que se llevarán a cabo con el sector
agropecuario e industrial, la Ley 95, que reglamenta la importación
de materia prima agropecuaria, sería parcialmente objetada, anunció
ayer la presidenta de la República, Mireya Moscoso.
La mandataria explicó que la demora en sancionar o vetar la Ley
95 obedece a que se adelantan consultas con los diferentes sectores
de la sociedad para encontrar alternativas que lleven a un consenso.
Los industriales argumentan que la Ley 95 restringe al sector
agroindustrial la posibilidad de exportar con probabilidad de
competir, debido a que se limita el acceso a la importación de
materias primas de mejor precio y calidad que las locales.
El proyecto de Ley 95 fue aprobado en tercer debate por la Asamblea
Legislativa el 31 de diciembre del 2000 y con este se modifica
la Ley 28 de 1995, referente a la universalización de incentivos.
Básicamente este proyecto permite que todos los productores importen
materia prima al 3% de su costo, seguro y flete, en adición al
Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles, siempre y cuando
no se produzca en el país.
El ministro de Desarrollo Agropecuario, Pedro Adán Gordón, es
del criterio de que la importación de materia prima agropecuaria
debe ser reglamentada dentro de la Ley 95. Se debe establecer
claramente qué es materia prima y qué es proceso industrial y
agroindustrial.
Gordón también considera importante que se deje claramente establecido
lo que se refiere a la modificación de aranceles.
Esto está relacionado con lo que se llama ‘‘productos sensitivos’’
en base al acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Para que estos productos entren al país tiene que haber un contingente
o nivel de acceso para que todo el mundo pueda comprar a un arancel
reducido y no al pactado con la OMC, explicó.
Para el titular del MIDA, la polémica que se ha presentado con
la Ley 95 ha permitido que el sector agropecuario, afiliado a
la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá, se siente
a dialogar con el sector industrial.
Aunque todavía está pendiente el acuerdo entre el sector agropecuario
e industrial, el ministro Gordón adelantó que espera que se llegue
a ‘‘excelentes acuerdos sin afectar al sector agropecuario’’.
Para hoy martes, la junta directiva de la Cámara de Comercio había
aprobado una cortesía de sala al viceministro de Desarrollo Agropecuario,
Sebastián Peralta; sin embargo, a últimas horas de ayer se informó
que debido a otros compromisos el funcionario no podrá asistir
a esta reunión.
El presidente de la Cámara de Comercio, Manuel José Paredes, considera
que en este caso en particular se requiere llegar a un acuerdo,
‘‘porque no se pueden promover leyes para castigar o beneficiar
a sectores determinados’’.
En su opinión muy particular, Paredes señaló que definitivamente
‘‘se requiere del consenso de los socios de la cadena de producción
para garantizar el éxito de los agricultores nacionales’’.
Comisión
recibe nombres de 132 víctimas de la dictadura
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
El
presidente de la Comisión de la Verdad, Alberto Almanza Henríquez,
recibió ayer un listado con los nombres de 132 personas desaparecidas
o asesinadas en Panamá durante las dos décadas en que los militares
gobernaron el país.
Edwin Wald, vicepresidente de una de las dos agrupaciones que
representan a los familiares de personas desaparecidas o asesinadas
entre 1969 y 1989, entregó a Almanza un listado con 81 nombres
de panameños desaparecidos y otros 51 asesinados por razones políticas.
Explicó Almanza que la Comisión de la Verdad no está aún en la
etapa de recibir estos listados, pero que recibieron esta documentación
ante la insistencia de Wald.
La Comisión de la Verdad tiene seis meses para investigar estos
crímenes y otros tres meses más de plazo, si es que son necesarios.
Añadió Almanza que aún la comisión no cuenta con un local propio
para ubicar su sede y, por lo tanto, no han comenzado en firme
a recopilar la información necesaria para estas investigaciones.
El Comité de Familiares de Personas Desaparecidas y Asesinadas
en Panamá ‘‘Héctor Gallego’’ (COFADEPA-HG), que es el otro grupo
que representa a las víctimas de la dictadura militar, mediante
un comunicado emitido ayer señala que espera que la comisión cumpla
plenamente, a cabalidad y al máximo las tareas que se le han confiado.
Señala que a pesar de que la presidenta Mireya Moscoso no tomó
a la mayoría de los candidatos que COFADEPA-HG presentó para formar
esta comisión, el comité ha decidido apoyar todas las acciones
que realice la Comisión de la Verdad para esclarecer las desapariciones
y crímenes impunes de la dictadura militar.
‘‘De
sus miembros esperamos imparcialidad y objetividad, sensibilidad
humana, conciencia de justicia, agudeza e inteligencia en las
investigaciones y una buena dosis de valentía y entereza’’, añade
el COFADEPA-HG en la nota.
Christina
Aguilera en Panamá
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| Miles
de personas, la mayoría jóvenes, asistieron anoche al Estadio
Nacional para disfrutar del concierto de la cantante de origen
ecuatoriano Christina Aguilera, de 19 años. Aguilera cantó
durante una hora y 15 minutos ante unas 17 mil personas que,
según el promotor del espectáculo, asistieron al evento. LA
PRENSA/Maydée Romero |
Corte
Interamericana fallará en casos de Perú, Chile y Panamá
SAN
JOSE. (AFP). –La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará
del 29 de enero al 10 de febrero en San José, período en el que
podría fallar en cuatro casos de presuntas violaciones a los derechos
fundamentales en Perú, Chile y Panamá, informó ayer este tribunal.
La Corte delibera sobre el fondo de una denuncia que presentó
en 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
contra Perú, tras la destitución por el Congreso de tres de los
siete magistrados del Tribunal Constitucional, luego de que este
declarara inaplicable una ley que permitía la reelección del entonces
presidente Alberto Fujimori.
La Comisión consideró que el acto de destitución representó una
violación a la Constitución Política, que prohibía más de una
reelección presidencial consecutiva, así como de garantías y derechos
consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
El tribunal interamericano, con sede en San José, también deliberará
sobre el caso del empresario Baruch Ivcher, naturalizado peruano,
al que el gobierno de Fujimori despojó de la nacionalidad para
quitarle el control editorial y la propiedad del canal 2 de la
televisión local, lo que fue denunciado como un atentado a la
libertad de expresión.
Otro de los asuntos se refiere a una denuncia contra Chile, por
una censura judicial a la exhibición de la película La última
tentación de Cristo, confirmada por la Corte Suprema en 1997,
la cual violó supuestamente artículos de la misma Convención Americana.
El cuarto caso es el supuesto despido arbitrario de 270 empleados
públicos en Panamá, en 1990, que habían participado en una manifestación
y en un paro por reclamos laborales, a los cuales se les habrían
violado los derechos del debido proceso y la protección judicial.
Sancionan
nueva ley de incentivo habitacional
El
Gobierno podrá ceder a la empresa privada terrenos estatales para
la construcción de viviendas de interés social
MANUEL
DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com
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| La
ley fue sancionada ayer por la mandataria, Mireya Moscoso,
en compañía del ministro del MIVI, Miguel Cárdenas. LA
PRENSA/Bernardino Freire |
El
Gobierno podrá transferir a promotores de vivienda particulares
terrenos pertenecientes al Estado, aproximadamente 50 hectáreas,
para que construyan viviendas de interés social, según lo dispuesto
en una ley sancionada ayer por la mandataria, Mireya Moscoso.
La norma, ‘‘que incentiva la construcción de viviendas de interés
social’’, establece en su artículo 1 que con el fin de abaratar
los costos de las viviendas de entre ocho mil dólares y 25 mil
dólares, el Consejo de Gabinete podrá autorizar la transferencia
de bienes inmuebles estatales al promotor de vivienda.
Más adelante, en el mismo artículo, la ley dispone que el Ministerio
de Vivienda (MIVI) convocará el correspondiente acto de selección
de contratista, como lo exige la Ley 56 de 1995 sobre contratación
pública.
El ganador del contrato, según el artículo 2: ‘‘deberá obligarse
a iniciar y terminar la construcción de las obras de urbanización
y de las viviendas dentro de los plazos estipulados en las especificaciones
preparadas por el MIVI’’.
De
acuerdo con el MIVI, actualmente se han localizado unas 50 hectáreas
de terrenos que podrían ser utilizadas para los fines de esta
ley.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, el beneficiado
del contrato ‘‘deberá consignar a favor del Estado una fianza
equivalente al 100% del avalúo del inmueble de que se trate’’.
La norma igualmente ordena que ‘‘los inmuebles a que se refiere
esta ley y los que resulten de su lotificación, así como las mejoras
que se construyan sobre éstos estarán exentos del pago de tributos’’.
El
ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas, afirmó que la ejecución
de esta ley se dará con toda la transparencia que requiere el
manejo de las propiedades estatales.
Moscoso, a su turno, recordó que actualmente Panamá tiene 178
mil familias que no tienen una vivienda propia.
‘‘Esta
es una realidad que impide el crecimiento y que tenemos que enfrentar
todos, Gobierno y empresa privada, con un espíritu solidario,
con políticas innovadoras y con eficiencia en la administración
de los recursos con que cuenta el Estado’’, señaló.
Harris
sigue al frente de la Dirección de Tránsito
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
El
director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT),
Carlos Harris, se mantiene en su cargo, según confirmaron ayer
la presidenta de la República, Mireya Moscoso, y el ministro de
Gobierno y Justicia, Winston Spadafora.
‘‘Yo
no se de dónde sacan esos rumores’’, expresó el ministro Spadafora
cuando se le consultó sobre la supuesta destitución de Harris
de la ATTT.
A su salida del Santuario Nacional, donde se llevaron a cabo las
honras fúnebres de la esposa del director del Instituto de Mercadeo
Agropecuario, Hatuey Castro, Nelfa Rodríguez, el ministro aseguró
que Harris ‘‘estaba de vacaciones en España y desde hoy está en
su cargo’’.
Para el ministro de Gobierno y ex dirigente civilista, el Partido
Revolucionario Democrático (PRD) siempre ha sido experto en lanzar
rumores a la calle, y son ellos los que dicen que ‘‘yo voy para
la Cancillería, que José Miguel [Alemán] va para el Ministerio
de Gobierno’’.
A su juicio, estos rumores buscan conmocionar tanto a la gente
del Gobierno como a la gente de la calle.
En tanto, Harris manifestó que él seguirá ejerciendo su puesto
como lo debe hacer, con claridad, y ya se aclarará en su momento
‘‘de dónde emergieron esos comentarios, porque nosotros no tenemos
el menor conocimiento’’.
Indicó que las investigaciones sobre irregularidades en el Registro
Público Vehicular las lleva a cabo el Ministerio Público y la
Contraloría, y hasta el momento no ha recibido un informe oficial
de esos organismos.
MEDCOM
despide a 41 empleados
HERMES
SUCRE S.
hsucre@prensa.com
Cuarenta
y un trabajadores fueron despedidos ayer por La Corporación MEDCOM
Panamá, S.A., consorcio de la comunicación que administra las
plantas televisoras de Telemetro Panamá y RPC Televisión (Canal
4) y la emisora RPC Radio.
Un breve comunicado divulgado por Mario Rodríguez, director corporativo
de Recursos Humanos de MEDCOM, señala que los despidos forman
parte de la reestructuración de la empresa ‘‘de cara a las estrategias
requeridas para hacer frente al futuro económico del país y de
la industria de la televisión’’.
Los 41 trabajadores recibirán el equivalente mínimo de 6 meses
de salario. También se ha creado un centro de Transición Profesional
con el apoyo de asesores externos, el cual laborará por seis meses
consecutivos para brindar asistencia en la consecución de nuevas
oportunidades de trabajo.
Según el comunicado de Rodríguez, se tiene contemplado brindarles
entrenamiento especializado en desarrollar sus propias iniciativas
de negocios o autogestión. El proceso de comunicación de los despidos
se inició a las 8 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde de
ayer.
Un ejecutivo de MEDCOM reveló a La Prensa que entre el personal
destituido solo hay dos periodistas, pero no quiso dar los nombres.
Por su lado, Bárbara Bloise, presidenta del Colegio Nacional de
Periodistas (CONAPE), dijo a La Prensa que ya ha conversado con
algunos de los periodistas despedidos, quienes le han dicho que
la empresa redujo el personal por problemas económicos.
Bloise manifestó que el problema será tratado en la próxima reunión
de junta directiva del CONAPE. ‘‘Nos preocupa esta situación,
por lo que hacemos un llamado para que los afectados se acerquen
al colegio’’, añadió.
Plan
Colombia estipula escasos fondos para Panamá
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
La
partida de 1.8 millones de dólares que destina el Plan Colombia
a Panamá representan ‘‘migajas’’ si se compara con los millones
de dólares que se invertirá en este proyecto, declaró el vicecanciller,
Harmodio Arias.
Estados Unidos asignó un presupuesto de 1.300 millones de dólares
para el Plan Colombia, destinados a la lucha antidrogas en la
región.
‘‘Yo
no creo que esos son millones’’, expresó Arias al referirse a
la suma que le destina el Plan Colombia a Panamá, ‘‘son migajas’’,
subrayó.
El vicecanciller reiteró que ‘‘el problema de Colombia es de Colombia
y nosotros como país limítrofe queremos que haya paz, pero no
nos vamos a involucrar en una guerra o problema que tienen ellos’’,
los colombianos.
Consultado sobre si los 1.8 millones de dólares representan una
ayuda para Panamá, Arias respondió que en su humilde opinión no,
porque al final nuestro país va a quedar involucrado en un problema
por recibir esta mínima cantidad de dinero.
Por su lado, el ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora,
coincidió con el vicecanciller en que esta cooperación económica
es muy baja y también sería ‘‘una migaja’’.
Aunque en principio dijo que desconocía la suma que destinaba
el Plan Colombia a Panamá, luego aceptó que aunque sea ‘‘un dólar’’
es bien recibido después de que no haya que devolverlo.
No obstante, Spadafora considera que Panamá está involucrada en
el problema al tener una frontera con Colombia y no necesariamente
por recibir esta ayuda.
Tanto Arias como Spadafora consideran que el nuevo Gobierno de
Estados Unidos, que inició el presidente George Bush, continuará
con el mismo programa de cooperación, principalmente el que se
refiere a la lucha contra el narcotráfico.
El vicecanciller Arias afirmó que el Canal es un tema cerrado
con Estados Unidos. ‘‘El Canal está en manos panameñas y se va
a quedar en manos panameñas. No hay que discutir sobre algo que
no puede ser’’, subrayó.
Solís
pide despojar del cargo a representante de Los Hatillos
MANUEL
DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com
El
fiscal electoral, Gerardo Solís, pidió ayer al Tribunal Electoral
(TE) que despoje a Isabel Valencia Pérez del partido Cambio Democrático
(CD), de la representación del corregimiento de Los Hatillos,
por haber sido condenado a seis meses de prisión.
La acción de Solís se da a solo dos semanas de que la mandataria
Mireya Moscoso indultara al panameño Valencia Pérez, condenado
por el TE a seis meses de prisión por perjurio.
En su solicitud al TE, Solís argumenta que si bien el indulto
extingue la pena del beneficiario, no hace lo mismo con el proceso
que motivó la condena.
‘‘La
Corte Suprema de Justicia –indicó el fiscal electoral al TE– señaló
el 28 de abril de 1995 que ‘‘el efecto del indulto es extinguir
la pena cuando la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada.
Sin embargo, no borra la comisión del delito ni el proceso que
motivó la decisión judicial’’.
Consultado ayer sobre su petición, Gerardo Solís indicó que, en
virtud de lo dispuesto anteriormente por la Corte Suprema, ‘‘estoy
en la obligación de que se cumpla la ley electoral’’.
Si bien es cierto que se le perdonó la pena, explicó, ‘‘no se
borra el delito ni desaparece la condena’’.
El fiscal, además, en su solicitud, indica que la Constitución
en el artículo 224 indica que: la representación de un corregimiento
se pierde por condena judicial fundada en delito.
Ayer,
entretanto, el presidente de CD, Ricardo Martinelli, denunció
que existe una campaña de difamación contra este partido, orquestada
por personas que representan al antiguo Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y al Partido
Demócrata Cristiano (PDC).
En relación con el caso de Isabel Valencia Pérez, Martinelli subrayó
que su partido no tiene nada que ver con las investigaciones del
TE, ya que este proceso se inició cuando Valencia Pérez era miembro
del PRD.
La presidenta Mireya Moscoso indultó al representante de corregimiento
Isabel Valencia Pérez mediante Decreto Ejecutivo No.1 del 3 de
enero del 2001.
La acción presidencial, no obstante, solo fue concedida a Valencia
Pérez, y no otras tres personas condenadas por el TE por el mismo
delito.
Fundación
del Trabajo respalda aspiración de los obreros
JOSE
QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com
La
Fundación del Trabajo avaló la petición de los obreros de que
se incremente su número de representantes en la Comisión de Alto
Nivel que analizará la situación de la Caja de Seguro Social (CSS).
La fundación, un foro compuesto por trabajadores y patronos, propuso
a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, intervenir para
que se mantengan los principios de una comisión tripartita con
participación paritaria de los tres sectores en la formación de
la Comisión de Alto Nivel de la CSS.
En carta que le remiten los copresidentes de la fundación, Norma
Cano y Juan Planells, recomiendan a la mandataria el nombramiento
de tres representantes del sector laboral, tres del sector empresarial
y tres del Gobierno, además de un representante por los trabajadores
de la Salud y uno por los jubilados y pensionados.
Considera el citado foro que es apropiado y oportuno perfeccionar
la Comisión de Alto Nivel para que recoja el diagnóstico y las
recomendaciones del Informe emitido por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en el que participaron el Consejo Nacional
de Trabajadores Organizados, el Consejo Nacional de la Empresa
Privada, los Ministerios de Trabajo y, anteriormente, Planificación
y Política Económica y la CSS.
No obstante, los síndicos de la Fundación del Trabajo también
expresan su preocupación al comprobar la reducida participación
de los representantes del sector productivo en esa Comisión recientemente
nombrada.
Corte
Suprema declara legal detención de Posada Carriles
El
anticastrista es acusado de dirigir una operación que pretendía
asesinar al presidente de Cuba, Fidel Castro
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
El
pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró legal la detención
con fines de extradición del cubano Luis Clemente Posada Carriles,
detenido en Panamá desde el pasado 17 de noviembre, al ser acusado
por el presidente de Cuba, Fidel Castro, de encabezar un atentado
contra su vida.
Con un fallo unánime con la ponencia del magistrado José Troyano,
se dio respuesta a un habeas corpus interpuesto por el abogado
Rogelio Cruz, en el que se específica que las autoridades panameñas
se apegaron a las leyes al ordenar la detención de Posada Carriles.
Según el tribunal, se comprobó que el Gobierno de Cuba envió al
Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, el 18 de noviembre
del 2000, la petición de detención con fines de extradición para
Posada Carriles, lo que a juicio de la Corte es la vía idónea
para este tipo de requerimiento.
Con fundamento en esta petición, añade el fallo, la Procuraduría
de la Nación ordenó la detención provisional con fines de extradición
de Posada Carriles y lo puso a órdenes del ministerio de Relaciones
Exteriores por el término de 60 días, para que el Estado requirente
formalizara su solicitud, trámite que, según la Corte, también
es el establecido para estos procesos.
Explica el dictamen que nueve días después, el 29 de noviembre,
Cuba formalizó la petición de extradición contra Posada Carriles.
‘‘El
pleno de esta corporación de justicia llega a la conclusión de
que la detención con fines de extradición que sufre el prenombrado
[Posada Carriles] no viola las normas constitucionales y legales
que garantizan la libertad personal, porque fue solicitada por
los canales diplomáticos correspondientes’’, concluye el fallo.
Las autoridades panameñas detuvieron el 17 de noviembre del 2000
a Posada Carriles y a otros tres cubanos-americanos, identificados
como Guillermo Novo Sampoll, Gaspar Jiménez Escobedo y Pedro Remón
Rodríguez.
Anteriormente la Corte había declarado legal las detenciones de
los otros tres cubanos, con los mismos fundamentos que basó el
fallo de Posada Carriles.
La semana pasada las autoridades trasladaron a Novo Sampoll y
Jiménez Escobedo de una celda de la PTJ a la cárcel El Renacer,
mientras que Posada Carriles y Remón permanecen detenidos en la
sede de la Policía Nacional en Ancón.
Hasta el momento, los cuatro detenidos se han negado a ser indagados
y a practicarse un examen de ADN, ordenado por la fiscal primera
de circuito, Argentina Barrera, quien instruye este expediente.
Renuncian
tres directivos de CD
GIONELA
JORDAN V.
gjordan@prensa.com
El
presidente del Partido Cambio Democrático (CD), Ricardo Martinelli,
reveló ayer que tres miembros de la junta directiva de ese colectivo
han presentado su renuncia al cargo, para darle oportunidad a
nuevos copartidarios.
Martinelli también denunció la existencia de una campaña de ‘‘difamación
en contra de ese colectivo, orquestado por personas que se encuentran
dentro del antiguo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD y de
la Democracia Cristiana (PDC).
A través de un boletín de prensa del CD, Martinelli, quien no
dio a conocer los nombres de los directivos que renunciaron a
continuar formando parte del máximo organismo de ese partido,
destacó que ‘‘todo partido político tiene que estar en movimiento
y dinamización, no puede quedarse estático’’.
El político, quien ejerce la cartera de ministro para Asuntos
del Canal, manifestó que CD se encuentra en una etapa de reorganización
en todos sus niveles, lo que incluye su junta directiva.
También el dirigente político hizo referencia al caso de un miembro
de CD quien había sido condenado a varios meses de cárcel por
la comisión de un delito electoral, y que fue indultado recientemente
por el órgano Ejecutivo.
Al respecto, aclaró que la denuncia se originó cuando el hoy representante
de corregimiento José Isabel Valencia participó en unas primarias
del PRD, momento cuando este aún no era miembro de CD.
Dada esa situación, Martinelli manifestó que el partido que preside
no tiene ninguna relación con la investigación que se realizó,
y de la cual resultó condenado Valencia.
Colombia
produce dos tercios de hoja de coca en el mundo
Las
rutas de la droga nunca fueron tan numerosas, señala un informe
de la ONU
VIENA.
(AFP). –La mayor parte de la producción de droga mundial se limita
a tres países, Afganistán, Birmania y Colombia, esta última responsable
de los dos tercios de hoja de coca que se producen en el mundo,
afirmó la ONU en un informe presentado ayer en Viena.
En su informe anual, el Programa de la Organización de Naciones
Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Crimen
(PNUCID) afirma que la lista de países productores nunca fue tan
‘‘limitada’’.
Afganistán y Birmania ‘‘cuentan con el 90% de la producción total
de opio’’, y Colombia es ‘‘responsable, por sí sola, de los dos
tercios de la producción de hoja de coca’’, señala el PNUCID.
El informe subraya también que la producción de cocaína descendió
un 20% entre 1992-1993 y 1999, y la de opio –utilizado para la
fabricación de la heroína– cayó un 17% ‘‘en el transcurso del
año pasado’’.
El PNUCID considera también en su informe que ‘‘los programas
de desarrollo alternativo’’ propuestos a los agricultores para
que dejen de cultivar hojas de coca y opio dieron sus frutos en
Bolivia, Pakistán, Laos y Tailandia.
Estos buenos resultados incitaron al PNUCID a asegurar que el
objetivo fijado por la Asamblea General de Naciones Unidas en
1998 de ‘‘reducir a la mitad el consumo de drogas y reducir sustancialmente
la producción antes de 2008’’, parece ahora ‘‘posible dada la
experiencia adquirida durante los dos últimos años’’.
Pese a todo, 180 millones de personas siguen consumiendo drogas
en el mundo, esencialmente cannabis (144 millones de consumidores),
estimulantes con anfetaminas (20 millones), cocaína (14 millones)
y opiáceos (13.5 millones, 9 de ellos de heroinómanos), señala
el informe.
La suma de estos diferentes tipos de consumo supera la cifra de
180 millones, dado que algunos toxicómanos consumen varias drogas,
precisa la ONU.
Bajo el título ‘‘Esperanza en el horizonte’’, el PNUCID precisó
en la presentación de su informe que ‘‘los principales mercados
de consumo (de drogas) se estabilizaron o incluso disminuyeron’’.
Así, la Ofician señala ‘‘una baja de 70% en el consumo de cocaína
en Estados Unidos entre 1985 y 1999’’, una estabilización del
consumo de heroína en Alemania y una baja en España e Italia.
El PNUCID revela también una disminución del número de muertos
por sobredosis en siete países europeos (Francia, España, Alemania,
Italia, Austria, Luxemburgo y Suiza).
Denuncias
de Manila no son prioridad para Jerry Salazar
Lo
que le interesa es atraer inversiones al país
RAFAEL
PEREZ G.
rperez@prensa.com
Las
investigaciones sobre el presunto cobro ‘‘exorbitante’’ para obtener
las licencias panameñas a marinos y oficiales en Filipinas por
parte de dos compañías privadas –que cuentan con el supuesto consentimiento
del embajador y cónsul de Panamá en ese país, Juan Carlos Escalona–
no figuran entre las prioridades de Jerry Salazar, administrador
de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), según él mismo confesó.
Pese a que el propio Salazar admite que estas denuncias aparecidas
hace poco en la publicación especializada Fairplay Daily Shipping
News empañan la imagen de Panamá, asegura que su preocupación
es otra.
En principio, reiteró Salazar, la prioridad de la AMP ‘‘es atraer
las inversiones a nuestro país’’ y no hacer investigaciones sobre
las denuncias que se formulan en Manila.
Bajo el título ‘‘Acusación de estafa en torno a licencias filipinas’’,
la referida publicación señala que las compañías Panamá Maritime
Services Inc. y Panamanian Maritime Documentation Service Inc.,
‘‘que no están autorizadas por ninguno de los dos gobiernos [filipino
y panameño] habrían recolectado un promedio de 39 mil 250 dólares
diarios’’ al procesar 200 ó 300 solicitudes diarias de oficiales
y marinos.
Al respecto, Salazar dijo que ‘‘las compañías que menciona [el
artículo] fueron creadas mucho antes de que yo llegara a la administración.
Usted se puede imaginar en qué administración fueron creadas las
empresas’’, dijo.
Según el Registro Público panameño, Panamanian Maritime Services,
Inc. está inscrita en Panamá desde mayo del 2000. Panama Maritime
Services Inc., por su parte, según fuentes extraoficiales, está
inscrita en Kong Kong desde 1996.
Jerry Salazar aseguró que la AMP inició una investigación sobre
las denuncias formuladas en Filipinas, y para ello se comisionó
a la Dirección de Gente del Mar, que está bajo la responsabilidad
de Luis Pérez Salamero.
Pérez Salamero es hijo de José Antonio Pérez Salamero, presidente
de la junta directiva del Banco Nacional de Panamá.
Salazar también admitió que Fok Kwong Yin, quien figura como presidente
de Panamanian Maritime Services Inc., una de las empresas denunciadas
en Filipinas, trabaja como inspector de la marina mercante panameña,
aunque advierte que no fue nombrado bajo su administración.
Por su parte, Hugo Torrijos, ex director de la desaparecida Autoridad
Portuaria Nacional, exigió una investigación sobre las mencionadas
denuncias que, a su juicio, ‘‘evidentemente’’ empañan la imagen
de Panamá en el terreno internacional.
Torrijos, quien negó que su empresa Panamá Maritime Documentation
Services Inc. esté vinculada a las empresas denunciadas en Filipinas,
aseguró que está autorizada por el Gobierno panameño para tramitar
documentos para registrar barcos bajo el pabellón panameño, y
de ‘‘ninguna manera está autorizada para manejar y emitir documentos
de marinos, lo cual es una prerrogativa exclusiva de las autoridades’’
de Panamá, subrayó.
Plan
de ‘meritocracia’ causa polémica en el sector salud
GIONELA
JORDAN V.
gjordan@prensa.com
Una
polémica ha causado entre las autoridades de salud y las agrupaciones
médicas la aprobación de un Plan Piloto de Meritocracia que, entre
otras medidas, propone registrar la asistencia de los servidores
de la salud y el cumplimiento de sus horarios de trabajo, en base
a lo cual se otorgarán incentivos a quienes cumplan de manera
aceptable sus reponsabilidades.
Jorge Gamboa, director médico de la región de Salud de San Miguelito
y proponente del programa, luego de sostener una reunión a puertas
cerradas con los representantes de la Comisión Médica Negociadora
Nacional (COMENENAL), precisó que aprovechó la ocasión para explicar
algunas dudas que se tenían sobre su propuesta.
Según Gamboa, los representantes de la COMENENAL señalaron que
el Plan Piloto de Meritocracia debería aplicarse únicamente al
personal no médico, sin embargo el funcionario reiteró que el
proyecto debe ser extensivo a todo el personal médico de la región
de Salud San Miguelito.
Gamboa indicó que 10 médicos de un total de 150 que existen en
la región fueron los que se quejaron por la aplicación del sistema
en mención.
El programa de Meritocracia, que abarca San Miguelito, Las Cumbres
y Chilibre, precisa que con el ‘‘propósito de incentivar a los
funcionarios que cumplen a cabalidad con sus labores y horarios
de trabajo, se implementó el mismo’’.
Para una asistencia y puntualidad dentro de parámetros aceptados,
precisa la propuesta, se tendrá el incentivo de una jornada completa
de concesión para ausentarse de sus labores para todo el personal
que acredite, durante un mes calendario, puntualidad aceptable,
de la que deberán hacer uso dentro del mes siguiente. Es decir,
se les da un día libre.
El documento advierte que se harán merecedores de dichos incentivos,
los funcionarios que no se ausenten de su trabajo y que esa medida
estará en evaluación permanente para tomar correctivos si surgiera
algún inconveniente.
Por su parte, el secretario general de la COMENENAL, Alfredo Macharabiaya,
indicó que la propuesta, que entró a regir a partir del 2 de enero
del 2001, debe ser revisada porque la misma se implantó sin consultar
a todos los sectores.
‘‘Esperamos
que se apliquen los correctivos necesarios para evitar una futura
confrontación’’, reiteró el dirigente médico.
Weeden
denuncia intereses creados de un sector de la construcción
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
El
contralor de la República, Alvin Weeden, afirmó ayer que existe
un sector de la industria de la construcción que tiene ‘‘intereses
creados’’ en el desarrollo de determinados proyectos y, por ello,
acusan al Gobierno de burocracia en el proceso de aprobación de
los contratos.
‘‘Eso
es lo que hay aquí de parte de un sector de los contratistas,
porque no tienen en los diez días lo que ellos querían tener,
es decir, la orden de proceder, entonces creen que el mecanismo
es estar acusando al Gobierno de burocracia’’, sostuvo el contralor
Weeden.
Como un caso concreto, Weeden reveló que la Contraloría está revisando
minuciosamente que la empresa Jacsi Panamá, que se adjudicó el
contrato para construir el Hospital Santo Tomás (HST), cuente
con la ‘‘capacidad de fianza de ese contrato’’.
Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA) y Corporación
y Constructora NOVA, S.A. se adjudicaron, por 60 millones de dólares,
la construcción, dotación e instalación de equipos del nuevo HST.
NOVA, S.A., cuyo representante legal es José Jelensky, cuyas empresas
se encargarán de la construcción y equipamiento del edificio No.2
de especialidades médicas del HST a un costo de 40 millones de
dólares.
COPISA construirá a un costo de 20 millones de dólares el edificio
de mantenimiento, estacionamientos, el helipuerto, el edificio
de consulta externa y un puente elevado que unirá todas las infraestructuras.
En el caso de la construcción de carreteras y puentes, el contralor
sostuvo que se ha aprobado ‘‘velozmente’’ l desarrollo de algunos
proyectos, como la reparación del puente sobre el río Chico de
Alanje, provincia de Chiriquí, entre otros.
Recompensarán
con 100 mil dólares a quien informe del paradero de Montesinos
BORIS
GOMEZ
planas@prensa.com
DAVID,
Chiriquí –La comunidad de Boquete vio con sorpresa el pasado fin
de semana cómo se instalaron volantes en centros públicos en las
que se ofrece una jugosa recompensa a quien brinde información
que conduzca a la captura del fugitivo Vladimiro Montesinos, ex
asesor del destituido presidente de Perú y ahora refugiado en
Japón, Alberto Fujimori.
Las volantes pegadas en su mayoría en centros de Alto Boquete
ofrecen 100 mil dólares por información que permita la captura
de Montesinos, quien esperó en vano que Panamá le concediera el
asilo político.
La nota califica a Montesinos de ‘‘ladrón, asesino, narcotraficante
y lavador de dinero’’. La volante señala que el prófugo de la
justicia peruana está operando en este sector con la ayuda de
cómplices norteamericanos y locales.
Advierte además que está protegido por ‘‘sicarios armados y autoridades
corruptas’’.
Se anota, además, un teléfono con el número 223 1112 en el que
se puede brindar información sobre el paradero de Montesinos.
La Prensa intentó contactar en las últimas horas de ayer
a los dueños de la línea telefónica anunciada, pero nadie respondió.
Por su parte, el director de la Policía Técnica Judicial (PTJ),
en Chiriquí, Quincleito Mora, dijo a medios locales que no hay
ningún informe de búsqueda oficial o de investigadores privados
de Vladimiro Montesinos.
Mora aseguró también que no hay ningún reporte de la estadía de
Montesinos en la provincia de Chiriquí.
Juez
investigado por presunta corrupción está de vacaciones
A
Ulises Manuel Calvo se le acusa de nombrar a su asistente Aria
Sobenis en una empresa que mantiene un litigio pendiente
RAFAEL
PEREZ G.
rperez@prensa.com
El
juez cuarto de circuito civil, Ulises Manuel Calvo, a quien la
Corte Suprema de Justicia ordenó que se le investigara para determinar
la comisión de presuntos actos de corrupción, goza de su período
de vacaciones que le fue concedido desde diciembre del año pasado,
se informó oficialmente.
Calvo Chavarría, quien tiene bajo su responsabilidad las liquidaciones
de la Compañía Universal de Seguros, S.A., fue denunciado por
supuestos actos de corrupción de funcionarios públicos y cualquier
otro delito que resulte de la investigación llevada a cabo.
Según la fuente oficial, el juez Calvo solicitó sus vacaciones
de 30 días el pasado 4 de diciembre y su petición fue acogida
dos días después, el 6 de diciembre. ‘‘El [Calvo] pidió el 4 de
diciembre los 30 días para el mes de enero y el tribunal se lo
concedió. Su vacaciones se extienden del 2 de enero hasta el 31
de enero. Se cumplió con el trámite normal’’ de este año, insistió
la fuente.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia comisionó a los
superiores jerárquicos del juez Calvo para que iniciaran una investigación
para determinar su presunta participación en actos de corrupción.
Tales diligencias las llevan a cabo los magistrados del Primer
Tribunal Superior de Justicia. Este tribunal está integrado por
Eva Cal, quien lo preside, Elitza Cedeño, Nodiel Jaramillo, Nelson
Ruiz y Carlos Trujillo.
De acuerdo con el denunciante, el juez Calvo dispuso nombrar a
mediados de 1998 a su asistente Aria Sobenis en una posición que
resultó vacante en la Compañía de Seguros, S.A. Esta compañía
está intervenida y se encuentra en proceso de liquidación ante
el despacho del juez Calvo.
El denunciante, que es el abogado Julio César Morales Vega, quien
pidió la separación del cargo del juez Calvo, señaló que ignoraba
si Sobenis aún percibe salarios del Organo Judicial o si dejó
de recibir dichos emolumentos debido a su nueva posición que ocupa
en la referida compañía. Morales Vega también denunció que el
juez Calvo había nombrado a Sobenis como suplente de su cargo.
Así mismo señaló que dentro de sus bienes, la Universal de Seguros,
S.A., cuenta con una fábrica de guantes plásticos, cuyo nombre,
según el denunciante, parece ser Productos del Hogar y que está
ubicada en la provincia de Colón.
En la mencionada fábrica, dijo el denunciante, el juez Calvo programa
nombrar con un salario de 2 mil dólares mensuales a la abogada
Sobenis.
DAC
continúa
investigando accidente
JAHIRO
POLO
japolo@prensa.com
Especialistas
de la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC) a cargo de las investigaciones
de las causas del accidente de la avioneta Cessna HP-694, que
se estrelló contra un cerro a tres millas de la comunidad de río
Sidra en Kuna Yala a finales de diciembre, regresarán al sitio
del desastre para recabar más datos.
Así lo informó ayer a La Prensa Eubides Pérez, dirigente
de estas investigaciones, quien agregó que ‘‘aún es muy pronto
para emitir un fallo final sobre lo que causó que la avioneta
se estrellara, y es por eso que vamos a enviar un equipo de vuelta
al sitio donde se estrelló la aeronave, para recoger más datos
que nos ayuden a saber lo que pasó’’.
La avioneta HP-694, de propiedad de la empresa Aerobax, era piloteada
por el capitán Michael Brady y por Eric Gutiérrez, copiloto. La
avioneta se estrelló a tres millas de la comunidad de río Sidra
mientras efectuaba un vuelo de rutina hasta la población de Playón
Chico, en la comarca de Kuna Yala, bajo un clima adverso.
Estas declaraciones tuvieron como marco la celebración del aniversario
de fundación de la DAC, entidad que entregó placas de distinción
a los miembros del cuerpo de rescate que fue enviado a recuperar
los cadáveres de Brady y Gutiérrez.
Los actos de celebración de este nuevo aniversario de fundación
de la DAC se iniciaron a las 10:00 a.m. de ayer con una romería
realizada desde las oficinas centrales de esta entidad hasta el
busto del capitán Marcos A. Gelabert, primer aviador del Istmo,
ubicado en la entrada principal del aeropuerto que lleva su nombre.
Jorge Rodríguez, director de la DAC, y Abraham Bárcenas, subdirector
de Aeronáutica Civil, reconocieron también la labor desempeñada
por la Policía Nacional, el Servicio Aéreo Nacional (SAN) y el
personal de la Presidencia de la República en las labores de rescate
de la HP-694, con la entrega de sendas placas de reconocimiento
a Carlos Barés, jefe de la Policía; y Máximo Carrizo, director
del SAN.
Concejal
de Colón se reintegra a sus labores
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
El
concejal del Municipio de Colón, Clinton Rodríguez, quien fue
separado de su cargo y se le aplicó una medida cautelar de provincia
por cárcel, informó de que regresará hoy a su cargo luego de que
la Corte Suprema de Justicia suspendiese estas sanciones dictadas
por el Ministerio Público.
Rodríguez informó de que la Corte admitió ayer un Amparo de Garantías
Constitucionales, presentado por su abogado, Víctor Almengor,
el pasado 6 de enero contra la separación del cargo que le impuso
el fiscal auxiliar, Carlos Augusto Herrera.
Indicó que se presentará hoy a la reunión plenaria del Consejo
Municipal a ocupar su curul para realizar su trabajo de manera
normal.
En tanto su abogado Víctor Almengor señaló que al admitir la Corte
el Amparo de Garantías Constitucionales, de inmediato suspende
la medida de separación del cargo dictado por el fiscal auxiliar.
La Fiscalía Auxiliar ha ordenado la conducción de los 14 concejales
colonenses, luego de que en noviembre del año pasado estalló el
escándalo sobre la emisión millonaria de bonos por parte del Municipio
de Colón sin la autorización del Estado.
Además de Rodríguez, los otros concejales colonenses que han sido
indagados y se les aplicaron medidas cautelares son Istmeño Avila,
Gerardo Rentería, Carlos Villarreal, Juan Mitre y Daniel Ortega.
Los respectivos suplentes de estos seis ediles suspendidos del
cargo están ocupando el puesto de forma interina, mientras que
los otros ocho principales que aún no han sido indagados continúan
en sus curules.
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