La deuda social crece en nuestro país cada día que pasa, con cada niño que nace sin atención médica, y con cada familia que habita en una vivienda inapropiada. Como es deber del Estado transformar las necesidades humanas en derechos de las personas, es un valioso aporte el contar con una ley que incentive la construcción de viviendas de interés social. Ahora bien, la mera aprobación de una ley no equivale a hacer realidad las aspiraciones básicas de nuestros congéneres, y es de esperar que el Gobierno, en su conjunto, ponga especial atención en la ejecución de dicho instrumento legal. No basta con declarar su importancia; hay que crear los mecanismos para que no se trastoquen sus verdaderos propósitos. El Estado, a sus tareas de promotor y facilitador, no debe dejar de añadir su rol fiscalizador: tan crucial es para una cantidad sustancial de panameños –cifra que se calcula en unas 700 mil personas– que esta normativa se lleve a la práctica, como que no se cometa ningún tipo de corruptela bajo su amparo, porque ello empañaría su sana finalidad e iría forzosamente a contramano de lo que se espera del Gobierno y los sectores organizados de la sociedad. Si se ponen manos a la obra pronto, y se cumple con las regulaciones mundialmente establecidas sobre las características mínimas de la vivienda humana, habremos dado un paso firme hacia la reducción de la pobreza y la ampliación de las oportunidades de todos.