Conmemoran
328 años de historia
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Las ruinas del Arco Chato que otrora engalanaron Panamá
la nueva, fueron testigos mudos de la sesión solemne que
celebró ayer el Consejo Municipal de Panamá en ese lugar
para conmemorar los 328 años del emplazamiento de la ciudad
a San Felipe, hoy llamada el Casco Viejo.
Un baile
típico frente a las ruinas y una misa en la Catedral Metropolitana
también formaron parte de la conmemoración. El 28 de enero
de 1671 la vieja ciudad de Panamá fue incendiada para evitar
que cayera en poder de los piratas. El 21 de enero de 1673,
día de Santa Inés, se fundó la nueva ciudad. LA PRENSA/Jorge
Fernández
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Comisión
de la Verdad se organiza
La
depuración de los listados de los desaparecidos será la primera
tarea de la Comisión
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
Los
miembros de la Comisión de la Verdad de Panamá (CVP), encargada
de investigar los crímenes y desapariciones durante la dictadura
militar, informaron de que esta semana la utilizarán para organizarse
internamente.
El Decreto Ejecutivo No 2 del 18 de enero del 2001, que creó la
CVP, le otorgó seis meses para entregar su informe final, aunque
le concede una prórroga de otros tres meses, de ser necesario.
El primer boletín de prensa emitido por esta comisión destaca
que realizaron su primera reunión plenaria el pasado viernes 19
de enero, día en el que aprobaron la metodología de trabajo.
La primeras semanas, según CVP, la utilizarán para organizarse
internamente, aprobar su reglamento interno, determinar las tareas
específicas de los integrantes y también buscarán los recursos
económicos para auspiciar sus labores.
Explicaron los miembros de dicha comisión que próximamente estarán
informando a la ciudadanía la ubicación y los teléfonos de su
sede formal, que aún no tienen.
Una fuente de esta comisión, que prefirió reserva de su nombre,
indicó que una vez instalados en su sede, iniciarán sus funciones
investigativas realizando una depuración de los listados de personas
desaparecidas desde 1968 hasta 1989.
El número de supuestas víctimas no es exacto hasta el momento,
toda vez que los listados que han hecho algunas organizaciones
independientes, como son el Comité de Familiares de los Desaparecidos
de Panamá (COFADEPA), mencionan a unas 120 personas, entre desaparecidos
y asesinados.
El Ministerio Público tiene una lista de 38 personas desaparecidas;
la Policía Técnica Judicial (PTJ) y otras personas en forma independiente
también manejan otros números de desaparecidos y asesinados durante
los 21 años de dictadura militar.
El activista católico Alberto Almanza Henríquez preside esta comisión.
Además la integran Juan Antonio Tejada Mora, Osvaldo Velásquez,
Fernando Berguido, Otilia de Koster, Rosa María de Britton y el
obispo episcopal Julio Murray.
George
W. Bush y América Latina
WASHINGTON.
(REUTERS). –El conflicto armado en Colombia será el mayor dolor
de cabeza que tendrá en América Latina el nuevo presidente de
Estados Unidos, George W. Bush, quien impulsará el libre comercio
con la región, dijeron ayer analistas y políticos.
Otro problema para Bush será cómo tratar con el presidente populista
de Venezuela, Hugo Chávez, quien ha acercado a su país una vital
fuente de petróleo de Estados Unidos con el gobierno comunista
de Cuba, señalaron.
Una fuerte presencia cubano–estadounidense en el recién instalado
gobierno republicano vaticina un endurecimiento de Washington
hacia el presidente de Cuba, Fidel Castro.
Bush aún no ha nombrado a sus principales asesores en política
latinoamericana y no se sabe si seguirá el ejemplo de su predecesor
Bill Clinton de tener un enviado especial de la Presidencia para
América Latina.
Por el momento, el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos,
Peter Romero, seguirá en el cargo, al menos hasta la cumbre presidencial
de las Américas, que se realizará en la ciudad canadiense de Quebec,
a finales de abril próximo.
La mayoría de los analistas coinciden en que Bush no tendrá problemas
en obtener del Congreso lo que Clinton no pudo: la llamada autorización
del ‘‘fast track’’ o vía rápida para dar impulso político a las
negociaciones continentales de libre comercio, iniciativa conocida
como ALCA.
‘‘Bush
hijo va a ser muy positivo para la integración con América Latina.
Su padre fue el impulsor de la integración continental’’, dijo
el ex presidente argentino Carlos Menem, el único político latinoamericano
que asistió a la asunción el sábado, acompañado de su novia, la
chilena Cecilia Bolocco.
Menem dijo a Reuters que Bush seguramente le dará nuevo ímpetu
a las negociaciones del ALCA para comenzar a eliminar las barreras
comerciales desde Alaska hasta la Tierra del Fuego a partir del
2005.
Rechazan
inconstitucionalidad de la Comisión de la Verdad
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
La
Comisión de la Verdad no es inconstitucional ni usurpa funciones
del Ministerio Público ni de los tribunales de justicia, de acuerdo
con los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia Aura Emérita
Guerra de Villalaz y Edgardo Molino Mola.
Dicha Comisión tiene la función de investigar desapariciones y
crímenes durante la pasada dictadura militar. Pero para la legisladora
Balbina Herrera, presidenta del Partido Revolucionario Democrático
(PRD), la citada Comisión riñe con las funciones investigativas
de la Procuraduría de la Nación y, además, recalca que las atribuciones
que se le concedieron debieron ser creadas y avaladas por medio
de una ley en la Asamblea Legislativa y no por un Decreto Ejecutivo.
En base a estas razones anunció que damandará la inconstitucionalidad
de la Comisión.
Sin embargo, para la ex magistrada Guerra de Villalaz las funciones
de esta comisión investigadora no usurpan las labores del Ministerio
Público, porque el decreto que la crea especifica claramente que
la misma no podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de
los tribunales de justicia.
Esto significa, indicó la jurista, que los comisionados no pueden
obligar a ninguna persona a ser interrogada, de igual manera no
pueden solicitar que se llame a juicio a nadie, ni imponer sanciones.
Los integrantes de la comisión tampoco están facultados para pronunciarse
sobre las responsabilidades penales de las personas que supuestamente
puedan resultar implicadas en estas investigaciones, porque son
funciones de la justicia ordinaria, agregó la ex magistrada.
Sobre la solicitud de archivos o expedientes de instituciones
estatales o judiciales para sus investigaciones, indicó que esto
es totalmente permisible y legal y que no es una función violatoria
de la Carta Magna.
Sobre el Decreto Ejecutivo que la creó, explicó que se apega totalmente
a lo estipulado en la Constitución Nacional, toda vez que el Ejecutivo
tiene poderes constitucionales para legislar, hacer leyes y decretos,
funciones que no son únicamente competencia de la Asamblea Legislativa.
Por su parte, Molino Mola explicó que los comisionados no pueden
obligar a ninguna persona a concurrir para un interrogatorio,
pues hacerlo sería incurrir en actos contrarios a sus facultades.
Tampoco pueden dictar ninguna orden de arresto ni incursionar
en ninguna otra función que sea competencia de los tribunales
de justicia.
Afirmó que mucho de los documentos que pueda utilizar la comisión
en sus investigaciones son de carácter público, y destacó que
también puede tener acceso a algunos de los expedientes penales
en base a las modificaciones que se le hicieron a la ley 38 del
2000, que rige el Reglamento Orgánico de la Procuraduría de la
Administración.
Molino Mola dijo que la comisión ayudaría a que algunas personas
que han tenido temor o falta de confianza en las instituciones
judiciales se puedan acercar a sus miembros para aportar elementos
para esclarecer los hechos investigados, en base a la confidencialidad
que se debe brindar a los testigos.
La ex magistrada Guerra de Villalaz, por otro lado, descartó las
acusaciones contra algunos de los integrantes de esta comisión
por haber formado parte de movimientos civilistas contra los militares.
Para Guerra de Villalaz, ello no es un elemento legal para descalificar
a ninguno de los integrantes de esta comisión investigadora, porque
a su juicio, muchas personas que han ocupado cargos públicos de
alta jerarquía en el país, estuvieron ligados a estos movimientos
civilistas y realizaron sus funciones con objetividad. Citó como
ejemplo su caso.
‘‘No
puedo negar que yo adversé a los militares antes de ser magistrada
de la Corte, pero luego cuando me tocó ser juez en algunos procesos
donde implicaban a militares, hicimos nuestro trabajo con rectitud
y objetividad, permitiéndole todos los derechos de defensa sin
actos de venganzas a los acusados’’, indicó.
IDAAN
refuerza tubería madre
Los
trabajos de mantenimiento de la potabilizadora de Chilibre y de
la tubería madre costaron alrededor de 34 mil dólares
JAHIRO
POLO
japolo@prensa.com
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| Un
anillo y una abrazadera de acero fueron colocados por los
técnicos del IDAAN en la fisura de la tubería madre de 66
pulgadas. LA PRENSA/Maydée Romero |
Después
de doce horas de suspensión del servicio, el agua potable volvió
a la capital luego de que cuadrillas del IDAAN y de la empresa
Elektra Noreste S.A. culminaran, en horas de la tarde de ayer,
los trabajos de mantenimiento de la planta potabilizadora de Chilibre
y de la tubería madre de 66 pulgadas que sirve para distribuir
el agua a la ciudad.
Estos trabajos de mantenimiento, valorados en 34 mil dólares,
se iniciaron a las 8:00 a.m. de ayer con la suspensión del suministro
de agua en gran parte de la ciudad de Panamá, para permitir que
técnicos de mantenimiento del IDAAN procedieran a revisar y sustituir
varios circuitos, transformadores, filtros y sedimentadores de
la planta potabilizadora de Chilibre.
A la vez, técnicos de la empresa Elektra Noreste inspeccionaron
los sistemas de suministro de corriente eléctrica a la potabilizadora
del IDAAN, así como a algunos transformadores de alto voltaje
que regulan el flujo y el voltaje eléctrico de esta planta.
Por su parte, dos palas mecánicas removieron el relleno de tierra
que cubría parte de la tubería madre, para ajustar el anillo de
acero colocado sobre una fisura causada a la estructura de concreto
de la tubería, y para colocar una abrazadera de acero traída de
México a una segunda fisura, a la cual solo se le habían colocado
algunos anillos de acero de menor tamaño.
La abrazadera colocada ayer a la segunda fisura en la tubería
de 66 pulgadas del IDAAN posee una ‘‘glándula al vacío’’, que
evitará que el agua logre filtrarse por la fisura. La misma fue
colocada a presión y soldada alrededor de la tubería, para luego
ser ajustada al apretarse los 96 tornillos que posee en su alrededor.
Carlos Sánchez, director general del IDAAN, dijo ayer que todos
estos trabajos de mantenimiento, en especial el realizado a la
potabilizadora de Chilibre, permitieron a esta entidad conocer
el estado actual de esta obra construida ‘‘hace 25 años, y que
tiene una vida útil que bien podría estar llegando a su fin, no
solo por el estado de su equipo, sino por la capacidad que tiene
para suplir de agua a la creciente ciudad de Panamá’’.
Sánchez agregó que varios inspectores del IDAAN aprovecharon los
trabajos de mantenimiento para hacer un recorrido de inspección
a lo largo de la servidumbre de la tubería de 66 pulgadas, y así
constatar aquellos casos en los que empresas y personas inescrupulosas
hayan realizado construcciones sobre la servidumbre, violando
así las disposiciones de seguridad del IDAAN.
En este sentido, el funcionario advirtió que ‘‘se harán las correspondientes
denuncias de violaciones a la ley, porque no permitiremos que
se vuelva a repetir lo que ocurrió hace un par de meses’’, comentó
en referencia a los serios daños causados a esta tubería por la
empresa inmobiliaria Lykar, S.A., la cual realizó un relleno de
varios metros de altura justo sobre la servidumbre de la misma,
causándole dos enormes fisuras en su estructura.
Estos daños dieron paso a una grave fuga de millones de galones
de agua potable, y dejó sin agua al 75% de la ciudad de Panamá
el 21 de noviembre del año pasado por espacio de 24 horas.
Cable
& Wireless se defiende
JAHIRO
POLO
japolo@prensa.com
La
empresa telefónica Cable & Wireless Panamá, S.A. (C&WP)
advirtió ayer, mediante un comunicado, que en este país ‘‘es indispensable
que exista seguridad jurídica para atraer la inversión extranjera’’,
y que ve con mucha preocupación la forma como viene siendo manejado
el tema del rebalanceo de sus tarifas por algunos sectores de
la población.
Según el comunicado, que cita al vicepresidente ejecutivo de C&WP,
Jorge Nicolau, ‘‘si Panamá envía un mensaje al mundo en que los
inversionistas extranjeros carecen de seguridad jurídica hará
que se pierda la confianza que como país podemos ofrecer, perdiendo
con esto una enorme oportunidad de generar empleos y elevar el
nivel de desarrollo económico que requiere el país’’.
Nicolau recordó que hace más de tres años se invitó a C&WP
a participar en el proceso de privatización del otrora Instituto
Nacional de Telecomunicaciones (INTEL). En ese entonces, añadió,
recibieron condiciones de compra y ‘‘reglas del juego muy claras’’
en cuanto a las inversiones extranjeras en Panamá.
‘‘Antes
de ofertar los 652 millones de dólares que se pagaron por el 49%
de las acciones [del INTEL] revisamos los reglamentos y leyes
que norman el proceso privatizador y el trabajo del Ente Regulador
de los Servicios Públicos’’, destacó Nicolau y agregó que los
ajustes de las tarifas y el rebalanceo de las mismas ‘‘estaban
incluídos en los temas pactados’’.
Perdón
para un condenado
MANUEL
DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com
La
disputa comenzó en las pasadas elecciones primarias del PRD y
terminó, al menos por ahora, en las manos de la presidenta de
la República, Mireya Moscoso.
Se trata del indulto concedido hace dos semanas por Moscoso a
Isabel Valencia Pérez, representante del corregimiento de Los
Hatillos, en San Francisco de Veraguas, por el partido Cambio
Democrático (CD).
La hechos se remontan a octubre de 1998. Ese mes, antes de que
se llevaran a cabo las elecciones internas del PRD, Isabel Valencia
Pérez dio a conocer su interés por convertirse en el candidato
perredista para competir por la representación del corregimiento
de Los Hatillos, en el distrito de San Francisco, provincia de
Veraguas.
Su principal contendor sería su hermano José I. Valencia Pérez,
quien ya fungía como representante de Los Hatillos y pretendía
reelegirse.
José I. Valencia Pérez ganó la precandidatura, pero su hermano
no se dio por vencido.
Dado su fracaso en las internas del PRD, Isabel Valencia se inscribió
en Cambio Democrático (CD) y logra ganar en las elecciones del
2 de mayo de 1999.
Meses después, María Onésima Abrego Saldaña denunció en la Fiscalía
Electoral la inscripción ilegal en el padrón electoral de 15 personas
en la comunidad de Los Hatillos, durante las elecciones primarias
perredistas.
La Fiscalía Electoral inició las investigaciones y comprobó que
un grupo de personas habían cambiado irregularmente de residencia
con el apoyo de Isabel Valencia Pérez.
El 14 de septiembre del 2000, Isabel Valencia Pérez fue condenado
a seis meses de prisión. La pena fue confirmada por el Tribunal
Electoral (TE) el 13 de noviembre del mismo año.
La sanción de seis meses de prisión por el delito de falso testimonio
también se hizo extensiva a los ciudadanos Magin Bonilla Bonilla,
Claribel Hernández Morales y José Alcibiades Pérez Bonilla, involucrados
también en este acto electoral ilícito.
Aseguraron, bajo juramento, que Claribel Hernández residía en
Los Hatillos, y que por ello podía ser incluida en el padrón electoral
de ese lugar. Sin embargo, el TE comprobó que dicha persona solamente
labora en ese lugar.
Pero a pocos días del nuevo año 2001, la presidenta Mireya Moscoso
indultó a Isabel Valencia Pérez mediante el Decreto Ejecutivo
No.1 del 3 de enero del 2001. La ‘‘gracia presidencial’’, no obstante,
solo fue concedida a Isabel Valencia Pérez.
Villamil
debe completar mañana su declaración sobre las osamentas
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
El
Ministerio Público volverá a interrogar esta semana al ex capitán
de las desaparecidas Fuerzas de Defensas Heliodoro Villamil, dentro
de las investigaciones que se adelantan sobre las osamentas encontradas
en fosas clandestinas en el antiguo cuartel militar de Los Pumas,
en Tocumen.
Una placa de identificación militar con el nombre de Heliodoro
Villamil fue encontrada en diciembre pasado en la misma fosa donde
fue desenterrada una osamenta en el cuartel de Los Pumas.
Villamil, de 60 años de edad, fue conducido el pasado viernes
a la Fiscalía Tercera Superior, para que rindiera una declaración
jurada dentro del expediente que instruye ese despacho sobre el
caso de Heliodoro Portugal, quien desapareció en mayo de 1971
y cuyos restos fueron encontrados en 1999 en una fosa clandestina
en esa misma antigua base militar.
Manuel González, abogado de Villamil, confirmó que su cliente
se presentará este martes en horas de la mañana ante la Fiscalía
Tercera Superior, para continuar con la diligencia judicial.
Agregó el abogado del ex militar que su representado no teme a
esta investigación, porque no tiene nada que ocultar.
Villamil tiene un impedimento de salida del país, pero su abogado
reiteró que este no tiene ninguna intención de salir de Panamá
y que afrontará el proceso investigativo.
El ex militar ha sufrido dos ataques cardiacos y padece problemas
sicológicos producto de un disparo en la cabeza que le propinaron
desconocidos en 1987.
Durante el interrogatorio del pasado viernes, Villamil sufrió
una crisis en que se le subió la presión arterial, luego de dos
horas de iniciada la declaración jurada.
Tras ser examinado por médicos de Instituto de Medicina Legal
del Ministerio Público se recomendó que se suspendiera el interrogatorio
y se le dio a Villamil una nueva citación para el martes.
Sobre la placa encontrada en la fosa clandestina, Villamil afirmó
que la institución se la dio en 1974, cuando tenía el rango de
teniente y trabajaba como piloto de la Fuerza Aérea Panameña (FAP).
Explicó que trabajó en Los Pumas de Tocumen de 1959 hasta 1963
y luego fue transferido a Chiriquí hasta 1974, cuando ingresó
a la FAP.
Negó cualquier vinculación con los entierros clandestinos que
se han descubierto en el antiguo cuartel de Los Pumas y manifestó
desconocer cómo llegó su placa a una fosa clandestina en ese lugar.
Ex
empleados de las bases piden trabajo
Esperan
ser tomados en cuenta para la construcción del segundo puente
sobre el Canal y la ampliación de los puertos
MANUEL
DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com
Los
ex empleados de las desaparecidas bases militares estadounidenses
acantonadas en Panamá hasta 1999 exigen que se les contrate para
laborar en las próximas obras que serán construidas en las áreas
revertidas, tales como el segundo puente sobre el Canal y la ampliación
de los puertos.
En estos términos se expresó el dirigente sindical Mario Archer,
quien igualmente reclamó nuevas elecciones en el Sindicato Industrial
de Trabajadores (antiguo Sindicado del Local 907).
Archer recordó la ley que creó la Autoridad de la Región Interoceánica
(ARI) establece que se dará prioridad a los ex trabajadores de
las bases militares cuando se necesite mano de obra.
El ex secretario general del antiguo Local 907 explicó que dado
que a mediados de año inician los trabajos para la construcción
del segundo puente sobre el Canal, la escogencia del personal
podría iniciar entre los meses de mayo y abril.
Además, el sindicalista indicó que otras posible fuente de empleo
para los ex trabajadores, alrededor de 15 mil que quedaron cesantes
con la partidas de los militares estadounidenses, es la ampliación
de los puertos en Balboa y Cristóbal, así como las instalación
de una refinería de combustible en el área de Rodman.
Mario Archer, igualmente, lamentó que ‘‘el Gobierno no cumpla
con lo estipulado en la ley de la ARI’’; e instó a la Autoridad
del Canal de Panamá (ACP) a crear oportunidades de trabajo para
los que hoy están desempleados.
El dirigente recordó que en una reunión efectuada con el ministro
de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, se estableció que las
autoridades harían cumplir con lo estipulado en la ley de la ARI.
‘‘Cuando
empecemos nuestras medidas de presión entonces van a mandar a
reprimirnos injustamente’’, se quejó.
Menor
muere durante incendio en Herrera
JAHIRO
POLO
japolo@prensa.com
Una
niña de apenas cinco años de edad murió calcinada en un incendio
que destruyó la residencia en la que vivía, suceso que ha conmocionado
a la comunidad de Santa María, en la provincia de Herrera, y que
a su vez es investigado por la Oficina de Seguridad del Cuerpo
de Bomberos.
Según un informe suministrado por los Bomberos, una residencia
del poblado de Salamanca de Santa María fue totalmente consumida
por un incendio a eso de las 10:20 de la noche del pasado sábado,
en momentos en que los propietarios del inmueble no se encontraban
dentro de la misma.
No obstante, una niña de cinco años de edad, quien es hija de
los dueños de la residencia y dormía en su recámara al ocurrir
el incendio, murió en el lugar.
Por otra parte, un indígena de generales desconocidas y de aproximadamente
27 años de edad perdió la vida tras ser atropellado sobre el puente
de la quebrada Camarón, en Veracruz, por un vehículo pick-up con
placa 080919 que era conducido por el ciudadano Alexis Omar Gutiérrez.
Finalmente, Mario Luis Sánchez, de 18 años de edad, perdió la
vida al recibir un disparo en la sien de parte de dos sujetos
de identidad desconocida, durante un incidente ocurrido en el
sector 3 de la comunidad Bajo de la Esperanza, en Pacora.
Comisión
oficial realizará áudito a bananera
URANIA
CECILIA MOLINA
ESPECIAL
PARA LA PRENSA
nacionales@prensa.com
LA
CHORRERA, Panamá. –Auditores del Ministerio de Trabajo (MT), de
la Contraloría, del Ministerio de Economía y Finanzas (ME) conformarán
la comisión que evaluará la situación económica de la empresa
Puerto Armuelles Fruit para determinar si se justifica el despido
de más de 500 trabajadores, informó ayer el ministro Joaquín José
Vallarino.
Explicó que la comisión realizará una auditoría a la empresa para
luego tomar una decisión responsable.
Dijo que la solicitud para el despido de los trabajadores la presentaron
por segunda vez, el pasado 19 de enero, pero aclaró que si la
evaluación determina que la empresa no tiene problemas económicos
no se autorizará ningún despido.
La comisión tiene 60 días, desde su conformación, para realizar
la auditoría a la compañía bananera.
¿Error
o negligencia?
JOSE
QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com
Hay
un dicho muy popular que afirma que la negligencia de los abogados
la paga el cliente con cárcel; la de los periodistas, en los tribunales;
pero la de los médicos acaba con el paciente en los cementerios.
Esta última parte del dicho parece ser el caso de una joven madre
en Santiago de Veraguas, quien murió víctima de una septicemia,
luego de ser sometida a un curetaje. Según sus familiares, en
el Hospital Eustacio Fábrega le dejaron restos de placenta en
la matriz, lo que le provocó un choque séptico.
Y es que las acusaciones por negligencia médica están aumentando.
Entre 1999 y el 2000 se registraron 526 (ver gráfica).
El caso más reciente procede del Hospital Integrado Aquilino Tejeira
en Penonomé, provincia de Coclé. Se trata de la paciente Esilda
Tamara Fierro, de apenas 23 años, residente en Antón, y quien
mantuvo control de su embarazo en la Policlínica de la Caja de
Seguro Social (CSS) en Penonomé.
Llegado el momento de dar a luz, acudió el pasado 3 de enero del
presente año al Hospital Aquilino Tejeira a las 9:00 p.m. La joven
presentaba pérdida del líquido amniótico (había roto fuente);
sin embargo, no demostraba dolores de parto. Fue atendida por
el doctor Omar Weber, quien dio de inmediato la orden de hospitalización
y dictaminó la posibilidad de una operación cesárea por las características
del caso. Luego, este primer diagnóstico fue cambiado. Al final,
según narra la joven Fierro, tuvo un parto calvario y su hijo
nació morado y un pediatra tuvo que acudir en su auxilio.
El
cambio de criterio
Al
amanecer del jueves, 4 de enero, le instruyen firmar la documentación
para la cesárea y bañarse para prepararse para la operación.
A los pocos momentos, ingresa en visita médica el jefe de sala,
doctor Raúl Bravo, acompañado de una practicante de apellido Jurado,
quien cambió la recomendación previa de aplicar una cesárea. La
decisión nueva fue canalizar a la paciente para aumentarle los
dolores de parto que le habían comenzado en la madrugada.
Aproximadamente, a las 9:00 p.m., después de 23 horas de haber
llegado al nosocomio, nació la criatura: un niño grande, con un
peso de casi ocho libras.
Parto
o calvario
La
joven madre describe esos momentos como los más dolorosos de su
vida. Hubo desgarramiento innecesario, sangrado excesivo y hasta
crueldad debido a que emplearon forceps (cucharones obstétricos)
para sacar al bebé.
Cuando el bebé nació, Esilda cuenta que presentaba una coloración
morada (cianótica), flacidez, no lloraba como cualquier neonato
normal debido, lo más seguro, por la falta de oxígeno y, además,
por haber broncoaspirado líquido amniótico. El pediatra Samaniego
tuvo que ser llamado para que le suministrara los primeros auxilios.
El pequeño estuvo en observación y dotándole de oxígeno hasta
el sábado 6 de enero, cuando comenzó a convulsionar a eso de las
6:30 a.m. Fue entonces cuando decidieron enviarlo de urgencia
al Hospital del Niño.
Negligencia
o terquedad
El
traslado del pequeño hacia Panamá se había solicitado con antelación
por parte de los familiares, quienes observaban su notorio mal
estado y temían por su vida. No obstante, los galenos les aseguraban
que el infante se estaba estabilizando y no debía ser movido por
lo delicado de su estado.
Y ocurrió lo contrario. El niño se agravó hasta convulsionar por
segunda vez y los médicos no tuvieron más remedio que remitirlo
al Hospital del Niño.
Hablan
los médicos
Omar
Weber, el médico obstetra que atendió a Esilda Tamara a su llegada
al hospital, dijo que tras examinarla hizo el comentario a priori
de que ‘‘posiblemente esa paciente iba a quedar en cesárea’’,
basado en su experiencia. No obstante, estimó que había que darle
el proceso, dado que había llegado sin dolores y sin líquido amniótico.
Añade que entonces había que darle un tiempo para ver cómo se
desenvolvía. Esto es dejarla en observación hasta la madrugada
y volverla a examinar para entonces tomar una decisión. No obstante,
reiteró que su opinión era que debía ser sometida a una cesárea,
lo cual a veces coincide con el final del caso, pero otras no.
Esa apreciación –advirtió– no obliga a ningún otro médico a ceñirse
a ella, sino que él hace su propia evaluación, su propio juicio
al momento de examinar a la paciente. Es decir, ocho horas después,
la situación puede ser otra y el médico puede optar si hace causa
común con la primera opinión o sigue el proceso.
Raúl Bravo, el jefe de sala que optó por el parto natural, aseguró
que en el expediente no había recomendación alguna de que se realizara
una cesárea.
Dijo que a Esilda Tamara se le brindaron todas las atenciones
y el manejo de rigor. Esperar, dependiendo el tiempo que lleva,
aplicar antibiótico y tratar de lograr un parto vaginal, explicó.
Bravo recuerda que conversó con el esposo y la madre de Esilda
y les explicó que el niño había demorado al momento de la expulsión,
por lo que hubo que aplicarle forceps y adelantar su salida. Dado
que al bebé se le presentó una complicación, la misma fue tratada
luego por el pediatra.
Al detallar más lo actuado, aseguró que se monitoreó la labor,
en especial la frecuencia cardíaca del menor en el vientre materno
y se le hicieron exploraciones periódicas a la madre. Se le aplicó
citocina para acelerar el parto como en la mayor parte de los
casos.
Explica que en el caso de Esilda, una primeriza, se opta por la
labor de parto normal, la cual puede durar de ocho a 12 horas
como algo normal. En su caso, sostiene que no demoró en ello más
de 12 horas.
Para Bravo, cuando las cosas no salen como se espera, cuando los
familiares sufren una pérdida o el paciente afronta un trauma
o recibe una mala noticia de que padece cáncer, montan en cólera
y se quejan. Y eso fue lo que pasó allí, dijo.
Lo
que dice Salud
Ante
las denuncias de negligencia médica, el ministro de Salud, José
Manuel Terán, explicó que lo primero que deben hacer los familiares
o el paciente es interponer la denuncia respectiva ante las autoridades
de Salud. El viceministro, Alexis Pinzón, agrega que una vez se
concluya la investigación, se cumplirá con lo que establecen las
leyes, pero lo que no se puede hacer es admitir, de buenas a primeras,
que hay negligencia y que se cometió un error.
Arnulfistas
divididos
por inscripciones
Los
representantes de La Chorrera que pertenecen al arnulfismo organizaron
la inscripción sin el respaldo de la dirigencia
URANIA
CECILIA MOLINA
ESPECIAL
PARA LA PRENSA
planas@prensa.com
LA
CHORRERA, Panamá. –En medio de una aparente división entre la
dirigencia del Partido Arnulfista (PA) de La Chorrera y los representantes
de corregimiento que pertenecen a este partido, 503 nuevos miembros
se inscribieron ayer en este distrito.
Leopoldo Castillo, miembro de la directiva provincial del PA,
explicó que con la inscripción buscan fortalecer el partido y
asegurar el triunfo de la nómina que presentarán en las próximas
elecciones de convencionales.
La jornada, que tuvo como escenario el parque Feuillet, del distrito
de La Chorrera, se inició a las 8.00 a.m. y terminó a las 4:00.p.m.,
pero la misma no fue respaldada por el presidente distrital del
arnulfismo, Ubaldo Barría Montero.
Una fuente del PA expresó que Barría se alejó de los representantes
de corregimiento del colectivo y de otros arnulfistas porque no
quiere imponer sus decisiones.
Castillo señaló que en La Chorrera se escogerán 21 convencionales,
que participarán en la convención del 2002 para renovar la directiva
del partido.
Por su parte, el representante del corregimiento de Guadalupe,
Luis Domínguez, dijo que desconocía por qué la dirigencia del
PA en La Chorrera no respaldó la inscripción que fue convocada
por otros miembros del colectivo.
Domínguez destacó que en La Chorrera los únicos que ‘‘están dando
la cara’’ por el PA son los representantes del corregimiento y
otros miembros que no integran la dirigencia distrital.
Manifestó que la dirigencia del PA nunca se pronunció por los
problemas que surgieron en el distrito de La Chorrera porque actúa
de forma pasiva.
Decomisaron
11 toneladas de drogas en el 2000
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
Las
autoridades antidrogas decomisaron el año pasado 11 toneladas
de drogas (11 mil kilos), lo que representa un aumento de 6 toneladas
(6 mil kilos) en comparación con 1999, mientras que 4 mil 762
personas están siendo procesadas por este delito durante los últimos
dos años.
Patricio Candanedo, fiscal segundo de Drogas, indicó que a diferencia
de los cinco años anteriores, en los que la marihuana fue la droga
más requisada en Panamá, durante el 2000 los traficantes de cocaína
tuvieron un significativo aumento en este ‘‘renglón’’.
En 1999 se decomisaron 6.4 toneladas de estupefacientes, de ellas
tres toneladas de cocaína y 3.4 de marihuana. Mientras que en
el 2000 los decomisos de droga alcanzaron la cifra de 11.1 toneladas.
En 1998 fueron requisadas 28.4 toneladas; en 1997 (23.5); 1996
(26.7); 1995 (7.5) y 1994 (5.3 toneladas).
Durante el pasado año, los decomisos de cocaína sobrepasaron las
cifras anteriores con 7.3 toneladas, 3.6 toneladas de marihuana.
Entre otras drogas se incluyeron 2 mil 256 pastillas de ‘‘éxtasis’’
y 10 kilos de anfetaminas.
De igual forma, el fiscal Candanedo explicó que el año pasado
fueron detenidas 2 mil 778 personas implicadas en tráfico de drogas,
de las cuales 2 mil 550 eran panameñas y el resto 220 extranjeras.
Entre los extranjeros implicados en casos de drogas, 124 son colombianos
(56%), 57 de Estados Unidos (47%) y el resto se reparte entre
españoles, jamaicanos y centroamericanos.
Candanedo también destacó que en el 2000 se tramitaron 2 mil 442
expedientes (mil 635 en 1999), y que de este total mil 531 casos
fueron enviados a los distintos tribunales de justicia, mientras
que mil 286 están pendientes.
Tesorero
defiende medida para autos comerciales
MANUEL
DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com
El
tesorero municipal, Ventura Vega, calificó de ‘‘infundada’’ la
preocupación de la Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos
respecto a su decisión de que los vehículos de las empresas sean
preinscritos con matrículas para uso comercial.
Mediante un memorándum firmado por Irasema Sánchez, jefa del Departamento
de Registro Vehicular, y dirigido a todos los supervisores y cajeras
de vehículos, se indica que a partir de la fecha todo vehículo
preinscrito para alguna empresa debe llevar placa de uso comercial,
y hacer el cobro de la misma con su distintiva 8C.
Pero, de acuerdo con los planteamientos de Vega –en una carta
enviada a Eduardo Martínez, presidente de la Asociación Nacional
de Arrendadores–, esto se refiere ‘‘a que la preinscripción del
vehículo corresponda a lo solicitado’’, con el fin de cobrar el
impuesto conforme a la actividad en que será utilizado.
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