Panamá, 22 de enero de 2001
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Tarifas calientes

C&W es, quizás, la empresa más impopular en estos momentos

Miren Gutiérrez
mgutierr@prensa.com

‘‘Una compañía estatal debe hacer cambios cuando se privatiza para ser competitiva’’, dice Jorge Nicolau, vicepresidente de Cable & Wireless. Hasta ahí, todos de acuerdo.

El problema para la impopular C&W ha sido cuando, en ese proceso, subió en enero las tarifas de las llamadas locales, algo que, por lo demás, estaba contemplado en la privatización y en su contrato con el Estado.

Aunque hace un mes que entraron en vigor, las tarifas siguen siendo un asunto candente.

Lo son en otras latitudes. Un analista estadounidense comentaba, por ejemplo, que ‘‘C&W es la empresa más odiada en el Caribe, no por la tecnología y el servicio que ofrece, sino porque tiene el monopolio en la mayoría de las islas y las tarifas son exorbitantes’’.

Pero también lo son en Panamá. El abogado Miguel Antonio Bernal -que lleva semanas organizando protestas contra C&W- asegura que ‘‘la empresa oculta al pueblo vicios del contrato: se le hicieron concesiones que chocan con la norma constitucional, y la manera en que se dejan abiertas las tarifas choca con la Constitución también’’.

Que vendría un aumento de las tarifas ya se sabía mucho antes, ¿por qué quejarse ahora? ‘‘Tal vez ahora se empieza a examinar, quizás como resultado de la aprobación de las addenda al contrato en 1999, que no siguió el debido proceso en la ley panameña, ya que debió ser objeto de aprobación por la Asamblea’’.

Bernal aboga porque se cree una comisión que examine el contrato. ‘‘No es tarde. Todo contrato puede ser sujeto de revisión si ambas partes lo quieren. Aquí no hay voluntad de hacerlo, pero unilateralmente se puede, porque el Estado tiene que velar por su población; si concluye que hay un vicio, tiene derecho de proceder’’.

Sin embargo, Nicolau piensa que no se van a hacer revisiones. ‘‘Tenemos confianza en Panamá y en sus leyes’’.

C&W puso en vigencia sus nuevos precios en Panamá -su única inversión latinoamericana exceptuando el Caribe- después de que cancelara las subidas (y bajadas, pero en las llamadas internacionales) previstas en 2000, a petición del Gobierno.

La compañía asegura que no le quedaba otra.

‘‘La larga distancia es donde está el filete del negocio. La competencia no va a poner teléfonos en áreas rurales’’, dice Nicolau. ‘‘Si no empezamos el rebalanceo [sic], mejor cerramos la empresa’’.

‘‘Rebalanceo’’ es la mala traducción del inglés con que la empresa británica ha bautizado su reestructuración de tarifas. Su principio es adecuar los precios a los costos de producción reales, de forma que las llamadas internacionales dejen de subsidiar las nacionales. Es un mandato del contrato ley, y una exigencia del mercado, ya que, en 2003, el sector quedará abierto a la competencia.

La estructuración de las tarifas se hace sobre la base de ‘‘bandas de consumo’’, de forma que cada nivel de precios sea atractivo para un segmento de la población con un perfil de consumo determinado, y no le robe clientes al siguiente segmento superior.

El ‘‘rebalanceo’’ -dice Nicolau- no implica ingresos adicionales para la empresa, porque, conforme suben las tarifas nacionales, bajan las internacionales. Es decir, ‘‘se nivelan’’.

Pero Bernal piensa que no es necesario. ‘‘Ellos [C&W] lo que hacen es aumentar la tarifa nacional, para que, cuando termine el monopolio, puedan tirarse al piso con las tarifas internacionales, porque la competencia que va a venir va a ser en llamadas internacionales’’.

James Palmer, presidente y gerente de C&W, admite que la compañía podría bajar las tarifas internacionales a 20 centavos el minuto, de las más competitivas del hemisferio. Pero eso tardará dos años. Como dice Nicolau, ‘‘si tuviéramos que hacerlo inmediatamente, sin realizar ‘‘rebalanceo’’, crearíamos un descalabro, una catástrofe financiera’’.

Otros mensajes

Pero detrás del plan de corrección de tarifas hay otros mensajes que quizá no han calado en la conciencia popular.

C&W ha invertido más de 600 millones de dólares en equipos e infraestructura, y piensa invertir otros 500 millones en los próximos años. Todo eso, a pesar de que los 70 millones de dólares en ganancias recaudados en el 2000 no llegan al nivel de sus expectativas iniciales (el año en que se privatizó el INTEL, este ganó 200 millones de dólares), y de que la compañía no espera ver incrementado este año ese margen de rentabilidad del 5%.

Por su lado, Bernal cuestiona esas cifras. ‘‘No se ha dado un áudito serio de las cuentas de la empresa, no tenemos la información a mano para creernos lo que dicen. ¿Cómo se explican las cifras de inversión y proyecciones si no?’’.

Sea como sea, la suya no es una labor filantrópica. Según Palmer, a pesar de las rentabilidades no muy altas, C&W está apostando a largo plazo a que Panamá se va a convertir en un centro regional de telecomunicaciones, un nudo de fibra óptica que enlace el continente de norte a sur.

Asimismo, cuenta con que, rebajando las tarifas de las llamadas internacionales, Panamá se pueda convertir en un centro más atractivo para las multinacionales que estén buscando un lugar donde invertir en Latinoamérica.

Asegura que el país puede ser un centro regional de e-business (negocios por internet), para lo que ‘‘no importa dónde estés’’. Y ya cuenta con incentivos, como bajos costos laborales y beneficios fiscales. ‘‘Lo que tiene en contra son los costos de las comunicaciones’’.

En estos momentos, Estados Unidos tiene las tarifas internacionales más bajas del continente; le sigue Chile. Panamá es el tercer país más caro del continente en llamadas de larga distancia internacional.

Si se pierde la oportunidad, si Panamá no se convierte en ese centro de telecomunicaciones regional en el plazo de unos 18 meses, ‘‘olvídese’’, dice Palmer, será demasiado tarde en un sector en que las semanas cuentan como meses, y los meses como años.


Una brecha costosa

Redacción de La Prensa
negocios@prensa.com

Para hacer llamadas internacionales no se requiere de la infraestructura -cables, centrales, antenas- de las nacionales. Por eso los precios de hablar por internet son tan asequibles.

En Panamá, aunque no son legales, han proliferado conexiones que se hacen a través de bypasses (bypass quiere decir desvío), que se saltan los pasos intermedios y cobran tarifas de Estados Unidos.

Según los directivos de C&W, la argucia ocasiona una pérdida de negocio de unos dos millones de dólares al mes.

De ahí, también, la necesidad de bajar las tarifas de llamadas internacionales cuanto antes, algo que no se da ‘‘porque estamos amarrados subsidiando las llamadas locales’’, dice Jorge Nicolau, vicepresidente de la compañía.

‘‘En la práctica, no existe un contrato de exclusividad, por culpa de internet y los bypasses no se está dando’’, comenta Nicolau. Como se sabe, el contrato de C&W con el Estado le otorga el monopolio de los servicios de telecomunicación fijos, incluidas las llamadas internacionales.

Tan rentable es, que, de acuerdo con él, a las compañías que se dedican a esta especie de competencia desleal no les importa ser descubiertas y multadas y perder equipos que cuestan medio millón de dólares. ‘‘Ponen otro en otro lugar... Cada día que pasa hay más gente que usa alternativas en larga distancia. Hay gran cantidad de fraude’’.

Cifras

  • En 1997, C&W pagó 652 millones de dólares por el 49% del INTEL y el derecho de administración de la empresa.
  • C&W tiene actualmente 4 mil 350 empleados, y opera 485 mil líneas telefónicas fijas.
  • El 25% de sus usuarios tiene acceso universal, y el 20% utiliza los servicios de larga distancia internacional.


Asamblea Legislativa aprobará ‘por insistencia’ Ley 95

Julio César Aizprúa
Jaizprúa@prensa.com

CHITRE, Herrera. La Asamblea Legislativa aprobará ‘‘por insistencia’’ la Ley 95, por medio de la cual se reglamenta la exportación de materia prima agropecuaria, aseguró Freidi Torres, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios.

Torres agregó que esta ley no viola ningún pacto establecido en la Organización Mundial de Comercio (OMC), y ningún otro acuerdo internacional.

Por su lado, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Pedro Adán Gordón, se abstuvo de emitir su opinión sobre el tema, y se limitó a decir que ‘‘eso lo determinaremos cuando nos reunamos todos los interesados’’.

El proyecto de Ley 95 ha encontrado una férrea oposición de parte de los industriales, quienes alegan que ésta ‘‘no resuelve ningún problema, pero crea nuevos y muy graves para la economía del país’’.

Esta ley –argumentan los industriales– restringe al sector agroindustrial la posibilidad de exportar con posibilidades de competir, dado que restringe el acceso a la importación de materias primas de mejor precio y calidad que las locales. La ley restringe el acceso a contingentes extraordinarios cuando sea necesario a juicio de las autoridades.

La nueva ley, aseguran los industriales, trastoca la seguridad jurídica que debe privar al desalentar nuevas inversiones y disminuir la creación de nuevas fuentes de empleo, castigando y restringiendo el avance de la industria.

Las declaraciones de Torres y de Gordón se dieron ayer en la asamblea general de la Unión de Productores Agropecuarios de Panamá (UNPAP) realizada en la ciudad de Chitré.


Las ciudades más caras del mundo

Redacción de La Prensa
negocios@prensa.com

Tokio, Belgrado y Hong Kong son las ciudades más caras del mundo para vivir, reveló una encuesta realizada por el Economist Intelligence Unit, un grupo de estudios relacionado directamente con la revista británica The Economist.

París, que tradicionalmente figuraba en la lista de las 10 ciudades más caras del mundo, no fué incluida esta vez. La encuesta, que compara los precios y productos en 133 ciudades en todo el mundo, ubicó a Nueva York (la única ciudad estadounidense dentro de la lista) en la sexta posición.

Detrás de las tres ciudades más caras del mundo, figuran Seúl, Taipei, Nueva York, Tel Aviv, Singapur y Beijing. Algunas de las ciudades incluidas por primera vez son: Belgrado, Seúl, Taipei, y Tel Aviv.

La encuesta señala que algunas ciudades que utilizan la moneda común europea bajaron en la clasificación –que se elabora en dólares– debido a la debilidad del euro. Ahora –dice la publicación– resulta más caro vivir en Buenos Aires que en París, e incluso Caracas es más costosa que Frankfort.

Una de las sorpresas en la lista de las más costosas la dio Belgrado, que tras ser bombardeada por la OTAN en 1999, el costo de vida aumentó a tal grado que se clasifica a la capital yugoslava en el segundo lugar, luego de que ocupara la posición 122 en la encuesta anterior.

Según la encuesta, Nueva York es ahora más cara que Londres, París y Beijing.


Los 10 mayores fondos de pensión de Latinoamérica

Redacción de La Prensa
negocios@prensa.com

América Latina parece estar apostando por los fondos de pensión: en las 10 mayores economías de la región, los activos administrados crecieron el 25%, a 145 mil millones de dólares, y la cantidad de afilidados aumentó el 10% (casi 41 millones de personas) en la primera mitad del 2000, dice una nota de Latin Trade.

La pelea por los primeros lugares se centra en el rendimiento. Los administradores –dice la publicación– que deben garantizar rendimientos reales, luchan a brazo partido para mantener bajos los costos administrativos y tratan de ampliar el menú de inversiones.

Sin embargo, la revista explica que los activos gerenciados de los fondos de pensión todavía son pequeños en relación con la economía de cada país. Chile, por ejemplo (que tiene 5 de los 10 mayores fondos de Latinoamérica) es una excepción. Los 36 mil millones de dólares en fondos de pensión en el país suramericano equivalen al 57% de PIB, pero en otros países la cifra es inferior al 10%.

Además de Chile, los países que registran la mayor cantidad de fondos de pensión son Brasil (con casi 69 mil millones de dólares), Argentina (con 19 mil millones) y México (con 13 mil millones).

Panamá, por su parte, no figura en la lista de los 100 mayores fondos de pensión en América Latina, publicados por Latin Trade.

 
     

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