Aumentan
los casos de
cáncer en el Barú
Unos 162 casos de
cáncer se
registraron el año
pasado en el Barú
BORIS
ARMANDO GOMEZ
ESPECIAL
PARA LA PRENSA
nacionales@prensa.com
 |
| Mélida
Cubilla muestra fotos de algunas de las 700 personas afectadas
por los químicos en el sector de Barú. Especial para La
Prensa/B.Gómez |
DAVID,
Chiriquí. –Oldemar Araúz trabajaba en la zona bananera en finca
Majagual, distrito de Barú, cuando el año pasado sufrió un accidente
mientras se trasladaba en bicicleta a la plantación donde laboraba.
Para conocer la gravedad de los golpes que sufrió en el accidente,
Araúz decidió hacerse unos exámenes médicos en el Hospital Dionisio
Arrocha (HDA) de Puerto Armuelles.
Los exámenes revelaron que tenía un cáncer estomacal avanzado,
el cual le quitó la vida en unos pocos meses.
Su hermano Donaldo, también trabajador de las bananeras, hoy lo
recuerda y no puede dejar de preocuparse, pues él también tiene
contacto con químicos.
‘‘Por
más de 10 años mi hermano fumigó con químicos una finca privada.
Su familia quedó sin su amparo y necesitamos protección para evitar
enfermarnos’’, señaló Araúz.
El caso de Oldemar Araúz no fue el único en Majagual; el año pasado
en esa comunidad –de una población de 600 habitantes– se registraron
tres muertes por cáncer en esta comunidad.
Fermín De Gracia, el asistente de Salud de Majagual, indicó que
hubo cuatro muertes confirmadas por esta enfermedad y otras dos
posibles, pero que no fueron certificadas por ninguna autoridad.
De Gracia señaló que para él cuatro víctimas de cáncer es algo
inusual en una comunidad tan pequeña.
Por su parte, el director médico del HDA, Manuel Jiménez Willa,
señaló que no solo en Majagual el cáncer está causando estragos,
sino en toda la zona del Barú.
Jiménez, junto a la dirección de Estadística del HDA, rindieron
un informe que revela que solo en el 2000 se registraron 162 casos
de cáncer en todo el Barú.
Los hombres son los más afectados con un total de 96 casos por
56 de las mujeres.
Sin embargo, el tipo de cáncer que más casos tuvo fue el cérvico-uterino,
del cual padecieron 36 mujeres baruenses. En los hombres el tipo
más común fue el de estómago con 13 y el de bronquios con nueve.
Según Jiménez, la estadística tiene un margen de error considerable,
pues muchos pacientes cuando son diagnosticados con cáncer viajan
a otros sitios donde la capacidad de respuesta médica es superior
y si mueren las defunciones se registran fuera del sector de Barú.
‘‘El
Barú es una zona a todas luces peligrosa para la infestación del
cáncer pues sus tierras tienen más de 50 años de estarse tratando
con químicos’’, dijo Jiménez, quien recuerda que hace 30 años,
cuando llegó a ejercer la medicina a esta zona del país, se encontró
con tres casos de leucemia; los cuales en aquel entonces eran
demasiados para una población pequeña.
Hay
700 afectados por químicos
Mélida
Cubilla es la presidenta de la asociación de Personas Afectadas
por Químicos en el distrito del Barú. Ella asegura que hay 700
casos conocidos de personas afectadas por químicos en toda la
zona bananera del pacífico.
‘‘Estamos
preparando un informe para las más altas autoridades de Salud
–y si es posible a la presidenta de la República– para que conozcan
el problema de muchas personas que trabajan en este sector y cuyos
cuerpos cada día se ven afectados por los químicos’’, dijo Cubilla.
Cubilla dijo que hay que hacer un estudio para confirmar que los
casos de cáncer en el Barú pueden estar relacionados con los químicos.
‘‘Al
Ministerio de Salud le pedimos que cumpla su función poniendo
las pautas para proteger a la ciudadanía’’, señaló.
Dan permiso de trabajo a jóvenes
mayores de 15 años
ISMAEL
HERNANDEZ A.
ESPECIAL
PARA LA PRENSA
nacionales@prensa.com
SANTIAGO, Veraguas. –El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral
(MITRADEL) Joaquín Vallarino dijo que actualmente no existe ninguna
restricción para que los jóvenes mayores de 15 años puedan trabajar
en la zafra azucarera.
Vallarino señaló que los menores deben tener el permiso de sus
padres o tutores y una fotocopia del boletín; y se les aplicará
algunas restricciones en las actividades que realicen.
El Código de Trabajo establece que los jóvenes de 15 a 18 años
pueden dedicarse a cualquier labor de forma legal, siempre y cuando
no se ponga en peligro sus vidas, sostuvo el ministro.
Advirtió que en este momento no existe ninguna razón para que
los jóvenes queden por fuera de los trabajos en la zafra azucarera,
a la vez que manifestó que hay personas ‘‘mal intencionadas’’
y con ‘‘visión politiquera’’ que le han infundido temor a los
empresarios; por ello se han resistido a contratar a los menores
de edad para que trabajen el corte de caña.
El funcionario aseguró que los empresarios están más bien asustados
por estos ‘‘politiqueros’’ que cargan una bandera de integridad
y que lo único que han hecho es daño a los jóvenes, a la población,
a familias muy pobres que provienen de las regiones indígenas
y que por muchos años se han dedicado a trabajar durante los meses
de la zafra azucarera.
Vallarino catalogó esta situación de ‘‘injusta e ilegal’’, ya
que en Panamá el Código de Trabajo es la ley que manda y este
permite que jóvenes de 15 a 18 años trabajen legalmente, sin ningún
problema.
A juicio de Vallarino, Panamá ha firmado un convenio con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en la que se describe claramente
cuáles son los trabajos de alto riesgo para los jóvenes menores
de edad.
Añadió que existe una condición que se denomina ‘‘peores formas
de trabajo infantil’’ y, según se ha investigado, en Panamá no
hay ninguna de ellas.
En Panamá los niños desde pequeños manejan un machete perfectamente
bien, además saben las labores del campo, incluso mejor que cualquier
adulto, comentó el jefe de la cartera de Trabajo.
Reiteró que El Código de trabajo establece claramente cuál es
la responsabilidad de un empresario y de un trabajador, por lo
que este sí permite que jóvenes desde los 15 años en adelante
puedan desempeñar cualquier trabajo.
Vallarino criticó la postura del director regional del MITRADEL
en Veraguas, Ernesto Donoso, quién rechazó la firma de cualquier
permiso para que los jóvenes trabajaran en la zafra.
Aclaró que dio instrucciones para que las empresas privadas le
dieran plazas de trabajo a los jóvenes, de acuerdo con lo que
se estipula en el Código de Trabajo, ya que eso no viola en nada
los derechos de los niños.
Por su parte, Donoso, director regional del MITRADEL en Veraguas,
manifestó que en ningún momento se han negado los permisos de
trabajo a los jóvenes menores de edad, especialmente a los que
cumplen con los requisitos establecidos por el Código Laboral.
Piden ampliación de estero en Tonosí
ALCIBIADES
CORTES
ESPECIAL
PARA LA PRENSA
nacionales@prensa.com
PUERTO CAÑAS, Los Santos. –Jacinto Ruiz, productor de sandía de
Isla de Cañas, tiene que sortear varios obstáculos, no solo durante
la siembra y cosecha del producto, sino al momento de trasladarlo
hacia los puntos de ventas.
Además de invertir tiempo y dinero en sus cultivos, tiene que
trasladar al hombro sandía por sandía hasta tierra firme, donde
finalmente podrá venderla.
Y es que Ruiz y los demás campesinos que cultivan varios productos
en Isla Caña no cuentan con un puerto adecuado para el desembarco,
lo que los obliga a tener que cargarlos uno a uno hasta tierra
firme.
Isla Cañas está ubicada en el corregimiento de Cañas, distrito
de Tonosí, con una extensión de 23 kilómetros cuadrados y un área
de 832.5 hectáreas.
Allí se cultivan zapallo, sandías, melón industrial y frijoles,
que son cosechados durante todo el año en esa zona agrícola de
Azuero y desde ese punto se abastece tanto el mercado local como
el nacional.
La isla en su parte más angosta mide 175 metros y en su parte
más ancha mide mil 325, se encuentra separada de tierra firme
por un canal o estero que en su parte más estrecha mide 100 metro
y en la más ancha 500.
Desde la Isla Cañas hasta el puerto natural de Cañas, los productores
que cultivan los diferentes rubros y que no tiene su propia lancha
para transportar lo que producen, tienen que pagar un flete que
les cuesta alrededor de 12 dólares por viaje de carga.
Una vez llega la embarcación al puerto natural de Cañas, tienen
que llevar la producción y caminar por el estero, hasta dejarla
en tierra firme, porque las embarcaciones, además de ser pequeñas,
no cuentan con una rampa para hacer el desembarque directamente.
Ruiz, productor de sandía de Isla de Cañas, dijo que los más de
100 productores de diferentes rubros cultivados en este sitio
necesitan que el Gobierno nacional destine una partida para dragar
y ampliar la capacidad de entrada del puerto.
Por lo contrario, una gran cantidad de productores que tienen
como única entrada trabajar la tierra se verán seriamente afectados,
ya que el costo y el tiempo que hay que invertir para sacar los
productos es más de lo que se gana, comentó Ruiz, quien aseguró
que esta es la única forma de trabajo que conocen y con lo que
llevan el sustento al hogar.
Actualmente están en plena zafra de sandía, sin embargo, este
sitio es muy estrecho y no se tiene dónde colocar la producción,
mientras que el agua proveniente de las mareas está socavando
la orillas del puerto, lo que hace que cada día sea más difícil
desembarcar la producción, explicó Ruiz.
También señaló que se necesita ampliar con urgencia las entradas
del puerto, para que lanchas grandes puedan entrar a desembarcar
productos y a la vez recoger mercancías para trasladarla hacia
la isla.
Resuelven amparo en favor
de
director de Trabajo
OMAR
RODRIGUEZ
ESPECIAL
PARA LA PRENSA
nacionales@prensa.com
AGUADULCE, Coclé. –El director regional de Trabajo en Coclé, Cecilio
Sáenz, salió bien librado del recurso de Amparo de Garantías Constitucionales
interpuesto en contra de la decisión que tomó cuando ordenó el
aseguramiento de bienes de la empresa camaronera Agromarina de
Panamá en beneficio de los trabajadores.
Los magistrados del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial
de Coclé y Veraguas denegaron el amparo propuesto por la firma
de abogados Illueca, en representación del banco HSBC, antiguo
Midland Bank.
La entidad bancaria es el principal acreedor hipotecario de Agromarina.
En medio de la crisis que vive la empresa, el banco secuestró
sus bienes, pero paralelo a esa medida, los trabajadores solicitaron
ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL)
en Coclé, que se decretara un aseguramiento de bienes de la empresa
por un monto de 401.111 balboas.
El director provincial de Trabajo acató la solicitud de los trabajadores
y pasó el caso a manos de la Junta de Conciliación y decisión,
a fin de que se hiciera efectivo el aseguramiento de los bienes.
Con la acción se buscaba garantizar el pago de las prestaciones
a los más de 250 empleados con que cuenta Agromarina, cuyas instalaciones
se encuentran en Aguadulce y Veracruz.
El banco, al interponer la denuncia, consideró que el director
de Trabajo no tenía facultad para ordenar el aseguramiento de
los bienes en favor de los trabajadores, ya que eso es competencia
de la junta de conciliación y decisión.
En sus fallos, los magistrados del Tribunal Superior con sede
en Penonomé determinaron que Sáenz solo hizo una solicitud a la
junta de conciliación para que se diera el aseguramiento y añaden
que fue esta última instancia la que en realidad ordenó y ejecutó
la medida, por lo que resolvieron denegar el amparo.
Tras conocer el fallo, el director de Trabajo en Coclé declaró
que con el pronunciamiento del Tribunal se abre una nueva oportunidad
para que el banco, la empresa y los trabajadores de Agromarina
se sienten a negociar.
Apicultura nacional en vías de
recuperación
BORIS
GOMEZ
ESPECIAL
PARA LA PRENSA
nacionales@prensa.com
DAVID, Chiriquí. –La apicultura panameña, que sufrió un colapso
a la llegada de las abejas africanas en la década del 80, empieza
a mostrar signos de recuperación y los productores consideran
que esta es una nueva puerta para el desarrollo agroindustrial.
Bolívar Aparicio, presidente de la Asociación Nacional de Apicultores,
señaló que el número de colmenas productoras de miel va en aumento
en todo el país, principalmente en la provincia de Chiriquí.
Antes de la llegada de las abejas africanas teníamos en Panamá
unas 20 mil colmenas de abejas italianas. Luego hubo un descenso
del 90% de las colmenas con un total de 2 mil. Hoy la cantidad
de colmenas es de 7 mil con una producción nacional de 70 mil
galones al año, señaló Aparicio.
Sostuvo que Chiriquí está a la cabeza de la producción nacional
con un total de 40 mil galones. Los registros indican que hay
250 productores organizados en las distintas provincias, con un
número mayor en la región de Azuero.
Los productores venden la miel en forma directa a los supermercados,
obteniendo precios de hasta 16 dólares por galón. En forma directa
al consumidor el productor que tiene su propia distribución logra
entradas por galón de unos 20 dólares.
El colapso se generó ante la llegada de las africanas, dominantes
frente a las abejas de origen europeo, que se habían traído a
la región por su productividad.
Ahora con el cruce entre africanas y europeas la nueva mezcla
es la de las africanizadas, que es domesticable y útil para la
producción.
Según Aparicio, los estudios del Instituto de Investigación Agropecuaria
(IDIAP) y del Instituto Smithsonian concuerdan en que en Panamá
puede asentarse una agroindustria apícola importante.
‘‘Los
estudios revelan que las condiciones del territorio panameño nos
permitirían instalar unas 150 mil colmenas con una producción
20 veces superior a la actual’’, dijo Aparicio.
Según nuestros cálculos, el país podría desarrollar una industria
que generara unos 50 millones de dólares en exportaciones refinando
sus productos como el polen y la cera.
Ahora lo que necesitamos es darle capacitación a las personas
que tienen interés en convertirse en productores y eso lo necesitamos
con el respaldo de la empresa privada y del gobierno.
Eugenio Brumvig es un ciudadano colombiano radicado hace más de
30 años en Chiriquí y el año pasado inició un proyecto de producción
en la localidad de Dolega.
Su casa está en la ruta de vuelo de las abejas y es un lugar propicio
para poner panales artificiales. Los panales artificiales son
cajas con láminas de cera por dentro que las abejas logran detectar
y como encuentran un lugar para depositar su miel y los huevos
que pone la abeja reina deciden establecer allí su colonia.
Para Brumvig, las abejas africanizadas son víctimas de una mala
fama, pues se les considera como asesinas, pero en realidad son
insectos asombrosos que se defienden si se les ataca.
Brumvig ya tiene un apiario en Potrerillos y es asistido por el
técnico Luis Gómez, quien se encarga de darle el manejo adecuado
a las abejas y de recolectar la miel.
Gómez señala que el verano es la época de mayor producción y no
hay que hacer gastos en la alimentación de la colonia, solo en
la estación lluviosa cuando escasea el néctar de las flores y
por lo tanto hay que darles en alimentadores jarabes azucarados.
Se cosecha miel cada mes con producciones de hasta tres galones
por colmena, informó Gómez.
Desacuerdo en el pago de impuestos
de feria
URANIA
CECILIA MOLINA
ESPECIAL
PARA LA PRENSA
nacionales@prensa.com
LA CHORRERA, Panamá. –Los miembros del Patronato de la XLI Feria
de La Chorrera están molestos porque tienen que pagar 15 mil dólares
al Municipio de La Chorrera, correspondientes al gravamen de los
locales de comida, cantinas, gaseosas, buhoneros, bailes populares
y otras exhibiciones que se realizan en sus predios.
Argumento
del presidente de la feria
Moisés
Cedeño, presidente del Patronato, asegura que no intentan evadir
los impuestos que el departamento de Tesorería Municipal fijó
para el evento ferial que se inicia el próximo 24 de enero, pero
la suma de 15 mil dólares, no corresponde a la realidad de los
locales comerciales que hay dentro del evento.
Cedeño sostiene que la cifra real no excede los 6 mil 400 dólares
y se quejó ‘‘porque ferias como las de David en la provincia de
Chiriquí y la de la Región de Azuero, que son internacionales
solo pagan tres mil dólares anuales a sus respectivos municipios’’.
El presidente de la Feria denunció que el tesorero municipal,
José Aparicio, quiere cobrar 25 mil dólares en impuestos, cuando
ni siquiera doblando los impuestos gravados por cada actividad
se puede obtener esa cantidad y agregó que la notificación para
el pago de los tributos les llegó hace 15 días.
Cedeño explicó que sostuvo una reunión con las autoridades municipales
en la que fijaron el monto de los tributos en 20 dólares para
la venta de sodas, 50 dólares la de comida, 75 dólares las cantinas
y 500 dólares las actividades bailables. Además se comprometieron
a elaborar un documento en el que se fijen los tributos reales
para cada actividad que se realice durante la feria.
El presidente de la feria señaló que para este evento alquilaron
50 locales para vender comida, 20 para cantinas, 30 puestos de
soda y nueve para actividades bailales, que incluyen las típicas
y las populares.
Cedeño también denunció que Aparicio quería que los impuestos
los pagaran antes del evento, pero finalmente acordaron aportar
el 50% al tercer día de su inauguración y el resto a dos días
de su conclusión.
El presidente de la feria asegura que las autoridades municipales
lo único que persiguen es ‘‘dañar’’ un evento de 10 días que anualmente
concentra a miles de personas de todas las regiones del país.
La
versión del Municipio
Por
su lado, Aparicio calificó de ‘‘mentiroso’’ a Cedeño y dijo que
los 15 mil dólares que pagarán no corresponden a impuesto, sino
a una donación que el patronato realiza al Municipio, porque los
tributos reales suman 25 mil dólares.
Aparicio indicó que los 25 mil dólares no se fijaron al azar y
mostró un plano de los terrenos de la feria, donde se detallan
las áreas dedicadas a la exhibición y venta comercial, así como
también las verdes o de esparcimiento y descanso.
También mostró documentos donde se establece que Cedeño tenía
conocimiento del cobro de los impuestos desde el pasado noviembre,
y en diciembre le enviaron la última de tres notas.
Aparicio dijo que las leyes 105 y 106 (que regulan los municipios)
les da plena facultad para cobrar los impuestos y que la diferencia
entre la feria de La Chorrera y las de David y Azuero es que las
actividades bailables y de venta de licor no están dentro de sus
predios.
Agregó que las ferias de David y Azuero son actividades en esencia
‘‘educativas’’, mientras que la de La Chorrera es una actividad
popular donde la venta de bebidas alcohólicas y los locales bailables
ocupan el primer lugar.
Consulta
a la procuradora
El
18 de julio del 2000, el entonces presidente del consejo de representantes
de corregimiento, Antolín Arenas, elevó una consulta a la procuradora
de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, porque le interesaba
conocer cuáles eran los impuestos que podía fijar la Tesorería
Municipal dentro de los terrenos de la feria.
En su contestación del 21 de julio del mismo año, Montenegro de
Fletcher explica que la venta de bebidas alcohólicas conlleva
un trámite que está establecido en la Ley 55 del 10 de julio de
1973 ‘‘por la cual se regula la administración, fiscalización
y cobro de varios tributos municipales’’.
La procuradora remite a Arenas al artículo 2 de la misma ley,
que establece, entre otras cosas, que para vender bebidas alcohólicas
se necesita una licencia expedida por el alcalde del respectivo
distrito, previa autorización de la junta comunal, y poseer una
licencia comercial del Ministerio de Comercio e Industrias.
Este mismo artículo establece que para beneficio comunal, el alcalde
puede expedir a las juntas comunales la autorización para la venta
de bebidas alcohólicas en cantinas o toldos, sin el requisito
de la licencia comercial con ocasión de fiestas patrias, del carnaval,
patronales y ferias regionales que se lleven a cabo en alguna
ciudad o población, siempre que (el) o los establecimientos solo
funcionen durante los días de la festividad y que el impuesto
se pague anticipadamente.
Añade que las tarifas que establece el artículo 2 de la Ley 55
de 1973 para gravar los locales de bebidas alcohólicas está por
el orden de 250 dólares y hasta 350 dólares.
En tanto, Aparicio explicó que basado en la consulta a la procuradora
han decidido gravar por primera vez –en 41 años de celebración–
a la feria de La Chorrera.
Hay un 13.5% de
desempleo
en Bocas
del Toro
MELISSA
HENRY
ESPECIAL
PARA LA PRENSA
nacionales@prensa.com
CHANGUINOLA, Bocas del Toro. –La falta de experiencia de empresas
que quieran invertir, de incentivos para micro empresarios y la
llegada diaria de personas a residir en la provincia de Bocas
del Toro son algunos de los factores que han incidido en el aumento
del desempleo, aseguró el director regional del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) en Bocas, Víctor Guerra.
El funcionario señaló que en la provincia se registra un 13.5%
de desempleo entre los 88 mil 983 habitantes registrados en el
X Censo Nacional de Población y Vivienda.
Indicó que a través del programa de capacitación de ‘‘Jóvenes
de Primer Empleo’’, se busca orientar a los participantes para
que se sientan más confiados a la hora de solicitar un trabajo.
En Bocas del Toro finalizaron la capacitación 161 de los 192 jóvenes
que se habían inscrito, de los cuales 126 estaban dentro del programa
de colaboradores y 35 en la categoría de emprendedores. Ellos
esperan ahora no formar parte de la larga lista de desempleados
de Bocas.
Guerra señaló que el ministerio invirtió en el programa para Bocas
del Toro alrededor de 55 mil 400 dólares y el viernes pasado se
entregó a los jóvenes el certificado de participación y un cheque
a cada uno, haciendo una suma total de 10 mil 500 dólares, dinero
que circulará en la provincia.
Para Vicente Yangüe, uno de los participantes del programa, dijo
que la experiencia que adquirió fue excelente, ya que ahora se
siente más seguro para desempeñarse en un cargo.
Sostuvo que ahora solo le queda esperar que las empresas establecidas
en la provincia tomen en cuenta el banco de datos que tiene MITRADEL
y que se ofrezcan plazas de empleo para la juventud bocatoreña.
Agregó que se necesitan más empresas en la provincia que estén
dispuestas a emplear, pues en la provincia solo se cuenta con
la transnacional Bocas Fruit Company, productora de banano.
Yangüe dijo que ‘‘no es justo que los jóvenes bocatoreños que
se han preparado tengan que ir a una finca a cosechar fruta, porque
ya la empresa no está empleando en sus instalaciones administrativas’’.
Manifestó que el Gobierno debe ofrecer más proyectos para la micro
empresa, pero sin tantas restricciones.
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