Sossa
no interrogará a ex militares hasta identificar a las víctimas
Mientras
Human Rights Watch insta a crear una Comisión de la Verdad en
forma inmediata
JOSE
OTERO
y
MANUEL DOMINGUEZ
planas@prensa.com
 |
| El
procurador José Antonio Sossa ataca el Hoy por Hoy del diario
La Prensa de ayer. El jefe del Ministerio Público reconoció
‘‘una sola verdad’’ en el editorial, que calificó de ‘‘difamatorio’’.
Las declaraciones de Sossa se dieron durante una conferencia
de prensa sobre la situación de las investigaciones acerca
de las fosas de Tocumen. Al lado de Sossa aparece el fiscal
auxiliar, Carlos Augusto Herrera. LA PRENSA / Bernardino
Freire |
El
procurador de la Nación, José Antonio Sossa, sostuvo que no se
puede ordenar la detención ni el interrogatorio de ninguno de
los jefes del antiguo cuartel Los Pumas, en Tocumen, o de cualquier
otro ex militar, hasta que no se logre la identificación de las
osamentas humanas desenterradas este año de fosas clandestinas
en esta antigua base militar.
El fiscal auxiliar, Carlos Augusto Herrera, repitió casi textualmente
lo que señaló Sossa, afirmando que no se puede interrogar a nadie
en este caso hasta tanto no se aclare a quiénes corresponden las
osamentas desenterradas en Tocumen.
Según el jefe del Ministerio Público, las leyes en esta clase
de investigaciones especifican que hasta que no se aclare la identidad
de las personas enterradas en ese sitio, y que además se compruebe
el año de su desaparición y las posibles causas que provocaron
su muerte, no se puede iniciar el proceso de indagatoria a los
posibles responsables de estos crímenes.
La opinión de Sossa fue refutada por penalistas consultados por
La Prensa. (Ver Reacciones, 2A).
Las excavaciones en el cuartel de Los Pumas de Tocumen se reiniciaron
el pasado 10 de diciembre por órdenes directas de la presidenta
Mireya Moscoso, luego que el Ministerio Público decidiera no continuar
buscando después de que en septiembre de 1999 se hallaran los
restos de dos personas, una de las cuales resultó ser el dirigente
popular Heliodoro Portugal, desaparecido en 1973.
El jefe del Ministerio Público había permanecido en silencio sobre
este tema y había impuesto un ‘‘código de silencio’’ a todos los
funcionarios judiciales que intervienen en esta investigación.
Además, no permitió el acceso a los periodistas al lugar de las
excavaciones.
Este año han sido desenterradas otras dos osamentas más en el
mismo sitio, y junto a uno de estos restos fue hallada una placa
de identificación de un sub teniente de las Fuerzas de Defensa,
de nombre Heliodoro Villamil, cuya residencia es conocida, pero
quien no ha sido todavía llamado a declarar por el Ministerio
Público.
Sobre la formación de una Comisión de la Verdad para investigar
en forma paralela estos hallazgos en Tocumen, Sossa dijo que la
misma debe estar adscrita al Organo Ejecutivo, y que no debe intervenir
en las funciones que realiza el Ministerio Público.
Carta
a Moscoso
Luego
de mostrar su complacencia por los esfuerzos que el Gobierno panameño
hace para que se lleven a cabo las excavaciones en el antiguo
cuartel de Los Pumas, la organización internacional defensora
de los derechos humanos Human Rights Watch instó a la presidenta
Mireya Moscoso a que impulse la ampliación de la investigación
para incluir las violaciones a los derechos humanos de las décadas
70 y 80.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las
Américas de Human Rights Watch, indicó en una carta enviada ayer
a Moscoso que, conforme al derecho internacional, el Gobierno
de Panamá tiene el deber de investigar y procesar las violaciones
a los derechos humanos, entre ellas las cometidas durante gobiernos
anteriores.
Al ordenar la investigación en el antiguo cuartel de Los Pumas,
añade Vivanco, ‘‘su gobierno ha adoptado una medida importante
para el cumplimiento de su obligación fundamental’’.
Respecto a la posibilidad de que se conforme una ‘‘Comisión por
la Verdad’’ en Panamá, Vivanco indica que dichas comisiones han
desempeñado un papel crucial en países de toda América Latina,
entre ellos Chile, Argentina, El Salvador y Guatemala para poner
fin a la impunidad y restaurar la fe de la población en el Estado
de Derecho. VEA
REACCIONES
Moscoso
está dispuesta a reformar contrato con C&W
VIELKA
CORRO RIOS
Especial
para La Prensa
planas@prensa.com
CHITRE,
Herrera. –La presidenta, Mireya Moscoso, expresó su disposición
a modificar el contrato ley entre el Estado y Cable & Wireless
(C&W), siempre y cuando no se violente la seguridad jurídica
de dicha empresa.
Las reacciones de Moscoso se dieron luego de que Rafael Moscote,
uno de los tres directivos del Ente Regulador, asegurara que todo
se puede modificar, siempre que las partes se pongan de acuerdo,
al tiempo que recordó que dicho contrato ya fue modificado para
establecer la denominada tarifa social.
Moscoso, quien inauguró ayer la cancha deportiva en el Barrio
el Caracol, en Chitré, invitó a Moscote a que diga de qué forma
se puede modificar el mencionado contrato, ya que su gobierno
está anuente a tratar de ayudar al pueblo panameño, que está sufriendo
en este momento el alza de tarifas.
Precisó que ‘‘lo que no queremos es violentar la seguridad jurídica
de la empresa’’. ‘‘Aquellos inversionistas, tanto panameños como
extranjeros, que vean que se están cambiando las leyes, en el
día de mañana nadie va a invertir en este país’’, aseguró Moscoso.
Por otra parte, al ser consultada sobre el nombramiento de una
Comisión de la Verdad sobre los desaparecidos por razones políticas,
expresó que se está a la espera de que la Iglesia Católica envíe
los nombres de sus representantes.
Moscoso adelantó que en los próximos días continuarán con las
excavaciones para buscar más restos de desaparecidos.
Bancos
acreedores del Grupo ADELAG aprueban plan de reestructuración
EDITH
CASTILLO DUARTE
ecastillo@prensa.com
Los
bancos acreedores del Grupo ADELAG aprobaron ayer –tras una reunión
de varias horas– un plan de reestructuración, presentado por el
propio grupo empresarial y dirigido a su recuperación financiera,
‘‘pero esto no significa –advirtió una fuente– que todo esté solucionado’’.
‘‘Los
bancos han aprobado el plan para que la empresa siga adelante,
pero hay una infinidad de detalles pendientes’’, señaló la misma
fuente, que prefirió no ser citada por su nombre.
La Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá
abrieron la semana pasada un proceso de investigación a este consorcio,
debido a que se encontró una serie de ‘‘ajustes económicos’’ por
más de 51 millones de dólares en sus estados financieros.
En la reunión, celebrada ayer en un hotel de la localidad, los
bancos aprobaron crear un fideicomiso en el que se constituirán
las garantías exigidas por los acreedores, a fin de facilitar
la reestructuración administrativa y financiera de ADELAG, informó
el grupo empresarial en un comunicado de prensa divulgado ayer
al término del encuentro.
Se integró, además, un Consejo de Acreedores, constituido por
el Banco General, Banco Continental, Banco del Istmo, Banco Nacional
de París, Lloyds Bank y el Hamilton Bank.
Se invitó al Banco Santander Central Hispano, que no estuvo presente
en la reunión, a formar parte de dicho comité, al igual que a
otros acreedores, como proveedores y tenedores de valores.
De igual forma se acordó nombrar un director ejecutivo, que representará
a los bancos –22 mantienen créditos con el grupo–, para que coordine
las diferentes fases del plan de reestructuración.
Se mencionó el nombre de Francisco Salerno, de Banco Continental,
para ocupar este cargo, según conoció La Prensa.
Todas estas acciones están sujetas a ciertos aportes de ‘‘capital
fresco’’ por parte de los accionistas.
El comunicado de prensa de ADELAG señaló que ‘‘la decisión tomada
por los bancos está llamada a generar un ambiente más positivo
de cara a las reuniones programadas con los tenedores de valores
de las distintas emisiones públicas que ha llevado a cabo ADELAG
y subsidiarias, ya que ha imperado siempre en la empresa velar
por la protección de quienes invirtieron dichos valores’’.
Iglesia
pide nombrar Comisión de la Verdad
LORENZO
ABREGO
labrego@prensa.com
La
Iglesia Católica pidió ayer al Ejecutivo que nombre ‘‘cuanto antes’’
una Comisión de la Verdad para que ayude a esclarecer las investigaciones
sobre las osamentas encontradas en el cuartel de Los Pumas, de
Tocumen.
Mediante un comunicado, la Conferencia Episcopal de Panamá (CEP)
señala que debe nombrarse dicha comisión que, ‘‘sin suplantar
ni interferir con los organismos competentes del Estado, ayude
a esclarecer los hechos y promueva la adecuada justicia’’.
En su nota, los responsables de la Iglesia Católica en Panamá
destacan, como precedente de esta comisión, la solicitada en 1990
por monseñor Marcos Gregorio McGrath al expresidente Guillermo
Endara, luego de la invasión estadounidense a Panamá.
El comunicado, que recoge la postura de la Iglesia sobre otros
temas, lleva la firma del arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño,
y de los obispos José Luis Lacunza (Chiriquí), Uriah Ashley (Coclé),
Fernando Torres (Herrera), Carlos María Ariz (Colón y Kuna Yala),
José Agustín Ganuza (Bocas del Toro), Marcos Zuluaga (Darién),
Oscar Mario Brown (Veraguas) y del vicario delegado de Darién,
Vicente Sidera.
Optimismo
para salir de la ‘lista negra’
Encuentro
con misión de Estados Unidos fue calificada de positiva por las
autoridades locales
GIONELA
JORDAN V.
gjordan@prensa.com
Tras
concluir las reuniones bilaterales entre Panamá y Estados Unidos
para conocer los avances panameños en la lucha contra delitos
relacionados con el blanqueo de capitales, las autoridades panameñas
piensan que el país será excluido de la ‘‘lista negra’’ de naciones
no cooperadoras en el combate contra el narcotráfico y sus delitos
conexos.
Aunque la delegación norteamericana presidida por William Baity,
subdirector de la Red de Cumplimiento sobre Delitos Financieros
(FINCEN) del Departamento del Tesoro norteamericano, evitó responder
los cuestionamientos de la prensa, los funcionarios panameños
que participaron en el encuentro precisaron que sus homólogos
se llevaron una ‘‘impresión positiva’’.
Alfredo Castillero Hoyos, vicecanciller encargado, manifestó que
en base a las palabras de clausura emitidas por Baity, los norteamericanos
luego de las aclaraciones realizadas por las diversas entidades
panameñas involucradas en actividad se llevaron una buena impresión
de la labor que en su conjunto adelanta Panamá para contrarrestar
el blanqueo de capitales.
El funcionario explicó que los directivos del FINCEN, luego de
estas reuniones, tienen que presentar un informe al Departamento
del Tesoro de Estados Unidos sobre los avances de Panamá en esta
materia.
De dicho documento dependerá que Estados Unidos saque a Panamá
de la lista de advertencia en la que fue incluida, tras ser clasificada
como una de las naciones que no coopera en la lucha contra el
narcotráfico.
Delia Cárdenas, superintendente de Bancos, manifestó que las declaraciones
de Baity respecto a que Panamá es un país líder en la lucha en
contra del blanqueo de capitales le da mucha confianza a Panamá
de que ‘‘pronto va a salir de la lista negra’’.
Por su parte, el embajador de Panamá en Washington, Guillermo
Ford, calificó de ‘‘positiva’’ las reuniones entre ambas naciones.
Además aseveró que Panamá ‘‘ha cumplido ampliamente’’ con las
modificaciones que hizo a sus disposiciones, con el fin de prevenir
y castigar los delitos relacionados con el blanqueo de capitales
producto del narcotráfico, y que en este momento se encuentra
en la etapa de implementación de las medidas.
‘‘No
debemos tener ningún temor, Panamá va a salir de la lista negra,
lo que no podemos es crear falsas expectativas de cuándo [será],
pero Panamá está comprometida y lo va a lograr’’, precisó Ford.
También indicó que Panamá recibirá apoyo técnico de Estados Unidos
en materia de entrenamiento a las instituciones involucradas en
la lucha antinarcóticos, entre las que mencionó la Superintendencia
de Bancos.
Reacciones
sobre investigaciones de osamentas
El
Ministerio Público, en este caso en particular, que es una investigación
tan delicada, tan compleja, debe incorporar todos los elementos
de juicio que se puedan; se debe encontrar la verdad material
de los hechos que ocurrieron y para ello deben hacerse todas las
diligencias adecuadas, entre ellas aportar los testimonios de
las personas que de una manera directa o indirecta estuvieron
vinculadas al cuartel.
Cuando las pruebas no se recogen oportunamente, de la naturaleza
que sean, se pueden desvirtuar, e incluso alterar, por eso es
importante que se incorpore la mayor cantidad de elementos vinculados
directa o indirectamente a los hechos, que permitan encontrar
la verdad de lo ocurrido e identificar a los responsables de los
crímenes, ya que el solo hallazgo de estos restos en un lugar
que no es oficialmente destinado para enterrar cadáveres es un
indicio de que se llevaron a cabo actos delictivos.
Aura
Emérita Guerra de Villalaz
Presidenta
encargada del Colegio Nacional de Abogados
Siempre
he creído que el procurador Sossa no quiere hacer la investigación
expedita. Al comienzo no dejaba a los periodistas acercarse al
antiguo cuartel de Los Pumas en Tocumen.
Yo creo que se tiene que nombrar una Comisión de la Verdad en
la que no esté el procurador, sino personas que se atrevan a llegar
hasta las últimas consecuencias. Se debe investigar a todo el
Estado Mayor.
Debe llegarse hasta las últimas consecuencias, porque las órdenes
para cometer estos actos provenían de Omar Torrijos y Manuel Antonio
Noriega.
Diógenes
Arosemena
Jurista
Pinceladas
memoriosas
Redacción
de La Prensa
planas@prensa.com
|
|
| Publicada
en La Prensa en 1986. |
El
ex vicepresidente Ricardo Arias Calderón no es el único que ha
intentado que los tribunales de justicia condenen al caricaturista
Julio Briceño, quien con su buen humor ha ‘‘retratado’’ a los
políticos de turno y sus componendas.
Briceño recordó la caricatura que publicó en La Prensa el 23 de
abril de 1986 y que causó la ira del entonces legislador perredista
Rigoberto Paredes.
La caricatura consistía en una mesa con dos patas. Una pata representaba
el Organo Legislativo y la otra el Judicial. Ambas estaban sobre
quepis de los militares. El sobre de la mesa era el Ejecutivo
y sobre él estaba la silla presidencial del mandatario Eric Arturo
Delvalle, quien mirando las patas decía: ‘‘Parece que están podridas’’.
Rigoberto Paredes propuso al pleno legislativo que al autor de
la caricatura había que meterle entre seis u ocho meses de prisión.
Paredes estaba seguro de que el autor de la caricatura era Ricardo
Arias Calderón, cuyas iniciales son RAC, ya que Briceño firma
sus caricaturas con el seudónimo de ‘‘RAC’’.
Pero Paredes recibió una inmediata andanada de críticas por su
falta de humor. Los legisladores que criticaron a Paredes fueron,
irónicamente, los demócratas cristianos encabezados por Guillermo
Cochez, quien actualmente es el abogado del propio Arias Calderón
en la demanda contra Briceño y contra el director de La Prensa,
Stanley Muschett.
Gozo
mucho las caricaturas: Moscoso
‘‘A
mí me han hecho toda clase de caricaturas. Yo lo que puedo decir
es que vivimos en una democracia, el periodista tiene libertad
de expresión y lo vemos todos los días en los periódicos. A mí
no me molestan las caricaturas, a mí me han puesto de todo y la
verdad es que las gozo mucho y a veces las recorto y las mando
a poner en unos marquitos porque yo creo que son cosas que algunas
veces nos recuerdan lo que nosotros hemos hecho y que debemos
buscar una rectificación; esas caricaturas diciendo, llamándonos
la atención de que hay cosas que no debemos hacer, es una forma
burlesca, pero a mí no me molestan’’, comentó Moscoso.
¿Qué
tienen en común Sossa y Arias Calderón?
RAFAEL
PEREZ G.
MANUEL
DOMINGUEZ
planas@prensa.com
El
presidente vitalicio del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Ricardo
Arias Calderón contrató los servicios profesionales de su copartidario
Guillermo Cochez, para que lo represente en la querella por calumnia
e injuria que interpuso el pasado jueves contra el diario La Prensa.
La querella fue presentada ante la Procuraduría General de la
Nación, dirigida por José Antonio Sossa, ex miembro del PDC.
Cochez igualmente es abogado de Sossa en una demanda interpuesta
por el procurador contra el diario La Prensa. En esta, Cochez
pidió una compensación económica que supera el millón de dólares.
En la del pasado jueves, Cochez exigió el pago de un millón de
dólares.
Guillermo Cochez ha sido denunciado por faltas a la ética ante
el Colegio Nacional de Abogados por el supuesto cobro indebido
a personas que no fueron sus clientes.
La queja la interpuso el abogado Iván Gantes luego que se publicaron
dos cartas en las que Cochez reclamaba a la familia Zayed, empresarios
de la Zona Libre, el pago de honorarios profesionales por las
‘‘innumerables gestiones’’ que tramitó ante el procurador Sossa
para lograr supuestos beneficios a favor de Walid Zayed, quien
se encontraba detenido, según recordó el propio afectado.
Víctor Martínez, el otro representante judicial de Arias Calderón
en la querella contra La Prensa, igualmente mantiene cercanía
con el procurador Sossa.
Martínez lideró un grupo de abogados que amenazó con demandar
por extralimitación de funciones a seis legisladores que firmaron
la resolución de la Comisión de Drogas de la Asamblea en la que
se le pidió a la procuradora de la Administración, Alma Montenegro
de Fletcher, la separación e investigación del procurador Sossa.
La mencionada Comisión llegó a la conclusión de que el procurador
Sossa actuó en forma negligente en el manejo de casos judiciales
por supuestos delitos relacionados con el empresario estadounidense
nacionalizado panameño Marc Harris y del político y empresario
Alfredo Oranges Bustos.
Lápices
en peligro
GUSTAVO
GORRITI
planas@prensa.com
 |
| La caricatura
que ocasionó la demanda al ‘Feral Tribune’. |
Se
ha escrito y hasta filmado mucho sobre los peligros que enfrenta
el periodismo. El año que vivimos en peligro, con Mel Gibson como
periodista, resumía los riesgos en el título. Se ha escrito poco
y filmado menos sobre los riesgos que enfrentan los caricaturistas.
Cuyo trabajo puede definirse como el arte de dibujar con peligro.
En Egipto, por ejemplo, el caricaturista Essam Hanafi fue condenado
a prisión en abril del año pasado (junto con el director y un
reportero de la publicación, el bisemanario Al-Sha’b), por una
demanda del vice primer ministro Youssef Wali. Hanafi permaneció
en prisión hasta fines de año, cuando fue liberado, en gran medida
por la presión internacional.
En Irán, el caricaturista Nik-Ahang Kosar, del diario reformista
Azad, fue detenido poco después de publicar una caricatura en
la que representaba a uno de los clérigos más conservadores de
la teocracia iraní, como un cocodrilo. El ayatola Muhammad Taqi
Mesbah Yazdi, que había acusado a varios periodistas reformistas
de estar en la nómina de la CIA, aparecía en guisa de saurio,
llorando las proverbiales lágrimas de cocodrilo mientras estrangulaba
a un periodista con la cola, a la vez que exclamaba: ¿no hay nadie
que me pueda librar de estos periodistas mercenarios? La Corte
de Prensa arrestó a Kosar el 5 de febrero del año pasado. Liberado
bajo caución, Kosar enfrenta un desigual proceso judicial.
Uno de los casos más importantes en años recientes tuvo lugar
en Croacia. En 1996, directivos, periodistas y caricaturistas
del periódico satírico Feral Tribune fueron encausados por el
presidente Franjo Tudjman por difamación, luego de haber publicado
artículos y una caricatura (ver ilustración) duramente críticas
de la decisión de Tudjman de enterrar los restos de fascistas
croatas muertos en la Segunda Guerra, junto con los de sus víctimas.
Luego de una intensa campaña internacional en defensa del Feral
Tribune, el abogado estadounidense James Goodale, miembro de la
directiva del Comité para la Protección de Periodistas, y uno
de los más eminentes especialistas en libertad de prensa, se presentó
ante la Corte como representante legal del Feral Tribune. Su alegato,
pese a leyes que penalizaban el reportaje crítico o satírico,
fue de tal brillo y consistencia, que logró el sobreseimiento
de los periodistas.
Poco antes, la presidenta de la directiva del CPP Kati Marton
había tenido un memorable intercambio con Tudjman, al abogar por
el Feral Tribune en una audiencia con el mandatario. Tudjman mostró
un ejemplar del Feral Tribune donde figuraba una poco favorecedora
caricatura suya en la portada y preguntó: ‘‘¿Habrá algún líder
en el mundo que aguante esto?’’. La respuesta de Marton: ‘‘Todos
los líderes democráticos’’.
En su argumentación, Goodale mencionó la clara distinción que
la legislación europea y estadounidense establece entre ‘‘hechos
y juicios de valor’’. Los juicios de valor ‘‘no son ni verdaderos
ni falsos, son opiniones que no precisan ser probadas’’, pero
que deben ser protegidas. En varios casos, anotó Goodale, la Corte
Suprema de Estados Unidos ha declarado que ‘‘el epíteto vigoroso’’,
‘‘la imaginativa expresión de desprecio’’ no pueden ser considerados
difamatorios en el debate político. Por lo contrario, sentenció
la Corte, ‘‘ello ha añadido mucho tradicionalmente al debate político
en nuestra nación’’. El caso, como se dijo, fue ganado.
Como Goodale no puede hacerse presente en todos los casos de demandas
contra caricaturistas, en Irán, Egipto, Turquía y Panamá, hay
otra alternativa gremial. Se trata del Cartoonists Rights Network,
con sede en Arlington, Virginia. Su director, Robert Russell,
mantiene la solidaridad con sus colegas de lápiz en peligro.
Moscoso
no quiere compartir poder con el PRD
Indicó
que en 15 meses de gobierno ha logrado superar todo lo hecho en
los últimos 30 años
José
Quintero De León
jquinter@prensa.com
La
presidenta de la República, Mireya Moscoso, advirtió a la oposición
política liderada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD)
que no está dispuesta a darle participación en su gobierno, y
pronosticó que su alianza política no gobernará por cinco años
solamente, sino por diez años más.
Moscoso emitió su mensaje en la cena de reconocimiento que le
ofreció el presidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista,
Jesús Rosas, por su gestión de Gobierno, y a la cual concurrieron
dirigentes de los partidos Solidaridad, Liberal, Morena y Cambio
Democrático.
‘‘Lo
que no podemos confundir con dialogar o concertar –dijo la mandataria–
es compartir el poder político, como pretenden ahora nuestros
adversarios, quienes, con el falaz argumento de que como no contamos
con un proyecto de desarrollo nacional, llegan hasta a exigir
que nos sentemos a diseñar un plan de gobierno conjunto’’.
Para Moscoso, tamaña propuesta sería tanto como entregarles parte
de esta responsabilidad que el pueblo se la dio a ella y a su
gobierno y no al PRD.
A pesar de todas las críticas personales que admitió a diario
se le hacen, y a las que prometió no dar atención, dijo no encontrar
en los medios de comunicación, en los gremios empresariales ni
en los partidos de oposición criterios que contradigan las medidas
que su gobierno ha tomado.
Especialmente en temas como el apoyo al sector agrícola, manejo
de la deuda, la educación y la salud, proyectos turísticos, estímulo
a las exportaciones y otras que evidencian, a pesar de las tendencias
‘‘recesionistas’’ internacionales, un comportamiento positivo
y estable de la economía nacional.
La jefa del Ejecutivo se dijo que en 15 meses de gobierno ha logrado
superar con creces todo lo logrado en los últimos 30 años en materia
de diálogo y respeto a la opinión de diversos grupos de la sociedad
panameña en todos los órdenes.
Se refirió a acuerdos fundamentales en lo político, institucional
y en lo social, tal como el plan de seguridad nacional; el acuerdo
de retiro anticipado para docentes; el presupuesto del Canal de
Panamá; la Ley del Fondo Fiduciario; el Patronato del Hospital
Santo Tomás, y ahora las amplias consultas sobre modernización
tributaria.
A quienes insisten en ‘‘verter la falacia’’ de que su equipo no
tiene un plan de gobierno definido, ni una visión de lo que es
necesario para lograr un desarrollo sostenible, a largo y mediano
plazo, les advirtió de que están en el camino equivocado.
Según Moscoso, los hechos que ya demuestra la economía, la mejora
en los servicios sociales y los proyectos que vienen harán una
gran diferencia en el país más pronto de lo que ellos imaginan.
Reconoció el apoyo y la gestión de gobierno que realiza su equipo
de trabajo en ministerios e instituciones, así como la labor de
apoyo a su administración que lleva a cabo la bancada oficialista.
Antes de concluir, agradeció la lealtad de quienes en 1994 le
apoyaron en sus aspiraciones que cristalizaron en 1999, y pronosticó
que esta alianza de gobierno no va a gobernar por cinco años,
‘‘vamos a estar por diez años más, pero eso siempre y cuando todos
hagamos un buen trabajo’’.
Hallazgo
de osamentas abre nueva oportunidad, dice Jacinto Peña
ROBERTO
LOPEZ DUBOIS
rlopez@prensa.com
 |
| Federico
Britton (Der.), hermano de Floyd Britton, desaparecido durante
el régimen militar en los años 70, dialoga con funcionarios
de la Fiscalía Auxiliar tras la reunión que sostuvo con el
fiscal Carlos Augusto Herrera. Familiares de desaparecidos
empezaron ayer a hacerse las pruebas de ADN para la identificación
de las osamentas que han sido encontradas en los terrenos
de lo que fue el cuartel de Los Pumas en Tocumen. LA PRENSA
/ Alvaro Reyes |
Jacinto
Peña, un campesino que trabajó junto al desaparecido sacerdote
colombiano Héctor Gallego y uno de los principales testigos del
caso, aseguró ayer que el hallazgo de las osamentas en Tocumen
abre una nueva oportunidad para esclarecer el destino de los desaparecidos
por razones políticas.
‘‘Pienso
que el Ministerio Público, en aquel tiempo, manejó el caso Gallego
a medias, ya que nunca quiso investigar en forma exhaustiva lo
ocurrido’’, indicó Peña.
La muerte de Gallego hizo mucho daño al gobierno de Omar Torrijos,
sobre todo porque no se manejó la investigación como debió haberse
hecho. Eso, además de desprestigiarlo, lo dañó mucho y lo convirtió
en un cómplice de lo sucedido, porque él era el jefe de todo el
gobierno y tenía toda la autoridad al momento de la desaparición
del sacerdote, recordó el testigo.
Por eso mismo, si no se hacen los esfuerzos necesarios para dar
con los responsables de los desaparecidos, ‘‘nuestras actuales
autoridades se convertirían también en cómplices de aquellos que
cometieron los crímenes e hicieron todo lo posible por esconder
la verdad’’, subrayó.
Jacinto Peña criticó el hermetismo existente por parte del Ministerio
Público sobre el avance de las investigaciones de los restos encontrados.
Afirmó que en un país donde se supone que existe democracia el
pueblo y todo el mundo tiene que saber lo que sucede.
Incendio
destruye documentos en la Alcaldía de Panamá
El
eificio EDEM había sido ‘desahuciado’ por la Oficina de Seguridad
de los bomberos
JAHIRO
POLO
japolo@prensa.com
 |
| Unidades
del Cuerpo de Bomberos de Panamá inspeccionan las oficinas
de Asesoría Legal de la Alcaldía de Panamá, donde en la mañana
de ayer se produjo un incendio. LA PRENSA/Alvaro Reyes |
Un
incendio destruyó ayer gran parte del depósito de documentos de
la Dirección de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá, siniestro
que causó alarma entre los cientos de funcionarios que iniciaban
sus labores cotidianas en dicha institución y pérdidas económicas
aún no calculadas por esta entidad.
El incendio ocurrió entre las 6:00 y las 6:15 a.m. de ayer en
el depósito de Legal y Justicia del Municipio, ubicado en el tercer
piso del edificio EDEM (sede de la comuna capital) en la Avenida
B, debido a un aparente cortocircuito en el sistema eléctrico
de dicha oficina.
Las llamas destruyeron gran cantidad de archivos y documentos
municipales, un número no determinado de tarjetas electrónicas
y al menos una computadora, ante los intentos poco efectivos del
personal de seguridad de la Alcaldía por extinguir el fuego.
Al menos cuatro carros- bomba del Cuerpo de Bomberos de Panamá
(CBP) llegaron al lugar. A los bomberos les tomó cerca de 20 minutos
extinguir el incendio, cuyos efectos se hicieron sentir en los
demás pisos del edificio EDEM, debido a que el humo despedido
por las llamas invadió el sistema de ventilación.
Ricardo Lavieri, vocero del alcalde Juan Carlos Navarro, indicó
a La Prensa que varias oficinas del Municipio se vieron
impedidas de laborar debido a que el cortocircuito que presuntamente
causó el incendio también dejó sin fluido eléctrico gran parte
del edificio EDEM, a la vez que el fuerte olor a humo causó malestar
entre los funcionarios que allí laboran.
Por su parte, el alcalde Navarro señaló que a raíz de este incidente
las autoridades municipales agilizarán el proceso de compra y
habilitación del edificio Hatillo, antigua sede del privatizado
Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), para
así concretar el traslado de la Alcaldía al mencionado inmueble.
Este traslado se debe también en parte a que el edificio EDEM
(o Edificio de Estacionamientos Municipales) fue calificado por
la Oficina de Seguridad del CBP como ‘desahuciado’ para el funcionamiento
de oficinas hace más de diez años. La decisión se tomó a causa
de la fatiga estructural del mismo y de la inexistencia de dispositivos
anti-incendios o salidas de emergencia suficientes para el personal
municipal.
‘‘Dentro
de los próximos 60 días estaremos en la fase final de la negociación
con los dueños del [edificio] Hatillo, y la mudanza se estará
realizando o a finales de este año o a principios del otro’’,
dijo Navarro.
Las autoridades municipales presentaron el año pasado ante el
Consejo Municipal un proyecto por el cual se contemplaba el traslado
de las oficinas de la Alcaldía de Panamá a una nueva sede, proyecto
que fue aprobado y sometido a concurso público en dos ocasiones.
Sin embargo, hubo ausencia de empresas participantes en ambas
ocasiones, por lo que la Ley faculta al Municipio a realizar este
proceso mediante la compra directa del edificio que ocupará la
comuna capital.
Piden
pena de muerte para asesinos y violadores
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
Un
anteproyecto de ley para establecer la pena de muerte en Panamá,
presentará el legislador arnulfista Marcos González, dirigida
a todos aquellos asesinos de conductores del transporte público
de pasajeros y los violadores que abusen de menores de edad.
González aseguró que desde hace meses está trabajando en la redacción
del anteproyecto y espera presentarlo el 3 de marzo próximo, cuando
se haya iniciado el nuevo período de sesiones de la Asamblea Legislativa.
Reunido con los familiares de varias víctimas, el legislador oficialista
adelantó que buscará el respaldo del resto de sus colegas para
que el documento sea aprobado lo antes posible, ‘‘para frenar
la ola de violencia que sacude al país’’.
La Constitución de la República establece en el artículo 30 que
en Panamá no existe la pena de muerte.
No obstante, el legislador González argumentó que esto no impide
que se establezca.
El abogado Vicente Archibold, presidente del Servicio de Paz y
Justicia, aseguró, por su parte, que Panamá suscribió el convenio
relativo a los derechos humanos, situación que le impide establecer
la pena de muerte.
Califican
de ‘irresponsables’ las conjeturas del PRD sobre el FFD
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
De
‘‘irresponsable’’ calificó el ministro de Economía y Finanzas,
Norberto Delgado, al opositor Partido Revolucionario Democrático
(PRD) por hacer ‘‘especulaciones’’ sobre un tema de Estado tan
importante como es la administración del Fondo Fiduciario para
el Desarrollo (FFD).
En un comunicado sobre la situación del FFD, enviado por el ex
ministro de Planificación del PRD Orville Goodin al secretario
general de este partido, Martín Torrijos, este argumenta que el
FFD ha perdido más de 20 millones de dólares por retraso en la
operatividad de la junta asesora, entre otros problemas.
Delgado afirmó que todas las decisiones y el manejo que se le
ha dado al FFD se ha hecho según lo que establece la ley, por
lo que no entiende cómo el PRD ha tomado este tema para tratar
de confundir a la opinión pública lanzando aseveraciones que no
se ajustan a la realidad.
La junta asesora del FFD fue nombrada a través del Decreto Ejecutivo
269 del 13 de diciembre del 2000, conforme lo dispone la Ley 22
del 27 de junio del 2000.
Los cinco integrantes son Norberto Delgado, ministro de Economía
y Finanzas; Ivonne Young, ministra de la Presidencia; Carlos Rodríguez,
representante designado por el Ejecutivo; Julio César Fábrega,
representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados,
y Roberto Domínguez Cochez, representante de la empresa privada.
El artículo 8 de la Ley 22 establece que ‘‘mientras la junta asesora
del fondo no esté integrada, el fideicomitente (o sea el Ministerio
de Economía y Finanzas -MEF-) seleccionará y contratará, dentro
de los 45 días, contados a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, las empresas a que se refiere el numeral 3 de
este artículo’’.
Luego de una evaluación, el MEF seleccionó a tres empresas administradoras
de activos, especializadas en la administración de instrumentos
de renta fija: Blackrock, Morgan Stanley Dean Witter y Goldman
Sachs & Co. Le corresponde a la junta asesora ratificar esta
selección después de evaluar si cuentan con los requisitos necesarios.
El ministro Delgado indicó que en el análisis, Orville cometió
el ‘‘gran error’’ de señalar que Blackrock tiene una cartera de
100 millones de dólares, cuando en realidad el total de activos
bajo administración de esta empresa es de 190 mil millones de
dólares; es decir, 189 mil 900 millones de dólares por encima
de la cifra mencionada por el ex ministro.
Es una empresa pública administradora de activos, registrada en
el Securities and Exchange Comission (SEC, Comisión de Valores
de Estados Unidos), con especialización en administración de activos
de renta fija.
En cuando a los intereses generados por el FFD, en el presupuesto
del 2000 se calcularon 83 millones, pero al 31 de diciembre se
reportaron 93 millones; es decir, 10 millones más de lo presupuestado.
En general, el capital se invirtió con un interés de aproximadamente
6%. Para que el capital del FFD obtuviera 20 millones más de lo
presupuestado, el interés debía ser de un 9% y esto es muy difícil
lograrlo en inversión de renta fija.
La Ley 22 de junio del 2000 establece siete categorías de inversiones
de los mil 300 millones de capital del FFD: depósitos en bancos
nacionales e internacionales con grado de inversión, bonos con
garantía hipotecaria de vivienda, bonos de emisores multilaterales,
títulos de deuda o valores de renta fija del mercado secundario
de capital nacional o internacional, los cuales deberán ser instrumentos
elegibles con grado de inversión, bonos de la República de Panamá
en el mercado internacional, bonos o títulos de deuda emitidos
por la Autoridad del Canal de Panamá y títulos o valores de inversión
de bonos de administradoras internacionales (bound funds).
Eligen
a arnulfista presidente del Consejo Municipal con voto del PRD
JAHIRO
POLO
japolo@prensa.com
Vidal
García Ureña, concejal del corregimiento de Chilibre por el Partido
Arnulfista (PA), fue electo en la tarde de ayer como el nuevo
presidente del Consejo Municipal de Panamá, tras obtener 11 votos
a favor de su candidatura, uno de los cuales fue emitido por la
concejal del corregimiento de Curundú, Hermisenda Perea, quien
milita en el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La elección de García Ureña y del nuevo vicepresidente del Consejo
Municipal, el concejal Carlos De León, se dio gracias al voto
mayoritario de la bancada oficialista más el voto de Hermisenda
Perea, y ante la total ausencia de los concejales miembros de
la bancada del PRD.
Correspondió al concejal Nelson Vergara Herrera, en condición
de presidente del Consejo Municipal, y al secretario general de
dicha entidad, Luis Eduardo Camacho, refrendar la designación
de García y de De León como presidente y vice-presidente electo
del Consejo por el período comprendido entre el próximo primero
de marzo hasta el 31 de agosto del presente año.
Hermisenda Perea, tras ser abiertamente felicitada y apoyada por
los 10 miembros de la bancada oficialista presentes en la sesión
de ayer, explicó que votó en favor de Vidal García, ‘‘primero,
porque ambos son mis amigos y siempre me han brindado su apoyo
en los trabajos que he realizado en el corregimiento que represento,
y, segundo, porque mi bancada no había escogido un candidato para
postular en esta elección’’, dijo.
Perea señaló no tener miedo ante cualquier sanción de corte disciplinario
que llegue a tomar la dirigencia del PRD, ya que ‘‘ellos deben
respetar mi decisión, y porque al negociar el pacto META el partido
no llegó a negociar, dentro del Consejo Municipal, con la única
concejal del Partido Demócrata Cristiano, Astrid Wolff, para que
nosotros llegáramos a un consenso’’, puntualizó.
Ya
no habrá Taj Mahal, solo remodelación
25
empresas están interesadas en remodelar la casa de los padres
de la patria
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
Más
de medio millón de dólares invertirá la junta directiva de la
Asamblea Legislativa en trabajos de remodelación en diferentes
partes del Palacio Justo Arosemena, donde funciona este órgano
del Estado desde hace más de 50 años.
La primera etapa de los trabajos se llevará a cabo durante los
próximos dos meses de receso, y se incluye pintura, habilitación
de los salones Azul y Chanchoré, restauración de los jardines
y reemplazo y reparación de los baños de los nueve pisos del edificio
principal. También se incluye la construcción de nuevas escaleras
de acceso a la Presidencia, un nuevo salón de reuniones y el reeemplazo
del techo de las oficinas de las comisiones que se encuentran
en las áreas revertidas.
Los seis concursos de precio para estos trabajos se realizaron
ayer en el salón Chanchoré de la Asamblea Legislativa, y participaron
unas 25 empresas interesadas. El secretario general de este Organo
del Estado, José Gómez, informó de que esta primera etapa de los
trabajos costará en total unos 206 mil dólares.
Gómez explicó que la segunda etapa comprende una inversión de
más de 400 mil dólares para la instalación de un nuevo elevador
y los trabajos de electricidad en el pleno legislativo para habilitar
el sistema de la votación electrónica durante la elección de la
próxima junta directiva, en el mes de septiembre.
Para estos últimos trabajos sí se convocará a una licitación,
debido a que se trata de cuantías superiores a los 50 mil dólares,
añadió el funcionario.
En relación con la construcción de una nueva sede para la Asamblea
Legislativa, Gómez aseguró que la junta directiva no ha tomado
aún una decisión. Entre las opciones no se ha eliminado la posibilidad
de reconstruir el mismo edificio, ya que la construcción de uno
nuevo sería muy costosa.
Durante el gobierno anterior, se asignó un globo de terreno ubicado
en las áreas revertidas para construir un nuevo edificio con todas
las instalaciones necesarias, sin embargo no se concretó. Igualmente
se ha mencionado la posibilidad de utilizar un edificio que se
encuentra en Clayton.
Entregarán
estudio sobre unificación del pasaje
HERMES
SUCRE S.
hermes@prensa.com
La
unificación del pasaje del transporte colectivo dependerá de un
estudio de factibilidad que será entregado en los próximos días,
señaló el ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora.
Spadafora prefirió no adelantar conceptos hasta que no salga el
estudio. ‘‘No se habla de aumentos; ellos han hablado de unificación
de tarifas’’, expresó el ministro cuando asistía a una cena del
partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA).
Al ser consultado sobre un criterio oficial sobre el estudio,
Spadafora reiteró que antes de tomar una decisión se deben ver
los resultados conjuntamente con las autoridades del Tránsito.
Dijo que el estudio estará terminado en los próximos días y admitió
que los transportistas han dado muestras de mucha paciencia, debido
a que el informe no pudo salir antes del 31 de diciembre del 2000.
Según el funcionario, el transporte colectivo atraviesa por una
crisis que amerita una reflexión, principalmente porque hace 20
años que no se tocan las tarifas.
Lógicamente, añadió el ministro, el estudio reflejará si hay o
no hay necesidad de unificar; también el público merece un buen
servicio, y hay algunas exigencias que los transportistas tienen
que cumplir.
En otro orden de cosas, el viceministro de Gobierno y Justicia,
Rodolfo Aguilera Franceschi, manifestó que la Comisión de la Verdad
anunciada por la presidenta Mireya Moscoso, a raíz del hallazgo
de osamentas humanas en el antiguo cuartel de Los Pumas de Tocumen,
estará alejada de la política y no interferirá en las funciones
del Ministerio Público.
‘‘La
idea es que la Comisión tenga miembros y funciones alejadas de
la política. Es ilógico pensar que la Comisión de la Verdad vaya
a interferir en las funciones del Ministerio Público’’, anotó.
Dijo que la propuesta de la comisión está en pie, pero ahora mismo
no se han determinado las personas que van a participar y las
funciones que tendrán.
Ministerio
de Educación mudará sus oficinas para Corozal
Las
instalaciones que ocupa en Los Ríos serán utilizadas por el Colegio
San Vicente de Paúl
JOSE
QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com
En
un par de semanas, las oficinas administrativas del Ministerio
de Educación que funciona en Los Ríos, corregimiento de Ancón,
serán trasladadas al área de Corozal, incluidas las dependencias
que se mantuvieron laborando en el Edificio Poli de la Avenida
Justo Arosemena.
Las instalaciones ministeriales de Los Ríos, incluyendo un nuevo
edificio construido hace cuatro años por un millón de dólares,
serán traspasadas al Colegio San Vicente de Paúl, mediante un
contrato de compra-venta a un precio de 3 millones 439 mil 635
dólares.
La información al respecto la brindó el director general de Educación,
Gilberto Solís, quien señaló que el ministerio ocupará antiguos
edificios que sirvieron años atrás como hospital psiquiátrico
del ejército de Estados Unidos, cercano al cementerio de Corozal.
A su vez, un portavoz de la Autoridad de la Región Interoceánica
(ARI) informó de que la mudanza del ministerio hacia el área de
Corozal se logró luego de que el administrador, Alfredo Arias,
y la ministra Doris Rosas de Mata firmaran una resolución administrativa
que le asigna, a título gratuito, los edificios 6521, 6522, 6523,
6524, 6525 y 6537.
Los seis inmuebles cuentan con una hectárea 7 mil 700 metros cuadrados
de terreno, cuyo valor se calcula en 6 millones 56 mil 943 dólares.
Sin embargo, el Ministerio de Educación asumirá los costos de
las conexiones eléctricas, suministro de agua potable, recolección
de basura y cualquier otro servicio público que utilice.
En cuanto al traslado del Colegio San Vicente de Paúl, que por
74 años ha servido a la comunidad en Calle K de Santa Ana, el
portavoz reveló que la junta directiva de la ARI autorizó la venta
de las antiguas instalaciones de la Escuela Primaria de Los Ríos
al colegio católico.
Peticiones en tal sentido se dieron de parte de la presidenta
de la República, Mireya Moscoso; de la Arquidiócesis de Panamá,
administradora del colegio; de la asociación de padres de familia
y del propio arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño, dadas las
precarias condiciones del actual colegio y por lo impropio del
ambiente que lo rodea.
Denuncian
monopolización
de servicios de oftalmología
MANUEL
DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com
Jubilados
y pensionados del Canal de Panamá y de la Sociedad Panameña de
Oftalmología rechazaron que la Junta de Seguros de Grupo (administradora
HNA Panamá, S.A.) designara a la empresa PAN CANAL EYE NETWORK
como la única autorizada para brindarles los servicios de oftalmología.
De acuerdo con Julio Bermúdez, representante de los jubilados
y pensionados, la administradora HNA ‘‘decidió monopolizar los
servicios que oftalmología’’ por encima de la voluntad de todos
sus clientes, que ya se atendían con los doctores de su confianza.
En una nota enviada a los ‘‘médicos de cabecera’’ del Plan de
HNA, fechada 7 de diciembre del 2000, HNA indica que a partir
del 1 de enero pasado solo los oftalmólogos de PAN CANAL EYE NETWORK
podrán brindar servicios a los jubilados y pensionados de su seguro
de grupo.
Los oftalmólogos de PAN CANAL EYE NETWORK son Rubén Orillac, Rolando
Chanis, Gabriel Castillero, Miguel Wong, Roberto Vásquez, Edith
de López, Héctor Castro, Luis López, Andrés Osigian, Alvaro López,
Ernesto Calvo, Augusto Arosemena, Alfredo Chú, Arturo Wong, Yvonne
Martinelli, Miguel Azcárraga, Ricardo Crespo, Bruno Carvajal y
Rocco Melillo.
En un comunicado, la Sociedad Panameña de Oftalmología condena
‘‘este tipo de negociación que denigra y limita el libre ejercicio
de la profesión médica y el libre albedrío del paciente asegurado’’.
Además exhorta ‘‘a los médicos especialistas hoy favorecidos a
que reconsideren su participación en este tipo de programas, ya
que podrán verse ellos mismos afectados en un futuro no lejano’’.
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