Del Ministerio Público se espera que investigue de modo imparcial la comisión de los delitos. También se espera que actúe de una manera pronta y eficaz. No está de más decirlo, pero también se supone que cualquier funcionario del Ministerio Público, incluyendo su titular, debe declararse impedido cuando así lo requieran las circunstancias. Por el contrario, la jefatura de esa institución ha expresado una serie de argumentos que constituyen una aberración para cualquier mente entrenada en el arte de la pesquisa criminal y que solo tratan de defender lo indefendible. Las cámaras de televisión han hecho de conocimiento público la aprensión de este funcionario a la atribución de plenas facultades a una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes de la dictadura. Uno debe preguntarse si el procurador comete un error, o si solo él entiende la lógica con la que funciona. ¿Cómo, si no, se explica su increíble renuencia a interrogar a los militares sospechosos de haber participado en o conocido de las desapariciones y enterramientos clandestinos? ¿Cómo se justifica su decisión de no interrogar a un militar cuya placa de identidad fue encontrada entre los restos de una víctima? Pero mientras tanto, la institución sigue haciendo uso de sus recursos para perseguir a los que ‘‘pecan’’ con la opinión, escrita o gráfica. Demandar e intentar conducir a la fuerza a periodistas a indagatorias: eso es parte de la jornada normal de trabajo del Ministerio Público. Interrogar a un presunto violador de Derechos Humanos, eso, ni se le ocurre.