Familiares
de víctimas piden ser parte de custodia de los restos
Una
cuarta fosa fue abierta ayer en el antiguo cuartel de Los Pumas
MARIO
A. MUÑOZ
Y
JOSE OTERO
planas@prensa.com
 |
| Integrantes
del Comité de Familiares de Desaparecidos Héctor Gallego realizaron
ayer una conferencia de prensa para, entre otras cosas, pedirle
a todo aquel que tenga información sobre la ubicación de fosas
clandestinas que se acerque a la Iglesia católica e informe
para proceder a hacer las respectivas excavaciones. De Izq.
a Der. el padre Conrado Sanjur; Federico Britton, coordinador
del comité, y Maritza Maestre. LA PRENSA / Maydée Romero |
Los
familiares de los desaparecidos por razones políticas reclamaron
el derecho a hacer las pruebas de ADN para identificar los cuerpos
en laboratorios independientes, porque los exámenes anteriores
que se hicieron resultaron técnicamente ‘‘insatisfactorios’’.
‘‘Pedimos
a las autoridades que miembros del comité puedan participar en
la cadena de custodia para garantizar la clasificación, traslado
y estudio de las osamentas, libres de toda duda’’, recalcó Federico
Britton, coordinador del Comité de Familiares de Desaparecidos
Héctor Gallego (COFADEPA).
La petición de los familiares de desaparecidos fue hecha momentos
antes de que la presidenta del país, Mireya Moscoso, explicara
que la Comisión de la Verdad iba a estar integrada por personas
totalmente ‘‘apolíticas y muy respetadas’’, que busquen la verdad
de lo que sucedió en todos esos años.
El COFADEPA, que dirige Federico Britton, hermano del dirigente
desaparecido Floyd, hizo la petición ante los ‘‘macabros hallazgos’’
de restos humanos en el antiguo cuartel Los Pumas, en Tocumen.
Britton pidió a las autoridades que los familiares de los desaparecidos
puedan mantenerse en el área de las excavaciones, para hacer un
registro de lo hallado y tomar fotografías del área, de las osamentas
y de los objetos encontrados.
Según Britton, la Comisión de la Verdad debe contar con suficientes
recursos, medios y personal para el logro de sus fines. Además,
debe tener libertad para investigar, buscar fosas clandestinas,
llevar un registro de las osamentas y evidencias encontradas,
custodiar las mismas y hacer pruebas de ADN para la identificación
de los restos.
También pidió ayer que a la labor de las excavaciones se unan
antropólogos forenses para garantizar una investigación científica
y evitar la destrucción de evidencias relacionadas con estos casos.
El COFADEPA solicitó, además, a los funcionarios del Ministerio
Público que permitan el acceso de los medios de comunicación al
área de las excavaciones.
Una cuarta fosa fue abierta ayer en el antiguo cuartel de Los
Pumas, en Tocumen, como parte de las excavaciones que realizan
las autoridades en esa base militar y en donde han sido desenterradas
cinco osamentas humanas.
Javier Chérigo, subdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ),
indicó que esta nueva fosa está ubicada donde hubo un tanque de
agua de reserva, a unos 20 metros de distancia del sitio donde
han sido encontrados los restos humanos, y donde testigos han
señalado que hay enterradas otras personas.
Dijo que se continuará trabajando en los cuatro puntos de forma
simultánea hasta el próximo sábado 30 de diciembre, cuando se
suspenderán estas excavaciones por las fiestas de fin de año.
Las excavaciones se reanudarán el martes 2 de enero.
Las cinco osamentas que han sido desenterradas hasta el momento,
estaban en el área de Motor Poll, en un viejo hangar localizado
en la parte frontal del antiguo cuartel Los Pumas.
Las otras fosas abiertas están localizadas en la parte trasera
del cuartel. Una de ellas se piensa que era un sótano usado para
torturas y la otra quedaba bajo una gruesa y extensa losa de cemento
ubicada a un costado de la cocina del cuartel.
Chérigo dijo que las dos primeras osamentas encontradas este año
han sido trasladadas a Medicatura Forense del Ministerio Público
para su análisis científico, mientras que los últimos restos encontrados
este miércoles no forman parte de una osamenta, sino que son partículas
de huesos.
Carter
niega que Torrijos haya ordenado matar a alguien
JAHIRO
POLO
jjapolo@prensa.com
James
Carter, ex presidente de Estados Unidos, negó ayer en Panamá de
forma rotunda que el general Omar Torrijos Herrera haya ordenado
la ejecución de las personas que fueron enterradas en un antiguo
cuartel de la Compañía de Infantería Aerotransportada ‘‘Los Pumas’’,
en Tocumen.
‘‘No,
en absoluto... yo creo que Omar Torrijos fue un hombre de honor
y de justicia, y fue un amigo mío’’, dijo Carter, tras afirmar
que está seguro de que ‘‘todas las acusaciones en contra de Torrijos
son falsas’’.
Carter, quien firmó con Torrijos el tratado de 1977 y que concluyó
con el traspaso del Canal a manos panameñas en 1999, recordó que
gracias a la labor de Torrijos y a su equipo de negociadores este
país logró progresar en forma significativa durante el período
que duró el llamado ‘‘proceso revolucionario’’.
Tanto es así, indicó Carter, que tras el traspaso del Canal a
una administración 100% panameña, este ha sido administrado ‘‘en
forma tan buena como lo hizo Estados Unidos, y es posible que
mejor’’.
James Carter dio estas declaraciones al concluir el acto de develación
de una estatua en honor al fallecido ministro de Relaciones Exteriores
de Panamá y también negociador de los tratados del Canal, Gabriel
Lewis Galindo, en un pequeño parque ubicado junto a la Avenida
Soberanía (la cual conduce a las islas de la Calzada de Amador).
Separan
a agentes de la PTJ por intento de secuestro
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
Siete
agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ) fueron separados
de sus cargos por estar ‘‘implicados’’ en casos de secuestro y
corrupción, informó ayer el director de esta institución de investigación,
Emilio De León.
Indicó el jefe de la PTJ que se ordenó la separación del cargo
de cuatro detectives de la Unidad de Seguimiento y Vigilancia,
quienes intentaron secuestrar a un empresario colombiano esta
semana en el centro comercial Los Pueblos, de Juan Díaz.
Destacó que los cuatro agentes investigados fueron sorprendidos
por otro grupo de la PTJ que se encontraba cerca del lugar, precisamente
cuando intentaban realizar el secuestro, acto que fue frustrado.
Luego de ser descubiertos los agentes implicados en el intento
de secuestro, escaparon del lugar en un auto que pertenecía a
la PTJ, pero fueron perseguidos y hubo disparos de ambas partes,
sin que se les pudiera detener en ese momento.
La detención de los cuatro secuestradores se produjo ayer tras
ubicar el vehículo en el que escaparon y en base a la denuncia
interpuesta por el empresario colombiano. De inmediato se procedió
a ponerlos a órdenes del Ministerio Público, detalló De León.
Hasta el momento solo uno de los agentes de la PTJ arrestados
ha confesado su participación en este delito, añadió.
En otro caso también fueron destituidos los agentes Jorge Cuevas
Bocharel y Vladimir Show Calderón, de servicio en la agencia de
la PTJ en Penonomé, Coclé, por hurto de combustible falsificando
para ello documentos de la institución.
Asimismo, el inspector Ernesto Morales fue destituido porque se
le comprobó que, a pesar de que había una prohibición, autorizó
la salida por el puesto fronterizo de Paso Canoa a varias personas,
entre las que se encontraban algunas que estaban siendo investigadas
por la propia institución.
De León dijo que se trata de casos vergonzosos y que su administración
no está dispuesta a permitir actos de corrupción.
En agosto de este año otros tres agentes de la PTJ en Chiriquí,
identificados como Félix Suñé, Agustín Estribí y Alfredo Espinoza,
fueron separados de sus cargos por estar implicados también en
casos de corrupción.
Unos 10 agentes de la PTJ han sido separados de su cargos y puestos
bajo investigación por la actual administración general de esta
institución.
Desaparece
avioneta con dos personas
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
Una
avioneta tipo Cessna 206, con matrícula HP–694, con dos tripulantes
a bordo, fue declarada ayer como desaparecida por la Dirección
de Aeronáutica Civil (DAC), cuando su rastro se perdió en el radar
al volar sobre la comarca Kuna Yala.
Víctor de la Hoz, portavoz de la DAC, dijo que la aeronave salió
de la terminal aérea Marcos A. Gelabert, en Albrook, a las 12:03
del mediodía y tenía como destino final aterrizar a la 1:03 de
la tarde en la isla de Playón Chico, en Kuna Yala.
La nave, de propiedad de la empresa Aerobax, era pilotada por
el capitán Max Braidy, de nacionalidad estadounidense, y llevaba
un solo pasajero cuyo nombre no ha sido revelado.
Las operaciones de búsqueda se iniciaron a las 1:30 p.m. y fueron
suspendidas a las 6:00 p.m. debido a las pésimas condiciones climatológicas.
Las operaciones se reanudarán hoy a las 6:00 de la mañana, añadió
de la Hoz.
Manifestó el portavoz de la DAC que los primeros informes de la
búsqueda revelan que el piloto de la aeronave pudo tener problemas
de visibilidad por las fuertes lluvias que se precipitaban sobre
Kuna Yala cuando se perdió el rastro de la avioneta.
Así
opinan sobre las excavaciones
Martín
Torrijos Secretario general del PRD:
El
hijo del general Omar Torrijos, Martín, instó ayer a las autoridades
a seguir investigando ‘‘hasta las últimas consecuencias’’ el descubrimiento
de osamentas, pero criticó a quienes pretenden vincular a su padre
con estas muertes, ‘‘pues buscan encontrar un rédito político
con estos hallazgos’’.
Torrijos indicó que los miembros del PRD ‘‘no le tenemos miedo
a la verdad que sea producto de una investigación seria y científica,
y no producto de juicios políticos que pretenden enlodar la figura
de Omar Torrijos, y de alguna forma debilitar nuestro partido’’.
Martín Torrijos dijo que el PRD y su familia exigen que impere
la verdad, ‘‘y que no haya una justicia selectiva; que sepamos
la verdad de nuestros muertos y desaparecidos del 68, de la invasión
[del 20 de diciembre de 1989] y de antes del 11 de octubre de
1968’’, pues el país no merece vivir en el rencor del pasado.
José Dimas
Cedeño Arzobispo de Panamá
Aunque se
mostró de acuerdo en que se encuentren los restos de los
desaparecidos para que se haga justicia, el arzobispo señaló
ayer que el hallazgo de las osamentas no debe usarse para hacer
política ni para venganzas y divisiones entre los panameños.
‘‘Nadie puede acaparar toda la verdad ni todo el bien,
sino que este acontecimiento debe servir para haya reconciliación
y unidad en todo el país’’, expresó Dimas
Cedeño, luego de concluir una homilía en la Catedral
Metropolitana.
Sobre la creación
de una Comisión de la Verdad, Dimas Cedeño expresó
que la Iglesia está dispuesta servir, pero no ha pedido
presidirla porque eso nunca lo hace la Iglesia.
El arzobispo dijo además que no cree que el Ministerio
Público se oponga a la formación de esta comisión,
sino que está dispuesto a seguir adelante.
Las declaraciones
del arzobispo se producen en medio de una confrontación
verbal entre dirigentes arnulfistas y del PRD, luego de que se
encontraran varias osamentas en el cuartel de Los Pumas, presumiblemente
de personas que fueron dadas por desaparecidas durante la dictadura
militar.
Daniel
Delgado Diamante Ex jefe de Los Pumas
El antiguo
jefe de la Segunda Compañía de Infantería
Aerotransportada ‘‘Los Pumas’’ de la Guardia
Nacional (posteriormente Fuerzas de Defensa) prefirió guardar
silencio sobre el hallazgo de las tumbas clandestinas en el antiguo
cuartel militar.
‘‘Prefiero
no opinar sobre ese caso hasta que las investigaciones concluyan.
Confío en que las autoridades estén encaminadas
a revelar cuáles son los hechos que se dieron o no’’,
afirmó el militar retirado, quien fue jefe en ese cuartel
de 1976 a 1982 y secretario general de la Cancillería bajo
el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
Aura Emérita
Guerra Ex magistrada de la Corte
La ex magistrada
de la Corte Suprema de Justicia Aura Emérita Guerra destacó
la importancia del desentierro de los restos humanos para encontrar
la verdad, especialmente como una manera de contribuir a ‘‘identificar
a los responsables de los crímenes’’.
Guerra de
Villalaz le recomendó al procurador, José Antonio
Sossa, que se asesore por expertos en este tipo de investigación,
especialmente aquellos que la han tenido en Argentina, Chile,
El Salvador y Guatemala en el descubrimiento de fosas clandestinas.
‘‘Se debe buscar la información testimonial de
personas que no hablaron en su momento por miedo a las represalias’’,
señaló.
Sobre los desaparecidos se ha dicho, según Guerra de Villalaz,
que podían estar en el fondo del mar; aunque también
se ha creído que podían haber sido enterrados cerca
de los cuarteles.
Guerra de
Villalaz, que ejerce como presidenta encargada del Colegio Nacional
de Abogados, aseguró que los hallazgos ayudarán
a identificar, desde el punto de vista penal, a una cantidad de
personas que se han mantenido ‘‘subterráneamente’’
y que tal vez sí tuvieron una participación directa.
El hallazgo
del ‘‘cementerio clandestino’’, según
la ex magistrada, abre heridas de una época dolorosa, igual
que lo que pasó en la invasión, que todavía
se cree que hay personas enterradas en fosas comunes.
Raúl Leis
Sociólogo
‘‘Es
tan importante saber cuántos son, quiénes son y
dónde están las víctimas de la dictadura
como los muertos de la invasión estadounidense’’,
dijo Raúl Leis.
‘‘Es
una página de la historia que no se puede dar vuelta hasta
no examinarla. No se puede decir que no ha ocurrido nada y que
todo quede impune. Aquí la impunidad no tiene lugar. Los
responsables de esos crímenes deben enfrentarse a las responsabilidades
de la ley’’, subrayó el sociólogo.
‘‘Las
autoridades deben proceder con absoluta transparencia hacia la
opinión pública, para que se respete el derecho
a la información en todo el proceso’’, concluyó.
Pérez
Balladares y Moscoso se enfrentan
OMAR
RODRIGUEZ
Y
JAHIRO POLO
planas@prensa.com
La
presidenta, Mireya Moscoso, dijo ayer que su antecesor, Ernesto
Pérez Balladares, tiene una memoria corta porque no se acuerda
que fue parte de la dictadura militar que gobernó Panamá desde
1968 y que, como ex presidente, nunca hizo nada para devolverle
a los familiares de las víctimas del proceso revolucionario la
paz de saber dónde estaban enterrados sus muertos.
Así reaccionó Moscoso a las declaraciones hechas por Pérez Balladares
en las que la acusó de haber ‘‘politizado’’ con su visita al antiguo
cuartel de Los Pumas, en Tocumen, las investigaciones que se hacen
allí a raíz del hallazgo de seis osamentas humanas.
El ex presidente cuestionó la visita de Moscoso y su orden de
permitir el libre acceso de los medios de prensa locales a dicho
lugar, pues ‘‘con eso hay, evidentemente, ansias de capitalizar
una ganancia política por parte de ella o de su gobierno’’.
Pero la mandataria precisó que no hay tal politización, ya que
lo que se busca es que los familiares puedan sepultar a sus víctimas
para que descansen en paz.
Igualmente descartó que el hecho de permitir el acceso de los
periodistas al área de las excavaciones pueda entorpecer las investigaciones,
ya que lo único que se está haciendo es divulgar la verdad de
lo que ocurre.
‘‘Es
una lástima que Pérez [Balladares] no recuerde que él fue parte
de ese proceso y que como presidente que fue durante cinco años,
nunca hizo algo por ayudar a las familias a recuperar a sus muertos’’,
indicó Moscoso.
Pérez Balladares exigió al Gobierno que aclare ‘‘el asesinato
impune del mayor Lezcano Gómez, de quien dicen algunos que fue
asesinado por el propio Arnulfo Arias durante el golpe de Estado
que él encabezó para poner a su hermano [Harmodio Arias, en la
silla presidencial]’’.
Agregó que también se debe investigar la veracidad de una masacre
de inmigrantes europeos en las tierras altas de Boquete, Chiriquí,
en la década del 40, que supuestamente ocurrió por orden del ex
presidente Arias.
‘‘No
podemos ser selectivos, y si ya iniciamos una etapa dolorosa con
la reapertura de viejas heridas con lo de la búsqueda de los desaparecidos,
vamos a hacerlo con todos, pues tan doloroso es un muerto como
lo es el otro’’, aseguró.
Respecto a las palabras de Martín Torrijos, quien señaló ayer
que se está tratando de manchar la memoria de su padre, Moscoso
aseveró que no se trata de manchar la imagen de ninguna persona
en particular. Lo que está saliendo a la luz pública es la historia
de lo que fueron 21 años de dictadura.
‘‘El,
Torrijos, fue parte de esa historia y si tiene culpa o no, yo
no lo sé, pero lo cierto es que había muchos militares allí’’,
expresó la presidenta.
En cuanto a la Comisión de la Verdad, Moscoso dijo que ya la sociedad
civil entregó los nombres de quienes la integrarían y solo se
espera que lo haga la Iglesia para formarla oficialmente. La mandataria
no divulgó nombres.
CIDH
reportó 34 muertes
MARIO
A. MUÑOZ
andresm@prensa.com
En
1978, cuando el ‘‘hombre fuerte’’ de Panamá era el general Omar
Torrijos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
preparó un informe con una lista de 34 personas, cuyas muertes
fueron atribuidas al gobierno de Aristides Royo.
El gobierno de entonces reconoció la muerte de 22 personas, pero
aseguró que no tenía ninguna información acerca de nueve desaparecidos
ni conocimiento del paradero de tres personas.
Catorce casos ocurrieron entre 1969 y 1972 y se refieren a opositores
políticos, según registra el informe sobre la situación de los
derechos humanos en Panamá, aprobado por la CIDH en la sesión
número 580 celebrada el 22 de junio de 1978, lo que fue recordado
ayer por los familiares de los desaparecidos.
En el caso de nueve de los muertos reconocidos, el gobierno de
entonces alegó que las personas fallecieron en confrontaciones
entre la Guardia Nacional y las fuerzas guerrilleras o terroristas.
Se trata de Belisario Gántez Gómez (1969), Ariosto González (1969),
Elías González (1970), Félix González (1970), Encarnación González
(1969), Jorge Tulio Medrano (1970), Dora Moreno (1969), Teodoro
Palacios (1969) y Herbert Quintanar (1969).
Según el informe, otras 10 personas murieron o ‘‘desaparecieron’’
mientras estaban bajo custodia del Gobierno entre los años 1969
y 1977. Ellos son Genaro Sarmiento, José del Carmen Tuñón, el
líder estudiantil Floyd Britton, el abogado Rubén Miró, Nicolás
Cubas Pérez, el sacerdote Héctor Gallego, el campesino Justavino
Fuentes, el estudiante Jaime Frederick, Cecilio Hazlewood y Roy
McFarlane.
El gobierno de Royo también confirmó, según el documento, la muerte
o desaparición de Eduardo White Fernández, Hipólito Cubas Pérez
(hermano de Nicolás), Jorge Falconett y su prometida, Marlene
Mendizábal, Luis Monterrosa y la dirigente estudiantil de 17 años
Rita Wald.
Las personas sobre las cuales el Gobierno alega no tener ninguna
información son Aníbal Cedeño, Ramón Cruz, Hildebrando Manson,
Waldemaro Osorio, Basilio Rivera, Ubaldo Sánchez y César Sarmiento.
Abren
una nueva fosa
|
|
|
| En
el sitio que aparece señalado por el círculo estuvieron los
tanques de combustible del ‘‘motor pool’’ (ver estructura
con techo deteriorado) del cuartel de Los Pumas. Las autoridades
rompieron la losa para excavar porque sospechan que allí hay
más restos humanos. Cerca de la tolda azul han sido encontradas
varias osamentas. LA PRENSA/Demóstenes Angel |
Cuestionan
lealtad de servidores municipales
Algunos
empleados municipales olvidan que trabajan para la institución
y no para quien los nombró, dijo la gobernadora
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
Un
llamado a los representantes del Municipio de Colón para que trabajen
por la comunidad y no por instancias personales, formuló ayer
la gobernadora de esa provincia, Luciana Peroza de Policani.
Según
reconoció la gobernadora colonense, desde que se separó del cargo
a la alcaldesa Matilde Rosales de Ardines, –a raíz de la investigación
por la emisión de 300 millones de dólares en bonos sin el aval
del Estado– ‘‘algunas instancias se han visto afectadas’’, que
no precisó, dentro del Municipio de Colón, porque algunos funcionarios
alegan que ellos fueron nombrados por la alcaldesa.
Para Peroza de Policani, los concejales deben seguir trabajando
‘‘sea cual fuere el caso’’, siempre en beneficio de la comunidad,
ya que así lo exige la ciudadanía ‘‘y si ellos [los concejales]
tanto hablan de poder popular, para eso fueron elegidos’’.
Al parecer, algunos empleados municipales de Colón quieren ser
leales a la persona que los nombró, sin reconocer que ellos son
empleados de la institución y no de personas en particular, explicó
en alusión a la politización que vive esa institución.
En cuanto a su relación con este caso, la gobernadora de Colón
precisó que su injerencia terminó al finalizar el proceso administrativo
de 30 días, que culminó el 27 de octubre, respecto a las investigaciones
sobre la millonaria emisión de bonos.
Aunque la Gobernación no tiene injerencia en el asunto jurídico,
indicó que hay otros recursos pendientes por resolver como amparos
de garantías y otros que tienen que ser deslindados por la Corte
Suprema de Justicia.
Pese a esta situación, Peroza de Policani reiteró que el desarrollo
económico continúa con la llegada de cruceros, además de otros
proyectos que el Gobierno espera desarrollar en la zona atlántica
para bajar el porcentaje de desempleo.
Nombran
a directivos de PTP
HERMES
SUCRE S.
hsucre@prensa.com
La
presidenta, Mireya Moscoso, designó a Carlos Rodríguez Fernández,
Joaquín Vallarino Espinosa, Roberto Eisenmann y a Mario Galindo
Heurtematte nuevos representantes del Estado ante la junta directiva
de Petroterminal de Panamá, S.A.
El nombramiento se hizo mediante el Decreto Ejecutivo No.270 del
20 de diciembre del 2000, expedido por el ministro de Economía
y Finanzas, Norberto Delgado, publicado en la Gaceta Oficial
No.24208 del 27 de diciembre del 2000.
Petroterminal de Panamá (PTP), obra que costó 400 millones de
dólares, fue hasta 1996 un lucrativo negocio de trasiego de petróleo
proveniente de Alaska, a través de las provincias de Chiriquí
(Pacífico) y Bocas del Toro (Atlántico).
Notas de archivo revelan que, debido a esta situación coyuntural,
PTP entró al negocio de la generación de electricidad. En 1998,
la empresa hizo inversiones millonarias para la ampliación del
puerto de Rambala, ubicado en Chiriquí Grande.
El puerto de Rambala se construyó entre los meses de julio de
1996 y junio de 1997, a un costo de 7 millones de dólares. Además,
PTP construyó la carretera que une a Chiriquí con Bocas del Toro.
Fallece
Secundino Rujano
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
Víctima
de un infarto, en la madrugada de ayer falleció en su residencia
el presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios
de la República de Panamá (UNCUREPA), Secundino Rujano.
Moisés, hijo menor de Rujano, dijo que su padre falleció a las
3:10 de la madrugada de ayer, jueves, luego de que se le subiera
la presión arterial.
Rujano fundó en 1993 la UNCUREPA, organización desde la cual inició
una lucha incansable para que disminuyera el precio de los medicamentos
y otros artículos de la canasta básica familiar.
‘‘La
ineficiencia de los productores no tenemos por qué pagarla los
consumidores’’, era una de las frases que normalmente repetía
el dirigente de UNCUREPA.
Las honras fúnebres de Rujano se llevarán a cabo hoy, viernes,
a las 2:00 p.m. en la Iglesia Cristo Rey, ubicada en la Avenida
Justo Arosemena.
El
SIP pide aplicar ley anti-monopolio
PRD
estaría dispuesto a respaldar reformas de los contratos–ley, afirma
B. Herrera
HERMES
SUCRE S.
hsucre@prensa.com
A
las empresas de servicios públicos (Cable & Wireless, Elektra
Noreste y Edemet–Edechi) se les debe aplicar la ley anti–monopolio
porque tienen privilegios que son inconstitucionales, denunció
el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).
Mediante un comunicado público, los industriales le recuerdan
al Gobierno que la Constitución de Panamá establece que no puede
haber fueros ni privilegios; sin embargo, estas empresas gozan
de privilegios que no tiene ninguna otra compañía privada.
El SIP indica que a pesar de que las tarifas de estas empresas
son de pago obligatorio, éstas no han cumplido con el mejoramiento
de la calidad del servicio. ‘‘Hoy tenemos que soportar servicios
de mala calidad, poca confiabilidad, ineficientes y, por supuesto,
nada competitivos’’, destaca el comunicado.
Los industriales sostienen que el Ente Regulador, organismo que
tiene la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento y
la calidad de estos servicios públicos, ‘‘aparentemente solo le
preocupa verificar que el aumento constante de las tarifas eléctricas
se haga efectivo cada seis meses, con la excusa del alza del petróleo’’.
Cuando el precio del petróleo estaba en 10 dólares el barril,
a los industriales se les aumentó el costo del kilovatio hora
al doble de lo que pagaba la empresa estatal, y ya era rentable
para el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).
‘‘El
Ente Regulador debería poner el mismo interés con que atiende
la petición de los aumentos de tarifas, en el cumplimiento de
las metas fijadas en el contrato de estas empresas de servicio
público’’, agrega el comunicado.
Según el SIP, el sector industrial para poder sobrevivir debe
ser sumamente competitivo para las importaciones e igualmente
para las exportaciones. ‘‘Pero, ¿cómo podemos serlo si el costo
de nuestra energía eléctrica va en aumento continuamente y su
calidad es ineficiente?’’, se preguntan los empresarios.
‘‘Estos
contratos deben ser renegociados con urgencia notoria, con el
objeto de que beneficien a todos los asociados y no a unos pocos
privilegiados’’, concluye el comunicado.
En tanto, la presidenta del Partido Revolucionario Democrático
(PRD), Balbina Herrera, manifestó ayer que ese partido está dispuesto
a respaldar las reformas de los contratos–ley mediante los cuales
el gobierno anterior privatizó los servicios de energía eléctrica
y de telefonía. No obstante, afirmó que esa iniciativa debe surgir
del Ejecutivo.
Por su parte, el vicepresidente de la República, Arturo Vallarino,
precisó que el Gobierno no presentará ninguna propuesta tendiente
a modificar dichos contratos, porque eso crearía ‘‘inseguridad
jurídica’’ en el país.
Herrera convidó a Moscoso a que asuma el liderazgo y envíe a la
Asamblea esos contratos–ley para modificarlos, de tal manera que
se puedan disminuir los costos de las tarifas de esos servicios
a los miles de usuarios.
En tanto que Vallarino aseveró que ‘‘nosotros no vamos a presentar
ninguna propuesta que signifique alterar los contratos celebrados
con el Estado panameño, porque eso significaría sembrar inseguridad
jurídica en este país y nadie vendría a Panamá a hacer negocios
si al poco tiempo se van a cambiar las reglas del juego’’.
Alcaldía
reitera que están suspendidos los desalojos
El
portavoz de la Asociación de Moradores de Mocambo Abajo, Leonel
Longa, denunció que habían sido víctimas de nuevos desalojos
JOSE
QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com
La
Alcaldía capitalina reiteró ayer el comunicado del pasado 14 de
diciembre, en el que anunció que a partir del 16 de diciembre
y acorde al artículo 1404 del Código Judicial, quedaban suspendidos
los desalojos contra precaristas de Cerro San Francisco (Mocambo
Abajo) hasta el 16 de enero del 2001.
La aclaración sobreviene luego de que el portavoz de la Asociación
de Moradores de Mocambo Abajo, Leonel Longa, denunció en varios
medios radiofónicos que ayer habían sido víctimas de nuevos desalojos,
esta vez por parte de 50 miembros de la Policía Nacional que llegaron
con una cuadrilla de civiles a demoler sus viviendas.
Longa invocó la norma que prohíbe ‘‘lanzamientos’’ en-tre el 15
de diciembre y el 15 de enero de cada año, y precisó que los policías
se presentaron sin una autoridad civil responsable y se negaron
a identificarse.
Contactado el vocero del alcalde Juan Carlos Navarro, Ricardo
Laviery, negó que ese despacho tuviera responsabilidad en los
supuestos hechos denunciados por Longa.
Aclaró que antes de la fecha los desalojos se practicaron por
petición de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), de
la Caja de Ahorros (CA), Ministerio de Educación y de la Universidad
de Panamá, propietarios de la tierra.
En cuanto a la orden de desalojo, agregó que los corregidores
solo se limitan a cumplir lo que la ley les indica, ya que de
lo contrario incurrirían en incumplimiento de los deberes de servidores
públicos y podrían ser demandados ante los tribunales de justicia.
A su vez, el portavoz de la Policía Nacional, Didacio Camargo,
desmintió a Longa y señaló que la presencia de policías en el
área fue para custodiar los terrenos de la Caja de Ahorros.
Camargo añadió que si se vieron obligados a intervenir fue para
impedir que intrusos volvieran a ocupar la propiedad privada.
Aparte de ello, afirmó que no ocurrió nada más.
Se trató de contactar a las autoridades de la Caja de Ahorros,
pero fue imposible, toda vez que a los predios llegó un tractor
enviado por esa institución que procedió a remover los escombros
de las viviendas ya desalojadas y a nivelar el terreno.
Ente
Regulador fija períodos para modificaciones técnicas
HERMES
SUCRE S.
hsucre@prensa.com
El
Ente Regulador de los Servicios Públicos estableció –para el año
2001– los tres períodos para que los concesionarios de los servicios
públicos de radio y televisión soliciten la modificación de los
parámetros técnicos autorizados.
La Resolución No.JD– 2551 del 18 de diciembre del 2000, publicada
ayer en la Gaceta Oficial, dispone que el primer período
será del 5 de marzo al 9 de marzo del 2001, el segundo del 4 de
junio al 8 de junio y el tercero del 3 de septiembre al 7 de septiembre
del 2001.
Durante los períodos precitados solo podrán solicitarse cambios
de sitios de trasmisión, aumento de potencia, cambios de antena
y disminución del área geográfica de cobertura.
Según el documento, dichas modificaciones deberán tener como propósito
mejorar la calidad del servicio que prestan, siempre y cuando
no impliquen aumento en el área geográfica de cobertura autorizada,
ni causen interferencia perjudicial a otros usuarios del espectro
radioeléctrico.
Asimismo, el Ente Regulador estableció los períodos para solicitar
concesiones Tipo B sin asignación de frecuencias principales para
prestar los servicios públicos de radio y televisión. El primer
período será del 12 de marzo al 16 de marzo del 2001, el segundo
del 11 de junio al 15 de junio y el tercero del 10 de septiembre
al 14 de septiembre del 2001.
En la Gaceta Oficial de ayer salió publicada la Resolución
JD–2552 del 18 de diciembre del 2000, que establece que las solicitudes
de licencias para locutor deben presentarse los cinco últimos
días de cada mes.
Ríos
y playas deben tener salvavidas
El
SINAPROC designará a más de 100 guardavidas
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
Todos
los balnearios de los ríos y playas del país deberán tener personal
idóneo en salvamento acuático, a partir del 1 de enero del 2001,
fecha en que el Servicio Nacional de Protección Institucional
(SINAPROC) inicia la operación ‘‘seguridad total 2001’’ para preservar
la vida de los bañistas en el país.
El SINAPROC pondrá a más de 100 unidades guardavidas en los ríos
y playas de la provincia de Panamá, Colón y Coclé, para resguardar
la seguridad de los bañistas, así como para impedir la introducción
de bebidas en botellas de vidrio a los ríos, playas o piscinas.
Igualmente
se establece que los paseos que se llevan a cabo en esta temporada
de verano, deberán llevar el personal idóneo en salvamento acuático,
y limpiar las áreas que usen para la recreación.
Los permisos para paseos en autobuses deberán ser coordinados
y autorizados por la respectiva gobernación de cada provincia,
para que no se exceda la cantidad de personas y así evitar accidentes.
Por otra parte, el SINAPROC le ha enviado ‘‘cartas enérgicas’’
a todos los alcaldes y comandantes del Cuerpo de Bomberos, para
que hagan cumplir el decreto que prohíbe la venta ambulante de
explosivos o bombitas.
El director del SINAPROC, Arturo Alvarado, afirmó que la venta
de estos objetos está prohibida, y los corregidores –con el apoyo
de la Policía Nacional– deben desalojar a estas personas de los
semáforos y otros puntos donde venden los fuegos artificiales.
Durante la pasada Navidad hubo reportes de unos seis menores de
edad heridos con bombitas. Las autoridades y los padres de familia
tienen que unir esfuerzos para que los niños no se expongan con
este tipo de explosivos, subrayó Alvarado.
Un informe anual del SINAPROC precisa que en el 2000 hubo un total
de 195 ‘‘eventos’’, entre ellos 23 deslizamientos de tierra, 12
desplomes de estructuras, una explosión, 50 incendios, 71 inundaciones,
una marejada, 12 sismos y 20 vendavales, entre otros.
Asamblea
recibe a obreros
JAHIRO
POLO
japolo@prensa.com
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| Los
trabajadores marcharon por La Exposición al iniciar su manifestación.
LA PRENSA/Demóstenes Angel |
Medio
millar de obreros y trabajadores afiliados a diversos sindicatos
marcharon ayer hasta la Asamblea Legislativa, en protesta contra
el futuro aumento de las tarifas de los servicios de telefonía
y energía eléctrica a partir del 1 de enero del 2001, así como
contra el posible despido del 25% de los trabajadores de Cable
& Wireless (C&W).
La marcha partió a las 4:00 p.m. desde la sede de Cable &
Wireless, ubicada en la Vía España, hasta el Palacio Justo Arosemena,
bajo una pertinaz lluvia.
Esta marcha de protesta estuvo formada por miembros de la Coordinadora
Nacional de Unidad Sindical (CONUSI), el Sindicato Unico de Trabajadores
de la Construcción (SUNTRACS), el Sindicato de Trabajadores de
C&W y varios grupos de estudiantes de izquierda, como el Frente
Estudiantil Revolucionario FER–29 y el Bloque Popular Universitario
(BPU).
Al llegar a los predios de la Asamblea Legislativa, el presidente
de este órgano del Estado, Laurentino Cortizo, concedió cortesía
de sala a los dirigentes, mientras los manifestantes se sentaron
en la gradería de la Asamblea a gritar consignas e improperios
contra los legisladores.
Al hacer uso de la palabra ante el pleno legislativo, el secretario
general del SUNTRACS, Genaro López, pidió al Gobierno la formación
de una comisión que estudie y revise los contratos con las empresas
de luz y teléfono.
Añadió que en esas empresas ‘‘hay muchas irregularidades en los
contratos que permiten a esas empresas, ahora privadas, despedir
a los trabajadores que quiera violando el Código del Trabajo y
los contratos que firmó con sus empleados’’.
Por su parte, Gabriel Castillo, secretario general de la CONUSI,
dijo que las organizaciones sindicales del país ‘‘nos mantendremos
vigilantes de todo cuanto ocurra después del aumento de las tarifas
de luz y de teléfono este 1 de enero, porque la situación económica
no nos permite un aumento más’’, advirtió.
Declaran
legal la detención de Posada
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
El
Segundo Tribunal de Justicia declaró legal la detención de Luis
Posada Carriles y de otros tres cubano–americanos acusados de
formar parte de un complot para asesinar en Panamá al presidente
de Cuba, Fidel Castro.
La decisión del tribunal provocó que Rogelio Cruz, abogado de
los cuatro detenidos, presentara un Habeas corpus, en el cual
denunciaba que el Ministerio Público no había notificado a sus
clientes sobre los motivos de su detención.
Según el dictamen del Segundo Tribunal, la Fiscalía Primera de
Circuito, a cargo de Argentina Barrera, no violó ninguna norma
legal al ordenar la detención de los cuatro acusados.
Las autoridades detuvieron el pasado 17 de noviembre a Posada
Carriles, Guillermo Novo Sampoll, Pedro Remón Rodríguez y Gaspar
Jiménez Escobedo y al panameño José Hurtado.
De igual forma el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró
legal la detención de Novo Sampoll.
en respuesta a otro Habeas corpus que había presentado Rogelio
Cruz, pero en esta ocasión contra el procurador, José Antonio
Sossa.
La defensa técnica de los cubanos había interpuesto cuatro Habeas
corpus ante la Corte Suprema de Justicia y otros cuatro ante el
Segundo Tribunal de Justicia, aduciendo que tanto el procurador
de la Nación como la Fiscalía Primera de Circuito habían ordenado
ilegalmente estas detenciones.
Cruz dijo que lamentaba que la Corte Suprema no haya entrado a
conocer la pretensión fundamental de los Habeas corpus, que denunciaban
que el procurador de la Nación ordenó la detención de los cubano–americanos
y no les notificó en forma inmediata las razones de su arresto,
y de sus derechos constitucionales y legales consignados en el
artículo 22 de la Constitución Nacional.
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