Quienes se oponen a la creación de una Comisión de la Verdad han esgrimido dos argumentos principales. El primero sostiene que el Ministerio Público es la única instancia adecuada para llevar a cabo las investigaciones sobre la identidad de las víctimas y de sus asesinos. El segundo argumento, expresado en palabras de un legislador perredista, es que se daría ‘‘al traste con la reconciliación que en la práctica ya se ha dado entre los panameños’’. Ambos son argumentos falaces. En ninguna democracia el Ministerio Público –o sus equivalentes– monopoliza la investigación de hechos o eventos trascendentes. En tiempos normales, las comisiones parlamentarias asumen su papel de fiscalización y frecuentemente de investigación en todos aquellos asuntos de importancia pública que así lo ameritan. En circunstancias extraordinarias, como las que suceden a eventos remecedores o traumáticos, se forman comisiones especiales de investigación, integradas por personas de reconocida capacidad, honestidad y criterio, cuyo objetivo es descubrir y revelar públicamente la verdad buscada de los hechos. Las ha habido muy diferentes y con diversos grados de éxito (la comisión Sábato en Argentina; la Agranat en Israel; la Vargas Llosa en Perú; la Warren en Estados Unidos), pero todas han respondido a la exigencia pública de conocer, sin cortapisas ni filtros, la verdad. En cuanto al segundo argumento, no hay reconciliación basada en encubrir hechos y en soslayar el dolor ajeno, de heridas no cerradas. Si los huesos de las víctimas fueron encontrados es porque sus seres queridos los buscaron y porque el arrepentimiento hizo hablar a testigos cercanos. Solo la verdad cerrará definitivamente las heridas y solo ella reconciliará.