Descubren
otros restos humanos en fosa de excuartel de Tocumen
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
 |
| Un vehículo
fúnebre de la Fiscalía Auxiliar sale del lugar donde se realizan
las excavaciones en el antiguo cuartel de Los Pumas, en Tocumen.
LA PRENSA / Maydée Romero |
Una
tercera osamenta humana fue desenterrada ayer en el antiguo cuartel
militar de Los Pumas de Tocumen, a escasos metros del lugar donde,
en septiembre de 1999, se descubrieron los restos de otros dos
cuerpos humanos, uno de los cuales era del dirigente político
Heliodoro Portugal, desaparecido en 1973.
El procurador de la Nación, José Antonio Sossa, confirmó el hallazgo
y anunció que se solicitará asistencia a varios laboratorios científicos
de Estados Unidos para realizar las pruebas de ADN, con el fin
de determinar la identidad de la persona a la que corresponden
los restos.
La osamenta se encontraba a unos cuatro metros y medio de la superficie
y fue desenterrada de una nueva fosa que apenas se había empezado
a abrir unas horas antes, y que está ubicada a unos 20 metros
del sitio donde descubrieron los restos de Portugal, el 9 de septiembre
de 1999.
‘‘Tan
solo a la tercera palada de la retroexcavadora se pudo observar
parte de los huesos’’, manifestó el funcionario.
Añadió que en esta ocasión encontraron huesos de lo que parecen
ser las piernas, brazos, columna vertebral y secciones del cráneo
de un ser humano.
Los restos desenterrados fueron trasladados a Medicatura Forense
del Ministerio Público, pero se informó que aún falta por desenterrar
otra parte de la osamenta. Los excavaciones se reiniciarán hoy
a primeras horas de la mañana.
No se trata, aclaró, de la fosa que se abrió hace 10 días en esta
antigua base militar, sino de una nueva tumba clandestina.
La primera fosa abierta este año estaba ubicada en la parte trasera
del cuartel y de ella solo se logró sacar dos pequeños huesos,
que hasta el momento no se ha determinado si pertenecen a un ser
humano o a un animal.
Se decidió realizar una nueva excavación, luego de la insistencia
de uno de los testigos que ha asegurado a la Iglesia católica
que se encontraba acuartelado en esa base militar en 1971, cuando
observó un entierro de una persona en ese lugar, una semana después
que el sacerdote colombiano Héctor Gallego fuera declarado como
desaparecido, destacó la fuente.
Además de la osamenta desenterrada ayer, también había retazos
de telas que al parecer son de una camisa color azul y de un pantalón
oscuro, que probablemente vestía la persona cuando fue enterrada.
También se encontró una placa de las que usaban las unidades de
las desaparecidas Fuerzas de Defensa con el nombre de H. Araúz.
La fuente dijo que se pudo observar que alrededor de la tierra
donde estaba la osamenta y en parte de la vestimenta había un
polvo blanco que posiblemente era cal, sustancia química que provoca
la aceleración de la descomposición del cuerpo humano.
El sacerdote Héctor Gallego desapareció en la población de Santa
Fe, en Veraguas, el 9 de junio de 1971.
Según cifras del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá
(COFADEPA), durante la dictadura militar de los años 70 y 80 desaparecieron
o fueron asesinadas unas 120 personas. Solo el cuerpo de Portugal
ha sido encontrado.
Entre
desafíos y denuncias aprueban presupuesto del 2001
GIONELA
JORDAN V.
gjordan@prensa.com
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| Los
legisladores Carlos Afú, (parado a la Izq.); Rubén Arosemena,
(a la Der.) y Laurentino Cortizo, (sentado), intercambian
opiniones tras la aprobación del proyecto de presupuesto en
segundo debate. LA PRENSA / Jorge Fernández |
Entre
denuncias de ‘‘chantaje’’, desafíos y la abstención de la bancada
del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue aprobado ayer en la
tarde, en segundo debate, el proyecto de ley por el cual se dicta
el presupuesto general del Estado para el 2001, que alcanza los
5 mil 612.7 millones de dólares.
Luego del fuerte cruce de palabras que sostuvieron este miércoles
en la noche el presidente de la Asamblea, Laurentino Cortizo,
y el legislador arnulfista Marco Ameglio, este último reiteró
sus acusaciones de ‘‘chantaje’’ por parte de la bancada del PRD.
De acuerdo con Ameglio, quien calificó a Cortizo de ‘‘presidente
improvisado’’, en el reglón de incremento de partidas presupuestarias
la Comisión de Presupuesto incluyó 28 millones de dólares que
contempla partidas para el financiamiento de obras y proyectos
que beneficiarán a comunidades lideradas por legisladores del
PRD y sus representantes de corregimiento.
A lo anterior se suma el desafío hecho por Alberto Cigarruista,
a quien le correspondió efectuar la penúltima intervención antes
de entrar al proceso de votación.
Luego de esto, el ánimo de los opositores empezó a caldearse,
siendo a través de la intervención del último orador, el perredista
Carlos Smith, que se solicitó al ministro de Economía y Finanzas,
Norberto Delgado, que aclarara si hubo o no chantaje.
En ese momento, Cortizo aclaró que la noche anterior el alto funcionario
había negado esa aseveración. Concluida su intervención, Smith
pidió un receso para que la bancada del PRD tomara la decisión
final de si apoyaría o no el referido proyecto de ley.
Pasado unos 15 minutos los perredistas ingresaron al hemiciclo,
con lo que se reanudó la sesión y se procedió a la votación normal
en la que cada legislador golpea su curul en señal de ‘‘aprobado’’.
Acto seguido, el presidente del PDC, Rubén Arosemena, pidió la
verificación de la votación, y que constara en actas que esa bancada,
integrada por él y Teresita de Arias, se abstenía de votar. Los
demócrata cristianos protestaban por los recortes a los ministerios
de Salud y Gobierno.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Afú, señaló
que la postura del PDC no conlleva ningún tipo de ‘‘fisura’’ del
pacto META (Mejoramiento y Transformación de la Asamblea), formado
entre el PRD y el PDC.
Despidos
en C&W son ‘inaceptables’: Moscoso
MANUEL
DOMINGUEZ
Y
VIELKA CORRO
planas@prensa.com
LA
ARENA, Chitré. Es ‘‘inaceptable’’ que la transnacional británica
Cable & Wireless (C&W), luego de anunciar el aumento de
las tarifas telefónicas, pretenda ahora destituir parte de su
personal, afirmó ayer la presidenta de la República, Mireya Moscoso.
La mandataria instruyó a los ministros de Economía y Finanzas,
Norberto Delgado; Ivonne Young, de la Presidencia; y a Winston
Spadafora, de Gobierno y Justicia, quienes forman parte de la
junta directiva de C&W, para que dialoguen al respecto con
los directivos que representan a la telefónica.
Los despidos, añadió Moscoso, ‘‘fue un tema que se tocó anoche
(antenoche) en el Consejo de Gabinete, a lo cual nosotros estamos
completamente opuestos. Si ellos acaban de aumentar una tarifa
al pueblo panameño, cómo es posible que ahora nos vengan a decir
que van a despedir...’’, recalcó.
La gobernante dio estas declaraciones ayer, jueves, durante la
inauguración del centro de Promoción de la Salud, ubicado en el
corregimiento de La Arena de Chitré, en la provincia de Herrera.
Moscoso dijo que en Panamá se le brinda una adecuada seguridad
jurídica a todas las empresas que vienen a invertir.
‘‘Pero
tampoco que vengan aquí, se llenan de plata y simplemente ese
dinero va afuera (del país), mientras que los empleados, que son
panameños, son despedidos... no estoy de acuerdo con eso y es
inaceptable’’, recalcó.
El pasado martes el secretario general del Sindicato de Trabajadores
de C&W, Boris Vergara, afirmó que la telefónica despedirá
a más de mil empleados durante el próximo mes de enero. La empresa,
por medio de un comunicado público, negó esta afirmación.
Por otra parte y al ser preguntada por las medidas que su Gobierno
tomará frente a los últimos casos de violencia en el país, Moscoso
explicó que se ha redoblado la seguridad en todo Panamá.
“
Tenemos que darle el dinero que necesita la Policía, por eso siempre
le he dicho al ministro de Economía y Finanzas que a la Policía
no se le puede quitar ningún centavo, al contrario, hay que darle
más...’’.
Detienen
al presidente del Concejo de Colón
Agentes
de la PTJ localizaron a Felipe Daniels en la sede del PRD
LIDIA
FRANCO
Y
RAFAEL PEREZ G.
planas@prensa.com
El
presidente del Consejo Municipal de Colón, Felipe Daniels, fue
conducido ayer a las instalaciones de la Policía Técnica Judicial
(PTJ), para que rindiera declaración indagatoria por su presunta
vinculación con la emisión fraudulenta de 300 millones de dólares
en bonos del municipio sin autorización del Estado.
Daniels fue detenido por efectivos de la PTJ cuando se encontraba
en la sede del Partido Revolucionario Democrático (PRD), situada
en Calle 9 y Amador Guerrero, pero una hora después fue dejado
en libertad, luego de que se le informara que la boleta que ordenaba
su conducción carecía de una firma, según relató Víctor Almengor,
del equipo de la defensa.
Minutos después de que se le informara de esa anomalía, informó
el propio Daniels, Franklin Amaya, delegado de la Fiscalía Auxiliar
en Colón, le entregó una citación para el próximo 28 de diciembre,
fecha en la que se tiene previsto practicarle la diligencia de
indagatoria. Allí igualmente se le notificó que podía abandonar
la sede policial.
Tras retornar al Consejo Municipal, Daniels recibió un mensaje
telefónico en el que se le solicitaba que compareciera otra vez
a la oficina del Ministerio Público. Al acudir al lugar se le
informó que esa agencia de instrucción estaba impedida para realizar
esa diligencia en este momento, dado que el expediente del caso
se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.
El pleno de la Corte está en la etapa de resolver tres recursos
de Habeas corpus. Uno de ellos fue interpuesto por los
ediles del PRD Daniels, Adán Vásquez, Marcos Hughes, Felipe Barrios,
Manuel Luna y Edilberto Ballesteros (concejal independiente).
Contra todos ellos pesa una orden de impedimento de salida del
país.
Igualmente se presentó un recurso similar en favor de los arnulfistas
Gerardo Rentería y Domingo Sosa Santos. Rentería tiene una medida
cautelar de ‘‘casa por cárcel’’ y contra Sosa Santos se dictó
una medida cautelar de ‘‘provincia por cárcel’’.
La Sala Tercera de la Corte resuelve, por su parte, dos amparos
de garantías constitucionales presentados a favor de Rentería
y del también arnulfista Istmeño Avila contra quienes la Fiscalía
Auxiliar ordenó la separación del cargo.
Ayer, en una conferencia de prensa convocada por el equipo de
la defensa de los concejales colonenses, Juan José Ceballos, procurador
de la Administración suplente, manifestó que la Corte determinó
en un fallo del 7 de junio de 1993 que los fiscales no tienen
‘‘competencia para ordenar’’ la detención de algún concejal.
Adicional a ello, dijo, en la ley sobre el régimen municipal se
establece que los concejales no son ‘‘legalmente responsables
por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus cargos’’.
Al respecto el abogado Carlos Carrillo indicó que sus representados
solo refrendaron con su voto un acuerdo municipal que permitía
la emisión de bonos, previa autorización del Ministerio de Economía
y Finanzas y de la Contraloría General de la República.
MITRADEL
no ha designado a auditores para la bananera
HERMES
SUCRE S.
hsucre@prensa.com
El
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) no ha remitido
todavía a su regional en Puerto Armuelles la solicitud de despido
de 534 trabajadores de la Puerto Armuelles Fruit Company (PAFCO),
ni ha asignado a los auditores que evaluarán la situación de la
compañía.
Nicasio Cano, encargado de la Dirección de Trabajo en Puerto Armuelles,
informó a La Prensa de que el caso se mantiene a nivel
de las oficinas centrales de Panamá y no ha sido remitido a la
regional.
Tampoco se ha designado a los auditores del MITRADEL que investigarán
la situación económica de la compañía, a fin de determinar si
hay méritos para destituir a los 534 trabajadores de las fincas
La Ceiba, Malagueto y Guayacán.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí
Land Company (SITRACHILCO), José Morris Quintero, indicó que el
sindicato también estará representado por su propio auditor.
Morris mostró un registro de la revista especializada Sopisco
News, en la que se indica que en la primera semana de diciembre
la compañía embarcó 293 mil 281 cajas de banano a Alemania a un
precio de 15 dólares la unidad. Este embarque dejó divisas por
4 millones 599 mil 215 dólares. Según los cálculos de la empresa,
el costo de la operación fue de 2 millones 272 mil 927 dólares.
‘‘La
ganancia de la compañía fue de 2 millones de dólares, entonces
no podemos hablar de una crisis económica’’, afirmó el dirigente
sindical.
El SITRACHILCO también mostró estadísticas de un embarque de 82
mil cajas de banano –a 10 dólares la unidad– a la costa este de
Estados Unidos, que dejó ganancias por 741 mil 285 dólares.
Según Morris, la compañía está creando una crisis ficticia debido
a que se aproximan las elecciones para escoger a la nueva junta
directiva del sindicato; quieren revisar el contrato con la Nación
y buscan desafectar las tierras para dedicarse únicamente a la
comercialización.
Por su lado, Cameron Forsyth, gerente general de la Chiquita Brands
International Inc., reveló a La Prensa que tiene cinco
años de estar tratando de convencer a los trabajadores de que
las reglas del mercado internacional de la fruta han cambiado.
Agregó que la mejor prueba de la crisis que afronta la empresa
es la baja de las acciones en las grandes compañías bananeras
como la Dole, Del Monte y Chiquita Brands. ‘‘Ellos no entienden
que se está perdiendo el 40% de la producción’’, reiteró.
Moscoso
y Endara no se dan saludo de paz en la Iglesia
MARIO
A. MUÑOZ
andresm@prensa.com
 |
| Hace
más de 10 años lucharon juntos contra la dictadura militar,
pero cuando llegaron al poder se volvieron enemigos. Ayer
se reencontraron y Ricardo Arias Calderón se acercó a Guillermo
Endara para el saludo de la paz durante la ceremonia religiosa
en la Catedral Metropolitana. LA PRENSA/Alvaro Reyes Núñez
|
En
contradicción con el espíritu del Jubileo 2000, ayer la mandataria,
Mireya Moscoso, y su copartidario y ex presidente Guillermo Endara
no se dieron el tradicional saludo de la paz en la Catedral Metropolitana,
durante la celebración del ‘‘Gran Jubileo de los responsables
de la cosa pública’’.
Endara y Moscoso se sentaron cerca, separados solo por el pasillo
principal de la Iglesia, sin embargo no se hablaron en ningún
momento y no se saludaron al entrar ni al salir.
Hace meses el ex presidente se declaró en oposición y criticó
a la presidenta, comparándola con una ‘‘reina de Carnaval’’, en
tanto que ayer dijo que el hecho de no saludarse se debió a que
la presidenta está ‘‘sentida’’ con él por sus críticas.
Consultado acerca de por qué no tomó él mismo la iniciativa y
la saludó, aseguró que primero le dio la mano a su ex primer vicepresidente
Ricardo Arias Calderón, luego a miembros del cuerpo diplomático
y que cuando iba a saludarla, no pudo porque ella estaba rodeada
de otras personas y agentes de seguridad.
Quien sí depuso sus diferencias políticas fue el líder opositor
Ricardo Arias Calderón. Se sentó en la misma banca que Endara,
aunque dejando dos cupos de por medio, y lo fue a saludar. Arias
Calderón saludó a Moscoso, a los vicepresidentes Arturo Vallarino
y Dominador Kaiser Bazán y a otras autoridades.
Por su parte, la mandataria, en su discurso de clausura, expresó
que la crítica política debe estar fundamentada en los propósitos
de mejorar la administración del Estado y no en afectar ‘‘la imagen
del mandatario o del funcionario del nivel que sea’’.
También hizo un llamado a la clase política para que ‘‘nos unamos
sin enemistades, odios o pasiones estériles’’ porque, según dijo,
‘‘la nación es como un barco que aunque cambie de capitán cada
cinco años tiene que seguir navegando; y si lo hundimos [ese barco]
por hacer daño a quien lo comanda, nos ahogaremos todos’’.
En el templo, junto a Moscoso y en la misma banca se sentaron
la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Mirtza Franceschi
de Aguilera; el presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino
Cortizo, y los vicepresidentes Vallarino y Kaiser Bazán.
Gobierno
convocará a foro económico en enero
El
presidente del PDC había hecho un llamado similar a la presidenta
MANUEL
DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com
El
próximo mes de enero el Gobierno convocará a economistas sobresalientes
y a empresarios exitosos para discutir y proponer las medidas
que sean necesarias para sacar al país del estancamiento económico
en que se encuentra.
Así lo dio a conocer la presidenta de la República, Mireya Moscoso,
quien también hizo un llamado ‘‘a todos los panameños’’ para que
acudan al llamado de trabajar por el bien del país.
Antes de que Moscoso anunciara estas intenciones, el presidente
del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rubén Arosemena, había
hecho un llamado al Gobierno para que convocara a un foro económico.
Arosemena, contactado ayer, dijo que le parecía ‘‘fantástico’’
que la presidenta haya tomado tal decisión y subrayó que el PDC
está dispuesto a colaborar con el Gobierno en la realización del
foro económico.
‘‘Si
no hacemos algo rápido el tema se puede complicar, y no queremos
que se llegue a esa situación’’, dijo Arosemena.
‘‘Si
ella había pensado en esa dirección, fabuloso’’, añadió.
Moscoso, quien estuvo ayer en La Arena, en Chitré, al ser preguntada
sobre la propuesta de la Democracia Cristiana dijo: ‘‘No, no lo
propone el presidente del PDC. Lo hemos propuesto; íbamos a hacer
ese llamado ahora en enero a economistas y empresarios para conversar
con ellos’’.
Luego, la mandataria agregó que el problema económico del país
‘‘es un tema no solo del Gobierno, sino de todos los panameños,
quienes tenemos que acudir al llamado y dar nuestras mejores propuestas’’.
A juicio de Arosemena, es preciso establecer un diagnóstico de
la realidad económica de cada sector productivo.
No
podemos intervenir en escándalo: Cárdenas
La
superintendente de Bancos argumenta que la ley no le permite inmiscuirse
en el escándalo de Estrellamar/The Providence
JOSE
QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com
La
superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, reiteró que la ley
que regula esa institución no le permite inmiscuirse en el escándalo
de la financiera Estrellamar/ The Providence, lo que preocupa
a sus 408 cuentahabientes que temen la pérdida de sus ahorros.
Hace poco los afectados pidieron a la presidenta, Mireya Moscoso,
encomendar a la procuradora general de la Administración –ante
‘‘la abrumadora evidencia de omisión de funciones por parte de
la superintendente Cárdenas’’– que se inicie una investigación
profunda y exhaustiva de su actuación en el caso.
‘‘Si
los señores asociados de Estrellamar fueran un banco, la obligación
de la Superintendencia sería atender sus quejas. Pero Estrellamar
no es ni era un banco, ni está regulada por el Ministerio de Comercio’’,
argumentó la funcionaria.
Comentó que en el caso de The Providence, la firma de Islas Vírgenes
que presentó el producto y ocasionó que la Superintendencia le
pidiera cancelar sus anuncios por aparentar ser un banco, tampoco
lo era y, por tanto, no se podía intervenir.
Insistió en que su despacho no puede intervenir algo que no sea
un banco y si alguien se dedicase al negocio de banca sin tener
la licencia, entonces ella podría cerrar el lugar y multar a sus
responsables con ayuda de la Policía Nacional.
Sobre el problema de los 408 cuentahabientes, dijo lamentar lo
ocurrido y aseguró que nadie se alegra ni quiere que cosas como
esas ocurran. ‘‘Pero en este momento no podemos extralimitarnos
en nuestras funciones para resolver un problema que no nos compete’’,
reiteró.
No obstante, y para prevenirlo a futuro, reveló que el Ministerio
de Economía y Finanzas ha promovido varias reuniones con especialistas,
para trabajar en un proyecto de ley que evite que cualquier operación
del centro financiero quede fuera de regulación.
Por insistencia de los periodistas sobre el tema, expresó que
nadie quiere hacer leña del árbol caído, pero advirtió de que
esto tiene que servir de experiencia para todos los demás, de
manera que no inviertan su dinero en lugares que no son regulados,
sino en un banco, donde hay una supervisión, garantías y fianzas
que respaldan un crédito, donde hay una reserva que le hace frente
a una situación como ésta.
Respecto a la participación del Banco DISA en este escándalo,
y a cuyos ejecutivos se les acusa de haber descapitalizado a Estrellamar
en 53.8 millones de dólares, lo que provocó su colapso final,
confesó que la Superintendencia tiene que velar por los depositantes
y, para ello, se asegura de que los bancos garanticen los depósitos.
Más
funcionarios piden jubilaciones especiales
JOSE
QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com
Una
carrera contrarreloj mantienen en este momento unos 3 mil funcionarios
de diversas instituciones públicas que gozaron, hasta 1998, de
jubilaciones especiales y quienes empujan ahora un proyecto de
ley que prorroga la vigencia de la ley que las eliminó y que permitiría
jubilarse a quienes no pudieron hacerlo a tiempo.
Los interesados, entre ellos auxiliares, enfermeras, empleados
de Contraloría, Correos, Ministerio Público y otros, trataban
de ponerse de acuerdo para buscar una fórmula que presentar en
el segundo debate de la Asamblea Legislativa, debido a que el
Ejecutivo no dispone de recursos para dar su aporte.
Inicialmente, el proyecto fue presentado por los legisladores
Carlos Smith, Héctor Aparicio, Susana de Torrijos, Osman Gómez,
Carlos Santana y Gloria Young y participaron en la discusión representantes
de los servidores públicos afectados por la Ley 8 de 1997, que
eliminó el régimen de jubilaciones especiales.
Oportunamente, el legislador Smith, quien preside la comisión,
sustentó la importancia del proyecto cuyo fin es ampliar en forma
general el marco de jubilación especial de los servidores públicos
que cumplieron o están por cumplir 28 años de servicios y cuentan
con 52 años (las mujeres) y 55 años (los hombres).
Agregó que la Ley 1 del 4 de enero del 2000 y la Ley 24 del 27
de julio del 2000 extendieron el período de gracia para la eliminación
de las jubilaciones especiales y la fijó hasta el 31 de julio
de 2000, excluyendo en forma ‘‘injusta’’ a un grupo determinado
de servidores.
El proyecto, que ya fue aprobado en primer debate, busca ser sometido
a segundo debate el 26 de diciembre si se reforma según la disponibilidad
del aporte económico del Gobierno. De no lograrse, los 3 mil funcionarios
deberán jubilarse según el régimen vigente del Seguro Social.
Los servidores públicos que opten por mantener beneficios iguales
a los de las leyes 15 y 16 de 1975 o las jubilaciones especiales
vigentes, en vez de hacer aportes al fondo especial, llamado SIACAP,
podrán participar en un sistema especial de jubilación autofinanciado
mediante el aporte obligatorio de tales servidores públicos, cuyo
mínimo será del 4%.
Comisión
analizará Ley de Derecho de Autor
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
Una
comisión especial hará un ‘‘análisis jurídico profundo’’ de la
Ley 15 del 15 de agosto de 1994 o Ley de Derecho de Autor, anunció
ayer la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata.
De acuerdo con la titular de Educación, la próxima semana el Gobierno
dará a conocer una resolución en la que establece su posición
sobre este tema, incluso sobre la propuesta de la Sociedad Panameña
de Autores y Compositores (SPAC) en establecer una tarifa por
derecho de autor.
Adelantó que el Gobierno ha recibido muchas opiniones de distintos
sectores de la comunidad que serán analizados por la comisión
especial, integrada por representantes del Ministerio de Educación
y el Ministerio de Comercio, para proceder a tomar una decisión
razonable.
Por su parte, el primer vicepresidente, Arturo Vallarino, explicó
que la SPAC no puede aplicar una tarifa de cobro por el derecho
de autor sin que haya cumplido con una serie de requisitos que
establece la ley.
Vallarino indicó que la tarifa tiene que ser aprobada por el departamento
de derecho de autor del Ministerio de Educación, y además debe
ser producto de un consenso de todas las partes involucradas,
‘‘y eso no se ha dado’’.
Los representantes de la Cámara de Comercio solicitaron al Ministerio
de Educación que se lleve a cabo una negociación con la SPAC.
Preocupa
libertad de prensa en Panamá
REDACCION
DE LA PRENSA
planas@prensa.com
Un
año después de la derogación de las llamadas ‘‘leyes mordaza’’,
la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) considera
que la situación de la libertad de prensa en Panamá ‘‘sigue siendo
preocupante’’.
La organización denunció que se castiga con penas de prisión los
‘‘delitos de prensa’’ [calumnia e injuria] y protestó por las
presiones que ejerce el Gobierno panameño sobre los medios.
El 20 de diciembre de 1999, la presidenta Mireya Moscoso ratificó
la Ley 55 que derogaba las leyes 11 y 68, conocidas como ‘‘leyes
mordaza’’, heredadas de la dictadura (1968–1990).
Estas dos leyes autorizaban al Ministerio del Gobierno y Justicia
a censurar la prensa u ordenar el cierre de periódicos. Un año
después, Reporteros sin Fronteras expresó su preocupación ante
la vigencia de varias leyes que prevén penas de prisión por ‘‘desacato’’
y ‘‘calumnia e injuria’’.
La derogación parcial de las ‘‘leyes mordaza’’ fueron llevadas
a cabo en diciembre de 1999 cuando Moscoso llevaba tres meses
en la Presidencia. La gobernante entonces prometió esperar que
‘‘muy pronto’’ la legislación panameña se ciñera a los textos
internacionales relativos a la libertad de prensa.
Un año después esta esperanza se ha desvanecido, sobre todo cuando,
el pasado 12 de diciembre, la Asamblea Legislativa rechazó un
proyecto de ley que deroga las leyes de desacato, propuesto por
el defensor del Pueblo, Italo Antinori.
La organización pide a las autoridades panameñas que hagan todo
lo posible para que las penas de prisión por delitos de prensa
se supriman de la legislación panameña.
La desproporción entre la pena y el delito tiene un efecto inhibitorio
sobre el comunicador, que perjudica tanto su derecho de informar
como el de la sociedad a estar informada, señala Reporteros sin
Fronteras.
Unos 40 periodistas tienen actualmente causas pendientes por ‘‘desacato’’
o ‘‘calumnia e injuria’’. Según la organización, varias denuncias
fueron presentadas por el procurador general de la Nación, José
Antonio Sossa, quien se ha convertido en la ‘‘pesadilla’’ de la
prensa.
Según RSF, recibió denuncias de parte de varios directores de
medios que afirman haber recibido llamadas telefónicas de parte
de la mandataria o de ministros para influir en la línea editorial
de sus diarios.
En ambos casos los diarios habrían sido amenazados con privarlos
de la publicidad estatal.
Carlos Ernesto González de la Lastra, director y gerente del diario
El Universal, afirma que varios responsables o cercanos
del diario recibieron llamadas de este tipo.
El diario El Panamá América afirma haber recibido llamadas
de la presidenta Mireya Moscoso. En una de las llamadas, la mandataria
habría amenazado con demandar al diario por ‘‘calumnia e injuria’’
si publicaba una investigación que cuestionaba el ‘‘origen sospechoso’’
del helicóptero usado por la presidenta.
Reporteros sin Fronteras considera que semejantes presiones son
‘‘inaceptables’’ y pide al Gobierno que ponga fin a tales procedimientos.
Acusó que las denuncias presentadas por el procurador general
de la Nación, José Luis Sossa, en contra de periodistas de La
Prensa están a cargo de fiscales que son sus subalternos.
Sossa le reprocha a La Prensa la publicación, los días
7 y 8 de agosto de 1999, de una serie de artículos en los cuales
se le acusaba de brindar protección a un empresario estadounidense
presuntamente vinculado con narcotraficantes.
Más
de 200 reos recibirán hoy libertad condicional
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
Unos
203 reos de diferentes cárceles del país recibirán hoy libertad
condicional, anunció el ministro de Gobierno y Justicia, Winston
Spadafora.
Spadafora explicó que la libertad condicional será otorgada a
los reos que hayan cumplido las dos terceras partes de la pena
y que hayan tenido buena conducta.
Indicó que el Ministerio de Gobierno obliga a estas personas que
reciben el beneficio de libertad condicional a reportarse periódicamente,
pero lo que se busca es reintegrarlos a la sociedad.
A principios de junio pasado se otorgó libertad condicional a
366 detenidos que cumplieron con las dos terceras partes de la
condena.
Con aquel grupo de reos liberados se completó un listado de aproximadamente
800 reos condenados que han sido beneficiados con la medida de
libertad condicional, desde el 1 de septiembre de 1999, fecha
en que se instaló el actual Gobierno.
La directora del sistema penitenciario del Ministerio de Gobierno
y Justicia, Concepción Corro, explicó que la Constitución y el
Código Penal otorgan este beneficio a los detenidos que hayan
sido condenados por cualquier delito, sin excepción.
No obstante, el reo beneficiado debe reportarse cada 15 días ante
la autoridad del lugar donde reside, hasta que concluya el total
de la condena que se le impuso.
En caso de cambiar de domicilio, el beneficiado con libertad condicional
debe informar de su nueva dirección al sistema penitenciario.
Antes de abandonar la cárcel, el reo recibe una boleta y el funcionario
responsable del respectivo centro penitenciario le explica cuáles
son las condiciones de este beneficio.
Presentan
proyecto de ley sobre comercio electrónico
MARTA
FERRER
mferrer@prensa.com
Por
primera vez el Gobierno panameño ha tomado las riendas del ciberespacio.
El miércoles por la noche se presentó ante el Consejo de Gabinete
el primer proyecto de ley sobre comercio electrónico, por medio
del cual se reglamenta la seguridad de las transacciones digitales.
El proyecto fue presentado por seis gremios de la empresa privada,
entre ellos la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, la
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, la Cámara Panameña
de Telecomunicaciones, al igual que la Secretaría Nacional de
Ciencias y Tecnología.
Lo más importante, según Mario Jaramillo, gerente de Grupo Informática
y director de la Cámara de Comercio, es que el proyecto deja muy
claro que el comercio electrónico es lo mismo que el comercio
tradicional, con excepción de que se hace electrónicamente. De
hecho, para poder hacer sus negocios por internet, una empresa
no necesita otra licencia comercial.
‘‘Las
facturas ya no tienen que estar en papel’’, dijo Jaramillo. ‘‘Con
esta ley las facturas digitales se convierten en un documento
aceptado’’, añadió.
El proyecto fue muy bien recibido, según Jaramillo, especialmente
al representar una forma de atraer inversiones. De acuerdo con
el empresario, esta ley es ‘‘lo único que faltaba’’ para colocar
a Panamá en el mapa de los inversionistas extranjeros, ya que
demuestra que el comercio electrónico es algo que el país toma
en serio.
Básicamente, la ley de comercio electrónico regula la certificación
electrónica, la firma electrónica y las entidades de certificación.
Jaramillo explica que si una empresa quiere hacer sus transacciones
con la mayor seguridad posible, esta ley le certificará la autenticidad
de las firmas y facturas. Sin embargo, añade que no es obligatorio
para una empresa contar con la certificación del Gobierno.
Jaramillo, quien participó en la redacción del documento, explicó
que para evitar errores tomaron en cuenta leyes que ya se han
adelantado en otros países como Chile, Estados Unidos y España.
En fin, aunque la penetración de internet en Panamá es bajísima
aún –menos del 2% de la población está ‘‘conectada’’, según la
revista i-Biz– las perspectivas del comercio electrónico
son enormes.
MIDA
critica proceder del MICI
JOSE
QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com
El
ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Pedro Adán Gordón,
responsabilizó al titular de Comercio e Industrias (MICI), Joaquín
Jácome, de autorizar la introducción de grandes cantidades de
carne de cerdo en detrimento de los productores nacionales.
Gordón hizo estos comentarios al abandonar una reunión con productores
agrícolas y porcicultores que no llegó a prosperar, por cuanto
el pleno legislativo debatía en esos precisos momentos el proyecto
de presupuesto de rentas y gastos del Estado.
Las
explicaciones del titular del MIDA afloraron cuando los porcicultores
locales le echaban en cara los perjuicios que vienen sufriendo
por este tipo de decisiones de Gobierno. Según Gordón, a pesar
de que el tema compete al MIDA, fue el MICI el que autorizó la
‘‘saturación’’ del mercado con este producto.
Luis Benjamín Rosas, presidente de la Asociación Nacional de Porcicultores,
denunció que de febrero de 1999 a marzo de este año se importaron
15 mil cerdos que desplazaron la producción del mercado nacional,
lo que representó pérdidas por más de 5 millones de dólares.
No obstante, se quejó del precio recibido que ha fluctuado de
60 a 73 centésimos hasta hace dos meses, representando una pérdida
millonaria que sube a 15 millones de dólares si se contabilizan
todos los percances sufridos en el 2000.
Para Rosas, todo esto es resultado de la falta de una regulación
de las importaciones, tal como lo establece la ley de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y lo atribuyó a la falta de voluntad
del Ministerio de Comercio e Industrias que, ‘‘en su afán de favorecer
al sector industrial, ha provocado esta crisis’’ en el sector.
En suma, Rosas afirmó categóricamente que la eficiencia de las
fábricas de embutidos nacionales ha estado financiada por el sector
porcino nacional. ‘‘Nosotros hemos perdido dinero para que ellos
puedan vender sus productos, lo cual es injusto e ilegal’’, subrayó.
El industrial Juan Francisco Kiener rechazó estas afirmaciones
de Rosas y manifestó no entender de dónde salían esas cifras y
matemáticas ‘‘tan exageradas’’.
Desaparecen
jirafas y 14 millones de dólares
LIMA,
Perú. (Reuters). – El Ministerio de la Mujer peruano busca dos
jirafas y dos rinocerontes que desaparecieron junto con 14 millones
de dólares durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.
La ministra de la Mujer, Susana Villarán, se quedó boquiabierta
con los resultados de una auditoría en tres entidades de su portafolio,
pues revelaron que los funcionarios cobraban doble sueldo e hicieron
la insólita compra de animales africanos para un zoológico local,
que nunca llegaron a Lima.
‘‘Dos
rinocerontes y dos jirafas, que fueron comprados a la empresa
exportadora el año pasado por un valor de 143 mil 625 dólares,
no han llegado’’, dijo ayer Villarán.
Destacó que la compra de los cuatro animales se realizó en forma
irregular en enero de 1999 y desde entonces el Parque de Las Leyendas,
el principal zoológico de Perú, sigue esperando a sus nuevas atracciones.
Cuando el ministerio consultó con la empresa extranjera en Lima
para saber sobre los animales ‘‘dijeron que sus empleados habrían
partido de safari al Africa, al parecer, para capturar a los especímenes’’,
y hasta ahora no habrían regresado, dijo en tono de burla una
radioemisora local.
Ente
Regulador decidirá alza de tarifas
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
El
ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, afirmó que
le corresponde al Ente Regulador de los Servicios Públicos aprobar
o desaprobar una nueva addenda al contrato firmado entre el Estado
y Cable & Wireless (C&W), para que se suspendan los aumentos
en las tarifas telefónicas a partir de enero próximo.
Sin embargo, mediante Resolución de Gabinete 133 del 29 de diciembre
de 1999, publicada en la Gaceta Oficial 23,964 del viernes
7 de enero del 2000, se autorizó al ministro Spadafora a suscribir
una addenda al contrato de concesión otorgado a C&W.
En aquella ocasión, el Ente Regulador señaló que el Gobierno –según
el contrato– puede modificar en acuerdo con C&W su contenido,
sin dejar de tener en cuenta que en caso de ser necesario, la
modificación sea aprobada por la Asamblea Legislativa.
Entrevistado por La Prensa, Spadafora reconoció que es
un hecho los aumentos anunciados por C&W, pero le corresponde
al Ente Regulador analizar cualquier modificación al contrato
con la empresa telefónica.
El aumento en las tarifas de C&W entrarán a regir a partir
del 1 de enero del 2001, incluyendo la nueva tarifa de 2.50 dólares
mensuales y cuatro centésimos por minuto.
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