Nuevas tarifas: callejón sin salida

La competencia podría mejorar las tarifas telefónicas, dice el Ente Regulador; pero, por ahora, hay que esperar hasta el 2003

Víctor D. Torres
vdagoberto@prensa.com

Tras el anuncio de Cable & Wireless de aumentar sus tarifas telefónicas, lo único que queda es esperar hasta dentro unos dos años –l 1 de enero de 2003– a que se abra el compás para que otras empresas de telecomunicaciones compitan en la prestación de los servicios de telefonía a la población.

El director del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Rafael Moscote, dijo que cuando ello se produzca, los panameños podrán tener varias opciones de empresas que les presten el servicio, que actualmente es un monopolio en manos de la transnacional británica Cable & Wireless.

Esta empresa anunció hace unos días que, a partir del 1 de enero del próximo año, comenzarán a regir nuevas tarifas, consistentes, básicamente, en un sinificativo incremento, enmarcado en cuatro planes tarifarios.

Uno de estos planes es el llamado plan social, que tendrá un cargo mensual de 2.50 dólares y 4 centavos el minuto. El plan básico, a su vez, tendrá un cargo de 5.50 dólares mensuales y 3 centavos el minuto. El tercer plan, el estándar, tendrá un cargo fijo mensual de 10.50 dólares y el minuto costará 2 centésimos, y el plan premier, cuya tarifa mensual será 29 dólares sin cargo por minuto consumido.

Las nuevas tarifas telefónicas equivalen, prácticamente, al doble del costo actual por minutos consumidos, es decir, un incremento del 100%, si se comparan con los costos existentes.

‘‘Es de suponer que, al abrirse la competencia, vendrán nuevas compañías para entrar en el mercado de la telefonía’’, expresó Moscote. De hecho, varias empresas están interesadas en prestar servicios telefónicos. Pero Moscote no quiso revelar sus nombres. El funcionario reveló que algunas de las empresas interesadas realizan estudios del mercado local con el fin de ver la viabilidad de competir en el futuro.

Quién establece las tarifas

Las tarifas son establecidas en los contratos de concesión que el Estado firmó con las empresas que explotan el servicio. Como dice Rafael Moscote, el Ente Regulador no tiene la facultad de imponer o aceptar las tarifas de las empresas que prestan los servicios públicos.

La función principal del Ente Regulador, según Moscote, es vigilar la calidad del servicio globalmente y atender las quejas de los clientes contra la empresa por razón de irregularidades en el servicio de llamadas telefónicas. Para eso el contrato establece metas de calidad del servicio, subrayó.

‘‘Los topes de precios que se han venido cobrando, y que pretende seguir cobrando en el futuro la empresa Cables & Wireless, están claramente establecidos en el contrato de concesión que la empresa tiene con el Estado’’.

El funcionario explicó que, pese a lo establecido en el contrato con C&W, el Gobierno acordó una enmienda para establecer una ‘‘tarifa social’’, destinada a satisfacer las necesidades de las personas de menos ingresos.

‘‘Esta tarifa social es para las personas que no utilizan el teléfono por mucho tiempo... es para las personas que se limitan a conversaciones muy cortas y responde a los más humildes’’.

Las metas

‘‘En términos generales, la empresa C&W] está cumpliendo con la mayoría de las metas que implican la calidad del servicio’’, aseguró Moscote. Añadió que no ha habido diferencias notables que el Ente Regulador pueda señalar a C&W.

‘‘Hemos vigilado el cumplimiento [de las metas] con la ayuda de consultores especializados y podemos decir que ha habido cumplimiento de las metas por parte de la empresa’’, insistió.

Moscote dijo que cuando hay reclamaciones de carácter individual de los clientes, se les da seguimiento y se investigan. En la mayoría de los casos, donde se han encontrado fallas, el Ente Regulador ha ordenado a la empresa que dé los créditos correspondientes a las llamadas que los clientes no han realizado, aseguró Moscote.

El anuncio del incremento de las tarifas telefónicas ha provocado el rechazo de la población, y varios dirigentes de asociaciones de trabajadores y sindicatos han advertido que saldrán a protestar a las calles.

Protestas

Algunos dirigentes sindicales han hecho duras críticas. El dirigente obrero Gabriel Castillo calificó de ‘‘irresponsable’’ al Ente Regulador por permitir el incremento de las tarifas y no hacer nada al respecto. Castillo dijo que el Ente favorece a C&W.

Por su lado, la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), ha ido más allá: ha pedido al Gobierno hacer los estudios necesarios para nacionalizar el servicio de telecomunicaciones.

En su defensa, C&W argumenta que el aumento de las tarifas se produce porque actualmente las llamadas de larga distancia internacional subsidian los costos de las tarifas locales y estos subsidios cruzados están prohibidos, según las leyes de telecomunicaciones de Panamá.

Además, agrega la empresa, el ‘‘rebalanceo’’ es un proceso para hacer las tarifas actuales más competitivas en el mercado internacional.

Las recomendaciones de un cliente descontento

Redacción de La Prensa
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En enero de 2001 suben las tarifas telefónicas. Manuel Handal, un jubilado que publica el boletín Carta de Panamá, recomienda, entre otras, las siguientes medidas a fin de reducir la factura del teléfono y que el incremento no se note tanto:

– Desconecte todas las líneas que sean posibles. Si usted tiene dos o más líneas, elimine por lo menos una.

– Si tiene dos líneas telefónicas –debido a que utiliza una para internet–, elimine esta última, y utilice una sola línea para todo.

– Solicite cambio de plan al mínimo. Si está en plan ‘‘premier’’, bájese a uno de los planes mínimos.

– Reduzca al mínimo el tiempo de utilización de su teléfono convencional. Sea muy breve en las llamadas, y recomiende a su interlocutor que haga lo propio.

– Cancele su contrato de celular tan pronto como sea posible. Hágalo sin penalidad o, si no es posible, controle las llamadas.

– Si tiene control de su negocio y tiene varias líneas telefónicas comerciales busque la forma de reducirlas al mínimo.

– Si su teléfono comercial está en plan ‘‘selecto’’, solicite su reducción al plan básico e instruya a su personal que restrinja las llamadas al mínimo.

– Reduzca al mínimo o suprima las llamadas telefónicas internacionales. Recurra a las comunicaciones por internet.

– No compre tarjetas para el uso de teléfonos públicos, pues su precio viene a constituir un adelanto que el usuario hace sin cobrar intereses.

– Si tiene parientes o amigos en Estados Unidos, sugiérales que, por un tiempo, sean ellos los que llamen en vez de llamarlos usted. Después de todo, las tarifas allá son más baratas que las locales.

– Hable con su legislador para considerar la creación de leyes que eviten los abusos en el cobro de tarifas.

Mercados rurales y créditos

Redacción De La Prensa
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Las instituciones de crédito agrícola no han llenado las expectativas que motivaron su creación. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el establecimiento de las instituciones de crédito agrícola se hizo con la intención de promover la producción en ese sector y facilitar el desarrollo económico global durante los últimos 40 años. Sin embargo, la creación de estas instituciones no llenó las expectativas, señala un informe del BID basado en el II Foro Interamericano de la Microempresa.

La provisión de crédito generalmente produjo niveles altos de desembolsos y supuestas ganancias en la producción agrícola, pero estos resultados han sido de corta duración debido a la insostenibilidad del programa, añade el documento.

La insistencia en los desembolsos provocó que se descuidara la ‘‘calidad de la cartera’’ y el desarrollo del área rural no agrícola.

‘‘Las proporciones del repago cayeron por debajo del 50%, los costos de subsidios fueron altos y los créditos a menudo no llegaron a los beneficios deseados’’.

En Panamá, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) ha acumulado pérdidas millonarias que han tenido que ser sufragadas por el Estado. Actualmente, el Banco tiene una cartera de morosidad de 26 millones de dólares.

Por un momento, se mencionó la posibilidad de liquidar o privatizar la institución, pero esas alternativas quedaron descartadas y se decidió emprender un plan para agilizar los procesos administrativos y reducir las pérdidas, calculadas en dos millones de dólares anuales.

El BDA se creó con el fin de otorgar préstamos a intereses blandos a mil 959 productores del país. Este año, contaba con una cartera de préstamos de 83 millones de dólares. La mayor solicitud de préstamos proviene del sector ganadero.

Liberalización y mercados rurales

El mismo informe del BID señala que a finales de la década de los 80 e inicio de los 90, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe experimentaron una ‘‘ola de liberalización financiera’’, lo que produjo que las tasas de interés fueran determinadas por el mercado, mayor eficiencia en las inversiones, competencia interbancaria y ampliación de la oferta de productos financieros.

Sin embargo, la mayoría de estos cambios no se notaron en los mercados. De hecho, los mercados financieros rurales continúan siendo, en su mayoría, subdesarrollados, superficiales y no competitivos, agrega el informe. Esta dualidad limita el crecimiento y el dinamismo del sector rural.

Los empresarios rurales –sobre todo granjeros– no tienen acceso a los servicios de seguros, estructura financiera comercial e instrumentos de administración de riesgos, dice el BID.

Estos servicios beneficiarían a estos empresarios al protegerlos contra pérdidas catastróficas de ingresos y reducirían los costos de las transacciones, indica el informe.