Al
Gore obtiene importante victoria
Tras
dos reveses previos, crucial triunfo en la Corte Suprema de Florida
 TALLAHASSEE,
EU. (Servicios internacionales) –La Corte Suprema de la Florida
confirió ayer a Al Gore un importante triunfo judicial en su lucha
por la Presidencia, ordenando recuentos manuales de votos, alegando
que está en juego ‘‘la esencia de la estructura de nuestra sociedad
democrática’’.
El fallo de la Corte –que ya empezó a generar una fuerte controversia–
pone un manto de duda sobre la victoria de George W. Bush, quien
el 26 de noviembre fue certificado ganador de Florida por 537
votos.
La Corte dio la razón a Gore en su reclamo de revisar a mano miles
de votos dudosos que no pudieron ser leídos por las máquinas de
contar. En todos los casos donde se llevó a cabo recuentos manuales,
Gore logró recuperar cientos de votos más que Bush.
La Corte ordenó ayer atribuir a Gore 383 de esos votos: 215 hallados
tras un recuento manual en Palm Beach que terminó después del
plazo legal para la certificación del resultado, y 168 identificados
en Miami–Dade antes de que la junta electoral de ese condado decidiera
suspender el recuento.
Con esos votos la ventaja de Bush se reduce apenas a 154 votos,
y el resultado puede revertirse en otros condados.
La Corte ordenó al juez Sanders Sauls –quien el 4 de diciembre
había rechazado la impugnación de Gore contra el resultado de
la elección– proceder de inmediato al recuento manual de unos
9 mil votos dudosos identificados en Miami–Beach. Sin embargo,
éste recusó su función por lo que esta decisión se deriva a otro
juez, Terry Lewis.
En la tabulación de los votos, deben aplicarse las normas establecidas
por la legislatura de Florida, y se debe contar todo voto donde
se pueda establecer una clara intención del votante, precisaron
los jueces.
El presidente de la Corte, Charles T. Wells, y el magistrado Major
Harding, firmaron opiniones disidentes, y un tercer magistrado,
Leander Shaw, se unió a la opinión de Harding, dijo Waters.
El dictamen fue anunciado dos horas después de que otros dos jueces
de Florida se negaron a anular unos 25 mil votos por correspondencia
que habían sido cuestionados por electores demócratas, en juicios
de los que Gore no se hizo parte.
Si el fallo hubiera sido diferente, Gore hubiera quedado en clara
ventaja sobre Bush, pues los votos por correspondencia en Seminole
y Martin habían favorecido al republicano en proporción de 2 a
1.
El ganador en Florida sucederá el 20 de enero al presidente Bill
Clinton, pues los 25 votos del estado son suficientes para dar
tanto a Bush como a Gore la mayoría en el Colegio Electoral de
538 miembros que elegirá –el 18 de diciembre– al 43 presidente
de Estados Unidos.
‘‘Esta
es una victoria importante para lo que ha sido el principio básico
de Al Gore y Joe Lieberman desde el día de las elecciones, y eso
es un conteo total y justo de todos los votos’’, dijo por su parte
William Daley, el jefe de la campaña del vicepresidente Gore.
‘‘Esta
decisión no es solo una victoria para Al Gore y sus miles de simpatizantes,
es una victoria para la igualdad y la democracia en sí misma’’,
afirmó Daley.
Bush
apela a la Corte Suprema de EU
TALLAHASSEE,
EU. (AP) –El candidato presidencial George W. Bush se apresuró
a apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos la decisión
del tribunal supremo de la Florida que ordenó el recuento
manual de todos los votos.
Bush autorizó a sus abogados a apelar al juez de la Corte
Suprema de Estados Unidos, Anthony Kennedy, a que descarte temporalmente
la decisión de la Corte de Florida.
Los abogados de Bush también se dirigieron a la Corte de
la Florida, pidiéndole suspender su fallo hasta que sea
revisado por Kennedy y el resto de los jueces en la Corte Suprema
federal.
‘‘Creemos que este fallo es inconsistente con la ley
de Florida, con la ley federal y con la constitución de
Estados Unidos’’, declaró el ex secretario de
Estado, James A. Baker, a nombre de Bush.
Baker leyó gran parte de un mordaz artículo escrito
por uno de los jueces de la Corte Suprema del estado, explicando
su desacuerdo con la opinión de la mayoría.
Baker habló, mientras abogados de Bush introducían
un recurso de emergencia ante el Tribunal de Apelaciones Federal
de distrito en Atlanta pidiendo detener los recuentos –aún
antes de que comenzaran– hasta que el máximo tribunal
del país pueda dirimir el caso.
Baker denunció ásperamente la decisión del
tribunal. Leyendo la opinión contraria del magistrado Charles
T.Wells, afirmó que: ‘‘la decisión mayoritaria
... no tiene fundamento alguno en la ley de la Florida tal como
existía el 7 de noviembre del 2000, ni en ningún
momento hasta la emisión de esta opinión’’.
Zona Libre de Colón pide mayor cooperación policial
antidrogas
MANUEL
DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com
Tras
descartar que los últimos decomisos de drogas y armas formen parte
de una campaña de desprestigio contra la Zona Libre de Colón (ZLC),
el gerente de esta área comercial, Jorge Fernández, subrayó que
se requiere de mayor cooperación de los organismos internacionales
antidrogas.
En estos momentos, indicó, la ZLC cuenta con el apoyo de la agencia
antinarcóticos de Inglaterra, que ha brindado su colaboración
para el fortalecimiento de la unidad canina.
En labor de inteligencia e información, explicó Fernández, la
Zona Libre trabaja coordinadamente con las Agencias Antidrogas
de Estados Unidos (DEA); la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI); y el Departamento de Aduanas de EU.
No obstante esto, Jaime Fernández reconoció que habría esperado
más apoyo que el dado por estas últimas instituciones.
El pasado jueves, un total de 326 kilos de cocaína fue decomisado
en una bodega de la empresa Air Free Work Panamá, S.A., ubicada
en la Zona Libre.
Hace apenas una semana, las autoridades antidrogas decomisaron
663 kilos de cocaína y arrestaron a cinco panameños en un operativo
que se llevó a cabo en un depósito de la empresa Farmazona, S.A.,
también ubicada en la zona franca.
A mediados de septiembre pasado, además, un operativo de la Dirección
de Información e Investigación Policial (DIIP) en Salamanca y
en la ZLC produjo el decomiso de 34 fusiles AK–47, 10 ametralladoras
PKM, 14 fusiles M–16, dos fusiles FAL, dos fusiles Galil, cuatro
fusiles G–3, dos bastones chinos, 91 granadas con sus respectivos
propulsores, un detonador, 659 libras de explosivos y 50 mil 440
municiones.
En opinión de Fernández, estos decomisos de drogas y armas son
‘‘situaciones fortuitas’’ que, por otro lado, reflejan el trabajo
realizado por los organismos de seguridad panameños en colaboración
con la Zona Libre.
‘‘Con
los pocos recursos que tenemos para manejar una de las más importantes
zonas libres del mundo, creo que necesitamos más la colaboración
de organismos internacionales...’’, planteó el jefe de la zona
franca.
También hizo un llamado a los usuarios de la ZLC. ‘‘Cuando tengan
un embarque sospechoso no duden en llamar a las autoridades; no
tengan miedo de que sean focos de críticas porque los nombres
de sus empresas se hagan públicos...’’.
El empresario finalmente afirmó que ‘‘es falso’’ que en Zona Libre
la gente se dedique al tráfico de drogas o al trasiego de armas,
‘‘y eso es lo que hay que decirle al mundo’’.
Un
sofá para mamá
 Los
muchachos se esforzaron en darle comodidad a mamá, aunque hubiera
que acarrear el sofá en carretilla. Disfrutan tanto su regalo,
que ni parecen sentir el peso.
Formalizan
adjudicación de casa a Doens
El
controvertido proceso realizó el sueño de la casa propia
ROLANDO
RODRIGUEZ B.
rrodriguez@prensa.com
Una
de las más controvertidas adjudicaciones de bienes que ha hecho
la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), que en su momento
supuso un enorme costo político para el gobierno de Ernesto Pérez
Balladares, culminó con la venta de la casa No.56, en Albrook,
al ex ministro de Trabajo Mitchell Doens.
La
Gaceta Oficial del jueves 7 de diciembre publica el contrato
de compraventa.
En ella se revela que Emelys Medrano de Doens pagó por dicha casa
163 mil 456 dólares con 27 centésimos, lo que supone una revalorización
de la casa, que, en enero de 1998, fue vendida por primera vez
por la ARI a los Doens por 130 mil 167 dólares con 93 centésimos.
En aquella ocasión, los Doens cancelaron la totalidad de la deuda,
pero, tras dar a conocer La Prensa los términos en los
que se hizo la asignación, la ARI, en ese entonces administrada
por Nicolás Ardito Barletta, devolvió el dinero.
La asignación de la casa se hizo con primera opción de compra,
sin participación en un concurso de precios.
De acuerdo con el nuevo contrato –el No.556–2000, firmado por
el actual administrador, Alfredo Arias–, la ARI no le reconoce
al comprador ‘‘suma alguna en concepto de incentivos, relacionado
con el canon mensual de arrendamiento, por no haber ejercido tal
derecho oportunamente, de allí que no habrá ningún descuento en
el precio del inmueble’’.
La casa –que tiene dos plantas, cuatro recámaras, cuarto de empleada
y un área de construcción de 406 metros cuadrados– fue una de
las más cotizadas por potenciales clientes, que luego se enteraron
de que ésta había sido asignada de forma directa por la ARI al
entonces ministro de Trabajo.
La administración de Pérez Balladares se vio sacudida por el escándalo
en 1998, tras la revelación de que la ARI había favorecido en
la asignación de viviendas en Albrook, además de a Doens, al antiguo
ministro Francisco Sánchez Cárdenas, al ex gobernador de Chiriquí
Ricardo Saval, a los magistrados de la Corte Suprema, Graciela
Dixon (que anteriormente fue vicepresidenta de la junta directiva
de la ARI ) y Eligio Salas, y a varios periodistas.
Tras salir estos hechos a la luz pública, la ARI trató de encubrir
sus acciones.
El entonces administrador de la ARI nunca dio explicaciones satisfactorias;
la junta directiva se lavó las manos.
Las
últimas rosas
 La
pequeña vendedora de dulce expresión se desprende de sus últimas
rosas.
Siete
manzanas destruidas, 35 muertos, saldo del ataque de las FARC
a Granada
BOGOTA,
Colombia. (EFE). –El número de muertos en el ataque de la guerrilla
de las FARC al municipio colombiano de Granada se elevó a 29 tras
hallarse ayer los cadáveres de 15 civiles y dos policías entre
los escombros de edificios derruidos, informaron las autoridades.
La muerte de otros tres agentes del puesto de la Policía en este
municipio del noroeste del país, de 14 guerrilleros y un soldado
durante combates posteriores fue dada a conocer ayer, cuando terminó
el ataque.
Dos policías más y otros 15 vecinos de la localidad resultaron
heridos durante el ataque guerrillero que comenzó el pasado miércoles
por la noche con la activación de un coche–bomba en el centro
del municipio.
Siete manzanas del sector, con viviendas y locales comerciales,
quedaron totalmente derruidas.
El ataque contra Granada fue realizado por el Noveno Frente de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en presunta
respuesta a la matanza de 19 campesinos perpetrada a mediados
de noviembre pasado por paramilitares en la zona rural del pueblo.
Casi de forma simultánea, el Frente 30 de las FARC atacó Cisneros,
una aldea de la ciudad de Buenaventura, el principal puerto de
Colombia sobre el litoral del Pacífico, donde perdieron la vida
tres policías y uno más resultó herido.
Los ataques fueron lanzados poco antes de que el presidente colombiano,
Andrés Pastrana, prorrogara hasta el 31 de enero de 2001 la vigencia
de la zona neutral del sur selvático en la que su gobierno negocia
la paz con las FARC desde hace casi dos años.
Tiroteo
en Mezquita deja al menos 20 muertos
EL
CAIRO, Egipto. (Servicios internacionales). –Tres hombres armados
abrieron fuego indiscriminadamente anoche sobre los fieles que
se encontraban rezando en una mezquita cercana a Um Durman, capital
administrativa de Sudán, matando al menos a 20 personas e hiriendo
a otras 30, informó la agencia oficial de noticias sudanesa.
Uno de los asaltantes también murió en el tiroteo con las fuerzas
de seguridad, que se hallaban en el exterior del templo, situado
en la localidad de Garafa, a unos 40 kilómetros al norte de Jartum,
añadió la agencia.
La mezquita, que suele ser frecuentada por la llamada ‘‘Ansar
Al–Suna’’ (seguidores del profeta Mahoma), ya había sido objeto
de ataques similares en el pasado.
Según la televisión sudanesa, los autores del crimen son miembros
de la organización integrista islámica Takfir wal Hijran ‘‘Arrepentimiento
y huida (del mundo del pecado)’’.
La agencia no informó sobre el móvil del crimen.
La masacre se ha producido un día después de que las fuerzas de
seguridad sudanesas arrestaran a siete líderes de la Alianza Nacional
Democrática (AND), bajo la acusación de organizar una campaña
de sabotajes con la intención de derrocar al Gobierno.
Los dirigentes de la AND fueron arrestados cuando se entrevistaban
con el agregado de asuntos políticos de la Embajada de Estados
Unidos en Sudán, Gleen Allan.
El diplomático estadounidense, al que se le dieron 72 horas para
abandonar el país, también fue acusado de estar implicado en el
complot para derribar al régimen del presidente, Omar Hasan Al
Bachie, dirigido por la AND, organización que agrupa a todas las
facciones de la oposición sudanesa.
En 1994 otra mezquita de Ansar al–Sunna fue atacada por dos fundamentalistas
musulmanes, uno sudanés, que murió a manos de la policía tras
el ataque, y otro libio, que fue juzgado y ejecutado en 1995.
El ataque de este viernes ocurre tres días antes de las elecciones
generales en Sudán, boicoteadas por los grupos de oposición, pero
por el momento no se ha establecido ningún nexo entre ambos acontecimientos.
Tristes
imágenes de un día no tan feliz
 Esta
niña y su madre, indígenas de la etnia Ngobe– Buglé, pasaron el
día destinado a honrar a las progenitoras pidiendo limosna en
las inmediaciones del centro de la ciudad de David, al pie de
una mercadería que parece aérea, por lo inalcanzable.
EU
extraditará a panameño acusado de asesinar a policía
El
asesinato ocurrió el 14 de junio de 1995 en la comunidad de Buena
Vista, Colón
GIONELA
JORDAN V.
rrodriguez@prensa.com
El
Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió extraditar
a Panamá al ciudadano panameño Jaime Muir Romero, acusado por
el homicidio del agente de la Policía Nacional, Máximo De León,
hecho ocurrido en 1995, según informó la Procuraduría General
de la Nación.
Una nota enviada por Maruquel Icaza, agregada legal de la Embajada
de Panamá en Washington, a la directora de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Iana Quadri de Ballard, señala
que ‘‘hemos sido informados telefónicamente por el Departamento
de Justicia de que la extradición del ciudadano Jaime Wilberforce
Muir Romero ha sido aprobada’’.
Además añade que tan pronto esa sede diplomática reciba copia
de la decisión y el resto de la documentación, la remitirá a la
Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería.
El 14 de junio de 1995, De León fue impactado por dos proyectiles
en el interior del patrulla que conducía en la Vía Boyd Roosevelt,
a la altura de la comunidad de Buena Vista, Colón.
Según las investigaciones, el policía De León notó que un auto
que transitaba por la Vía Transístmica llevaba mucho peso en el
baúl, por lo que ordenó al conductor (que era Muir Romero) que
se detuviera.
El sospechoso detuvo la marcha, se bajó del vehículo, se acercó
al autopatrulla con un arma de fuego y apuntó a la cabeza del
agente, revelan las investigaciones.
El policía De León forcejeó con Muir Romero, pero finalmente recibió
dos disparos que acabaron con su vida.
Agregan las investigaciones que después del homicidio, las autoridades
encontraron en el vehículo de Muir Romero ‘‘343 mil 290 gramos
de cocaína [sic]’’.
Muir Romero fue llamado a juicio en agosto de este año por el
homicidio de De León, por lo que a su llegada a Panamá tendrá
que enfrentar un juicio.
El Ministerio Público explicó que la solicitud de extradición
de Muir Romero se fundamenta en la Ley No.75 del 14 de junio de
1904, por medio de la cual se aprueba el tratado de extradición
entre los Gobiernos de Panamá y Estados Unidos.
Asimismo recordó el Ministerio Público que en años recientes ha
logrado las extradiciones de Heráclides Sucre, condenado por el
asesinato del mayor Moisés Giroldi; de Horacio y Humberto Chan
Wong, condenados por el homicidio de Takashi Ota, presidente de
Citizen Latinoamérica.
También se logró extraditar a Luis Enrique Sémpero, vinculado
a delitos contra la propiedad intelectual y conocido como el ‘‘rey
de la videopiratería’’, y a Benigna Walter, acusada por delitos
relacionados con droga. Esas extradiciones fueron tramitadas ante
los Gobiernos de Perú, Nicaragua y México.
Actualmente –informó la Procuraduría de la Nación– sigue pendiente
la extradición del ex gerente del Banco Nacional de Panamá (BNP)
Rafael Arosemena, quien reside en México y fue condenado en ausencia
por peculado en el BNP. En este caso, el Ministerio Público advirtió
de que insistirá en la extradición del ex gerente en base a la
Convención Interamericana contra la Corrupción que favorece la
extradición de aquellos vinculados a prácticas incorrectas.
Igualmente, precisa el Ministerio Público, se encuentra pendiente
la extradición de Gonzalo Chalo González, condenado por la ejecución
de 10 militares golpistas que se rebelaron contra el ex general
Manuel Antonio Noriega el 3 de octubre de 1989. Esas ejecuciones
son recordadas como ‘‘la masacre de Albrook’’.
González se encuentra supuestamente refugiado en Cuba.
MOP
y municipios deben vigilar a constructoras
MANUEL
DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com
Las
autoridades municipales y el Ministerio de Obras Públicas (MOP)
deben prestar más atención al cumplimiento de los planos que presentan
las empresas constructoras para evitar obstrucciones que provoquen
inundaciones, afirmó ayer Arturo Alvarado, director del Sistema
Nacional de Protección Civil (SINAPROC).
Durante las fuertes lluvias que se registraron esta semana en
la provincia de Colón, el SINAPROC y el MOP encontraron que algunos
rellenos que se realizan en el sector de los Cuatro Altos provocaron
inundaciones en las vías principales.
‘‘No
nos oponemos a los rellenos’’, dijo el funcionario. ‘‘A lo que
nos oponemos es a que las cosas no se hagan bien, que no se establezcan
los niveles necesarios para que los desagües se hagan correctamente’’,
añadió.
De acuerdo con el jefe del SINAPROC, además de aprobar los planos,
las autoridades municipales y el MOP deben asegurarse de que las
empresas cumplan con sus exigencias.
‘‘Las
compañías acostumbran a llevarse el plano [con las indicaciones
necesarias], pero en el terreno no hacen lo mismo, y allí es donde
fallan las instituciones como Ingeniería Municipal’’ en no dar
seguimiento, dijo Alvarado.
El funcionario recomendó que si es necesario, se debe detener
la obra que no cumpla con los requisitos de construcción exigidos.
Alvarado, por otro lado, reiteró que posiblemente durante todo
el mes de diciembre se registren fuertes lluvias.
‘‘Sin
embargo hay lugares en donde tenemos brisas del norte, por lo
que creemos que podemos entrar en verano en enero’’, explicó.
En la última semana más de un centenar de viviendas fueron afectadas
por las lluvias, especialmente en el sector de Cativá. En este
corregimiento resultaron perjudicadas decenas de familias en San
Pedro (A y B), Guayabal y La Verbena.
Martinelli
discrepa con la SPIA
SANDRA
ALICIA RIVERA
ESPECIAL PARA LA PRENSA
planas@prensa.com
BARU, Chiriquí. –El ministro para Asuntos del Canal,
Ricardo Martinelli, sostuvo que no es cierto que la ruta para
el segundo puente sobre el Canal de Panamá sea peligrosa,
tal como lo planteó recientemente la Sociedad Panameña
de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).
Aseguró que el área en donde se construirá
el puente y sus accesos no está en terrenos que fueron
contaminados durante las prácticas de tiro de las fuerzas
armadas de Estados Unidos.
‘‘Ese puente debe ser el puente del centenario y debería
estar listo en el 2003, pero desafortunadamente va a estar listo
en el 2004 y costará aproximadamente 20 millones de dólares’’,
dijo.
El pasado miércoles 6 de diciembre, el candidato a la presidencia
de la SPIA, Ulises Lay, volvió a mencionar el peligro que
tiene la nueva ruta para la construcción del segundo puente
porque atraviesa por parajes que fueron utilizados por el ejército
estadounidense para prácticas de tiro. Agregó que
esta ruta carece de las servidumbres necesarias.
El ministro dijo que el Canal de Panamá, dentro de su presupuesto,
no puede sufragar los costos de la obra. Sin embargo, el Canal
aporta al Tesoro Nacional unos 200 millones de dólares
al año y el Gobierno podrá usar esos fondos de la
manera que crea conveniente para la construcción.
Reiteró que discrepa con la opinión de la SPIA y
agregó que una gran cantidad de reconocidas empresas internacionales
han venido y todas han presentado sus diseños que están
‘‘bonitos, innovadores, distintos a lo que se tienen
en Panamá’’, dijo.
Indicó que en la construcción del puente ha habido
una amplia consulta entre todas las partes interesadas, así
como con la Autoridad del Canal, por lo que el puente va a construirse
ya que los panameños ‘‘lo necesitamos’’.
Primera
comunión
 Cientos
de niños y niñas realizaron ayer su primera comunión, con motivo
de la celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción
o la Purísima. Estas niñas cantan durante la celebración de la
misa en la Basílica Menor Don Bosco.
PDC
avala reforma tributaria
GIONELA
JORDAN V.
gjordan@prensa.com
El
presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rubén Arosemena,
afirmó que es necesaria una reforma tributaria y que, por ende,
quien señale que esto no es así ‘‘está dándole la espalda al crecimiento’’
del país.
En declaraciones públicas, sectores empresariales –entre los que
destaca el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP)– se
han manifestado en contra de una reforma tributaria.
Según el democristiano, el sistema tributario vigente en Panamá
es ‘‘obsoleto y arcaico’’, porque hay impuestos que dejan pérdidas
al erario porque cuesta mucho cobrarlos.
Por esa razón, Arosemena concluyó que ‘‘hay que actualizar’’ ese
sistema, concentrándose en los impuestos que realmente constituyen
un fuerte ingreso para el Gobierno.
Además, dijo que se debe revisar la inequidad existente en la
materia, ya que la carga tributaria está dirigida al ciudadano
común y corriente, porque la legislación actual otorga a las empresas
exoneraciones en base a que ellas generan plazas de empleo.
Según la concepción tradicional, si las empresas quedan eximidas
de pagar ciertos impuestos, entonces el trabajador debe llevar
la carga y pagar el grueso de los impuestos, dijo Arosemena.
El presidente del PDC considera que lo anterior es injusto y ‘‘por
eso es que estamos planteando el tema de disminuir la carga tributaria
a los asalariados’’.
A través de un proyecto de ley, prohijado esta semana por la Comisión
de Hacienda, Arosemena propuso eliminar el pago del impuesto sobre
la renta a las personas que devenguen menos de 700 dólares mensuales,
porque son ellas las que pagan más impuestos.
Esa propuesta va acompañada de modificaciones al artículo 967
del Código Fiscal, referente al impuesto de timbre, cuyo costo
se incrementará de 10 a 15 centésimos para los documentos que
lo requieran.
Igualmente se amplía el ámbito de aplicación del impuesto, por
cuanto se establece que todo cheque e instrumento que ocasione
débitos a una cuenta corriente por retiros a través de medios
electrónicos estén sujetos al cargo del timbre.
OIT
sugiere aumento en la edad de jubilación
Según
la organización, la medida se impone debido al aumento en la expectativa
de vida y la difícil situación que afrontan los sistemas de pensión
en el mundo
REDACCION
DE LA PRENSA
planas@prensa.com
El
aumento de la edad de jubilación es la solución a la falta de
recursos para financiar las pensiones de retiro laboral, según
un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
De acuerdo con ese informe –a cargo de Colin Gillion–, a medida
que aumenta el promedio de vida, la falta de un plan de pensión
adecuada y el riesgo de una vejez de pobreza amenazan a gran parte
de la población mundial.
El sistema de jubilaciones está en crisis en todo el mundo. ‘‘La
situación empeorará. Alrededor de un 90% de la población activa
del mundo tiene un plan de pensión inadecuado’’, señaló Gillion.
Y es que el aumento del promedio de vida de los seres humanos
en el mundo se ha convertido en un problema de índole laboral
en muchos países.
Por ejemplo, los países miembros de la Unión Europea (UE) están
realizando acciones comunes para suprimir todo tipo de discriminación
por cuestiones de edad y favorecer el empleo de las personas mayores
de 60 años.
Según datos de la UE, en 1995 el 25% de la población activa europea
estaba entre los 50 y 65 años, pero en el 2025 llegará al 35%.
En Japón ya se aprobó una ley (en 1994) para aumentar la edad
de jubilación a 65 años en el 2013. Actualmente está en los 60
años. Además, el Ministerio de Salud nipón advirtió a los japoneses
que si los aportes mensuales de los trabajadores no son aumentados,
el monto de las pensiones deberá ser disminuido.
Las personas en edad de jubilarse serán, dentro de 25 años, 70
millones más que ahora, mientras que el número de aquellos en
edad laboral crecerá solo en 5 millones, divulgó un informe de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). La OCDE es la organización de los 29 países más industrializados
del mundo.
El fenómeno repercutirá a su vez en las economías de todos los
países industrializados y será, muy probablemente, incluso una
amenaza para el nivel de vida de esas naciones, destaca el informe.
La magnitud del envejecimiento de la población se refleja, por
otra parte, en el hecho de que en los últimos 25 años el número
de personas con más de 65 años creció 45 millones, frente a los
120 millones de personas en edad laboral.
En el caso, por ejemplo de Italia, las estimaciones indican que
en el 2038 la población entre los 60 y los 74 años será el 25.2%
del total y aquella con más de 75 años el 14%.
La receta de la OCDE para evitar un conflicto entre generaciones
e impedir un aumento de la deuda pública interna se basa en algunos
principios clave, o sea en cambios estructurales en campos como
el régimen de las jubilaciones para los empleados públicos, que
dan muchas facilidades para la salida del trabajo.
Los trabajadores ancianos, destaca la OCDE, deberían contar con
nuevas oportunidades de empleo, aprovechando de esta manera su
experiencia.
Por estas razones habría por otra parte que introducir un sistema
flexible de salida del trabajo que permita compartir el trabajo
mismo con actividades vinculadas a la formación profesional.
Paralelamente a la reforma de los sistemas de providencia social,
la OCDE propuso incentivar las inversiones en los fondos integrativos
de jubilación y otras formas de ahorro privado.
También en el mercado financiero se imponen algunas reformas estructurales,
para que los ahorristas cuenten con más transparencia y garantías,
mientras que el gasto público destinado a la sanidad debe mejorar,
porque la edad media de la población está destinada a alargarse
sensiblemente, señala el informe.
Docentes
panameños insisten en pedir una jubilación anticipada
GERARDO
BERROA LOO
gberroa@prensa.com
Mientras
los educadores panameños insisten en el pedido de una jubilación
anticipada, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) propone
el aumento de la edad de jubilación en el mundo como una solución
a la falta de recursos para financiar las pensiones de retiro
laboral.
Y es que los organismos financieros internacionales y la OIT han
venido presionando a Panamá en ese sentido durante la última década,
recordó el legislador perredista Elías Castillo.
Según Castillo, el gobierno arnulfista (de Guillermo Endara) negoció
durante los años 91 y 92 una carta de intención con las IFI, que
contemplaba la privatización de las empresas estatales y el aumento
de la edad de jubilación. Este se dio en 1992; luego, el gobierno
del perredista Ernesto Pérez Balladares concretó el proceso de
privatización y la eliminación de las jubilaciones especiales.
Actualmente la Asamblea Legislativa, dominada por los perredistas
y los demócrata cristianos, tiene en sus manos un proyecto de
ley que contempla un retiro anticipado para los educadores.
Para Castillo, ‘‘la Asamblea está actuando en base a un acuerdo
consensuado [entre educadores y el Gobierno] y como una forma
de evitar que se haga traumático el periodo educativo’’.
Pero todo esto contradice lo aprobado por los perredistas en el
quinquenio 94–99 y ocurre lo mismo con la carta de intención firmada
por los arnulfistas en el gobierno de Endara, se le recordó a
Castillo. El legislador dice que no, porque en este caso los educadores
están dando su aporte y el Gobierno también, y no se está descapitalizando
la Caja de Seguro Social que fue el motivo por el cual se actuó
en aquella ocasión.
Los educadores justifican el retiro anticipado en el ‘‘desgaste’’
que sufren a lo largo de los años. Sin embargo, esa justificación
ha recibido una serie de críticas de diversos sectores, ya que
‘‘nada garantiza que un educador, una vez jubilado, no continuará
laborando en una escuela privada’’.
Para Castillo, ese tema se ha discutido bastante en la Asamblea
y es verdad, pues, los educadores se jubilarán estando en un estado
físico saludable y en vista de ello muchos querrán continuar laborando.
Otros, en cambio, buscarán otros ingresos por otra vía.
En principio –dijo Castillo– él no se opone a que el educador
trabaje después de jubilarse siempre y cuando no lo haga en la
misma actividad, es decir, ejerciendo la docencia.
La edad de jubilación en Panamá es de 62 años los hombres y 57
las mujeres. El trabajador recibe un promedio de entre 60 y 65%
de su salario cuando se jubila.
El proyecto que se discute en la Asamblea establece que los educadores
se retirarán a los 55 años y medio los hombres, y 52 años y medio
las mujeres, y que recibirán el 85% del salario. Para lograr eso
–agregó Castillo– los docentes deberán aportar el 7.9% de su salario
mensual y el Estado el 4.4%.
Para Castillo, el radicalismo de los educadores evitó que se llegara
a este acuerdo cuando se eliminaron las jubilaciones especiales
durante el gobierno de Pérez Balladares. ‘‘Si en aquel momento
hubieran tenido una propuesta como esta, no hubieran perdido tanto
tiempo en tener algo así’’, finalizó el legislador.
Reabren
sala de maternidad del Santo Tomás
Las
reparaciones tratan de lograr que el ambiente sea más seguro para
los pacientes
GIONELA
JORDAN V.
gjordan@prensa.com
Con
el nacimiento de un pequeño que pesó más de siete libras, ayer
reabrió sus puertas la sala de maternidad María Cantera de Remón,
del Hospital Santo Tomás, tras haberse clausurado hace un mes
a raíz de la muerte de un recién nacido contagiado con una bacteria
nosocomial.
El pasado 10 de noviembre el Ministerio de Salud (MINSA) ordenó
el cierre de la sala de maternidad del Santo Tomás, debido a la
aparición de una bacteria nosocomial que le costó la vida a un
niño y la hospitalización de otros tres.
A las 7:30 de la mañana de ayer se atendió el primer parto en
la sala de maternidad del Santo Tomás luego de su reapertura,
informó el director médico de esa dependencia, Rodrigo Velarde.
La primera madre en dar a luz fue la señora Xiomara Hall, de 31
años, procedente del sector oeste de la capital, específicamente
de Vacamonte, Arraiján, quien tuvo un parto normal sin ningún
tipo de complicaciones, de acuerdo con Velarde.
Durante el cierre –manifestó el galeno– a la sala de maternidad
se le corrigieron algunos defectos estructurales que hacían difícil
la limpieza del área. Estos trabajos tuvieron un costo estimado
de 100 mil dólares.
Además de esto hicieron cambios en el sistema de acondicionadores
de aire, para adecuarlos a las necesidades de una sala de parto.
Para ello se instaló un sistema de filtros y de recambio del aire
de forma periódica que garantice un mejor ambiente de higiene.
Todo eso, enfatizó Velarde, ayudará a que la atención de los partos
se pueda hacer dentro de los parámetros de calidad que exige la
prestación de este tipo de servicios.
No obstante, reconoció que la reestructuración no garantiza en
un 100% la erradicación de la bacteria nosocomial del área, pero
si la reduce ‘‘a una posibilidad ínfima’’ de que pueda volver
a afectar a un infante.
La sala de maternidad, en situación normal, atiende alrededor
de 30 partos normales, y entre seis y ocho cesáreas diariamente,
lo que hace un aproximado de 38 nacimientos por día. Hasta ayer
en horas de la mañana se encontraban dos mujeres en labor, dos
más en proceso de admisión y la señora Hall.
Antinori
puede reelegirse, según Cano
Presidente
de la Comisión de Derechos humanos estima que el análisis de las
hojas de vida de los aspirantes puede tomar hasta 5 meses
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
El
defensor del Pueblo, Italo Antinori, quien termina su período
el 31 de marzo del 2001, puede aspirar a la reelección según lo
establece la Ley 7 del 5 de febrero de 1997, opinó el presidente
de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa,
Felipe Cano.
La Comisión legislativa de Derechos Humanos dio a conocer el proyecto
de reglamento de procedimiento de elección del defensor o defensora
del Pueblo, quien debe instalarse el 1 de abril del 2001 hasta
el 31 de marzo del 2006.
Para ocupar este cargo se requiere ser panameño, preferiblemente
abogado, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos,
ser mayor de 35 años, no haber sido condenado por delito doloso
y tener solvencia moral. Además, el aspirante no debe tener parentesco,
dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad,
con la presidenta de la República, ni con ningún ministro, magistrado
de la Corte Suprema de Justicia, ni con legisladores.
Después que la Comisión de Derechos Humanos seleccione los candidatos
que cumplen con los requisitos, le corresponderá al pleno legislativo
elegir por votación directa al próximo defensor del Pueblo, mediante
el sistema nominal o secreto.
Los comisionados de Derechos Humanos recibieron el miércoles el
proyecto de reglamento de elección del defensor del Pueblo y el
legislador Cano informó ante el pleno legislativo que se había
iniciado el procedimiento para elegir al próximo defensor.
De acuerdo con Cano, el análisis de las hojas de vida de los aspirantes
a defensor del Pueblo tomará entre cuatro y cinco meses, tiempo
durante el cual se analizarán los currículos de cada aspirante,
además de una consulta personalizada para que presenten los planes
y las razones por las que aspiran al cargo.
MINSA
investiga aumento de enfermedades intestinales
MANUEL
DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com
El
Ministerio de Salud (MINSA) ha registrado unos 80 casos de enfermedades
diarreicas y respiratorias en los últimos meses, que han tenido
como consecuencia dos menores muertos.
Según Alexis Pinzón, viceministro de Salud, aún se investiga qué
es lo que ha causado estas enfermedades. Aunque de acuerdo con
la jefa de Epidemiología, Itza Mosca, los casos de diarrea, tanto
en Coclé como en Darién, se deben a la ingesta de agua que no
ha sido debidamente tratada para el consumo humano.
Mosca agregó que esta situación no alcanza los niveles de epidemia,
sino que ‘‘estamos en la curva normal de casos’’.
Solo en la provincia de Darién 64 personas tuvieron que ser atendidas
en giras médicas por enfermedades gastrointestinales, en las localidades
de Naranjal, Corozal y Yaviza.
De ese total, 34 niños fueron hospitalizados para aplicarles tratamiento
y sacarlos de la fase crítica de deshidratación causada por los
cuadros diarreicos. La mayoría de estos niños fueron dados de
alta sin mayores inconvenientes.
Mosca sostuvo que tanto en Coclé como Darién el consumo de agua
contaminada ha sido el factor que ocasionó los numerosos casos
de diarrea.
Por ello indicó que: ‘‘El Ministerio de Salud tiene que fortalecer
todos los programas de agua potable, sobre todo en las áreas indígenas,
en donde hay que convencer al ciudadano para que consuma agua
segura’’, añadió.
La funcionaria también informó del ingreso al Hospital Santo Tomás
de un paciente procedente de El Cristo, Aguadulce, con síntomas
parecidos a los que ocasiona el virus hanta. Igualmente señaló
que se investiga un caso procedente de Santa Ana, que se sospecha
es de dengue hemorrágico.
Por su parte, Carlos Rodríguez, jefe de la Dirección Metropolitana
de Salud, hizo un llamado a la ciudadanía para que mantenga las
medidas de salud necesarias en estas fiestas del mes de diciembre.
El funcionario recomendó verificar la fecha de vencimiento de
los productos, y poner los alimentos fríos a temperaturas adecuadas.
Entrega
de última hora
 Estos
dos jóvenes se desplazaban ayer por las calles de la ciudad para
hacer veloz entrega de arreglos florales de petición tardía.
Funcionario
propone privatizar algunos servicios del IDAAN
JOSE
QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com
No
hay voluntad política para resolver la aguda crisis que sufre
el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN),
que se encuentra en un caos administrativo y casi en la insolvencia
económico-financiera, señaló Luis Pedreschi, ingeniero civil y
sanitario.
Pedreschi, quien participa de la comisión presidencial ampliada
para estudiar la modernización del IDAAN, laboró por 17 años en
esa institución, la cual conoce ampliamente y siente que hay que
actuar para rescatarla y hacerla más eficiente y productiva para
el país.
Según el técnico, si no se privatiza el IDAAN, hay que tomar medidas
para hacerlo eficiente y productivo. Especialmente fortalecer
el área comercial para mejorar sus ingresos, dándole a alguna
empresa el respectivo contrato para realizar un catastro de usuarios;
instalación y lectura de medidores; facturación y cobranza del
consumo.
Además de ello, recomienda contratar una empresa especializada
para recuperar su cartera morosa que ya alcanza unos 68 millones.
‘‘El
país solamente aceptaría la decisión de responsabilizar a empresas
privadas por los servicios comerciales del IDAAN, si el Estado
no rehuye su papel de responsable final’’, subraya Pedreschi al
evaluar estas sugerencias.
Situación actual
Durante
su participación en la comisión, se enteró de cifras y situaciones
que realmente le hacen preguntarse cómo una institución tan importante
para la comunidad ha llegado a los niveles de desatención y descuido.
Entre estas citó que el IDAAN no cobra ni el 40% de lo que produce
en agua. Debiera estar cobrando 97 millones anuales, pero factura
64 millones y solo cobra 57 millones. Ello quiere decir, comentó,
que durante los últimos cinco años ha dejado de cobrar 200 millones.
Según Pedreschi, al desestimarse la privatización del IDAAN en
un año tan político como 1999, y comprometerse en procurar las
medidas necesarias para convertirla en una entidad moderna y eficiente,
la ineficiencia se mantiene por tratarse de un monopolio natural
y sin competencia.
Siendo así, persiste una crisis de operación permanente que le
impide atender el crecimiento de la demanda de servicios de agua
y alcantarillado.
Actualmente el IDAAN abastece de agua potable a un millón 800
mil habitantes del país, opera 128 sistemas de acueductos que
abarcan mil 450 comunidades, lo que constituye el 100% de la población
urbana.
‘‘El
problema se agrava aún más con 200 mil personas que son abastecidas
con camiones cisternas todos los meses’’, indicó.
Por otro lado, el 50% de los clientes no tiene medidores y al
50% restante no se le lee a todos el consumo o sus medidores no
funcionan eficientemente. En suma, la morosidad es de 60 millones;
el sector privado adeuda 52 millones y el Gobierno 8 millones.
Reformas urgentes
Por
ello, Pedreschi precisa la necesidad de una reforma al marco legal
lo antes posible.
La nueva ley tendría que reafirmar la voluntad política del Ejecutivo
para la autonomía administrativa y financiera del IDAAN; eliminar
el co–gobierno existente con la institución; sacrificar los nefastos
espacios políticos; que la ley sea de estricto cumplimiento; que
se nombre al gerente mediante terna propuesta, (método parecido
al del Seguro Social); y que se cuente con una junta directiva
integrada por la sociedad civil.
En cuanto al fortalecimiento financiero, indicó que las vías para
lograrlo son a través de los recursos que aporte el Ejecutivo
mediante el presupuesto para proyectos específicos, tales como
el caso de la Línea de Oriente, pero que lleva un atraso de tres
años.
Sobre los créditos externos, se hace necesaria la aprobación de
la nueva ley para que el Banco Interamericano de Desarrollo acepte
financiar los recursos requeridos: 25 millones para administración;
1 millón para la campaña publicitaria y 200 millones para sanear
la bahía.
También se debe mejorar el nivel de inversiones, que ahora mismo
solo alcanza 8 millones anuales y propiciar que el sector privado
participe del desarrollo del país mediante concesiones para proyectos
específicos y contratos de servicios con garantía oficial.
Otro aspecto importante es la reorganización administrativa, que
consiste en una descentralización administrativa y operativa con
una disminución sustancial de la burocracia. Además, seleccionar
el personal por capacidad y méritos.
Prioridades
Las
prioridades que plantea Pedreschi en materia de agua potable apuntan
a que se debe dotar con su propio abastecimiento a todas las provincias
por los próximos 10 años para garantizar el agua a la población.
Esto, insiste, permitiría el crecimiento urbanístico, comercial
e industrial de Panamá.
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