El código de silencio que se imponen los miembros de una organización, lícita o ilícita, puede ser indicativo de su sentido de lealtad, o de su grado de cohesión. Cuando a los funcionarios de una institución se les impone un código de silencio, sobre la existencia del cual, a su vez, no se puede decir palabra, parecería entonces que hay una situación de crisis interna que la jefatura se propone evitar que llegue a los medios, sin necesariamente brindar una solución eficaz. Más que un código de silencio es la actitud del avestruz, que hasta ahora no ha dado resultados en ninguna parte del mundo. El propósito de que los casos judiciales no sean decididos en los medios de comunicación es una verdad a medias, o el principio de una mentira. Cuando a las autoridades les interesa crear un clima en contra de algún detenido, son ellas las primeras que acuden a sus contactos periodísticos para divulgar la historia. Que el periodismo panameño no quiera quedarse solamente con la versión que le interesa a las autoridades no es solamente una virtud, sino que es, además, un bien ciudadano. En los medios nunca se decide nada, solo se denuncia, se informa para que cada uno saque sus conclusiones. Por ello, es el temor a la opinión pública el que requiere imponer un código de silencio.