Presupuesto
del 2001 sería recortado en 30 millones
El
ministro Delgado advirtió que si la Asamblea no aprueba el presupuesto,se
usara el del año anterior
GIONELA
JORDAN V.
y
WILFREDO JORDAN
planas@prensa.com
 |
| Norberto
Delgado |
La
Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa le planteó
al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el recorte de unos
30 millones de dólares del presupuesto general del Estado para
el 2001, monto que se ha calculado obtener como parte de la reforma
tributaria que el Gobierno prevé implementar el próximo año.
Aníbal Culiolis, de la Comsión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa,
indicó que el planteamiento se hizo durante una reunión dirigida
por el presidente de esa instancia legislativa, Carlos Afú, junto
con representantes del MEF.
La propuesta de la rebaja de los 30 millones se hace tras las
críticas efectuadas por la oposición legislativa en el sentido
de que el presupuesto está ‘‘inflado y desbalanceado’’.
La inclusión de esos 30 millones de dólares dentro del presupuesto
general del Estado ‘‘tiene visos de inconstitucionalidad’’, de
acuerdo con Culiolis, porque no se puede incluir en el presupuesto
general del Estado ingresos por nuevos impuestos o por la ampliación
de la base tributaria sin que antes se haya aprobado la ley respectiva.
Por esa razón, añadió, esos 30 millones deberán ‘‘ser eliminados
del presupuesto [del 2001]’’. Además, indicó que para balancear
el presupuesto del próximo año a raíz del recorte propuesto, no
se debe afectar el programa de inversiones.
En todo caso, advirtió que se propuso que el recorte se efectúe
en el programa de gastos de funcionamiento, toda vez que en el
presupuesto del 2001 ese renglón tiene cerca de 86 millones de
dólares adicionales al del año 2000.
‘‘De
esos 86 millones bien se pueden rebajar esos 28 ó 30 millones
de dólares sin afectar las inversiones sociales’’, destacó.
De producirse ese recorte, Culiolis informó que la Comisión de
Presupuesto podría iniciar la próxima semana la discusión, en
primer debate, del proyecto de ley del presupuesto general del
Estado para el 2001, y hacer las recomendaciones respectivas para
que se tomen en cuenta algunas solicitudes hechas por varias instituciones.
El ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, advirtió,
por su parte, que si la Asamblea no aprueba el proyecto de presupuesto
general del Estado para el 2001, la Constitución le permite al
Gobierno utilizar el presupuesto del año anterior.
 |
| Carlos
Afu |
El
artículo 269 de la Constitución establece que ‘‘si el proyecto
de presupuesto general del Estado no fuere votado a más tardar
el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia
el proyecto propuesto por el Organo Ejecutivo, el cual lo adoptará
mediante decisión del Consejo de Gabinete’’.
Igualmente,
el artículo 270 señala que ‘‘si la Asamblea Legislativa rechaza
el proyecto de presupuesto general del Estado, se considerará
automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior’’.
Más
adelante se indica que también se considera ‘‘automáticamente
aprobadas las partidas previstas en el proyecto de presupuesto
rechazado respecto del servicio de la deuda pública, el cumplimiento
de las demás obligaciones contractuales del Estado y el financiamiento
de las inversiones públicas previamente autorizadas por la ley’’.
De
la misma manera el titular de Economía y Finanzas advirtió que
una de las áreas que no puede ser afectada, aunque el presupuesto
no sea aprobado por la Asamblea Legislativa, es el servicio de
la deuda pública, que debe cancelarse según las proyecciones hechas
para el 2001.
El presupuesto general del Estado del 2000 ascendió a poco más
de 5 mil millones de dólares, mientras que el presupuesto propuesto
por el Ejecutivo para el 2001 supera los 5 mil millones 500 mil
dólares.
Prohijan
proyecto que elimina impuesto a quienes menos ganen
GIONELA
JORDAN V.
gjordan@prensa.com
La
Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa prohijó ayer,
martes, el anteproyecto de ley que propone eliminar el pago del
impuesto sobre la renta a las personas que devenguen menos de
700 dólares mensuales.
Rubén Arosemena, proponente del anteproyecto, sustentó que la
iniciativa surgió porque los sectores de la sociedad de menores
ingresos son los que llevan en sus hombros la ‘‘pesada carga fiscal’’
del país.
Cifras internas e informes internacionales –destacó Arosemena–
evidencian esa realidad, que cada vez se hace más palpable y que
refleja una mala distribución de la riqueza.
Es por ello, precisó, que ‘‘consideramos oportuno sustentar la
necesidad de promover una reforma, a fin de exceptuar de la carga
impositiva a aquellos sectores de la población que, aun cuando
son los más numerosos, reciben menor ingreso o salario’’.
Agregó que, en consecuencia, ‘‘proponemos la modificación del
artículo 709 del Código Fiscal, así como de otras legislaciones
que en conjunción de esta, permitirán al fisco ampliar su capacidad
de recaudación’’.
Dicha reforma alcanzará al 75% de la clase trabajadora del país,
tanto del Gobierno como de la empresa privada.
Entre las otras reformas propuestas se incluye la modificación
del artículo 967 del Código Fiscal, referente al impuesto de timbre,
cuyos documentos requerirán que se les incorpore timbres y se
aumente de 10 centésimos a 15 centésimos el costo.
Igualmente se amplía el ámbito de aplicación del impuesto, por
cuanto se establece que todo cheque e instrumento que ocasione
débitos a una cuenta corriente por retiros a través de medios
electrónicos estén sujetos al cargo del timbre.
Nuevas
tarifas telefónicas fueron pactadas en 1997
Las
tarifas que regirán desde el 2001 no pueden ser modificadas por
el Ejecutivo
JOSE
QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com
Las
nuevas tarifas telefónicas que regirán desde el 1 de enero del
2001 se encuentran pactadas en el Contrato de Concesión 134 del
29 de mayo de 1997 y no son susceptibles de ser modificadas por
el Ejecutivo, según pudo constatar este medio luego de conocer
el Anexo E de dicho contrato.
Una información publicada ayer por este medio, basada en una interpretación
errónea del contrato, hacía ver que el Estado no estaba obligado
a aceptar los incrementos anunciados que sufrirán las tarifas
vigentes del servicio telefónico.
De acuerdo con el contrato de concesión 134 del 29 de mayo de
1997, el Estado le otorgó a la empresa Cable & Wireless (C&W)
el derecho de operar y prestar, por su cuenta y riesgo, dentro
del área de su concesión, los servicios de telefonía en diversas
modalidades en régimen de exclusividad temporal que finaliza el
1 de enero del 2003.
El citado contrato de concesión establece en su cláusula 39 que
durante ese período de exclusividad temporal, los precios de los
servicios de telecomunicaciones estarán sujetos al régimen de
Tope de Precios contenido en el Anexo E del referido contrato.
Así mismo, la cláusula 39 señala que, con excepción del servicio
de telecomunicación básica internacional, el Tope de Precios de
los servicios indicados en el Anexo E del contrato de concesión
será ajustado anualmente de acuerdo con la variación acumulada
del Indice de Precios al Consumidor (IPC) emitido por la Contraloría
General, calculado tomando como base el 1 de octubre de 1997.
Una copia del Anexo E de Tope de Precios señala que para el 2001
se cobrará B/.40.00 por instalación de un teléfono, ya sea residencial,
comercial o troncal.
El cargo básico mensual será para uso residencial, Plan 1 (Acceso
Universal) B/.5.50; Plan 2, B/.10.50; Plan 3, B/.27.00; Comercial,
B/.13.50; Troncal (por línea) B/.13.50; y Troncal (por cada 100
números o fracción) B/.6.00.
Esto deja claro que las tarifas fueron fijadas de antemano en
1998 en el contrato de concesión, mediante el Anexo E, para ser
aplicadas inflexiblemente por un período de cinco años denominado
“de exclusividad temporal”.
El
héroe de la noche
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| El artillero
de la selección Sub–20 de Fútbol de Panamá, Luis Tejada, celebra
junto a Blas Pérez luego de conseguir uno de sus tres goles
anoche ante Belice, en el estadio Rommel Fernández. La victoria
de 6–0 se dio en el debut de la Copa de Naciones de esa categoría.
LA PRENSA/Demóstenes Angel VEA
FULMINANTE |
Trabajadores
piquetean la Corte
‘Ya
está bueno de tanto ladrón de cuello y corbata’, dijeron los obreros
HERMES
SUCRE S.
Y
JOSE QUINTERO DE LEON
planas@prensa.com
Ayer
en la tarde se rompió el silencio y la tranquilidad que rodeaba
a la Corte Suprema de Justicia y al antiguo Hospital Gorgas, cuando
un grupo de trabajadores protestó contra lo que considera una
administración de justicia ‘‘corrupta’’, que solo vela por los
intereses de los patronos.
Trabajadores del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción
y Similares (SUNTRACS) y del Sindicato de las Industrias Eléctricas
y Similares de Panamá (SITIESPA) dijeron que ‘‘ya está bueno de
tanto ladrón de cuello y corbata’’.
Saúl Méndez, dirigente del SUNTRACS, expresó que este primer piqueteo
fue solo una advertencia para aquellos magistrados que insisten
en dictar fallos ‘‘infames e injustos’’ contra la clase obrera.
Indicó que ya el movimiento obrero está cansado de que los jueces
y magistrados solo tomen en cuenta los intereses de los patronos.
Méndez hizo un recuento de los fallos dictados contra los trabajadores
a pesar de que, según él, a estos les asistía la razón.
El propósito central del piqueteo de ayer fue el de exigir a la
Corte Suprema de Justicia que falle en favor de 3 mil 500 trabajadores
del antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación
(IRHE) que tienen derecho a un bono de indemnización de 3 millones
613 mil 600 dólares.
Por más de una hora los trabajadores lanzaron todo tipo de insultos
contra los magistrados y los jueces. De vez en cuando, algunos
empleados de la Corte abrían con timidez las cortinas verticales
corredizas para observar lo que acontecía afuera.
Rosa Pérez de Tristán, apoderada legal del SITIESPA, dijo que
el dinero que se adeuda a los 3 mil 500 trabajadores es producto
de las ventas de las acciones del IRHE. Actualmente los fondos
están retenidos en el Banco Nacional de Panamá por orden de la
Contraloría General de la República.
Pérez de Tristán afirmó que de no darse una respuesta, el caso
será llevado a los tribunales internacionales.
Huelga
para el martes 12
Entretanto,
la dirigencia del SUNTRACS convocó a todos sus afiliados y sindicatos
afines a declararse en huelga el próximo martes, 12 de diciembre,
desde las 7:00 a.m., en protesta por la ausencia de respuesta
de parte del Ejecutivo a las aspiraciones formuladas hace ya varios
meses.
Genaro López, secretario general del SUNTRACS, denunció que ellos
marcharon el pasado 16 de noviembre a la Presidencia para exigir
una respuesta a sus peticiones. Al llegar fueron atendidos por
el viceministro Aníbal Salas, quien les prometió que el Ejecutivo
les daría una contestación el jueves siguiente, lo cual no se
ha cumplido.
Igualmente, aspiran a que se les contrate por obra y no por dos
o tres meses como lo vienen acostumbrando los contratistas; también
a que se les devuelva el impuesto sobre la renta deducido en exceso,
y a que se destituya al ministro de Trabajo por irrespetar continuamente
la Ley Laboral.
A su vez, la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), a través
de su director ejecutivo, Eduardo Rodríguez, expresó que si bien
el sector construcción sufre por un paro de labores, la que más
se afecta es la economía nacional, la cual no se encuentra en
su mejor momento.
En tal sentido, pregunta por qué sembrar el desasosiego en el
ambiente productivo, lo cual resulta negativo a los intereses
de todos los que participan de los sectores económicos.
A su juicio, la exigencia de una jubilación especial, cuyo financiamiento
asuma el Estado, es nadar contra la corriente de los tiempos porque
el país no está en condiciones de afrontar este tipo de beneficio.
Capturan
a 3 narcotraficantes
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
Tras
una breve pero intensa persecución, marinos del Servicio Marítimo
Nacional (SMN) capturaron en la tarde de ayer a tres sujetos,
dos de los cuales son de nacionalidad colombiana, cuando trasegaban
30 kilos de cocaína a bordo de una lancha rápida.
La captura se dio en las inmediaciones de la isla de Chepillo,
ubicada en la costa del Pacífico justo frente a la desembocadura
del río Chepo, luego de que dos patrulleras del SMN detuvieran
una lancha rápida que, según fuentes de esa institución, ya había
sido avistada con anterioridad navegando por las aguas circundantes
a la mencionada isla.
Tras allanar la embarcación, los uniformados hallaron 30 kilos
de cocaína ocultos dentro de un saco de henequén que, al parecer,
iba a ser trasladado por los tripulantes de la embarcación a algún
sitio desde el cual se procedería con su distribución y venta.
Entre los detenidos en este operativo hay dos colombianos y un
panameño y, según se pudo conocer, otros dos sujetos lograron
darse a la fuga una vez que la embarcación capturada fue llevada
a la orilla de una pequeña playa de la isla de Chepillo.
La droga incautada está bajo la custodia del SMN, mientras que
los tres sujetos detenidos han sido puestos a órdenes de la Fiscalía
de Drogas del Ministerio Público.
Extensa
sesión impide votar proyecto de retiro anticipado
Luis
López dijo estar ‘‘preocupado’’ por la ‘‘exagerada lentitud’’
con la que se están aprobando los artículos
JAHIRO
POLO
japolo@prensa.com
El
pleno de la Asamblea Legislativa pospuso para la tarde de hoy,
miércoles, el proceso de votación en favor del segundo bloque
de artículos del proyecto de ley de jubilaciones anticipadas autofinanciables
en favor de los educadores.
La medida fue adoptada luego de que los legisladores agotaran
anoche el tiempo destinado para exponer sus puntos de vista sobre
algunos aspectos del documento.
La sesión extraordinaria de ayer, que contó con la presencia de
la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, y de la dirigencia
de los maestros y profesores del país, se caracterizó por las
extensas intervenciones de varios legisladores que criticaron
y defendieron algunos de los artículos considerados como ‘‘clave’’
en el texto del proyecto de ley.
El ‘‘paquete’’ de artículos tratados ayer en el pleno legislativo
consta de los artículos comprendidos desde el número 14 hasta
el número 22. Los 13 primeros artículos fueron aprobados en la
sesión realizada el pasado lunes.
Luis López, dirigente de la Asociación de Maestros Independientes
Auténticos (AMIA), dijo estar ‘‘preocupado’’ por la ‘‘exagerada
lentitud’’ con la que se están aprobando los paquetes de artículos
del proyecto de jubilaciones anticipadas de los educadores.
‘‘Las
intervenciones de los señores legisladores son redundantes, pues
se la pasan repitiendo lo mismo que ya comentaron en el primer
debate [de este proyecto de ley], y en algunos casos hay que contestarle
a un legislador lo que ya se le contestó a otro’’, comentó López.
El dirigente gremial, empero, dijo que los maestros y profesores
del país se mantienen con una actitud positiva de cara a la aprobación
íntegra de los artículos de este proyecto de ley ‘‘antes del próximo
jueves’’, agregó.
Los educadores que deseen acogerse al Plan de Retiro Anticipado
deberán haber cumplido 52 años y seis meses de edad, en el caso
de las mujeres, y 56 años de edad en el caso de los hombres, a
la vez que deben haber cumplido 28 años de servicios o 336 meses
de servicios laborados en el Ministerio de Educación o en el Instituto
Panameño de Habilitación Especial (IPHE).
Concejales
capitalinos acusan al Ministerio Público de extralimitarse
MARIO
A. MUÑOZ
andresm@prensa.com
El
pleno del Consejo Municipal aprobó ayer una resolución en la cual
acusa y lamenta ‘‘la evidente extralimitación de funciones por
parte del Ministerio Público’’, y exige que se cumpla con el debido
proceso en las investigaciones que lleva a cabo a los miembros
del Consejo Municipal de Colón, en el caso de la emisión fraudulenta
de 300 millones de dólares en bonos.
La extralimitación se refiere a que el Ministerio Público suspendió
del cargo a varios concejales y decretó medida cautelar de casa
por cárcel para algunos y provincia por cárcel para otros.
‘‘Los
concejales no son legalmente responsables por las opiniones y
votos que emitan en el ejercicio de su cargo, y merecen consideración
y respeto por parte de las autoridades civiles y militares; además
no podrán ser detenidos sino mediante orden escrita de un funcionario
competente del Organo Judicial’’, señala la resolución, que cita
el artículo 22 de la Ley 106 del 8 de octubre de 1973, modificada
por la Ley 52 de 1984.
De acuerdo con ese artículo, los concejales ‘‘deberán ser suspendidos
por el mismo Concejo cuando el miembro culpable sea sancionado
con pena privativa de libertad y por autoridad competente, siempre
que la sentencia en que se impuso la pena esté ejecutoriada’’.
Según
los concejales capitalinos, queda claro que el Ministerio Público
se ha ‘‘extralimitado en sus funciones y ha violentado’’ así el
debido proceso.
Como prueba de esa acusación, en la resolución se menciona que
hay diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia
que han declarado ilegales similares actuaciones de representantes
del Ministerio Público y del Organo Judicial.
La resolución lleva la firma del presidente del Consejo Municipal,
Nelson Vergara Herrera, de la vicepresidenta, Olga de Gracia,
y del secretario, Luis Eduardo Camacho.
Weeden
espera informe de la cumbre
El
contralor anuncia que se adelantará el pago del décimo a los empleados
públicos
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
El
contralor general de la República, Alvin Weeden, dijo que aún
no ha recibido el informe en detalle de los 5 millones de dólares
que se gastaron en la X Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado
y de Gobierno, que se celebró en Panamá el 17 y 18 de noviembre
pasado.
Weeden
explicó que aún no se ha completado el ciclo de pago de los gastos
que se realizaron durante este evento, y una vez se culmine, la
Contraloría procederá a llevar a cabo un análisis global de los
gastos.
La
Prensa solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores
sobre el detalle de los gastos efectuados durante la pasada cumbre,
pero sus autoridades no suministraron nada de lo pedido.
Por otra parte, el contralor Weeden informó que el Gobierno le
adelantará el pago de 18 millones de dólares en concepto de la
última partida del décimo tercer mes a los servidores públicos.
En cuanto a los artículos del proyecto de ley de medicamentos,
el contralor Weeden confirmó que cinco de estos fueron objetados,
porque violaban el contenido de algunos artículos de la Constitución.
‘‘Este
concepto ha sido aceptado por los propios legisladores, quienes
están preparados para que inmediatamente el Ejecutivo haga la
objeción parcial del proyecto, corregir su contenido para adecuarlo
a la Constitución’’, precisó.
Weeden manifestó que la Contraloría no podía adelantarse a emitir
concepto sobre el contenido del proyecto que discutía la Asamblea
Legislativa, porque ese es un órgano autónomo para aprobar leyes.
Agregó que el Gobierno no tiene problemas de liquidez y explicó
que más bien se trata de una contención del dinero para fiestas
de fin de año en las instituciones del Estado, con el propósito
de balancear el presupuesto.
Indicó que el Gobierno se ahorrará entre 300 mil y 400 mil dólares
aproximadamente con la suspensión de las fiestas del Día de la
Madre y de fin de año.
Se
podrá fiscalizar compra de medicinas
MARIO
A. MUÑOZ
andresm@prensa.com
La
Caja de Seguro Social (CSS) puso desde ayer a disposición de todos
los ciudadanos la información sobre las compras de medicamentos
que realiza, para que los interesados puedan ayudar a fiscalizar
el proceso de compras.
Esta medida forma parte de la implementación del convenio de cooperación
suscrito por el director de la CSS, Juan Jované, el pasado 17
de noviembre, con representantes de Transparencia Internacional,
capítulo de Panamá.
Con el convenio se podrá conocer acerca de las compras que llevó
a cabo esta institución desde junio de 1999 a octubre pasado.
La información se encuentra disponible en la dirección de internet
www.transparenciapanama.com,
donde se debe entrar en ‘‘Auditoría Ciudadana’’ y luego se debe
presionar sobre el logo de la CSS.
‘‘A
partir de hoy la ciudadanía tiene a disposición una página web
a la que puede entrar cualquier persona, y con lo cual se inicia
la sana costumbre de mantener informados a todos de las compras
del Seguro Social’’, expresó el presidente de Transparencia, Fernando
Berguido.
‘‘Esto
es un primer paso que va a propiciar la fiscalización por parte
de los medios de comunicación y de los ciudadanos’’, afirmó Berguido
y añadió que ‘‘gracias al liderazgo del director de la Caja, esta
institución se transformará en una isla de integridad’’.
Según la directora de Transparencia, Angélica Maytín Justiniani,
este convenio forma parte del combate contra la corrupción, un
delito que, según ella, es un problema cultural y por lo tanto
reversible.
Por su parte, Jované aseguró que dar toda la información al público
es parte de la defensa contra la privatización, y agregó que ‘‘en
la medida en que las fuerzas ciudadanas hagan presión para lograr
una Caja de Seguro Social eficiente’’, entonces podremos seguir
teniendo una Caja que siga siendo pública.
Ferrari
acude a fiscalía antidrogas
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
El
presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón,
Giovanni Ferrari, se presentó ayer a la Fiscalía Segunda de Drogas
para colaborar con la investigación sobre la incautación de 663
kilos de cocaína descubiertos en un depósito de su propiedad.
Por este caso están detenidas nueve personas, en su mayoría trabajadores
de la empresa Farmazona, S.A., en la cual Ferrari figura como
vicepresidente de la junta directiva.
El empresario de Zona Libre informó que entregó a la Fiscalía
Segunda de Drogas documentación que se le había solicitado y relacionada
con el organigrama de la empresa, los expedientes laborales de
sus empleados y las funciones que desarrolla esta compañía.
Dijo que desde un principio ha brindado toda la colaboración a
las autoridades en esta investigación, para que se logre el esclarecimiento
de este caso.
Este viernes, agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ) allanaron
uno de los depósitos de Farmazona S.A., localizado en Calle Sexta
y France Field en Zona Libre, y encontraron en su interior 661
kilos de cocaína, mientras que otros dos kilos fueron ubicados
en una oficina administrativa de esta misma empresa.
Entre los detenidos figuran estibadores y administrativos de la
bodega de Farmazona S.A. y dos conductores del panel que introdujo
la mercancía ilícita a los predios de la zona franca.
Según las investigaciones preliminares, un vehículo oscuro tipo
panel, con dos personas a bordo, ingresó a la Zona Libre a las
7:30 a.m. y se estacionó en varios sitios antes de entrar a la
bodega de Farmazona S.A., lo que hizo a las 8:00 a.m.
Prohíben
venta de medicinas que tengan fenilpropanolamina
El
consumo del químico aumenta los riesgos de infartos o derrames
cerebrales
MANUEL
DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com
El
Ministerio de Salud (MINSA) prohibió desde ayer la venta de cualquier
medicamento contra la obesidad que contenga fenilpropanolamina,
y ordenó dispensar con receta médica todos los productos antigripales
que tengan esta substancia química, porque pone en peligro la
salud.
Además, resolvió solicitar a las empresas distribuidoras que los
productos con fenilpropanolamina (PPA) sean ‘‘recogidos inmediatamente’’
de los establecimientos comerciales no farmacéuticos, tales como
gimnasios y centros de estética corporal.
El MINSA tomó esta decisión luego de que hace un mes la Administración
de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en
inglés) apoyara los resultados de un estudio de la Universidad
de Yale, en el que se estableció que el consumo de fenilpropanolamina
aumenta los riesgos de infartos o derrames cerebrales.
De acuerdo con la Resolución 450 del 5 de diciembre del 2000,
firmada por el titular de Salud, José Terán, en Panamá se venden
11 medicamentos antigripales y otros tres para tratamiento de
la obesidad.
En el artículo cuarto de la resolución, el MINSA decidió ‘‘cancelar
el registro sanitario de cualquier producto medicamentoso que
contenga el principio activo fenilpropanolamina que esté indicado
para el tratamiento de la obesidad’’ [ver cuadro].
En el apartado siguiente prohíbe el registro sanitario de cualquier
nuevo producto con PPA dirigido al tratamiento de la obesidad.
Además, en el artículo primero se ordena ‘‘categorizar como medicamento
de venta bajo prescripción médica todos los productos que contengan
el principio activo fenilpropanolamina, los cuales deberán ser
dispensados exclusivamente en farmacias’’ [ver cuadro].
El MINSA también resolvió suspender los mensajes comerciales que
se transmiten en los medios de comunicación en los que se anuncian
productos con PPA.
El incumplimiento de esta resolución, advierte el Ministerio de
Salud, ‘‘será sancionado con amonestaciones y multas según el
caso o reincidencia, así como la suspensión de la licencia de
operación del establecimiento’’.
Presidenta
Moscoso no quiere ‘yeyesitos’ en su gobierno
MANUEL
DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com
La
presidenta del país, Mireya Moscoso, pidió a la ciudadanía que
le avise cuando se tope con ‘‘un funcionario yeyesito o
yeyesita’’, porque en su gobierno no permitirá este tipo
de conductas.
Moscoso se expresó así ayer ante numerosas familias durante la
entrega de 160 nuevos apartamentos construidos en el barrio de
El Chorrillo, en donde otrora se erigía la cárcel Modelo.
Antes de su intervención, la dirigente popular Olga Cárdenas se
había mostrado sorprendida por la diligencia y el esmero que demostraron
algunos funcionarios designados por Moscoso para coordinar la
construcción de los nuevos apartamentos, ya que a primera vista
le había parecido que ‘‘todos eran unos yeyesitos’’ que
no querrían visitar los viejos caserones en que vivían los chorrilleros.
La presidenta invitó entonces a los presentes a que le avisen
‘‘cuando vean funcionarios yeyesitos o yeyesitas’’ representando
su gobierno.
‘‘Quiero
decirles que cuando ustedes encuentren a un funcionario de mi
gobierno que sea yeyesito o yeyesita, me lo vengan
a decir, porque nuestro gobierno no es de yeyesitos’’, afirmó
la mandataria, que al instante fue aplaudida por la concurrencia.
Junto con el ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas, con quien
dijo que trabajará durante todo su gobierno, Mireya Moscoso entregó
las llaves de 160 nuevos apartamentos, distribuidos en cuatro
edificios tipo Salomón, a personas de escasos recursos económicos.
Abordada por una veintena de periodistas luego del acto de entrega,
Moscoso se refirió a varios temas, entre ellos el posible veto
parcial a la nueva norma de comercialización de los medicamentos.
‘‘Estamos
buscando opiniones’’, dijo la presidenta, luego de negar que pretenda
vetar la proyectada ley. Admitió, no obstante, que quizás el documento
sea devuelto a la Asamblea para que sea corregido.
Con relación a la aprobación del presupuesto general del Estado
por parte de la Asamblea Legislativa, la mandataria se mostró
confiada en que esta iniciativa se concrete antes de fin de mes
y, por otra parte, informó que el Gobierno pagará hoy la partida
del décimo tercer mes.
Buhoneros
podrán seguir vendiendo en la Central
MARIO
A. MUÑOZ
andresm@prensa.com
 |
| Varias
decenas de buhoneros del área de Calidonia realizaron ayer
una manifestación en la entrada del Consejo Municipal, como
medida de presión para que el alcalde Juan Carlos Navarro
les permitiera vender sus mercancías en las aceras de la Avenida
Central.LA PRENSA / Alvaro Reyes Nuñez |
Luego
de protestar durante poco menos de una hora ante el Consejo capitalino,
representantes de unos 200 buhoneros del distrito capital consiguieron
el permiso del alcalde Juan Carlos Navarro para seguir vendiendo
sus artículos navideños durante el mes de diciembre en la Avenida
Central y sus alrededores.
El grupo de buhoneros cerró la calle frente al Consejo Municipal,
donde se desarrollaban las sesiones ordinarias y gritó consignas
contra las autoridades hasta que consiguió que, en horas del mediodía
de ayer, cuatro de sus representantes fueran recibidos por los
funcionarios capitalinos.
Los buhoneros denunciaron que el ordenamiento actual respecto
a la ubicación de sus puestos estipulado por los funcionarios
los perjudica, porque están autorizados a vender en calles en
las que no hay mucho movimiento de personas.
‘‘Me
llamo Luis Bernal, en la Calle 20 no he podido vender nada. La
gente prefiere comprar afuera, en la misma Central y no entra
a las bocacalles. Tengo dos hijos, estoy desempleado y necesito
subir las ventas’’, explicó uno de los manifestantes.
Los funcionarios del municipio, por su parte, rechazan una buhonería
descontrolada que impida el paso, ensucie las calles, deteriore
el patrimonio público y afecte el comercio establecido.
En la reunión, las partes acordaron que los vendedores podían
seguir ofreciendo sus productos en las vías céntricas, donde hay
una gran afluencia de público, especialmente en este mes cuando
se realizan las fiestas de fin de año.
Pero el jefe del Municipio capitalino advirtió que los buhoneros
deben trabajar con orden, sin provocar problemas y sin impedir,
en lo posible, el libre tránsito de los peatones.
Fiscal
indaga a 4 anticastristas
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
La
fiscal primera de circuito, Argentina Barrera, comenzó ayer el
proceso de indagatoria dentro de la investigación que adelanta
en el caso de Luis Posada Carriles y de otros cuatro detenidos
por su presunta vinculación en un complot para asesinar en Panamá
al presidente de Cuba, Fidel Castro.
Durante la mañana de ayer la fiscal Barrera se trasladó a la Policía
Técnica Judicial (PTJ), donde se encuentra detenido el panameño
José Hurtado, para tomarle una ampliación en la indagatoria que
había rendido inicialmente.
En esta investigación también aparecen sindicados los cubano–americanos
Guillermo Nomo Sampoll, Pedro Remón Rodríguez y Gaspar Jiménez
Escobedo.
Hurtado es señalado como la persona que sirvió de conductor a
Posada Carriles y a los otros tres cubanos durante su estadía
en Panamá y de haber enterrado en conjunto con un vecino suyo,
en un lote baldío en Tocumen, un cargamento de explosivos plásticos
C–4 que supuestamente sería usado en el atentado contra Castro.
Durante la ampliación de la indagatoria, Hurtado estuvo representado
por el abogado Iván Gantes.
Se ha informado que la fiscal Barrera continuará esta semana con
el proceso de indagatoria a los cubanos, quienes están detenidos
en una celda con aire acondicionado en la Policía Nacional.
La instrucción sumarial del caso la empezó el fiscal auxiliar,
Carlos Augusto Herrera, y solo indagó a Hurtado, mientras que
otorgó una medida cautelar a César Matamoros, otro cubano que
fue arrestado inicialmente en este caso.
Luego, el viernes pasado, remitió el expediente al Ministerio
Público con la calificación de los delitos de posesión de explosivos
y asociación ilícita, pero sin indagar a Posada Carriles y a los
otros tres cubanos supuestamente implicados.
Ante esta situación, Rogelio Cruz, abogado de los cuatro cubanos
detenidos, presentó el lunes recursos de Habeas corpus en favor
de sus representados ante la Corte Suprema de Justicia, tras advertir
que el Ministerio Público ha violado el artículo 22 de la Constitución
en este caso.
Los recursos legales indican que desde su detención, ocurrida
el pasado 17 de noviembre, Posada Carriles, Nomo Sampoll, Remón
Rodríguez y Jiménez Escobedo no han sido notificados de las razones
de su arresto y de sus derechos constitucionales y legales como
lo estipula la Constitución.
Piden
elección transparente del nuevo ‘Ombudsman’
JOSE
QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com
Uno
de los aspirantes a defensor del Pueblo, el abogado Carlos Herrera
Morán, planteó ayer ante la Comisión de Derechos Humanos de la
Asamblea Legislativa que la elección del sucesor de Italo Antinori
sea manejada con transparencia.
Herrera se presentó ante el legislador perredista Felipe Cano,
presidente de dicha comisión, para instarle a que definiera las
reglas del juego, toda vez que circulan versiones cada vez más
fuertes de que el cargo ya tiene nombre, debido a que se ha ungido
a un candidato del Partido Demócrata Cristiano.
En nota que envía a Cano, le manifiesta que el pueblo aspira a
escoger en forma democrática y transparente un defensor del Pueblo
que sea auténticamente independiente y combativo. Eso es lo que
percibe la comunidad civil, señala.
En consecuencia, como candidato a la Defensoría del Pueblo le
expresa que espera una elección democrática, sin favoritismos
ni ventajas.
Según Herrera, amplios sectores de la población y de los medios
de comunicación perciben que la escogencia del defensor del Pueblo
está ‘‘amañada’’, ya que se habla de un pacto entre dos partidos
que controlan la Asamblea Legislativa.
De ser cierta esta percepción, dice, estaríamos frente a un fraude
ético–legal, lo cual constituiría una gran decepción nacional.
Y añade que de concretarse esta preocupación legítima del pueblo
panameño, el resultado sería un defensor del Pueblo ilegítimo
y la institución se desnaturalizaría.
Además precisa que ha observado que entre los candidatos se han
postulado distinguidas figuras, entre ellas, algunas por las que
siente un gran aprecio, pero que ejercen cargos públicos con mando
y jurisdicción (ejemplo los fiscales Juan Tejada y Nedelka de
Castillo).
Por ello, considera que por razones elementales y éticas deben
presentar su renuncia o separarse del puesto o cargo público,
toda vez que ello parece que vulnera el principio de igualdad
de las partes entre los candidatos.
A su juicio, estos dos aspectos perturban la objetividad, transparencia
e imparcialidad de la escogencia del próximo defensor del Pueblo.
Al concluir su misiva, le ruega al legislador Cano y al presidente
de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, que desmientan
públicamente la existencia del susodicho pacto META y que exijan
la renuncia o separación del cargo público de quienes son candidatos
y ejercen puestos con mando y jurisdicción.
‘‘El
pueblo panameño se merece y reclama una elección justa y transparente
del defensor del Pueblo’’, subraya Herrera Morán.
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