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Panamá, 6 de diciembre de 2000
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Presupuesto del 2001 sería recortado en 30 millones

El ministro Delgado advirtió que si la Asamblea no aprueba el presupuesto,se usara el del año anterior

GIONELA JORDAN V.
y WILFREDO JORDAN
planas@prensa.com

Norberto Delgado

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa le planteó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el recorte de unos 30 millones de dólares del presupuesto general del Estado para el 2001, monto que se ha calculado obtener como parte de la reforma tributaria que el Gobierno prevé implementar el próximo año.

Aníbal Culiolis, de la Comsión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, indicó que el planteamiento se hizo durante una reunión dirigida por el presidente de esa instancia legislativa, Carlos Afú, junto con representantes del MEF.

La propuesta de la rebaja de los 30 millones se hace tras las críticas efectuadas por la oposición legislativa en el sentido de que el presupuesto está ‘‘inflado y desbalanceado’’.

La inclusión de esos 30 millones de dólares dentro del presupuesto general del Estado ‘‘tiene visos de inconstitucionalidad’’, de acuerdo con Culiolis, porque no se puede incluir en el presupuesto general del Estado ingresos por nuevos impuestos o por la ampliación de la base tributaria sin que antes se haya aprobado la ley respectiva.

Por esa razón, añadió, esos 30 millones deberán ‘‘ser eliminados del presupuesto [del 2001]’’. Además, indicó que para balancear el presupuesto del próximo año a raíz del recorte propuesto, no se debe afectar el programa de inversiones.

En todo caso, advirtió que se propuso que el recorte se efectúe en el programa de gastos de funcionamiento, toda vez que en el presupuesto del 2001 ese renglón tiene cerca de 86 millones de dólares adicionales al del año 2000.

‘‘De esos 86 millones bien se pueden rebajar esos 28 ó 30 millones de dólares sin afectar las inversiones sociales’’, destacó.

De producirse ese recorte, Culiolis informó que la Comisión de Presupuesto podría iniciar la próxima semana la discusión, en primer debate, del proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el 2001, y hacer las recomendaciones respectivas para que se tomen en cuenta algunas solicitudes hechas por varias instituciones.

El ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, advirtió, por su parte, que si la Asamblea no aprueba el proyecto de presupuesto general del Estado para el 2001, la Constitución le permite al Gobierno utilizar el presupuesto del año anterior.

Carlos Afu

El artículo 269 de la Constitución establece que ‘‘si el proyecto de presupuesto general del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el Organo Ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete’’.

Igualmente, el artículo 270 señala que ‘‘si la Asamblea Legislativa rechaza el proyecto de presupuesto general del Estado, se considerará automáticamente prorrogado el presupuesto del ejercicio anterior’’.

Más adelante se indica que también se considera ‘‘automáticamente aprobadas las partidas previstas en el proyecto de presupuesto rechazado respecto del servicio de la deuda pública, el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y el financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la ley’’.

De la misma manera el titular de Economía y Finanzas advirtió que una de las áreas que no puede ser afectada, aunque el presupuesto no sea aprobado por la Asamblea Legislativa, es el servicio de la deuda pública, que debe cancelarse según las proyecciones hechas para el 2001.

El presupuesto general del Estado del 2000 ascendió a poco más de 5 mil millones de dólares, mientras que el presupuesto propuesto por el Ejecutivo para el 2001 supera los 5 mil millones 500 mil dólares.


Prohijan proyecto que elimina impuesto a quienes menos ganen

GIONELA JORDAN V.
gjordan@prensa.com

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa prohijó ayer, martes, el anteproyecto de ley que propone eliminar el pago del impuesto sobre la renta a las personas que devenguen menos de 700 dólares mensuales.

Rubén Arosemena, proponente del anteproyecto, sustentó que la iniciativa surgió porque los sectores de la sociedad de menores ingresos son los que llevan en sus hombros la ‘‘pesada carga fiscal’’ del país.

Cifras internas e informes internacionales –destacó Arosemena– evidencian esa realidad, que cada vez se hace más palpable y que refleja una mala distribución de la riqueza.

Es por ello, precisó, que ‘‘consideramos oportuno sustentar la necesidad de promover una reforma, a fin de exceptuar de la carga impositiva a aquellos sectores de la población que, aun cuando son los más numerosos, reciben menor ingreso o salario’’.

Agregó que, en consecuencia, ‘‘proponemos la modificación del artículo 709 del Código Fiscal, así como de otras legislaciones que en conjunción de esta, permitirán al fisco ampliar su capacidad de recaudación’’.

Dicha reforma alcanzará al 75% de la clase trabajadora del país, tanto del Gobierno como de la empresa privada.

Entre las otras reformas propuestas se incluye la modificación del artículo 967 del Código Fiscal, referente al impuesto de timbre, cuyos documentos requerirán que se les incorpore timbres y se aumente de 10 centésimos a 15 centésimos el costo.

Igualmente se amplía el ámbito de aplicación del impuesto, por cuanto se establece que todo cheque e instrumento que ocasione débitos a una cuenta corriente por retiros a través de medios electrónicos estén sujetos al cargo del timbre.


Nuevas tarifas telefónicas fueron pactadas en 1997

Las tarifas que regirán desde el 2001 no pueden ser modificadas por el Ejecutivo

JOSE QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com

Las nuevas tarifas telefónicas que regirán desde el 1 de enero del 2001 se encuentran pactadas en el Contrato de Concesión 134 del 29 de mayo de 1997 y no son susceptibles de ser modificadas por el Ejecutivo, según pudo constatar este medio luego de conocer el Anexo E de dicho contrato.

Una información publicada ayer por este medio, basada en una interpretación errónea del contrato, hacía ver que el Estado no estaba obligado a aceptar los incrementos anunciados que sufrirán las tarifas vigentes del servicio telefónico.

De acuerdo con el contrato de concesión 134 del 29 de mayo de 1997, el Estado le otorgó a la empresa Cable & Wireless (C&W) el derecho de operar y prestar, por su cuenta y riesgo, dentro del área de su concesión, los servicios de telefonía en diversas modalidades en régimen de exclusividad temporal que finaliza el 1 de enero del 2003.

El citado contrato de concesión establece en su cláusula 39 que durante ese período de exclusividad temporal, los precios de los servicios de telecomunicaciones estarán sujetos al régimen de Tope de Precios contenido en el Anexo E del referido contrato.

Así mismo, la cláusula 39 señala que, con excepción del servicio de telecomunicación básica internacional, el Tope de Precios de los servicios indicados en el Anexo E del contrato de concesión será ajustado anualmente de acuerdo con la variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor (IPC) emitido por la Contraloría General, calculado tomando como base el 1 de octubre de 1997.

Una copia del Anexo E de Tope de Precios señala que para el 2001 se cobrará B/.40.00 por instalación de un teléfono, ya sea residencial, comercial o troncal.

El cargo básico mensual será para uso residencial, Plan 1 (Acceso Universal) B/.5.50; Plan 2, B/.10.50; Plan 3, B/.27.00; Comercial, B/.13.50; Troncal (por línea) B/.13.50; y Troncal (por cada 100 números o fracción) B/.6.00.

Esto deja claro que las tarifas fueron fijadas de antemano en 1998 en el contrato de concesión, mediante el Anexo E, para ser aplicadas inflexiblemente por un período de cinco años denominado “de exclusividad temporal”.


El héroe de la noche

El artillero de la selección Sub–20 de Fútbol de Panamá, Luis Tejada, celebra junto a Blas Pérez luego de conseguir uno de sus tres goles anoche ante Belice, en el estadio Rommel Fernández. La victoria de 6–0 se dio en el debut de la Copa de Naciones de esa categoría. LA PRENSA/Demóstenes Angel VEA FULMINANTE

Trabajadores piquetean la Corte

‘Ya está bueno de tanto ladrón de cuello y corbata’, dijeron los obreros

HERMES SUCRE S.
Y JOSE QUINTERO DE LEON
planas@prensa.com

Ayer en la tarde se rompió el silencio y la tranquilidad que rodeaba a la Corte Suprema de Justicia y al antiguo Hospital Gorgas, cuando un grupo de trabajadores protestó contra lo que considera una administración de justicia ‘‘corrupta’’, que solo vela por los intereses de los patronos.

Trabajadores del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y del Sindicato de las Industrias Eléctricas y Similares de Panamá (SITIESPA) dijeron que ‘‘ya está bueno de tanto ladrón de cuello y corbata’’.

Saúl Méndez, dirigente del SUNTRACS, expresó que este primer piqueteo fue solo una advertencia para aquellos magistrados que insisten en dictar fallos ‘‘infames e injustos’’ contra la clase obrera.

Indicó que ya el movimiento obrero está cansado de que los jueces y magistrados solo tomen en cuenta los intereses de los patronos. Méndez hizo un recuento de los fallos dictados contra los trabajadores a pesar de que, según él, a estos les asistía la razón.

El propósito central del piqueteo de ayer fue el de exigir a la Corte Suprema de Justicia que falle en favor de 3 mil 500 trabajadores del antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) que tienen derecho a un bono de indemnización de 3 millones 613 mil 600 dólares.

Por más de una hora los trabajadores lanzaron todo tipo de insultos contra los magistrados y los jueces. De vez en cuando, algunos empleados de la Corte abrían con timidez las cortinas verticales corredizas para observar lo que acontecía afuera.

Rosa Pérez de Tristán, apoderada legal del SITIESPA, dijo que el dinero que se adeuda a los 3 mil 500 trabajadores es producto de las ventas de las acciones del IRHE. Actualmente los fondos están retenidos en el Banco Nacional de Panamá por orden de la Contraloría General de la República.

Pérez de Tristán afirmó que de no darse una respuesta, el caso será llevado a los tribunales internacionales.

Huelga para el martes 12

Entretanto, la dirigencia del SUNTRACS convocó a todos sus afiliados y sindicatos afines a declararse en huelga el próximo martes, 12 de diciembre, desde las 7:00 a.m., en protesta por la ausencia de respuesta de parte del Ejecutivo a las aspiraciones formuladas hace ya varios meses.

Genaro López, secretario general del SUNTRACS, denunció que ellos marcharon el pasado 16 de noviembre a la Presidencia para exigir una respuesta a sus peticiones. Al llegar fueron atendidos por el viceministro Aníbal Salas, quien les prometió que el Ejecutivo les daría una contestación el jueves siguiente, lo cual no se ha cumplido.

Igualmente, aspiran a que se les contrate por obra y no por dos o tres meses como lo vienen acostumbrando los contratistas; también a que se les devuelva el impuesto sobre la renta deducido en exceso, y a que se destituya al ministro de Trabajo por irrespetar continuamente la Ley Laboral.

A su vez, la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), a través de su director ejecutivo, Eduardo Rodríguez, expresó que si bien el sector construcción sufre por un paro de labores, la que más se afecta es la economía nacional, la cual no se encuentra en su mejor momento.

En tal sentido, pregunta por qué sembrar el desasosiego en el ambiente productivo, lo cual resulta negativo a los intereses de todos los que participan de los sectores económicos.

A su juicio, la exigencia de una jubilación especial, cuyo financiamiento asuma el Estado, es nadar contra la corriente de los tiempos porque el país no está en condiciones de afrontar este tipo de beneficio.


Capturan a 3 narcotraficantes

JOSE OTERO
jotero@prensa.com

Tras una breve pero intensa persecución, marinos del Servicio Marítimo Nacional (SMN) capturaron en la tarde de ayer a tres sujetos, dos de los cuales son de nacionalidad colombiana, cuando trasegaban 30 kilos de cocaína a bordo de una lancha rápida.

La captura se dio en las inmediaciones de la isla de Chepillo, ubicada en la costa del Pacífico justo frente a la desembocadura del río Chepo, luego de que dos patrulleras del SMN detuvieran una lancha rápida que, según fuentes de esa institución, ya había sido avistada con anterioridad navegando por las aguas circundantes a la mencionada isla.

Tras allanar la embarcación, los uniformados hallaron 30 kilos de cocaína ocultos dentro de un saco de henequén que, al parecer, iba a ser trasladado por los tripulantes de la embarcación a algún sitio desde el cual se procedería con su distribución y venta.

Entre los detenidos en este operativo hay dos colombianos y un panameño y, según se pudo conocer, otros dos sujetos lograron darse a la fuga una vez que la embarcación capturada fue llevada a la orilla de una pequeña playa de la isla de Chepillo.

La droga incautada está bajo la custodia del SMN, mientras que los tres sujetos detenidos han sido puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público.


Extensa sesión impide votar proyecto de retiro anticipado

Luis López dijo estar ‘‘preocupado’’ por la ‘‘exagerada lentitud’’ con la que se están aprobando los artículos

JAHIRO POLO
japolo@prensa.com

El pleno de la Asamblea Legislativa pospuso para la tarde de hoy, miércoles, el proceso de votación en favor del segundo bloque de artículos del proyecto de ley de jubilaciones anticipadas autofinanciables en favor de los educadores.

La medida fue adoptada luego de que los legisladores agotaran anoche el tiempo destinado para exponer sus puntos de vista sobre algunos aspectos del documento.

La sesión extraordinaria de ayer, que contó con la presencia de la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, y de la dirigencia de los maestros y profesores del país, se caracterizó por las extensas intervenciones de varios legisladores que criticaron y defendieron algunos de los artículos considerados como ‘‘clave’’ en el texto del proyecto de ley.

El ‘‘paquete’’ de artículos tratados ayer en el pleno legislativo consta de los artículos comprendidos desde el número 14 hasta el número 22. Los 13 primeros artículos fueron aprobados en la sesión realizada el pasado lunes.

Luis López, dirigente de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), dijo estar ‘‘preocupado’’ por la ‘‘exagerada lentitud’’ con la que se están aprobando los paquetes de artículos del proyecto de jubilaciones anticipadas de los educadores.

‘‘Las intervenciones de los señores legisladores son redundantes, pues se la pasan repitiendo lo mismo que ya comentaron en el primer debate [de este proyecto de ley], y en algunos casos hay que contestarle a un legislador lo que ya se le contestó a otro’’, comentó López.

El dirigente gremial, empero, dijo que los maestros y profesores del país se mantienen con una actitud positiva de cara a la aprobación íntegra de los artículos de este proyecto de ley ‘‘antes del próximo jueves’’, agregó.

Los educadores que deseen acogerse al Plan de Retiro Anticipado deberán haber cumplido 52 años y seis meses de edad, en el caso de las mujeres, y 56 años de edad en el caso de los hombres, a la vez que deben haber cumplido 28 años de servicios o 336 meses de servicios laborados en el Ministerio de Educación o en el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE).


Concejales capitalinos acusan al Ministerio Público de extralimitarse

MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com

El pleno del Consejo Municipal aprobó ayer una resolución en la cual acusa y lamenta ‘‘la evidente extralimitación de funciones por parte del Ministerio Público’’, y exige que se cumpla con el debido proceso en las investigaciones que lleva a cabo a los miembros del Consejo Municipal de Colón, en el caso de la emisión fraudulenta de 300 millones de dólares en bonos.

La extralimitación se refiere a que el Ministerio Público suspendió del cargo a varios concejales y decretó medida cautelar de casa por cárcel para algunos y provincia por cárcel para otros.

‘‘Los concejales no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo, y merecen consideración y respeto por parte de las autoridades civiles y militares; además no podrán ser detenidos sino mediante orden escrita de un funcionario competente del Organo Judicial’’, señala la resolución, que cita el artículo 22 de la Ley 106 del 8 de octubre de 1973, modificada por la Ley 52 de 1984.

De acuerdo con ese artículo, los concejales ‘‘deberán ser suspendidos por el mismo Concejo cuando el miembro culpable sea sancionado con pena privativa de libertad y por autoridad competente, siempre que la sentencia en que se impuso la pena esté ejecutoriada’’.

Según los concejales capitalinos, queda claro que el Ministerio Público se ha ‘‘extralimitado en sus funciones y ha violentado’’ así el debido proceso.

Como prueba de esa acusación, en la resolución se menciona que hay diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que han declarado ilegales similares actuaciones de representantes del Ministerio Público y del Organo Judicial.

La resolución lleva la firma del presidente del Consejo Municipal, Nelson Vergara Herrera, de la vicepresidenta, Olga de Gracia, y del secretario, Luis Eduardo Camacho.


Weeden espera informe de la cumbre

El contralor anuncia que se adelantará el pago del décimo a los empleados públicos

WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com

El contralor general de la República, Alvin Weeden, dijo que aún no ha recibido el informe en detalle de los 5 millones de dólares que se gastaron en la X Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebró en Panamá el 17 y 18 de noviembre pasado.

Weeden explicó que aún no se ha completado el ciclo de pago de los gastos que se realizaron durante este evento, y una vez se culmine, la Contraloría procederá a llevar a cabo un análisis global de los gastos.

La Prensa solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el detalle de los gastos efectuados durante la pasada cumbre, pero sus autoridades no suministraron nada de lo pedido.

Por otra parte, el contralor Weeden informó que el Gobierno le adelantará el pago de 18 millones de dólares en concepto de la última partida del décimo tercer mes a los servidores públicos.

En cuanto a los artículos del proyecto de ley de medicamentos, el contralor Weeden confirmó que cinco de estos fueron objetados, porque violaban el contenido de algunos artículos de la Constitución.

‘‘Este concepto ha sido aceptado por los propios legisladores, quienes están preparados para que inmediatamente el Ejecutivo haga la objeción parcial del proyecto, corregir su contenido para adecuarlo a la Constitución’’, precisó.

Weeden manifestó que la Contraloría no podía adelantarse a emitir concepto sobre el contenido del proyecto que discutía la Asamblea Legislativa, porque ese es un órgano autónomo para aprobar leyes.

Agregó que el Gobierno no tiene problemas de liquidez y explicó que más bien se trata de una contención del dinero para fiestas de fin de año en las instituciones del Estado, con el propósito de balancear el presupuesto.

Indicó que el Gobierno se ahorrará entre 300 mil y 400 mil dólares aproximadamente con la suspensión de las fiestas del Día de la Madre y de fin de año.


Se podrá fiscalizar compra de medicinas

MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com

La Caja de Seguro Social (CSS) puso desde ayer a disposición de todos los ciudadanos la información sobre las compras de medicamentos que realiza, para que los interesados puedan ayudar a fiscalizar el proceso de compras.

Esta medida forma parte de la implementación del convenio de cooperación suscrito por el director de la CSS, Juan Jované, el pasado 17 de noviembre, con representantes de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá.

Con el convenio se podrá conocer acerca de las compras que llevó a cabo esta institución desde junio de 1999 a octubre pasado.

La información se encuentra disponible en la dirección de internet www.transparenciapanama.com, donde se debe entrar en ‘‘Auditoría Ciudadana’’ y luego se debe presionar sobre el logo de la CSS.

‘‘A partir de hoy la ciudadanía tiene a disposición una página web a la que puede entrar cualquier persona, y con lo cual se inicia la sana costumbre de mantener informados a todos de las compras del Seguro Social’’, expresó el presidente de Transparencia, Fernando Berguido.

‘‘Esto es un primer paso que va a propiciar la fiscalización por parte de los medios de comunicación y de los ciudadanos’’, afirmó Berguido y añadió que ‘‘gracias al liderazgo del director de la Caja, esta institución se transformará en una isla de integridad’’.

Según la directora de Transparencia, Angélica Maytín Justiniani, este convenio forma parte del combate contra la corrupción, un delito que, según ella, es un problema cultural y por lo tanto reversible.

Por su parte, Jované aseguró que dar toda la información al público es parte de la defensa contra la privatización, y agregó que ‘‘en la medida en que las fuerzas ciudadanas hagan presión para lograr una Caja de Seguro Social eficiente’’, entonces podremos seguir teniendo una Caja que siga siendo pública.


Ferrari acude a fiscalía antidrogas

JOSE OTERO
jotero@prensa.com

El presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari, se presentó ayer a la Fiscalía Segunda de Drogas para colaborar con la investigación sobre la incautación de 663 kilos de cocaína descubiertos en un depósito de su propiedad.

Por este caso están detenidas nueve personas, en su mayoría trabajadores de la empresa Farmazona, S.A., en la cual Ferrari figura como vicepresidente de la junta directiva.

El empresario de Zona Libre informó que entregó a la Fiscalía Segunda de Drogas documentación que se le había solicitado y relacionada con el organigrama de la empresa, los expedientes laborales de sus empleados y las funciones que desarrolla esta compañía.

Dijo que desde un principio ha brindado toda la colaboración a las autoridades en esta investigación, para que se logre el esclarecimiento de este caso.

Este viernes, agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ) allanaron uno de los depósitos de Farmazona S.A., localizado en Calle Sexta y France Field en Zona Libre, y encontraron en su interior 661 kilos de cocaína, mientras que otros dos kilos fueron ubicados en una oficina administrativa de esta misma empresa.

Entre los detenidos figuran estibadores y administrativos de la bodega de Farmazona S.A. y dos conductores del panel que introdujo la mercancía ilícita a los predios de la zona franca.

Según las investigaciones preliminares, un vehículo oscuro tipo panel, con dos personas a bordo, ingresó a la Zona Libre a las 7:30 a.m. y se estacionó en varios sitios antes de entrar a la bodega de Farmazona S.A., lo que hizo a las 8:00 a.m.


Prohíben venta de medicinas que tengan fenilpropanolamina

El consumo del químico aumenta los riesgos de infartos o derrames cerebrales

MANUEL DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com

El Ministerio de Salud (MINSA) prohibió desde ayer la venta de cualquier medicamento contra la obesidad que contenga fenilpropanolamina, y ordenó dispensar con receta médica todos los productos antigripales que tengan esta substancia química, porque pone en peligro la salud.

Además, resolvió solicitar a las empresas distribuidoras que los productos con fenilpropanolamina (PPA) sean ‘‘recogidos inmediatamente’’ de los establecimientos comerciales no farmacéuticos, tales como gimnasios y centros de estética corporal.

El MINSA tomó esta decisión luego de que hace un mes la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) apoyara los resultados de un estudio de la Universidad de Yale, en el que se estableció que el consumo de fenilpropanolamina aumenta los riesgos de infartos o derrames cerebrales.

De acuerdo con la Resolución 450 del 5 de diciembre del 2000, firmada por el titular de Salud, José Terán, en Panamá se venden 11 medicamentos antigripales y otros tres para tratamiento de la obesidad.

En el artículo cuarto de la resolución, el MINSA decidió ‘‘cancelar el registro sanitario de cualquier producto medicamentoso que contenga el principio activo fenilpropanolamina que esté indicado para el tratamiento de la obesidad’’ [ver cuadro].

En el apartado siguiente prohíbe el registro sanitario de cualquier nuevo producto con PPA dirigido al tratamiento de la obesidad.

Además, en el artículo primero se ordena ‘‘categorizar como medicamento de venta bajo prescripción médica todos los productos que contengan el principio activo fenilpropanolamina, los cuales deberán ser dispensados exclusivamente en farmacias’’ [ver cuadro].

El MINSA también resolvió suspender los mensajes comerciales que se transmiten en los medios de comunicación en los que se anuncian productos con PPA.

El incumplimiento de esta resolución, advierte el Ministerio de Salud, ‘‘será sancionado con amonestaciones y multas según el caso o reincidencia, así como la suspensión de la licencia de operación del establecimiento’’.


Presidenta Moscoso no quiere ‘yeyesitos’ en su gobierno

MANUEL DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com

La presidenta del país, Mireya Moscoso, pidió a la ciudadanía que le avise cuando se tope con ‘‘un funcionario yeyesito o yeyesita’’, porque en su gobierno no permitirá este tipo de conductas.

Moscoso se expresó así ayer ante numerosas familias durante la entrega de 160 nuevos apartamentos construidos en el barrio de El Chorrillo, en donde otrora se erigía la cárcel Modelo.

Antes de su intervención, la dirigente popular Olga Cárdenas se había mostrado sorprendida por la diligencia y el esmero que demostraron algunos funcionarios designados por Moscoso para coordinar la construcción de los nuevos apartamentos, ya que a primera vista le había parecido que ‘‘todos eran unos yeyesitos’’ que no querrían visitar los viejos caserones en que vivían los chorrilleros.

La presidenta invitó entonces a los presentes a que le avisen ‘‘cuando vean funcionarios yeyesitos o yeyesitas’’ representando su gobierno.

‘‘Quiero decirles que cuando ustedes encuentren a un funcionario de mi gobierno que sea yeyesito o yeyesita, me lo vengan a decir, porque nuestro gobierno no es de yeyesitos’’, afirmó la mandataria, que al instante fue aplaudida por la concurrencia.

Junto con el ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas, con quien dijo que trabajará durante todo su gobierno, Mireya Moscoso entregó las llaves de 160 nuevos apartamentos, distribuidos en cuatro edificios tipo Salomón, a personas de escasos recursos económicos.

Abordada por una veintena de periodistas luego del acto de entrega, Moscoso se refirió a varios temas, entre ellos el posible veto parcial a la nueva norma de comercialización de los medicamentos.

‘‘Estamos buscando opiniones’’, dijo la presidenta, luego de negar que pretenda vetar la proyectada ley. Admitió, no obstante, que quizás el documento sea devuelto a la Asamblea para que sea corregido.

Con relación a la aprobación del presupuesto general del Estado por parte de la Asamblea Legislativa, la mandataria se mostró confiada en que esta iniciativa se concrete antes de fin de mes y, por otra parte, informó que el Gobierno pagará hoy la partida del décimo tercer mes.


Buhoneros podrán seguir vendiendo en la Central

MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com

Varias decenas de buhoneros del área de Calidonia realizaron ayer una manifestación en la entrada del Consejo Municipal, como medida de presión para que el alcalde Juan Carlos Navarro les permitiera vender sus mercancías en las aceras de la Avenida Central.LA PRENSA / Alvaro Reyes Nuñez

Luego de protestar durante poco menos de una hora ante el Consejo capitalino, representantes de unos 200 buhoneros del distrito capital consiguieron el permiso del alcalde Juan Carlos Navarro para seguir vendiendo sus artículos navideños durante el mes de diciembre en la Avenida Central y sus alrededores.

El grupo de buhoneros cerró la calle frente al Consejo Municipal, donde se desarrollaban las sesiones ordinarias y gritó consignas contra las autoridades hasta que consiguió que, en horas del mediodía de ayer, cuatro de sus representantes fueran recibidos por los funcionarios capitalinos.

Los buhoneros denunciaron que el ordenamiento actual respecto a la ubicación de sus puestos estipulado por los funcionarios los perjudica, porque están autorizados a vender en calles en las que no hay mucho movimiento de personas.

‘‘Me llamo Luis Bernal, en la Calle 20 no he podido vender nada. La gente prefiere comprar afuera, en la misma Central y no entra a las bocacalles. Tengo dos hijos, estoy desempleado y necesito subir las ventas’’, explicó uno de los manifestantes.

Los funcionarios del municipio, por su parte, rechazan una buhonería descontrolada que impida el paso, ensucie las calles, deteriore el patrimonio público y afecte el comercio establecido.

En la reunión, las partes acordaron que los vendedores podían seguir ofreciendo sus productos en las vías céntricas, donde hay una gran afluencia de público, especialmente en este mes cuando se realizan las fiestas de fin de año.

Pero el jefe del Municipio capitalino advirtió que los buhoneros deben trabajar con orden, sin provocar problemas y sin impedir, en lo posible, el libre tránsito de los peatones.


Fiscal indaga a 4 anticastristas

JOSE OTERO
jotero@prensa.com

La fiscal primera de circuito, Argentina Barrera, comenzó ayer el proceso de indagatoria dentro de la investigación que adelanta en el caso de Luis Posada Carriles y de otros cuatro detenidos por su presunta vinculación en un complot para asesinar en Panamá al presidente de Cuba, Fidel Castro.

Durante la mañana de ayer la fiscal Barrera se trasladó a la Policía Técnica Judicial (PTJ), donde se encuentra detenido el panameño José Hurtado, para tomarle una ampliación en la indagatoria que había rendido inicialmente.

En esta investigación también aparecen sindicados los cubano–americanos Guillermo Nomo Sampoll, Pedro Remón Rodríguez y Gaspar Jiménez Escobedo.

Hurtado es señalado como la persona que sirvió de conductor a Posada Carriles y a los otros tres cubanos durante su estadía en Panamá y de haber enterrado en conjunto con un vecino suyo, en un lote baldío en Tocumen, un cargamento de explosivos plásticos C–4 que supuestamente sería usado en el atentado contra Castro.

Durante la ampliación de la indagatoria, Hurtado estuvo representado por el abogado Iván Gantes.

Se ha informado que la fiscal Barrera continuará esta semana con el proceso de indagatoria a los cubanos, quienes están detenidos en una celda con aire acondicionado en la Policía Nacional.

La instrucción sumarial del caso la empezó el fiscal auxiliar, Carlos Augusto Herrera, y solo indagó a Hurtado, mientras que otorgó una medida cautelar a César Matamoros, otro cubano que fue arrestado inicialmente en este caso.

Luego, el viernes pasado, remitió el expediente al Ministerio Público con la calificación de los delitos de posesión de explosivos y asociación ilícita, pero sin indagar a Posada Carriles y a los otros tres cubanos supuestamente implicados.

Ante esta situación, Rogelio Cruz, abogado de los cuatro cubanos detenidos, presentó el lunes recursos de Habeas corpus en favor de sus representados ante la Corte Suprema de Justicia, tras advertir que el Ministerio Público ha violado el artículo 22 de la Constitución en este caso.

Los recursos legales indican que desde su detención, ocurrida el pasado 17 de noviembre, Posada Carriles, Nomo Sampoll, Remón Rodríguez y Jiménez Escobedo no han sido notificados de las razones de su arresto y de sus derechos constitucionales y legales como lo estipula la Constitución.


Piden elección transparente del nuevo ‘Ombudsman’

JOSE QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com

Uno de los aspirantes a defensor del Pueblo, el abogado Carlos Herrera Morán, planteó ayer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que la elección del sucesor de Italo Antinori sea manejada con transparencia.

Herrera se presentó ante el legislador perredista Felipe Cano, presidente de dicha comisión, para instarle a que definiera las reglas del juego, toda vez que circulan versiones cada vez más fuertes de que el cargo ya tiene nombre, debido a que se ha ungido a un candidato del Partido Demócrata Cristiano.

En nota que envía a Cano, le manifiesta que el pueblo aspira a escoger en forma democrática y transparente un defensor del Pueblo que sea auténticamente independiente y combativo. Eso es lo que percibe la comunidad civil, señala.

En consecuencia, como candidato a la Defensoría del Pueblo le expresa que espera una elección democrática, sin favoritismos ni ventajas.

Según Herrera, amplios sectores de la población y de los medios de comunicación perciben que la escogencia del defensor del Pueblo está ‘‘amañada’’, ya que se habla de un pacto entre dos partidos que controlan la Asamblea Legislativa.

De ser cierta esta percepción, dice, estaríamos frente a un fraude ético–legal, lo cual constituiría una gran decepción nacional. Y añade que de concretarse esta preocupación legítima del pueblo panameño, el resultado sería un defensor del Pueblo ilegítimo y la institución se desnaturalizaría.

Además precisa que ha observado que entre los candidatos se han postulado distinguidas figuras, entre ellas, algunas por las que siente un gran aprecio, pero que ejercen cargos públicos con mando y jurisdicción (ejemplo los fiscales Juan Tejada y Nedelka de Castillo).

Por ello, considera que por razones elementales y éticas deben presentar su renuncia o separarse del puesto o cargo público, toda vez que ello parece que vulnera el principio de igualdad de las partes entre los candidatos.

A su juicio, estos dos aspectos perturban la objetividad, transparencia e imparcialidad de la escogencia del próximo defensor del Pueblo.

Al concluir su misiva, le ruega al legislador Cano y al presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, que desmientan públicamente la existencia del susodicho pacto META y que exijan la renuncia o separación del cargo público de quienes son candidatos y ejercen puestos con mando y jurisdicción.

‘‘El pueblo panameño se merece y reclama una elección justa y transparente del defensor del Pueblo’’, subraya Herrera Morán.

 
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