Narcotráfico sufre revés en operación ‘Seis Fronteras’

Policías sudamericanas dan duro golpe al narcotráfico

Una avioneta antinarcóticos vuela sobre un laboratorio de drogas en llamas, en el área noroeste de Colombia, el pasado 30 de noviembre como parte de la operación “Seis Fronteras”.

BOGOTA, Colombia. (AP). –Unas 243 personas arrestadas, 14 laboratorios destruidos y más de 600 toneladas de precursores químicos confiscadas es el resultado de la operación antinarcóticos ‘‘Seis Fronteras’’, que llevaron a cabo seis países de Sudamérica, informó ayer la policía colombiana.

‘‘Esta operación donde están todas las policías de las fronteras vecinas a Colombia es un primer paso para hacer una alianza para cerrar el paso a los químicos que son fundamentales en ese proceso (de producción de droga) y fiscalizar la pasta de coca en estos países’’, dijo el director encargado de la policía colombiana, general Alfredo Salgado.

Según el jefe de la Policía Antinarcóticos de Colombia, general Gustavo Socha, con el operativo regional se logró evitar ‘‘la producción de 10 mil toneladas de sustancias narcóticas de clorhidrato de cocaína equivalentes a 100 mil millones de dosis’’.

Para fabricar el alcaloide se ocupan muchas sustancias químicas como acetona, permanganato de potasio, éter y gasolina, que son muy difíciles de controlar, ya que también se emplean para la producción de bienes lícitos.

La operación que se lanzó el 13 de noviembre contó también con la participación de unidades antidrogas de Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

‘‘Se ha permitido que las organizaciones de tráfico de drogas sean disuadidas y neutralizadas en está operación. Los logros obtenidos han sido muy importantes para el país, ya que han sido en forma conjunta, coordinada y simultánea con los países andinos y con apoyo de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos)’’, afirmó el coronel Arturo Dávila, jefe de operaciones especiales de la Policía Antinarcóticos de Perú.

Al igual que Dávila, en la entrega del balance de ‘‘Seis Fronteras’’ estuvo presente el subdirector de Antinarcóticos de la policía ecuatoriana, coronel Carlos Echeverri, que destacó los éxitos obtenidos por medio del trabajo conjunto y aseguró que la situación fronteriza era ‘‘normal’’.

Todos los funcionarios policiales se comprometieron a proseguir coordinando actividades, recalcó.

Colombia es el principal productor mundial de cocaína. En el país hay sembradas unas 120 mil hectáreas con plantas de coca.

El Gobierno colombiano busca revertir esta situación a través del Plan Colombia, que promete reducir a la mitad las hectáreas de plantas de coca en los próximos cinco años. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de Estados Unidos por un valor de mil 300 millones de dólares.

Obreros objetan alza de tarifas

MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com

Ante el anunciado aumento de las tarifas telefónicas a partir del 1 de enero próximo, el dirigente obrero Gabriel Castillo calificó de ‘‘irresponsable’’ la actuación del Ente Regulador de los Servicios Públicos, por autorizar tarifas ‘‘criminales’’ que atentan contra los intereses populares.

‘‘La llamada tarifa social’’ no tiene ningún componente social, sino que es una tarifa ‘‘criminal contra el pueblo’’ afirmó Castillo, secretario general de la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical (CONUSI).

Dicha tarifa, aunque estipula solo 2 dólares con 50 centésimos como cargo fijo, establece el cobro de 4 centésimos por minuto de uso local.

Los trabajadores protestarán en las calles contra el aumento de las tarifas telefónicas y de la electricidad, adelantó el dirigente obrero.

Añadió que con esa nueva tarifa el Gobierno autoriza a golpear la economía de los trabajadores y los obliga a no utilizar el servicio telefónico. Es más, dijo, los obliga a tener los aparatos solo para recibir llamadas.

Los miembros del Ente Regulador no están cumpliendo con sus obligaciones; no pueden conformarse con decir que no se puede hacer nada y dejar desprotegidos a los usuarios, recalcó el dirigente.

‘‘El Ente es un mecanismo que crearon las propias empresas transnacionales para garantizar precisamente las alzas que proponen’’, indicó Castillo.

‘‘Si bien es cierto que hay un contrato firmado, esas empresas de teléfono y de electricidad no pueden estar por encima del Gobierno, ya que el Estado debe ejercer presión con las acciones y la participación que mantiene en esas compañías’’, señaló el dirigente de la CONUSI.

Por su parte los representantes de Cable & Wireless (C&W) en un comunicado explican que actualmente las llamadas de larga distancia internacional están subsidiando las tarifas locales y estos subsidios cruzados están prohibidos según las leyes de telecomunicaciones de Panamá.

Según C&W, el ‘‘rebalanceo’’ es un proceso para hacer las tarifas actuales más competitivas en el mercado internacional.

La Prensa gana Premio Mundial

REDACCION DE LA PRENSA
planas@prensa.com

El premio lo entregó Aralynn Mcmane, directora de los programas educativos de la WAN

La Asociación Mundial de Periódicos (WAN, por sus siglas en inglés) otorgó al diario La Prensa el Premio Mundial Jóvenes Lectores 2000, dentro de la Conferencia internacional de editores y gerentes de mercadeo celebrada en Berlín, Alemania, el 23 y 24 de noviembre pasado.

El Diario Libre de Panamá se hizo acreedor a esta distinción por su álbum de figuritas Mi Panamá, producido por el equipo de su programa Aprendo.

El premio de la WAN se concede al periódico que haya elaborado el proyecto más innovador para fomentar la lectura entre los jóvenes.

El álbum satisfizo una necesidad real de la comunidad porque le dio acceso a información sobre la vida pública del país, atrajo a lectores jóvenes a la lectura de periódicos, y también demostró que las iniciativas educacionales pueden ser muy exitosas para las empresas periodísticas, porque aumentan las ventas dominicales y generan más ingresos publicitarios.

Wendy Tribaldos, coordinadora de Aprendo, dijo al recibir el premio que el álbum Mi Panamá es un excelente ejemplo de cómo dos áreas, redacción y mercadeo, pueden trabajar juntas en la ejecución de un proyecto que apoya a ambas agendas, tanto la editorial, el servicio a la comunidad, y la mercadotécnica, la ampliación de la circulación del periódico.

Critican amenazas de educadores

WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com

La dirigencia de los educadores transmite un mal ejemplo a los estudiantes al amenazar con retener los boletines escolares si la Asamblea Legislativa no les aprueba el proyecto de ley de jubilaciones anticipadas autofinanciables, afirmó el legislador Carlos Smith.

Los educadores, al ver detenida la aprobación del proyecto de ley que establece un régimen de jubilaciones anticipadas para su gremio, han anunciado algunas acciones de protesta, entre ellas, retener las calificaciones y presentarse hoy en horas de la tarde a la Asamblea Legislativa.

Smith afirmó que los legisladores tienen la disposición de aprobar este proyecto de ley, pero requieren de una información precisa del Gobierno.

Uno de esos detalles que no se ha entregado oficialmente es el número de educadores que se beneficiarán con este proyecto de ley de jubilaciones anticipadas, ya que se menciona a unos 400, pero el Ministerio de Educación no ha entregado esta información formalmente.

Para el legislador arnulfista José Blandón, las propuestas de algunos legisladores del PRD –como la de revisar todo el acuerdo– intentan entorpecer la discusión para que no sea aprobado el acuerdo, ya que este es uno de los compromisos políticos asumidos por la presidenta, Mireya Moscoso, durante su campaña.

Posada no será condenado a muerte: Castro

Ni Posada Carriles ni su grupo recibirán una pena superior a los 20 años

LA HABANA, Cuba. (DPA). –El presidente de Cuba, Fidel Castro, dijo ayer en La Habana que el anticastrista Luis Posada Carriles, arrestado en Panamá, solo enfrentaría una pena de 20 años de cárcel si es extraditado a la isla por los cargos de terrorismo que se le imputan.

Ni Posada Carriles ni su grupo ‘‘recibirán ni pena capital ni sanción superior a 20 años’’, afirmó el gobernante de 74 años en un discurso en ocasión del primer aniversario de la inauguración de la Escuela Latinoamericana de Medicina, en las afueras de esta capital.

En un discurso improvisado de poco más de dos horas, Castro dijo que ‘‘no existe la más mínima excusa’’ para que Panamá niegue la extradición del exiliado de 72 años que fue arrestado después que el mandatario cubano lo acusó de planear asesinarlo durante la X Cumbre Iberoamericana.

Esas garantías –añadió– fueron hechas llegar a las autoridades del gobierno de la presidenta Mireya Moscoso en la solicitud oficial de extradición del comando de cuatro hombres dirigido por el anticastrista, quien viaja con pasaporte salvadoreño.

‘‘No es venganza lo que nos mueve sino la demanda de justicia’’, subrayó Castro ante unas 5 mil personas, entre ellas más de 3 mil jóvenes que cursan estudios gratis en la Escuela Latinoamericana de Medicina.

Aseguró que Estados Unidos ‘‘está haciendo fuertes presiones’’ sobre el Gobierno panameño para impedir la extradición de los cuatro detenidos.

Castro dijo que aceptaría, ‘‘como garantía adicional’’, que Posada Carriles y los otros tres anticastristas detenidos sean juzgados en la isla por un tribunal internacional, incluso aunque fueran condenados a una ‘‘pena inferior a la magnitud de sus crímenes’’.

No obstante, afirmó que en caso de que el grupo sea juzgado en Panamá, el Gobierno de esa nación ‘‘contará con toda la colaboración de Cuba, con todo nuestro apoyo’’.

Mireya Moscoso ha declarado que en lugar de extraditar a Posada Carriles, éste sería juzgado en Panamá.

El Gobierno cubano responsabiliza a Posada Carriles por la voladura en pleno vuelo de un avión civil cubano en 1976 en Barbados, que provocó la muerte a 73 personas, y de una serie de ataques con bombas contra hoteles en La Habana que costaron la vida a un turista y heridas a varios otros ciudadanos.

Narcotráfico afecta imagen de ZLC

El gerente de ZL opina que el decomiso de drogas demuestra que se persigue a los traficantes

WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com

El tráfico de drogas a través de la Zona Libre de Colón (ZLC) afecta su imagen, pero el decomiso de ellas también demuestra que las autoridades persiguen a los que se dedican a este delito, manifestó el gerente de esta zona franca, Jorge Fernández.

Unidades del Departamento Nacional de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial (PTJ), en conjunto con la Policía Nacional, decomisaron la semana pasada 663 kilos de cocaína que estaban ocultos en uno de los depósitos de la empresa Farmazona, S.A. ubicada en Calle Sexta y France Field, en la ZLC.

Para Fernández, este decomiso no fue algo aislado ni casual. Más bien fue el resultado de un operativo que llevó a cabo la Fiscalía de Drogas con la PTJ, la unidad canina y otros estamentos de seguridad.

El funcionario sostuvo que la ZLC aplica controles para evitar este tipo de delitos en ese lugar, como por ejemplo, la utilización de la unidad canina que cuenta con perros entrenados donados por la Embajada de Inglaterra, además del apoyo de organismos como la DEA, de Estados Unidos.

‘‘No es que no se esté haciendo nada. Por el contrario, eso [el decomiso] demuestra que es un trabajo en coordinación que intenta evitar que el flujo de la droga se mueva por la ZLC’’, agregó Fernández.

En cuanto a la imagen de la ZLC, recalcó que estas capturas demuestran que se está trabajando para evitar que los narcotraficantes utilicen la zona franca como vía para el tráfico de sustancias ilícitas.

Añadió que las investigaciones las seguirá la Fiscalía de Drogas mediante interrogatorios que se les hará a las nueve personas que supuestamente están involucradas en el tráfico de los 663 kilos. Las autoridades incautaron unos 661 kilos de droga dentro de la ZLC y los otros dos kilos en un lugar no precisado.

Por otro lado, desde el viernes hasta ayer domingo se reunió la comisión de alto nivel que le recomendará a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, las estrategias para el desarrollo inmediato de Colón. Además de Fernández, asistieron a la reunión varios ministros y viceministros y el asesor presidencial George Weeden.

Panamá se prepara para el Plan Colombia

JAHIRO POLO
japolo@prensa.com

El Gobierno panameño está preparando, desde el pasado mes de agosto, un ‘‘plan de contingencia’’ frente al posible ingreso masivo al país de ‘‘desplazados transfronterizos’’ colombianos, quienes podrían emigrar hacia Darién para huir de los combates tras la puesta en marcha del Plan Colombia.

Así lo informó a La Prensa el director de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alfredo Castillero, al señalar que tanto el despacho a su cargo como el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), la Oficina Nacional para la Asistencia a los Refugiados (ONPAR) y el Ministerio de Gobierno y Justicia participan en la elaboración del plan ‘‘con el apoyo de la Cruz Roja Internacional’’.

‘‘Ese plan de contingencia debe estar listo y aprobado para la primera o la segunda semana de enero próximo y, de hecho, ya tenemos una versión preliminar que van a presentar acá [en la Cancillería] el próximo 14 de diciembre’’, indicó Castillero.

Dicho ‘‘plan de contingencia’’ implica, según el funcionario, el hecho de que el Gobierno está tomando medidas de prevención ante un posible ingreso de ‘‘hasta 3 mil personas en el momento más álgido de la aplicación de la primera fase del Plan Colombia, cosa que calculamos ocurrirá hasta el año 2002’’, afirmó.

SMN niega detención de agente por narcotráfico

JAHIRO POLO
japolo@prensa.com

El director general del Servicio Marítimo Nacional (SMN), José Isaza, negó ayer en forma categórica que algún agente de servicio en esta institución haya sido arrestado en relación con el delito de narcotráfico que propició el arresto del jefe del servicio de escoltas del fiscal primero de Drogas, Rosendo Miranda.

Isaza señaló a La Prensa que ‘‘ninguna de nuestras unidades está detenida por este caso, y mal se puede mencionar que eso es así, cuando ninguna unidad en servicio activo [en el SMN] ha sido arrestada por irregularidad alguna’’.

Estas declaraciones fueron secundadas por un comunicado emitido en horas de la tarde del domingo por la oficina de relaciones públicas del SMN, cuyo texto indica que ‘‘actualmente ningún miembro del SMN ha sido detenido por las autoridades sobre delitos con drogas’’.

‘‘Estas observaciones – añade el comunicado– las hacemos en base a informaciones divulgadas y publicadas por diferentes medios de comunicación social, en las que se involucra a una de nuestras unidades en el caso de la detención del jefe de escoltas del fiscal [primero] de Drogas, Rosendo Miranda, específicamente el sargento primero Víctor Quintero’’.

Quintero fue arrestado el pasado sábado tras ser vinculado con una organización criminal a la que se le decomisó un cargamento de mil kilos de cocaína en noviembre pasado. El cargamento de cocaína estaba oculto en una residencia del corregimiento de Juan Díaz.

Hasta el momento, y según han informado fuentes ligadas con las investigaciones, también han sido arrestadas otras seis personas, entre ellas el ex agente del antiguo Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) Fernando Mendoza, y un ‘‘agente del SMN’’ cuyo nombre no fue revelado.

Ley penal juvenil avanza con lentitud

Es necesario tener 7 millones de dólares para nombrar a jueces y funcionarios, dijo la magistrada presidenta de la Corte Suprema

MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com

Aunque a paso lento, la implementación de la Ley Penal del Adolescente avanza, señaló la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Mirtza Franceschi de Aguilera, durante el acto de graduación de más de 50 funcionarios que aspiran a ser defensores, fiscales y jueces del adolescente.

‘‘El hecho de que en este momento no tengamos el presupuesto para la designación de los jueces para adolescentes, no significa que cuando esto se produzca y haya el dinero asignado no se cuente con el recurso humano preparado de parte del Organo Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría de Oficio’’, expresó la magistrada.

Según Franceschi, es necesario tener 7 millones de dólares para toda la jurisdicción en materia de la adolescencia, es decir, para nombrar a los jueces y a todos los funcionarios en este campo.

‘‘Lo que estamos haciendo es dar a conocer la importancia que tiene esta ley, la creación de la jurisdicción para ver si para el año 2001 se incluye en el presupuesto para comenzar a trabajar al año siguiente, es decir, en el 2002’’, indicó la magistrada.

En cuanto a la formación de jueces, defensores y fiscales, según la presidenta de la Corte esto es un paso importantísimo porque se ha capacitado a las personas especializadas en esta materia.

El acto de graduación realizado la semana pasada significó la clausura de las actividades del Convenio de Capacitación suscrito entre el Organo Judicial y UNICEF– Panamá, organizado por la Escuela Judicial.

También en el acto presentaron 10 publicaciones realizadas por ambas entidades en materia de derechos de niñez y adolescencia.

Por falta de dinero, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público no han podido nombrar a los jueces y fiscales que debían comenzar a prestar sus servicios a partir del 2000, tal como lo establece la Ley 40 que creó un régimen especial de responsabilidad penal para los adolescentes.

En su momento, el secretario del Ministerio Público, José María Castillo, afirmó que ‘‘no tenemos recursos’’ para nombrar a los nuevos fiscales. Similar opinión han manifestado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al referirse al nombramiento de los nuevos jueces penales.

Concejales presentarán recursos judiciales

MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com

El abogado Carlos Carrillo anunció que hoy, lunes, presentará un recurso de Habeas corpus en favor de los concejales Gerardo Rentería (arnulfista) y Domingo Sosa Santos (liberal), quienes tienen medidas cautelares por su supuesta vinculación con el caso de la emisión fraudulenta de 300 millones de dólares en bonos sin el aval del Estado.

‘‘A nuestro criterio, las medidas no tienen la base legal suficiente’’, afirmó Carrillo.

El abogado informó de que presentará un recurso de amparo a nombre de Rentería (representante de Cativá) contra una orden emitida por las autoridades que lo separaron de su cargo y le dieron casa por cárcel.

Por su lado, Sosa Santos (representante del corregimiento Ciricito) no fue separado de su cargo, sino que se emitió una orden que le impide salir de la provincia de Colón.

‘‘Está probado, por documentos, que ellos se limitaron a aprobar una propuesta de empréstito de conformidad con la ley y eso no puede ser entendido como ningún tipo de infracción legal de ninguna naturaleza’’, señaló Carrillo.

El otro concejal que tiene igual medida cautelar es el representante arnulfista Istmeño Avila.

Recientemente el fiscal auxiliar, Carlos Augusto Herrera, le impuso una medida cautelar de casa por cárcel a otros tres integrantes del Consejo Municipal de Colón, supuestamente vinculados con este caso.

Los perredistas Daniel Ortega y Juan Mitre, y el arnulfista Carlos Villarreal fueron los concejales a quienes les impusieron esta medida cautelar.

Con anterioridad se había girado una orden similar contra la alcaldesa de Colón, Matilde Rosales de Ardines, su asesor legal Luis Banqué y contra el tesorero José Mercedes Brown.

También se conoció que al concejal Carlos Villarreal le fue impuesta la medida de casa por cárcel, a pesar de que se abstuvo de votar en mayo pasado, cuando el Concejo de Colón autorizó a la alcaldesa Rosales de Ardines para que contratara la empresa Trading Plus Inc. para que emitiera los bonos.

De igual forma se dio a conocer que el concejal perredista Omar Hughes no se encontraba en el país cuando se realizó esta votación, pero también es investigado por el escándalo de los bonos.

En El Salvador entierran restos de campesinos asesinados por ejército

CANTON SAN JOSE PALO GRANDE, El Salvador. (AP) –Los pobladores de una humilde aldea salvadoreña enterraron ayer los restos de 35 personas masacradas por el ejército durante el inicio de la cruenta guerra civil.

‘‘Esta es la triste historia que vivió nuestro cantón’’, reza la pequeña placa de mármol que cargaban dos campesinos salvadoreños al frente del entierro.

Tras ellos, otros pobladores cargaban cinco pequeños ataúdes con los restos de las 35 personas, entre estas 18 niños. Uno de los ataúdes dice ‘‘cráneos’’, otro ‘‘columna y pelvis’’.

La masacre ocurrió el 19 de marzo de 1981 durante un operativo del ejército en este cantón llamado San José Palo Grande, en el departamento central de Cuscatlán, 45 kilómetros al norte de la capital.

Era el inicio de los 12 años de la guerra civil salvadoreña, que concluyó en 1992 con la firma de acuerdos de paz.

Las víctimas fueron quemadas y asesinadas a balazos por soldados cuando estaban refugiadas en una vivienda. La mayoría de los campesinos había abandonado la zona, según relatos de los sobrevivientes.

‘‘Habíamos huido; a todo mundo andaban matando porque decían que éramos guerrilleros, pero no éramos nada de eso’’, relató a la AP Osmaro Lobo, un campesino de 67 años que sobrevivió a la matanza.

Indicó que había abandonado el lugar un día antes junto con su esposa y nueve hijos. Sin embargo, señaló que fueron asesinados su hermana Angela de 41 años y sus sobrinos Rivelino de tres, Noe de nueve y Marleni de 10.

Lobo dijo que al menos una semana después del crimen, sobrevivientes enterraron en una fosa común los restos calcinados de las víctimas.

El denominado Centro para la Promoción de los Derechos Humanos ‘‘Madeleine Lagadec’’, exhumó los restos para que fueran velados apropiadamente.

Tras la exhumación, ‘‘encontramos solamente siete cuerpos completos, los demás solo fueron restos’’, dijo Naida Medrano, representante de la organización de derechos humanos.

Entre cánticos religiosos, unos 50 familiares de las víctimas y pobladores acompañaron la procesión que recorrió por unos 15 minutos, polvorientas, estrechas y empinadas veredas hasta llegar al lugar de la masacre.

Los cinco pequeños ataúdes fueron enterrados en una pequeña fosa común a pocos metros de una semidestruida vivienda de adobe, donde fueron asesinadas las víctimas.

En la pequeña placa de mármol quedaron escritos los nombres de las 35 víctimas.

Denuncian ‘torturas’ de la DIIP

Nos vendaron y comenzaron a golpearnos en el estómago, a darnos patadas y a decirnos que teníamos las granadas

JAHIRO POLO
japolo@prensa.com

Dos jóvenes de 23 y 24 años denunciaron haber sido ‘‘amordazados, vendados y torturados’’ por agentes de la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP) de Ancón, mientras eran interrogados sobre el paradero de algunas granadas de mano del Servicio de Protección Institucional (SPI), que se ‘‘extraviaron’’ días antes de la X Cumbre Iberoamericana.

‘A’ y ‘B’, como llamaremos a ambos jóvenes que pidieron no revelar sus nombres y quienes residen en el populoso barrio de Curundú, dijeron haber sido detenidos por unidades de la DIIP el pasado lunes 20 mientras caminaban por una de las calles del lugar sin que hubiesen cometido falta alguna, y sin que se les indicara la razón de su detención.

‘A’ relató que ‘‘el lunes nos agarraron y nos dijeron que nosotros teníamos tres granadas, y eso no es cierto... yo me fui al cuartel [de Policía de Curundú] con mi madre para arreglar ese problema en la tarde, pero en la noche salí con mi compañero y nos metieron en un taxi por la parte de atrás de la barraca hasta la [sede de la Policía] Metropolitana [en Ancón]’’.

Una vez dentro de las instalaciones de dicho cuartel, ‘‘varios de ellos comenzaron a presionar... nos vendaron y comenzaron a golpearnos en el estómago, a darnos patadas y a decirnos que teníamos las granadas, y que si no decíamos dónde estaban nos iban a estar ‘ladillando’ todos los días y nos íbamos a tener que ir del barrio’’, agregó ‘A’.

‘B’, por su parte, dijo haber sido encañonado en la sien y en la boca por uno de sus interrogadores.

‘‘A mí me dijeron que tenía cinco segundos para decir dónde estaban las granadas o me iban a matar, y me metieron una pistola en la boca... Como no decíamos porque no sabíamos nada, nos dijeron que nos iban a dar 50 dólares por una granada, y yo les dije que yo no tenía nada de eso’’, agregó ‘B’.

Ambos jóvenes comentaron desconocer a qué granadas se referían sus interrogadores, ya que ambos ‘‘hace rato que nos dejamos de la mala vida’’, dijo ‘A’ haciendo referencia al hecho de que tanto él como ‘B’ formaron parte de una de las tres bandas juveniles que operaban en Curundú.

Igualmente, aclararon que ellos no tienen ningún tipo de problemas con los agentes del cuartel de Policía del barrio en el que viven, y desde el cual opera la Unidad de Control de Multitudes (UCM).

‘‘El problema es con los de la DIIP de la Metropolitana’’, recalcó ‘A’, quien admitió tener miedo de salir de su casa ante la posibilidad de volver a ser ‘‘detenido bajo investigación’’.

Tanto ‘A’ como ‘B’ confesaron haber estado presos. Uno pasó cinco años en la isla penal de Coiba por el delito de robo, mientras que el otro purgó tres años de cárcel en el centro penal La Joya. Sin embargo, ambos aseguraron tener interés en conseguir un trabajo para dejar atrás su pasado.

Funcionarios de la Junta Comunal de Curundú dieron fe de sus intenciones, al mostrar las múltiples solicitudes de trabajo que ‘A’ y ‘B’ han enviado al municipio capital y a varias empresas privadas, sin que hasta ahora se les haya dado respuesta.

La Prensa trató de confirmar esta denuncia ante la dirección de la Policía Nacional, sin embargo, dicha diligencia resultó infructuosa porque ni el jefe de la Policía Metropolitana ni el de la DIIP pueden dar declaraciones sin la autorización del director de la Policía, Carlos Barés, a quien tampoco se pudo localizar en su número de celular, debido a que ‘‘está de viaje en misión oficial’’.

No obstante, un funcionario de alto rango dentro de esta institución (quien solicitó la reserva de su nombre y cargo) comentó que ambos jóvenes debían acudir a la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), a fin de que presenten una acusación formal contra quienes consideren responsables de las ‘‘torturas y presiones psicológicas’’ de las que alegan haber sido víctimas.

Chávez gana referéndum, pero el 78% se abstiene

CARACAS, Venezuela. (Servicios Internacionales). –Los venezolanos aprobaron ayer, mediante referéndum, la propuesta del presidente Hugo Chávez de reformar los sindicatos, lo que significa, en términos prácticos, la renovación de la dirigencia sindical.

El ‘‘Sí’’ obtuvo el 66% de los votos, mientras que el ‘‘No’’ alcanzó un 25% y los votos nulos acumularon 8%. Estos resultados corresponden al 84% de los votos emitidos.

La nota más sobresaliente de la jornada electoral fue el elevado índice de abstencionismo. Datos ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) señalan que de los 11.7 millones de ciudadanos que estaban habilitados para votar solo lo hicieron 2.2 millones, lo que representa un 22% de participación y un 78% de abstención.

En las últimas elecciones municipales celebradas en 1995 el abstencionismo fue del 54%.

El polémico referéndum sindical, considerado por la actual dirigencia obrera como inconstitucional, consultó a los electores si están ‘‘de acuerdo con la renovación de la dirigencia sindical en los próximos 180 días’’ y con suspender en sus funciones a los directivos de centrales, federaciones y confederaciones.

La ciudadanía venezolana también fue convocada para elegir a 2 mil 349 concejales y 3 mil 184 miembros de juntas parroquiales en 335 municipios de un total de cerca de 79 mil candidatos provenientes de partidos políticos y organizaciones civiles.

El Movimiento V República (MVR), que agrupa a las fuerzas ‘‘chavistas’’, triunfó ampliamente en los comicios locales.

El partido oficialista ganó 27 de 50 escaños que estaban en juego para los concejos municipales de la zona metropolitana de Caracas, según la muestra de los votos divulgada anoche por el CNE.

Sin embargo, el MVR recibió una inesperada oposición del grupo Primero Justicia, formado por jóvenes profesionales, que se llevó la mayoría de los escaños en los concejos metropolitanos de Baruta y Chacao, con un total de 12 puestos, muy por encima de Proyecto Venezuela (oferta democristiana) y de Acción Democrática (grupo socialdemócrata).

Aconsejan revisión integral de penas

Según Guevara, no es conveniente actuar apresuradamente como una reacción ante hechos graves, como el secuestro de niños

MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com

Ante la propuesta hecha por el presidente de la Comisión legislativa de Gobierno, Rubén Arosemena, de aumentar la pena máxima de 20 a 50 años de cárcel para casos como el secuestro de niños, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (en licencia), César Guevara, opinó que tal aumento requiere de un cambio integral en el sistema judicial.

Según Guevara, no es conveniente actuar apresuradamente como una reacción ante hechos graves como el secuestro de niños.

‘‘Debemos llamar nosotros a las inteligencias en el campo jurídico y social con el objeto de que presenten las medidas integrales que debemos, como sociedad, adoptar como una reacción bien pensada para afrontar la violencia y la delincuencia’’, señaló.

‘‘Los códigos son el resultado de análisis y estudios de juristas, de sociólogos y de estudiosos de temas sociales, y legislar en base a un hecho concreto como una reacción no creo que sea el mejor mecanismo para darle a la sociedad instituciones permanentes’’, expresó Guevara.

Las leyes y los códigos son mecanismos para conservar conductas por parte del conglomerado social y no es lo más recomendable elaborar mecanismos de reacción urgente ante casos como el secuestro de un niño ocurrido en Los Santos.

Según el dirigente de los abogados, ante la delincuencia no hay que actuar con pasividad, pero esta posibilidad de estimar en 50 años la pena máxima debe darse con las consultas debidas en materia de carácter legislativo, sin apresuramientos.

‘‘La calma no significa lentitud, debemos tomar medidas nosotros como sociedad, como sector mayoritariamente decente de la sociedad panameña frente a una delincuencia que está agresiva’’, expresó el dirigente gremialista.

Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Mirtza Franceschi de Aguilera, indicó que el Código Penal es un todo y si es necesario cambiar las penas de acuerdo con una técnica legislativa adecuada, se deberá hacer una revisión total y completa de las penas.

‘‘Se podría poner 50 años por un delito, pero resulta que por un delito mayor o más grave la pena puede ser menor. Se puede crear ese tipo de desproporciones que no son convenientes’’, señaló la magistrada.

La presidenta de la Corte Suprema afirmó que lo ideal es revisar las penas de todos los delitos, si es que se pretende aumentar una pena o reducirla por algún motivo.

Franceschi de Aguilera advirtió que los teóricos penalistas afirman que no es el agravamiento de los castigos lo que disuade a los delincuentes de cometer delitos.

Asaltan el Super Extra de Ojo de Agua

JAHIRO POLO
japolo@prensa.com

Tres sujetos fuertemente armados, entre los cuales había un menor de edad, fueron arrestados por la Policía Nacional tras asaltar el Super Extra del sector de Ojo de Agua, en San Miguelito.

Raúl Archibold Hall, de 18 años de edad; Víctor Klane, de 19 años, y un menor de 17 años de edad, fueron capturados por agentes policiales de servicio en el área policial de San Miguelito, cuando se disponían a escapar con todo el dinero que había en las cajas registradoras del Super Extra de Ojo de Agua.

Según explicó una fuente ligada a las investigaciones, Archibold Hall, Klane y el menor de edad que les acompañaba habían despojado de sus escopetas a dos de los agentes de seguridad privada que custodiaban el centro comercial, tras amenazarlos de muerte con un revólver calibre .38.

Con las escopetas en su poder, los asaltantes ingresaron al local abriéndose paso por un boquete hecho en la pared posterior del edificio, y se abalanzaron sobre las cajeras que en esos momentos atendían a varios clientes.

Tras amenazarlas de muerte, estos tres individuos se apoderaron de 15 bandejas repletas de dinero de las cajas registradoras, pero gracias a un llamado de alerta, fueron arrestados por los policías que ingresaron al local.

A Archibold, Klane y el menor les decomisaron las escopetas calibre 12 y el revólver .38 que portaban, así como las bandejas con el dinero robado y cinco maletines deportivos en los que presuntamente ocultarían el botín.

La fuente consultada reveló además que Raúl Archibold Hall laboraba en el local que acababa de asaltar como guardia de seguridad. Agregó el informante que al parecer, ‘‘el propietario de dicho establecimiento había indicado que no presentaría cargos contra los tres asaltantes’’.

Paralelamente a este incidente, la Policía allanó la residencia número 52 de la barriada Los Pinos, en Calzada Larga, donde decomisó al ciudadano Carlos Cedeño, de 33 años de edad, una pistola .9 milímetros sin el permiso correspondiente, con un cargador y 11 municiones.

Asimismo, la Policía decomisó revólveres calibre .38 a Pablo Valencia, Edilma Vásquez Castillo y a dos menores de edad de 14 y 17 años, durante algunos allanamientos realizados en la Plaza 5 de Mayo y la barriada Nueva Esperanza, de Pacora.