El aumento de las tarifas telefónicas es el resultado del contrato que el Estado Panameño firmó con la empresa de capital británico Cable & Wireless en 1997. Dicha contratación puso en práctica la privatización del servicio de telefonía que formaba parte de los acuerdos a los que había llegado la clase política panameña en la década del noventa. No fue, pues, una cuestión de política partidaria, sino de la reforma económica concertada en el nuevo marco democrático. Como siempre hay un margen en la negociación, el Gobierno solicitó a la empresa telefónica la inclusión de una tarifa ‘popular’ –a lo que accedió la concesionaria– con el fin de que la disponibilidad del servicio no fuese demasiado costosa para los estratos menos pudientes. Hay dos cosas que el Gobierno no puede hacer en las actuales circunstancias: desconocer las estipulaciones del contrato que dan derecho a la empresa a solicitar el ajuste, y tratar de mantener el anterior sistema anticompetitivo cuando una empresa pública, con otros criterios, manejaba las comunicaciones telefónicas. Es, por supuesto, desagradable aceptar que el ajuste en las tarifas significa un alza para los sectores más necesitados y una rebaja para las empresas; pero ello solo revela que no se han encontrado las fórmulas aceptables para financiar un nuevo subsidio a la pobreza. Mientras alguien encuentre las respuestas, es natural que sectores representativos de los estratos populares manifiesten su malestar.