Panamá campeón

El jardinero central de la selección de Panamá, el experimentado Rodolfo ‘Candelilla’ Aparicio, llega a la segunda almohadilla, pese al esfuerzo del nicaragüense Norman Cardoze. Aparicio fue puntal del equipo panameño, que anoche venció a Nicaragua 8 carreras por 2, revalidando su título de campeón panamericano.

Detienen a escolta de fiscal de Drogas

Presunta vinculación con narcotraficantes a quienes se les capturó mil kilos de cocaína

JOSE OTERO
jotero@prensa.com

El jefe de la escolta del fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, fue detenido por su presunta vinculación con una organización criminal a la que se le capturó un cargamento de mil kilos de cocaína en noviembre de este año en el corregimiento de Juan Díaz.

Víctor Quintero, sargento primero de la Dirección de Investigación e Información Policial (DIIP), de la Policía Nacional, con cuatro años de servicio como miembro de la seguridad privada de Miranda, fue conducido este viernes a la Fiscalía Segunda de Drogas para ser interrogado.

En el interrogatorio inicial Quintero negó las acusaciones que le hicieron, pero se le mantuvo bajo detención y fue enviado a la celda preventiva de la DIIP en Ancón, aunque no se le han formulado cargos hasta el momento.

El Reglamento Interno de la Policía Nacional especifica que sus unidades solo serán separadas del cargo y puestas a órdenes de las autoridades competentes cuando un tribunal de justicia les dicte una sentencia en contra.

Candanedo confirmó la detención de Quintero, destacando que estuvo varios meses dándole seguimiento y vigilancia al sospechoso hasta que decidió arrestarlo y que ni siquiera el fiscal Miranda estaba enterado de estas pesquisas, sino hasta el último momento cuando se produjo el arresto.

‘‘Nadie está por encima de la ley y no importa el rango o cercanía que tenga la persona con las autoridades, la justicia le dará el mismo tratamiento’’, aseguró Candanedo.

El fiscal Miranda prefirió, a su turno, no brindar declaraciones al respecto y solo se limitó a decir que el fiscal Candanedo estaba encargado de estas investigaciones.

Por este caso también se detuvo esta semana a una agente del SMN, cuyo nombre no fue revelado; anteriormente fueron arrestadas otras seis personas, entre ellas, el ex agente Fernando Mendoza, del antiguo DENI.

Mendoza había sido arrestado en 1995, durante una operación antidroga denominada ‘‘Omega’’, cuando se disponía a enviar un cargamento de cocaína perteneciente al cartel de Cali, utilizando para ello los servicios de transporte de la empresa panameña SETRACASA.

Tras este primer arresto Mendoza decidió cooperar con las autoridades y por ello le fue impuesta una condena de solo cinco años de prisión, sentencia que terminó de cumplir a mediados de este año.

Sin embargo, las autoridades volvieron a arrestarlo en noviembre pasado tras el operativo que llevó al decomiso de mil kilos de cocaína en Juan Díaz.

Mendoza ha negado cualquier relación o vinculación con el agente Quintero, según se pudo conocer.

Si no hay jubilación no hay boletines, amenazan educadores

GIONELA JORDAN V.
gjordan@prensa.com

De no aprobarse en segundo debate mañana, lunes, el primer bloque del proyecto de retiro anticipado de los educadores, los gremios magisteriales anunciaron que como medida de presión retendrán las calificaciones y los informes finales necesarios para que se concluya el año escolar 2000 y para las graduaciones de miles de estudiantes en todo el país.

Luis López, secretario general de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA), deploró ayer la inasistencia de los legisladores tanto de gobierno como de oposición a la discusión en segundo debate del referido proyecto, ya que esa situación motivó la suspensión de la discusión.

Los educadores –dijo López– esperan que en la discusión del proyecto de retiro anticipado se ‘‘avance grandemente’’ este lunes, porque si ‘‘vemos que la dilación continúa, vamos a paralizar las clases y tal como dije nos vamos a tomar la Asamblea’’.

Este es el momento ‘‘más crucial y peligroso’’ del año lectivo 2000, explicó López, porque se está en proceso de entrega de calificaciones de fin de año, y del informe de los estudiantes promovidos y reprobados, y si no se entrega esta información al Ministerio de Educación, el año escolar quedará inconcluso.

‘‘Estamos en un momento crucial y si no se hacen todos esos eventos, –advirtió López– entonces prácticamente el año escolar no se podrá cerrar. Y si nosotros tomamos la decisión de retener las calificaciones y todos esos informes, entonces se presentará una situación muy crítica en el sistema educativo’’.

El dirigente magisterial manifestó que los educadores no quieren tomar esas medidas extremas, pero reiteró que ‘‘si nos llevan a eso, vamos a tener que hacerlo’’.

Esta semana es crucial – destacó López–, por lo que esperan que mañana se avance, ya que si no se aprueba el primer bloque del proyecto de ley –que va del artículo 1 al 13– en horas de la noche, anunciarán las acciones que tomarán a partir del martes 5 de diciembre.

Trinidad vence envibrante pelea

El pugilista Fernando Vargas, de Oxnard, California, cae a la lona en el primer asalto, luego de recibir un golpe fulminante del puertorriqueño Félix Trinidad. Vargas se recuperó y continuó la pelea de unificación del título entre los dos invictos boxeadores. Trinidad venció por nocaut en el duodécimo asalto de una vibrante pelea.

Pinochet presenta amparo

SANTIAGO, Chile. (AFP). –El ex dictador chileno general Augusto Pinochet presentó un recurso de amparo ayer, sábado, ante la Corte de Apelaciones de Santiago para anular la orden de arresto y el proceso por violaciones a los derechos humanos que abrió en su contra el juez Juan Guzmán Tapia, informaron sus abogados.

El recurso de amparo fue entregado por la defensa de Pinochet en el Palacio de los Tribunales, donde la quinta sala de la Corte deberá acogerlo o rechazarlo en un plazo de 48 horas. Los abogados de Pinochet alegan que el juez omitió interrogar a Pinochet antes de procesarlo.

En el marco de las tensiones generadas por la decisión del juez, el comandante en jefe del ejército, general Ricardo Izurieta, mantuvo el sábado dos reuniones en el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno, con el vicepresidente José Miguel Insulza, quien reemplaza al presidente Ricardo Lagos, que está de visita oficial en ciudad de México.

VEA LA VIDA / 32A

Según versiones sin confirmar, el propósito de Izurieta fue pedir la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, que integran los jefes de las Fuerzas Armadas, para que examine las proyecciones del juicio a Pinochet.

‘‘El ejército no ha descartado esta opción, porque es una buena opción’’, señaló Izurieta en rueda de prensa en el edificio de las Fuerzas Armadas, siete horas después de su primera entrevista con Insulza.

Izurieta sostuvo que el juicio iniciado el viernes contra Pinochet afecta la convivencia de la sociedad chilena, por lo que considera que el Consejo es una instancia que puede contribuir a restablecer la normalidad.

‘‘Es una forma de (hacer) funcionar normalmente una instancia que está contemplada en nuestra reglamentación constitucional y cuando el funcionamiento es normal, como alguien por ahí ha dicho, las cosas funcionan’’, precisó Izurieta en una indirecta alusión al presidente Lagos.

El mandatario socialista ha reiterado en los últimos meses que ‘‘las instituciones funcionan’’, al referirse a la independencia del Poder Judicial frente al proceso que enfrenta Pinochet, por los crímenes atribuidos al régimen que encabezó entre 1973 y 1990.

Lagos, que asumió el gobierno el pasado 11 de marzo, rechazó hace siete meses convocar al Consejo de Seguridad, cuando se iniciaba el ‘‘antejuicio’’ de Pinochet, que culminó el 8 de agosto con el veredicto de la Corte Suprema que lo privó de su fuero como senador vitalicio y lo dejó expuesto a la acción del juez Guzmán Tapia.

Marcos dialogará con el gobierno de Fox

Líder del Ejército Zapatista condicionó las conversaciones a siete exigencias previas

MEXICO. (EFE) –El líder de la guerrilla zapatista, el subcomandante Marcos, condicionó ayer el diálogo con el gobierno de Vicente Fox a la retirada del Ejército de la zona de conflicto en Chiapas y a la aprobación de una ley de derechos indígenas.

Marcos anunció que aceptará retornar al diálogo con el Gobierno durante una cita con la prensa que convocó ayer en La Realidad, en el corazón de la selva Lacandona, informó la agencia de noticias Notimex.

Según una cadena de radio local, el dirigente zapatista busca que el Gobierno cumpla siete puntos entre los que se incluyen la retirada del Ejército de la zona de conflicto y la aprobación en el Congreso de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas.

Marcos concedió al nuevo Gobierno el ‘‘beneficio de la duda’’ y advirtió a Fox de que ‘‘tendrá la oportunidad de elegir si sigue el camino de la guerra o elige el camino del diálogo para la paz’’.

El líder zapatista anunció que viajará a la capital mexicana, probablemente en febrero, acompañado de 24 de los ‘‘comandantes’’ de su particular estado mayor.

Pocas horas después de tomar posesión de la Presidencia, Fox ordenó el acuartelamiento de 53 retenes, unos mil 500 soldados, de la zona de conflicto con la guerrilla zapatista, en señal de ‘‘buena voluntad’’ para reanudar el diálogo.

El Ejecutivo esperaba que ayer Marcos respondiera a este gesto de ‘‘buena voluntad’’ con una acción similar para encontrar una salida pacífica al conflicto que estalló en enero de 1994 con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Durante su discurso de toma de posesión, Fox anunció el viernes pasado ‘‘un nuevo amanecer’’ para Chiapas y apuntó que demostrará con hechos y no con palabras su interés por resolver el problema.

Asimismo, dijo que el próximo martes enviará al Congreso la iniciativa de ley elaborada por la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación), que recoge el espíritu de los acuerdos de San Andrés suscritos entre la guerrilla y el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo, y que nunca llegaron a cumplirse.

El ‘Sub’, como se conoce a Marcos en México, rompió el miércoles pasado su silencio de más de seis meses para convocar a la prensa nacional e internacional en La Realidad, bastión del EZLN.

Marcos, que a finales de junio pasado descalificó el proceso electoral que concluyó con la victoria de Fox el 2 de julio pasado, hizo duras críticas contra Zedillo en su último comunicado.

El dirigente zapatista lo acusó de elegir el camino de la guerra en Chiapas y lo responsabilizó de la matanza de Acteal, ocurrida en diciembre de 1997, cuando paramilitares afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI) masacraron a 45 indígenas.

Califican de ‘aberración’ las leyes de desacato

RAFAEL PEREZ G.
rperez@prensa.com

Las denominadas leyes de desacato que facultan a los funcionarios con mando y jurisdicción a sancionar con pena de arresto a quienes ellos consideren que les han irrespetado, son ‘‘una aberración’’ y deben ser derogadas ‘‘cuanto antes’’ advirtió Octavio Amat, presidente del Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información.

Amat, quien también es director del diario El Panamá América, emitió tales comentarios después que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa rechazó esta semana el proyecto que derogaba dichas disposiciones.

Francisco Ameglio, legislador por el oficialista Partido Arnulfista (PA), presentó el proyecto de ley 56 con la intención de derogar el numeral 2 del artículo 202 y el artículo 386 del Código Judicial.

Además pretendía eliminar el numeral 12 del artículo 45 y el artículo 827 del Código Administrativo, al igual que los artículos 307 y 308 del Código Penal.

Jerry Wilson Navarro junto con su copartidario Pedro Miguel González, en asocio con el molirena Jorge Rosas y Eric López, legislador suplente de Rubén Arosemena, presidente del Partido Demócrata Cristiano, rechazó la iniciativa.

Arosemena, quien es presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, no acudió a esa sesión. Con anterioridad respaldó con su voto el polémico artículo 70 del Reglamento Interno de la Procuraduría de la Administración que establecía, entre otros puntos, la confidencialidad del suministro de ‘‘información’’ pública.

José Blandón Figueroa – que ocupa un escaño en la cámara legislativa en representación del PA– fue el único legislador de esa comisión que votó a favor de la propuesta de eliminación de las leyes de desacato.

Ese tipo de decisiones legislativas, estimó Octavio Amat, proyecta una ‘‘pésima imagen’’ a Panamá debido a que coloca a este país ‘‘a la altura de regímenes represivos’’ que operan en otras latitudes.

Al respecto, el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, quien estuvo presente en la Comisión de Gobierno al momento que se discutía el referido proyecto de ley, señaló que si los legisladores acogían esa iniciativa de derogar la denominadas leyes de desacato, se promovería la anarquía y ello sería contrario a los objetivos de Panamá que consisten en promover los valores morales y el respeto a la autoridad.

Sobre este particular, Amat indicó que tales argumentos constituyen una ‘‘falacia’’, debido a que en este punto de vista no se toma en consideración que al aplicar las leyes de desacato se desconoce ‘‘el principio constitucional del debido proceso’’.

Resulta imperativo, dijo Amat, que a través de los medios legales y constitucionales que correspondan se elimine ‘‘cuanto antes’’ las denominadas leyes de desacato.

Heroína en el estómago

Debe haber sido una heroica indigestión. En la foto se observa los 85 comprimidos con supuesta heroína que transportaba en su estómago el colombiano Ricardo Buitrago Rojas, de 33 años de edad, detenido en el aeropuerto de Tocumen por la Policía Técnica Judicial cuando se disponía a abordar un avión rumbo a Guatemala. La PTJ también detuvo a los guatemaltecos Juana Medina y Carlos Morales, quienes ocultaban en sendas loncheras otros 48 comprimidos de heroína al momento de abordar un autobús con destino a su país.

¿Quiénes eran los dueños de la droga?

RAFAEL PEREZ G.
rperez@prensa.com

Las autoridades antinarcóticos panameñas investigan tanto el origen como el destino, y la trama de complicidades vinculadas con el cargamento de droga decomisado el pasado 1 de diciembre en uno de los depósitos de Farmazona, S.A. ubicada en la Zona Libre de Colón.

Personal antinarcóticos de la Policía Técnica Judicial (PTJ), en coordinación con la Policía Nacional y la seguridad del área franca, incautó 661 kilos de cocaína oculta en cajas de cartón forrada y en su interior la mercancía estaba en bolsas plásticas envueltas en periódico.

Según relató a La Prensa un alto funcionario de seguridad, que pidió reserva de fuente, la mañana del viernes pasado un vehículo tipo panel salió de una residencia ubicada en una comunidad periférica de la ciudad de Colón y en el interior del auto cerrado llevaban la mercancía, recordó la fuente.

A bordo del vehículo – agregó– iban dos personas, quienes previamente ‘‘dejaron’’ dos kilos de cocaína del cargamento que transportaban hacia la zona franca en la residencia que posteriormente fue allanada. En esa acción policial se incautó los dos kilos de droga que correspondían, según la fuente, a un ‘‘pequeño tumbe’’ que hicieron a la cantidad inicial con la intención de venderlo por su cuenta.

Según la fuente, a las 7:30 a.m. el panel ingresó a la Zona Libre de Colón y se estacionó en varios sitios como ‘‘tratando de despistar’’. Apenas abrieron la bodega, a las 8:00 a.m., el panel entró y poco tiempo después ‘‘cayó la policía’’.

Cuando los efectivos policiales ingresaron a la bodega, dijo la fuente, el personal estaba poniéndole flejes a las cajetas. Los perros de la seguridad de la Zona Franca encontraron la droga que ya estaba divida en dos grupos y otra mínima cantidad ‘‘escondida’’. Obviamente, añadió, ‘‘habían decidido hacer otro pequeño tumbe a esa cantidad de droga’’. Allí se detuvo al conductor del panel, a su ayudante y al personal de la empresa que estaba en la bodega al momento de la incautación.

¿Hacia dónde iba la droga? Según la fuente, se investiga si ella iba a ser incluida dentro de un embarque de agroquímicos que la empresa tenía previsto enviar a Costa Rica.

La fuente dudó que solamente los empleados que se encontraban en la bodega estén ‘‘metidos’’ en este caso, porque estimó que la cantidad de estupefaciente incautada es ‘‘muy grande’’. Dificulto –dijo– que solamente ‘‘los empleados supieran’’ de ese cargamento.

Sin embargo, el funcionario añadió que ‘‘mi impresión –insistió la fuente– es que [Giovanni] Ferrari no está en modo alguno involucrado. (...). Colaboró absolutamente en todo y con gran tranquilidad’’, recalcó.

Por su parte, una fuente allegada a la Fiscalía de Droga aseguró entrada la noche que aún no se le había tomado declaración indagatoria a los detenidos. Señaló igualmente que no se ha podido comprobar si este grupo está vinculado a alguna organización con lazos internacionales dedicada al trasiego de drogas.

Remiten el expediente de Posada Carriles a la fiscalía

JOSE OTERO
jotero@prensa.com

El expediente del caso del cubano Luis Posada Carriles fue remitido a la Fiscalía Primera de Circuito Penal, a cargo de Argentina Barrera, calificado con el delito de posesión de explosivos.

Por este caso también están detenidos los cubano– americanos Gaspar Jiménez Escobedo, Guillermo Nomo Sampoll, Pedro Remón Rodríguez y el panameño José Hurtado.

A los cinco se les implica en un presunto complot para asesinar en Panamá al gobernante cubano, Fidel Castro, durante la celebración de la X Cumbre Iberoamericana.

Las investigaciones preliminares fueron llevadas por el fiscal auxiliar Carlos Augusto Herrera, quien concedió una medida cautelar en este caso a César Matamoros, un cubano radicado en Panamá. El expediente fue remitido al Ministerio Público este viernes.

Las autoridades descubrieron el pasado 18 de noviembre un total de 40 libras de explosivos plásticos C–4, enterrados en un terreno baldío ubicado en Tocumen y que presuntamente serían utilizados para asesinar a Castro en el Paraninfo Universitario.

José Antonio Sossa, procurador de la Nación, había confirmado que estos explosivos junto con Carriles y tres de sus cómplices entraron a Panamá a través del puesto fronterizo de Paso Canoa.

El Gobierno de Cuba ha solicitado la extradición de Posada Carriles, Jiménez Escobedo, Nomo Sampoll y Remón Rodríguez, pero el Gobierno panameño no ha contestado todavía a esta petición diplomática.

Los cuatro están a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran detenidos en la Dirección de Investigación e Información Policial (DIIP), mientras que Hurtado está en la Policía Técnica Judicial (PTJ).

Ambos gobiernos hablaron sobre las posibilidades de eliminar las visas

MANUEL DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com

Panamá y México iniciaron conversaciones para establecer acuerdos de inversión y cooperación en el sector turístico y el desarrollo de infraestructura.

Ello se dio luego de entrevistas sostenidas por la mandataria, Mireya Moscoso, y su delegación con representantes del nuevo Gobierno mexicano, liderado por el presidente Vicente Fox.

Moscoso regresará al país posiblemente hoy, domingo, junto al canciller José Miguel Alemán, quien la acompaña.

Ambos gobiernos igualmente hablaron sobre las posibilidades de eliminar las visas para ingresar a uno y otro país, según comentó una fuente de la Cancillería panameña.

Las relaciones económicas entre Panamá y México no son nuevas. Incluso, ambas naciones negocian desde mayo pasado un Tratado de Libre Comercio.

En la primera mitad de este año, según la Contraloría General de la República, las importaciones a Panamá de México alcanzaban los 70 millones de dólares. Mientras, las exportaciones panameñas hacia territorio azteca casi sumaban 5 millones en el mismo período.

Moscoso se reunió el pasado 29 de noviembre con Fox. El nuevo mandatario mexicano ha dicho que su gobierno iniciará acercamientos con los países centroamericanos.

Para ello pretende que los estados del sudeste mexicano consoliden un programa de cooperación con Centroamérica.

Entre tanto, el primer vicepresidente, Arturo Vallarino, también emprenderá un viaje. En esta ocasión el funcionario viajará a San José, Costa Rica, para participar en la ‘‘mini cumbre de Centroamérica, Argentina y República Dominicana’’.

Al evento, que se desarrollará mañana 4 de diciembre, ha sido invitado Fernando de la Rúa, mandatario argentino.

Nombran a delegados de Panamá en Corte de La Haya

HERMES SUCRE S.
hsucre@prensa.com

La presidenta de la República, Mireya Moscoso, nombró a los abogados Roberto Alemán Zubieta, Miguel J. Moreno, Mario Galindo y Carlos Iván Zúñiga Guardia representantes de Panamá ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en Holanda, durante los próximos seis años.

El nombramiento se hizo por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Decreto No.376 de 29 de noviembre de 2000, publicado en la Gaceta Oficial No.24,191 del 1 de diciembre de 2000.

De acuerdo con el artículo 44 de la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales, Panamá en su carácter de Estado parte en la convención antes mencionada, le corresponde designar hasta cuatro personas de reconocida competencia en derecho internacional, con el fin de que sean inscritas como miembros de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

Mediante Decreto No.386 de 12 de septiembre de 1990, el Gobierno designó representantes ante la Corte por la república de Panamá a los abogados Roberto Alemán, Miguel J. Moreno, Carlos Bolívar Pedreschi y Woodrow de Castro. El mandato de los últimos miembros venció el 2 de mayo de 1993.

Fallece el ex alcalde peruano A. Barrantes

LIMA, Perú. (EFE). –El dirigente de izquierda y ex alcalde de Lima Alfonso Barrantes Lingán falleció ayer en un hospital de Cuba, víctima de cáncer, informó ayer el regidor de la municipalidad limeña, Michel Azcueta.

Azcueta declaró a la emisora Radioprogramas de Perú que la muerte de Barrantes, en un hospital de La Habana, generó la ‘‘preocupación’’ del presidente peruano, Valentín Paniagua, quien ha ofrecido personalmente ayuda a sus familiares para que viajen a repatriar sus restos.

‘‘Creo que en todo Perú lamentamos la ida de Alfonso, una persona que toda su vida la ha dedicado al país, desde una posición socialista y democrática que todos recordamos’’, comentó.

El regidor recordó que Barrantes fue el creador del Programa del Vaso de Leche cuando fue alcalde de Lima, en la primera mitad de la década del 80, y que esa decisión favoreció a millones de personas de escasos recursos económicos.

El ex alcalde de Lima tuvo la extraña virtud de lograr la ‘‘conciliación’’ y la simpatía de todos los sectores sociales y políticos del país, que siempre le llamaron cariñosamente con el sobrenombre de ‘‘Frejolito’’, por su pequeña estatura.

Desalojan a 150 familias de Mocambo

Los moradores serán trasladados hacia el Valle de San Francisco

JOSE QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com

Con apoyo de decenas de policías antidisturbios, personal del Ministerio de Vivienda y la presencia del corregidor de Ancón, Enrique Rodríguez, se continuó ayer el desalojo forzoso de unas 150 familias de Mocambo Abajo, las que serán ubicadas en el Valle de San Francisco (Kuna Nega).

Así concluyó el drama de una comunidad cuyos moradores aseguran haberse instalado allí desde hace más de 50 años, y que aseguran ser víctimas de la ambición por el valor que ahora tienen estos terrenos por su proximidad al Corredor Norte y a la autopista a Colón.

Un boletín del Ministerio de Vivienda informa que en el área de Kuna Nega, hacia donde se les está trasladando, cuadrillas del Departamento de Construcción demarcan el área y construyen las primeras viviendas, de tal forma que las familias encuentren de inmediato albergue seguro.

A su vez, un comunicado de la Caja de Ahorros señala que se trata de tierras con una extensión de casi 90 hectáreas con un valor de avalúo de 12.5 millones de dólares y que no han podido ser desarrolladas por enfrentar el fenómeno de la invasión.

La fuente precisó que cada familia tendrá derecho a un lote de 450 metros cuadrados en un terreno de 10 hectáreas donado por la ARI, donde se les edifica una casita de madera y zinc, costeada por la Caja, en reemplazo de la que habitaban en Mocambo Abajo y a donde se les mudará con sus pertenencias.

No obstante, según Leonel Longa, vocero de las familias desalojadas, anteayer el corregidor Rodríguez llegó con suma violencia, con cuadrillas que fueron desmontando las viviendas, apoyados por los policías, y atropellando a quienes se oponían al abuso.

Reiteró una vez más que en la Corte Suprema de Justicia hay un amparo de garantías no resuelto sobre el caso, y a pesar de ello, habían procedido a lanzarlos en pleno diciembre, cuando hay una ley que prohíbe los desalojos en esta época.

Longa, mostrando una Gaceta Oficial y planos, señaló que en 1977 el gobierno de Omar Torrijos expropió dicha finca en favor de Reforma Agraria por estar residiendo dentro familias de agricultores. La finca era del empresario Carlos Patterson, a quien luego hubo de indemnizar por la expropiación.

Sin embargo, tras la invasión de 1989, estas tierras fueron adjudicadas, obviando lo arriba citado, a la Caja de Ahorros, la Autoridad de la Región Interoceánica y la Universidad de Panamá. Además, sostiene que ahora la disputan la Autoridad de la Región Interoceánica, la Universidad de Panamá, el Grupo Shahani, y la familia Díaz Quelquejeu, a través del asesor Mario J. Galindo.

Autoridades como el representante de Ancón, Joaquín Vásquez; el administrador de ARI, Alfredo Arias, y otros, han asegurado que los moradores son invasores y deben salir del área. Vásquez ha ido más allá y ha señalado que Longa, así como el otro vocero, Noriel Aguilar, son delincuentes disfrazados de dirigentes comunitarios que venden lotes.

FENASEP pide resarcir a funcionarios despedidos

JOSE QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com

Ante las masivas destituciones de funcionarios públicos que se han dado en el Gobierno, igual que en el pasado, la Federación Nacional de Asociaciones de Servidores Públicos (FENASEP) acogió con esperanza el proyecto de ley que presentó el legislador perredista Manuel De La Hoz, que busca indemnizarles al ser cesados.

Leandro Avila, secretario general de FENASEP, se mostró sorprendido por la actitud del ministro de Trabajo, Joaquín José Vallarino III, quien afirmó en entrevista radial que no apoyaría ninguna iniciativa legislativa en tal sentido, dado que ello pondría en aprietos económicos al Gobierno y promovería el desempleo.

Avila dijo que hace poco la Asamblea aprobó una ley que brinda indemnización a todo empleado de la Caja de Ahorros en caso de despido injusto y se preguntó por qué al resto de los empleados del Estado no se les puede tratar igual.

Añadió que hay otros proyectos presentados por Susana Richa de Torrijos y Héctor Alemán que buscan hacer justicia a este trabajador.

Sobre la iniciativa de De La Hoz, señaló que ese proyecto también plantea la necesidad de que el servidor público sea indemnizado por despido injustificado con una semana de salario por cada año de servicio, y que estos casos sean ventilados en juzgados seccionales de trabajo, en vez de hacerlo ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, donde pierden el 95% de las demandas.

Sin embargo, el proyecto de ley exceptúa a aquellos funcionarios de confianza, los cuales no resultan cubiertos por los beneficios de esta ley.

No obstante, considera que estos proyectos de ley buscan cambiar la conducta de la clase política panameña, que cree que cuando gana una elección todos los puestos de la administración pública son un botín político del partido ganador.

Admitió que las palabras del ministro de Trabajo podrían albergar un virtual veto presidencial, pero estima que ello sería injusto para con los servidores públicos que en 14 meses no han recibido nada de parte del Gobierno nacional.

Frente a la premura del tiempo, dijo que FENASEP está demandando del grupo META la pronta discusión de estos proyectos en los cuatro meses que restan de la primera legislatura y luego, en la segunda, tratarlo por urgencia notoria. De lo contrario, la actuación del grupo META sería una desilusión, subrayó.

Por su lado, De La Hoz cuestionó el hecho de que la Ley de Carrera Administrativa, aprobada en 1994, no fuera implementada como se debía por el gobierno del Ernesto Pérez Balladares, mientras que el actual la ha irrespetado por completo al sumar ya 15 mil despidos.

‘‘Creo que el Estado panameño no va progresar así en su administración, porque no es posible que se prepare un talento para que realice una tarea y al cabo de cinco años se le destituya’’ porque no es del partido vencedor.

Agregó que ‘‘se trata de hacer justicia a un hombre o una mujer que ha laborado por muchos años y luego se le destituye sin un centavo de indemnización’’, sin un décimo tercer mes o vacaciones proporcionales que le permitirían afrontar su nueva situación económica.

Arranca temporada de compras

Miles de personas abarrotaron los centros comerciales de la ciudad, al empezar las compras para las fiestas de fin de año.

Denuncian aumento de contrabando de cigarrillos

redaccion de la prensa
planas@prensa.com

Según ejecutivos de Tabacalera Istmeña, S.A., el Tesoro Nacional deja de percibir 5 millones de dólares anuales por el constante contrabando de cigarrillos procedente de Zona Libre de Colón, lo que pone en peligro esta industria, así como el aporte que hace a la economía en plazas de empleo directos e indirectos.

La declaración fue hecha ante la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa. Allí, Reynaldo Wong, gerente nacional de la empresa tabacalera, afirmó que este delito ha venido creciendo consistentemente en los últimos años, al punto que rebasa el 25% del mercado total. Añadió que esta situación se debe, en gran parte, a que los altos impuestos generan un diferencial de precios marcados entre el producto legal y el de contrabando.

El fenómeno ha producido también un aumento en los negocios formales que se dedican a la venta de cigarrillos de contrabando –de 300 en 1998 a 800 en este año–, cifra que no incluye la gran cantidad de negocios informales y vendedores ambulantes que ofrecen el producto en calles y avenidas.

Al referirse al proyecto de ley que busca incrementar el impuesto al consumo del cigarrillo (5%), el ejecutivo tabacalero indicó que si el proyecto de ley se aprueba, la situación actual empeoraría, dado que cualquier aumento traería consecuencias nefastas para la industria legal.

Añadió el ejecutivo de Tabacalera Istmeña, que ello implicaría un incremento en el costo al consumidor, provocando un aumento en la demanda de productos de similar calidad y menor precio.

Wong llamó la atención sobre el aporte que hace la industria tabacalera al fisco nacional, el cual se elevó a 13 millones de dólares en 1999 (en impuesto selectivo al consumo y en ITBM), por lo que la intención de gravar aún más el producto sería contraproducente.

Control navideño

Con la llegada del mes de diciembre, personal de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos de Consumidor (CLICAC) ha establecidos puestos en las calles para atender las quejas de los compradores.

Aspirar a Defensoría del Pueblo cuesta caro

Aspirante denuncia que hay que pagar elevadas sumas de dinero en autenticaciones notariales de documentos que son gratuitos

JOSE QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com

Una gran afluencia a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa se registró en los dos últimos días del plazo concedido para presentar las postulaciones al cargo de defensor del Pueblo que dejará vacante en abril su titular, Italo Antinori Bolaños.

Florencio Barba Hart, joven abogado santanero, estimó que tenía méritos para aspirar al cargo, pero al presentarse a la comisión encontró una serie de trabas. La primera de ellas: el alto costo de las autenticaciones notariales que solicitaron a los aspirantes.

Considera Barba Hart que la participación ciudadana debería ser expedita y gratuita. Por el contrario, esta se convirtió en un gasto injustificado para los candidatos que debieron cumplir con autenticaciones de documentos cuya obtención en original es, en muchos casos, gratuita.

Como ejemplo citó que se debe autenticar el historial penal y policivo, cuyo original es gratuito. Lo mismo sucede con la certificación de no haber cometido delitos electorales, o la carta mediante la cual el propio candidato asegura no ser pariente de quienes ocupan cargos oficiales.

Hubiera sido preferible, sugiere Barba, que todo ese dinero se donara a la próxima Teletón o al Hospital del Niño, y no malgastarlo en autenticaciones de fotocopias ante notarios, cuyos originales se obtenían de forma gratuita.

‘‘El máximo absurdo es el caso de las copias del currículo. Cada copia autenticada debía ser pagada, a pesar de que el original lo había hecho yo mismo’’, acusó el aspirante.

Según Barba –quien no pertenece a partido político alguno– a pesar de que todos los postulantes cumplieron con los requisitos, rechaza tan costosa postulación que impide que gente que no tiene 100 ó 200 dólares para despilfarrar, aspire a ser defensor del Pueblo.

Tal vez, comenta, esta actitud de rechazo es lo más importante. Rechazar lo que todos aceptan como normal, cuando no lo es. Cuestionar las trabas y requisitos absurdos; no temer a pelear por lo que se considera justo y con razón, son las cualidades que la ciudadanía debe demandar de quien se quiera convertir en próximo defensor del Pueblo.

Madre denuncia secuestro de su hijo

JOSE QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com

Lourdes Chávez de Borg denunció ayer el rapto de su hijo, Joshua Andrés Borg Chávez, de dos años y cuatro meses, ocurrido el pasado jueves 23 de noviembre.

La señora Chávez de Borg acusa como autor del rapto de su hijo a su esposo y padre del menor, Jorge Eduardo Borg Bernal, quien goza –al igual que el menor– de la doble nacionalidad panameño–finlandesa, por lo que teme que hayan salido del país con destino a Finlandia.

La madre informó que interpuso ante la Policía Técnica Judicial de San Miguelito la denuncia respectiva, así como ante el Juzgado de Familia correspondiente.

El día siguiente de ocurrido el plagio, el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de San Miguelito decretó el impedimento de salida del país del niño, por lo que solicitó a la Dirección Nacional de Migración que informara a los puestos fronterizos, puertos y aeropuertos de la medida.

‘‘Mi gran preocupación es que, dada la doble nacionalidad que ostenta, él podría haber sacado al niño del país y por ello le pido ayuda a los medios de comunicación’’, indicó la madre del menor.

 Ex premier de Fujimori admite soborno de Montesinos

LIMA, Perú. (Servicios internacionales). –El ex jefe del último Gabinete del ex mandatario Alberto Fujimori, Federico Salas Guevara, será sometido a juicio político por el Congreso después de admitir públicamente que Vladimiro Montesinos le pagaba un sueldo de 30 mil dólares mensuales, y que pretendió consumar un golpe de Estado con el apoyo de un ejército propio de 3 mil hombres armados.

Fujimori ordenó a Salas que destituyera a Montesinos, pero no pudo hacerlo por temor. Durante más de tres horas seguidas, el país escuchó sorprendido las declaraciones de Federico Salas formuladas ante la comisión parlamentaria que investiga las cuentas ilegales de Montesinos.

El presidente del grupo que realiza las pesquisas, David Waisman, dijo que las gravísimas afirmaciones de Salas ‘‘revelan el alto grado de corrupción en el seno del régimen pasado, por lo que es preciso enjuiciar al ex primer ministro para que suministre mayores precisiones’’.

‘‘Federico Salas ha revelado información importantísima sobre la actuación de una mafia en el Gobierno, pero ese acto no lo exculpa, en consecuencia presentaremos una acusación constitucional en su contra’’, dijo David Waisman.

Salas le dijo a la comisión investigadora que quien lo convocó para que fuera presidente del Consejo de Ministros del último Gabinete del tercer gobierno de Fujimori, fue el traficante de armas peruano de origen canadiense James Stone, quien le arregló una entrevista con Montesinos.

El ex asesor le propuso el cargo y al aceptar le dijo que aparte del sueldo formal que recibiría por la cuenta del Estado, le pagaría 30 mil dólares mensuales adicionales. En ese mismo instante, en su despacho del Servicio de Inteligencia Nacional, Montesinos le abonó el dinero en efectivo.