Todavía hace menos de un año, cuando el ex dictador Augusto Pinochet se encontraba bajo el largo arresto preventivo en Londres, que duró 503 días, el debate se centraba en la cuestión de la territorialidad del derecho penal. Es decir, se cuestionaba que otros Estados pudieran llevar adelante un proceso por crímenes cometidos en Chile, e incluso que la materia fuese competencia de una Corte internacional. Algunos, entre los que se encontraban defensores de Pinochet, argüían que solo la justicia chilena debía juzgar los crímenes ocurridos en su territorio. La mayoría descartaba la posibilidad de que los tribunales del país del cono sur se atrevieran a llevar a juicio a quien gozaba de inmunidad como senador vitalicio, y que era aún reverenciado por una buena parte de la sociedad chilena. Para sorpresa de unos y otros, la justicia chilena ha demostrado que se encuentra a la altura de su deber y, luego de abrir causa penal contra el ex dictador, ha decretado su arresto por homicidios cometidos en las primeras semanas que siguieron al golpe de Estado de 1973. Cierto es que la medida ha causado malestar entre los militares y que no dejará de haber manifestaciones callejeras en apoyo a Pinochet. Pero más allá de los acontecimientos del día, hay que reconocer en el sorpresivo fallo del juez Guzmán la madurez de la democracia chilena. Es un día de regocijo para América Latina, porque se ha demostrado con el ejemplo que la democracia cuando es auténtica no conoce complicidades con los criminales. Que sea larga la vida de la democracia chilena y que su ejemplo brille para que sea imitado en todo el continente.