Barak llamará a elecciones

El primer ministro israelí, Ehud Barak, saluda a su archirrival Ariel Sharon, del Partido Likud, luego de que la Knesset acordara disolver el Parlamento y convocar a elecciones.

JERUSALEN. (AFP). –El primer ministro israelí, Ehud Barak, aceptó anoche la petición de la oposición de convocar a elecciones legislativas anticipadas, y afirmó que la fecha ‘‘será fijada en los próximos días’’, una decisión aprobada por mayoría absoluta.

‘‘No soy ciego. Veo que la Knesset quiere nuevas elecciones’’, declaró Barak en la Knesset (Parlamento unicameral).

‘‘No temo las elecciones, yo siempre he vencido’’, prosiguió, antes de dirigirse a los diputados de la oposición: ‘‘¿Quieren elecciones? Estoy dispuesto a elecciones generales para el puesto de primer ministro y para la Knesset’’, dijo, tras dejar entrever que estaba dispuesto a renunciar a su cargo para presentarse a un nuevo mandato.

Desde 1996, Israel elige a su primer ministro mediante sufragio universal directo.

‘‘La fecha será fijada en los próximos días, en coordinación con los diferentes partidos’’, agregó.

Sin embargo, estimó que ‘‘es inútil [convocar] a elecciones ahora’’, pues ‘‘el pueblo quiere un Gobierno de unión nacional’’.

Un poco más tarde, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Shlomo Ben Ami, precisó que las elecciones anticipadas tendrán lugar seguramente en la primavera (boreal) venidera, ‘‘quizá en abril o mayo’’ próximos.

Hasta el último momento, Barak intentó convencer en vano al líder de la oposición derechista, Ariel Sharon, de formar un ‘‘gobierno de emergencia nacional’’.

Por eso, no dudó en atribuir a la oposición ‘‘la responsabilidad’’ de la convocatoria a elecciones anticipadas.

Sorprendiendo a todo el mundo, Barak hizo este anuncio ante la Knesset durante un debate de varias propuestas de ley de la oposición de derecha sobre la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones anticipadas.

Condicionan extradición de 4 cubanos

Los acusados no serán enviados a Cuba si afrontan la pena de muerte, dijo Vallarino

PANAMA. (AP) –El Gobierno panameño advirtió ayer que la extradición de cuatro exiliados cubanos detenidos en esta capital, acusados de fraguar un presunto plan para matar al presidente Fidel Castro, no prosperaría en caso de que estas personas sean sometidas a juicio en Panamá.

Tampoco serían enviados a la justicia de Cuba si el proceso al que sean sometidos en la isla involucre una sentencia a muerte, afirmó el primer vicepresidente, Arturo Vallarino.

Vallarino explicó que Panamá ha puesto varias condiciones para responder al pedido de extradición formulado por Cuba contra Luis Posada Carriles y otras tres personas de origen cubano, vinculadas por las autoridades cubanas en un plan para atentar contra la vida de Castro en esta capital, durante la reciente celebración de la X Cumbre Iberoamericana.

Según el vicepresidente, Panamá respondería a la solicitud en caso de que esas personas no estén sometidas a ningún proceso a nivel nacional’’. Pero agregó seguidamente que ellos van a estar sometidos a un proceso justamente por las acusaciones que se hicieron en torno a la cumbre’’.

‘‘Tampoco cabe la extradición cuando la pena a aplicar sería la de muerte’’, agregó el vicepresidente. Las leyes de Panamá no incluyen este tipo de condena.

La presidenta, Mireya Moscoso, dijo en la víspera que si Posada y su grupo cometieron algún acto ilegal en suelo panameño serán juzgados aquí.

De hecho, paralelamente a la solicitud de extradición formulada por Cuba, las autoridades de justicia investigan si este grupo de cubanos violó alguna ley migratoria al ingresar o si metieron armas y explosivos de forma irregular, como lo denunció Castro.

En Panamá no hay leyes que castigan directamente actos de terrorismo, pero ciertos analistas creen que de comprobarse el plan contra Castro, ello podría ser castigado aquí como un acto lesivo a la seguridad del Estado panameño.

Castro denunció el plan el 17 de noviembre poco después de llegar a Panamá. La policía panameña detuvo horas después a Carriles y a otros hombres identificados como Pedro Remón, Guillermo Novo y Gaspar Jiménez Escobedo.

Cuba ha acusado a Posada de una ola de atentados con bombas contra hoteles en la isla en años recientes, y del estallido de un avión de Cubana de Aviación en 1976 sobre Barbados, en el que murieron 73 personas. Posada fue encarcelado por este incidente en Venezuela, donde vivió por años e incluso trabajó en los organismos de inteligencia. Se fugó de la cárcel en 1985 y se radicó en Centroamérica, según informes cubanos.

Cuba señaló que haría todo lo posible para conseguir la extradición de Posada y los demás detenidos, incluso, ya se realizan manifestaciones públicas en la isla, lideradas por Castro, para exigir justicia contra estos exiliados.

Sugieren a Moscoso vetar nueva ley de medicamentos

Asesores de la presidenta propusieron el veto de dos artículos

WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com

El cuerpo de asesores recomendó a la presidenta, Mireya Moscoso, que no sancione el proyecto de ley sobre la comercialización de los medicamentos, porque dos de sus artículos violan la Constitución.

El polémico proyecto que contiene 184 artículos fue aprobado el pasado 6 de noviembre en tercer debate por el pleno de la Asamblea Legislativa, con el voto favorable de todos los legisladores. Los distribuidores de medicinas pidieron el veto presidencial.

El primer vicepresidente, Arturo Vallarino, dijo que el tema fue analizado durante el penúltimo Consejo de Gabinete y que los asesores recomendaron que se objetaran dos artículos para que la Asamblea Legislativa hiciera la corrección y lo remitiera nuevamente al Ejecutivo para su sanción.

El Ejecutivo, que dispone de 30 días hábiles para la sanción, puede objetar el proyecto en su totalidad o parcialmente, señalando los artículos que objeta; se lo remite al Legislativo para que los legisladores decidan si es válida o no la objeción.

De aceptar las recomendaciones del Ejecutivo, los legisladores proceden a hacer la corrección. En caso contrario, la Asamblea Legislativa puede aprobar por insistencia el proyecto, pero para ello necesita el voto favorable de las dos terceras partes del pleno. Luego debe remitirse el documento a la Corte Suprema de Justicia, para que decida quién tiene la razón en la interpretación del documento.

Aunque el artículo 102 que estipula congelar los precios de los medicamentos por dos años a los niveles que estaban en octubre de 1999, y que se convirtió en el tema más polémico durante la discusión legislativa, Vallarino no especificó si fue este el artículo cuestionado por los asesores presidenciales.

No obstante, la legisladora Balbina Herrera dijo que la presidenta de la República le envió los artículos objetados para su conocimiento, y aseguró que se refieren al sistema de adquisición de medicamentos de la Caja de Seguro Social, ‘‘sobre algo que marcó el contralor de la República’’.

Herrera, quien por muchos meses ha trabajado en la elaboración de este proyecto de ley, subrayó que espera la sanción del documento, ‘‘porque fue aprobado unánimemente en la Asamblea Legislativa’’ y el sistema de adquisición de medicamentos aprobado favorece al Seguro y al Ministerio de Salud.

Desfile en Bethania

Estas pequeñas gimnastas hacen su rutina durante el desfile en el corregimiento de Bethania, para celebrar los 179 años de independencia de Panamá de España.

Cuba corrige petición de extradición

El presidente del partido socialista de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, apoyó en Cuba el pedido de extradición de los supuestos terroristas detenidos en Panamá

JOSE OTERO
jotero@prensa.com

El Gobierno de Cuba hizo una corrección a la petición de extradición en el caso del supuesto terrorista, Luis Posada Carriles, en la que incluyó el nombre de Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo, por el de Manuel Díaz, informaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La primera petición formal en este caso la hizo el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, quien le entregó al vicecanciller Harmodio Arias, a las 11:00 de la noche del 18 de noviembre, una carta en la que se incluía los nombres de Luis Posada Carriles, Guillermo Nomo Sampoll, Pedro Remón Rodríguez y Manuel Díaz.

Sin embargo, destacó la fuente, el 20 de noviembre en una segunda misiva el Gobierno de Cuba hizo la rectificación que en vez de Manuel Díaz, la petición de extradición era para el cubano–estadounidense Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo, el cual era su verdadero nombre.

Dentro de la segunda nota los cubanos anexaron un expediente que contenía información sobre las supuestas actividades terroristas de Jiménez Escobedo contra el Estado de Cuba.

Se señalaba que Jiménez Escobedo participó en 1975 en un atentado contra el entonces embajador de Cuba en Argentina, Emilio Aragones. En 1976 se le implicó en una acción para secuestrar al cónsul cubano en México, donde resultó muerto Artagñan Díaz.

También se le vinculó, junto con Posada Carriles, en el atentado contra el avión de Cubana de Aviación en 1976, en el que murieron sus 73 ocupantes. Además se les involucra en los frustrados atentados contra Fidel Castro, en 1991, en la Primera Cumbre Iberoamericana en México, y la segunda, en 1992, en España.

Además, los cubanos permanecen como sospechosos de otro intento para asesinar a Castro durante la toma de posesión del presidente hondureño, Carlos Roberto Reina, en 1993.

Hasta el momento los cuatro detenidos se mantienen a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá sin darle respuesta a la petición formulada por Cuba.

Por otro lado, el líder de la izquierda de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, manifestó a la agencia EFE en La Habana su apoyo a la solicitud de extradición del comando anticastrista detenido en Panamá.

‘‘Tiene que hacerse justicia, no hay otro camino para los terroristas’’, declaró Lula da Silva.

El presidente del Partido del Trabajo (PT) de Brasil viajó a Cuba para una visita turística al frente de una delegación de más de 200 personas, entre las que se encuentran empresarios, diputados, periodistas y miembros de esa organización política.

Lula opinó que ‘‘es un verdadero absurdo la organización y realización de actos terroristas, de atentados contra dirigentes cubanos’’.

‘‘Cuba ya conquistó su derecho a decidir su propio destino, incluyendo su modelo político y definió su política económica y social’’, agregó.

El líder del PT (socialista) brasileño afirmó que su partido no aprueba ese tipo de acciones terroristas, y ‘‘mucho menos cuando están dirigidas contra Fidel Castro’’.

En tanto se conoció que el grupo de Posada Carriles, luego de entrar el 5 de noviembre a Panamá por Paso Canoa, durmió en la residencia del cubano José Balladares, un veterano de la invasión de Bahía de Cochinos que reside en Chiriquí.

Esto se comprobó cuando la Fiscalía Auxiliar realizó una inspección ocular en el sector fronterizo con Costa Rica, para determinar la ruta que tomó Posada Carriles con su grupo.

Según se informó, Balladares lleva 15 años residiendo en el sector de Jacú y ha señalado que estuvo detenido en Cuba –bajo el régimen de Castro– luego de la invasión de Bahía de Cochinos, en 1961.

El PDC busca candidato para defensor del Pueblo

RAFAEL PEREZ G.
rperez@prensa.com

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) no ha seleccionado su candidato para ocupar la Defensoría del Pueblo, aseguró Maritza Royo, vicepresidenta de esa organización política, quien aseguró que ese grupo ha garantizado que las aspiraciones legítimas de sus miembros ‘‘no se vean frustradas’’.

Royo, quien figura entre las personas que oficializaron ante la Asamblea Legislativa sus intenciones en ocupar la Defensoría del Pueblo, negó que el resto de los aspirantes surgidos de las filas de la ‘‘estrella verde’’ le hayan restado fuerza a su candidatura.

‘‘No absolutamente [no empañan su candidatura]. Todos son candidatos idóneos; llenan los requisitos que establece la ley. La decisión será difícil para los legisladores y legisladoras, pero tendrán que tomar una decisión. Yo me siento confiada y segura de mi candidatura’’, recalcó.

Preguntada si la candidatura del ex demócrata cristiano Milton Henríquez contaba con el refrendo de algunos dirigentes del PDC, Royo, en tono enérgico, respondió: ‘‘No creo que en el partido se haya tomado alguna decisión [al respecto] y que en el partido alguien esté refrendando su candidatura. Eso es una aseveración que no es del todo acertada’’.

Dentro del PDC, aseguró, se ha conversado y se emiten diferentes opiniones sobre la elección del nuevo defensor del Pueblo, pero aseguró que ‘‘no hay decisión ni refrendo de ningún candidato’’.

Es más, añadió, el respaldo a un candidato en particular no puede darse hasta después de mañana 30 de noviembre, fecha en la que se cierra el período para que los aspirantes presenten la documentación requerida.

En los corrillos políticos se dice que la candidatura de Milton Henríquez es recibida con simpatía por Ricardo Arias Calderón, ex presidente del PDC. Sobre el particular Royo, en tono tajante, se limitó a señalar: ‘‘Creo que esa es una aseveración un poco temeraria’’.

A su juicio, la posición del defensor del Pueblo no está cerrada para una persona en exclusiva y aseguró que resulta natural que surjan aspiraciones que, desde su perspectiva, no pueden ser impedidas por ningún dirigente.

Los legisladores demócrata cristianos Rubén Arosemena y Teresita de Arias, insistió Royo, han sido ‘‘respetuosos’’ del interés de los miembros del partido en presentarse como candidatos y ellos consideran igualmente prudente esperar que todos los aspirantes se oficialicen para evaluar sus créditos.

‘‘Si no se garantizan y respetan [esas candidaturas], estaríamos truncando aspiraciones que siempre son legítimas. Un partido político debe promover, precisamente, que aquellas aspiraciones legítimas se manifiesten y, de alguna forma, se concreten’’, agregó Royo.

Propuesta de nueva tarifa telefónica solo es un paliativo

RAFAEL PEREZ G.
rperez@prensa.com

El contrato que ordenó la privatización de los servicios telefónicos en Panamá prevé aumentos en los precios de consumo ‘‘sin topes’’ hasta el 2003, señaló ayer la mandataria, Mireya Moscoso, quien aseguró que la nueva tarifa telefónica opcional presentada por su gobierno pretende ser un ‘‘paliativo’’ ante la inminente subida de costos.

Mediante sesión extraordinaria, el Consejo de Gabinete acordó la pasada noche del 27 de noviembre, una nueva tarifa telefónica opcional de 2 dólares con 50 centésimos y un cargo de 4 centésimos por minuto.

Adicionalmente se comisionó al ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, para suscribir la mencionada addenda al contrato firmado con la transnacional inglesa Cables & Wireless (C&W).

Moscoso señaló que la firma de la addenda al referido contrato se hará efectiva antes que finalice este año.

La premura, indicó la presidenta, obedece a que la transnacional inglesa hará efectiva, a partir del 1 de enero del 2001, las nuevas tarifas telefónicas que implican un aumento.

De acuerdo con el contrato del 29 de mayo de 1997, la empresa inglesa está facultada para aumentar las tarifas telefónicas.

‘‘Esto fue un contrato que se dio al momento de la privatización [del servicio telefónico]; se llevó a la Asamblea [Legislativa], se aprobó y nunca se pensó en el futuro, en el sentido de que a los que se iba a afectar era, precisamente, a los que menos tienen’’, subrayó la mandataria.

Pese al ‘‘paliativo’’ del Gobierno, admitió la presidencia, el servicio telefónico de un número no determinado de panameños ‘‘será cortado porque no podrá pagar el aumento de la tarifa’’.

Panamá recibirá más dinero al implementarse Plan Colombia

BETTY BRANNAN JAEN
Corresponsal
laprensadc@aol.com

WASHINGTON, D.C. – Luego de tomar en cuenta la vulnerabilidad de Panamá, la partida destinada al país bajo el ‘‘Plan Colombia’’ podría aumentar al hacerse el presupuesto para los próximos años, señalaron funcionarios en Washington.

Está el peligro de que la crisis colombiana tenga un ‘‘efecto globo’’ para los países vecinos, reconoció el subsecretario de Estado, Thomas Pickering, en una rueda de prensa.

Según este síndrome, cada éxito en reprimir el narcotráfico en un lugar solo logra –como quien aprieta un globo– que los narcotraficantes y las víctimas de la violencia se desplacen a otro sitio.

Todos los países vecinos de Colombia –Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador y Panamá– temen que esto ocurra, y por ese motivo, indicó Pickering, el presupuesto estadounidense para el Plan Colombia contiene 180 millones de dólares en asistencia para los países vecinos.

De esa cantidad, la partida para Panamá es de 4 millones de dólares. Según las cifras del Departamento de Estado, Perú recibirá 32 millones, Bolivia 110, Ecuador 20, y Venezuela 3.5 millones de dólares.

Preguntado si la escasa ayuda estadounidense no hace que Panamá sea el país más vulnerable al ‘‘efecto globo’’ de la crisis colombiana, Pickering explicó que Estados Unidos comprende la situación panameña y lo tomará en cuenta para los presupuestos de años futuros.

‘‘Comprendemos y ciertamente simpatizamos con las condiciones de Panamá, particularmente como resultado de las dificultades en Colombia. Queremos poder seguir ayudando y tenemos esto muy en mente al entrar en las propuestas y los programas presupuestarios de los años siguientes’’, declaró.

En la actualidad, la partida asignada a Panamá es ‘‘insuficiente para la magnitud del problema’’, comentó el embajador de Panamá en Washington, Guillermo Ford, durante una entrevista telefónica ayer.

En todo caso, explicó Ford, Estados Unidos requiere que el Gobierno panameño haga una presentación específica de cómo implementará su plan de seguridad y de cómo invertirá esos 4 millones de dólares, y esa presentación estará a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia.

En tanto, durante la reciente cumbre iberoamericana, el Gobierno panameño propuso una reunión de los ministros de defensa de los países vecinos de Colombia, pero sin incluir a los representantes de este país. Pickering criticó que tal reunión sería ‘‘incorrecta e ineficaz’’.

La idea de celebrar una reunión sobre Colombia sin que haya participación colombiana ‘‘ha causado molestia en el hemisferio’’, comentó Pickering.

‘‘Lo estamos siguiendo muy de cerca. No sé si participaremos’’, agregó.

Celebraron independencia

El pueblo chorrerano celebró ayer el 28 de noviembre con un desfile cívico en el que participaron estudiantes de diferentes colegios del país. Una batutera del Instituto Comercial Panamá hace su presentación demostrando su talento.

Negociación del TLC con Centroamérica es prioritario

Panamá tiene que defender algunos sectores productivos y de servicio, aseguró el ministro Joaquín Jácome

WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com

Panamá retomará las conversaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y Chile, después que culmine sus negociaciones con Centroamérica, reveló el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome.

El compromiso es primero firmar un TLC general con Centroamérica, para luego sentarse con los representantes de cada uno de los países a negociar los listados de productos, precisó Jácome.

El funcionario recordó que los ministros de Comercio centroamericanos establecieron un calendario de reuniones que esperan completar en diciembre del presente año para concluir las negociaciones.

Según Jácome, Panamá no tiene ningún apuro en firmar un TLC con otro país, y cuando ello se concrete siempre se tratará de hacer como es debido y en beneficio de los intereses de los panameños.

Recordó que cuando viajó con la presidenta, Mireya Moscoso, a México, se comprometieron con el presidente Ernesto Zedillo a verificar el estado en que habían quedado las negociaciones con el anterior gobierno para concretar la firma de un TLC.

Al igual que otros países, México tiene mucho interés en firmar un tratado con Panamá, pero el ministro Jácome mencionó que el país cuenta con un sector productivo que no está muy anuente a la firma de estos documentos, situación que requiere de un grado de concienciación.

‘‘Algunos países dicen que Panamá está arrastrando los pies, lo cual no es cierto. Lo que pasa es que nosotros tenemos economías complementarias a las de ellos y marcados intereses en ciertos sectores que tenemos que defender’’, recalcó.

Por ejemplo, mencionó que Panamá tiene mucho interés en los servicios de transporte de carga, servicios financieros, servicios generales, el sector portuario y algunos rubros del sector agropecuario. En este proceso se pueden excluir o mantener algunos rubros, además de períodos de gravámenes de ciertos productos.

Obispos analizan problemas de pueblos indígenas

MANAGUA, Nicaragua. (ACAN–EFE). –Unos 50 obispos de Centroamérica analizarán la situación de los indígenas en la región, el papel de la Iglesia católica y los principales objetivos de su ministerio para el año próximo en un Congreso Neocatecumenal.

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Jorge Solórzano, afirmó que el foro, que se inició ayer, concluirá el próximo viernes, con una declaración sobre la situación política, social y económica que viven los países del istmo.

Los obispos, añadió, introducirán como un nuevo tema de discusión la situación de los indígenas, que principalmente en Nicaragua y Guatemala reclaman más espacios, y señaló que ‘‘la Iglesia católica no puede cerrarse a esos grupos y vamos a reflexionar sobre ello’’.

Solórzano dijo que el clero nicaragüense, debido a la importancia de las etnias que representan un 3% de la población en Nicaragua, ha ordenado traducir la Biblia católica en lengua misquito, y en un templo capitalino ya se oficia la eucaristía en ese dialecto, para los miembros de esa etnia, originarios del Caribe.

El obispo auxiliar de Managua indicó que cada conferencia episcopal de la región expondrá la situación de su país, y los obispos acordarán al término de sus reuniones una declaración conjunta.

Solórzano agregó que, además de analizar el trabajo realizado este año, evaluarán si se han cumplido las ordenanzas del papa Juan Pablo II, y si la región ‘‘anda por los caminos de la fe’’.

El prelado señaló que no faltarán los debates sobre la familia, la pobreza y sus derivaciones, como las migraciones de miles de ciudadanos centroamericanos en busca de nuevos horizontes.

La cumbre de los obispos católicos centroamericanos se lleva a cabo en el Colegio San José de Calazans, al sur de Managua.

El Organo Judicial no laborará este sábado

JOSE OTERO
jotero@prensa.com

El Organo Judicial permanecerá cerrado en forma ininterrumpida hasta hoy 29 y no acatará el decreto ejecutivo que señala que las oficinas públicas deberán laborar el sábado 2 de diciembre en compensación del día lunes, que fue dado libre por el Gobierno.

Carlos Cuestas, secretario general de la Corte Suprema de Justicia, indicó que este órgano del Estado tiene su propio calendario de labores, estipulado en el Código Judicial y que establece un horario de funciones de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 mediodía y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., mientras que los sábados y domingos son días libres.

Aclaró que el pleno de la Corte tomó su propia decisión de no laborar este lunes y que esta situación no guarda relación con el decreto ejecutivo que otorgó esta fecha como libre y que, por lo tanto, mantendrán su horario de trabajo como está estipulado en la ley.

‘‘Un decreto no está por encima del Código Judicial’’, destacó Cuestas.

El Organo Judicial cerró sus oficinas el pasado viernes 24 de noviembre a las 5:00 p.m. y programa reanudar funciones este miércoles 29.

Sin embargo, el secretario de la Corte indicó que no todas las actuaciones judiciales están suspendidas por esta medida durante estos días, y añadió que él está en disponibilidad de acoger en su propia residencia a cualquier persona o abogado que desee presentar un Habeas corpus o solicitar una fianza de excarcelación.

También se refirió a los procesos judiciales que fueron suspendidos durante este lunes con motivo del cierre de la Corte, tras asegurar que serán realizados el miércoles tan pronto se reanuden las labores en el Organo Judicial.

‘‘La ley establece que las audiencias aplazadas por el cierre del Organo Judicial automáticamente se programarán para el día hábil siguiente’’, destacó.

En tanto José Gómez, secretario general de la Asamblea Legislativa, indicó que este órgano del Estado se acogió al decreto ejecutivo de suspender las labores por este lunes, pero que aún no se ha decidido si trabajarán el sábado la parte administrativa, porque aclaró que ni el pleno ni las comisiones funcionan los fines de semana.

Critican concesión de campos de juego en áreas revertidas

JOSE QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com

Las áreas revertidas no pueden ser administradas por un solo partido ni por una sola persona, consideró el representante del corregimiento de Ancón, Joaquín Vásquez, al referirse a la forma en que se viene manejando la cosa pública en esa jurisdicción capitalina.

Vásquez, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), se refirió al manejo individual que viene ejerciendo el administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), Alfredo Arias, del Partido Arnulfista.

Según Vásquez, la junta comunal que él preside está deseosa de cooperar y trabajar con el Ejecutivo en la administración y en la mejor utilidad que se le pueda dar a los bienes revertidos.

En ese sentido, manifestó su inconformidad y señaló que no se puede seguir permitiendo la licitación de coliseos y campos deportivos para patios de contenedores.

‘‘La juventud panameña requiere de instalaciones deportivas, por lo que hacemos un llamado al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso para que no ignore al gobierno local’’, dijo Vásquez.

Con ello, hizo alusión a los coliseos del área de Balboa, cercanos a la antigua estación del ferrocarril, los cuales serán destinados para patios de contenedores de la empresa transnacional Panama Ports Terminal, al igual que otros que serán ocupados por la también multinacional Panama Canal Railway.

‘El Chacal’ vuelve a los tribunales

Carlos testificó contra un ex camarada acusado de asesinato durante un ataque terrorista a la conferencia de la OPEP en 1975

PARIS, Francia. (Servicios internacionales). –El terrorista venezolano convicto, conocido como Carlos El Chacal, volvió ayer a los tribunales, esta vez como testigo en el juicio a un izquierdista alemán acusado de participar en un ataque mortal a una conferencia de ministros petroleros de la OPEP, hace 25 años.

Durante la audiencia, Carlos Ilich Ramírez Sánchez, de 51 años, dijo que planeó el ataque del 21 de diciembre de 1975 en Viena (Austria), que dejó tres muertos y acusó a su ex compañero Hans–Joachim Klein de matar a una de las víctimas.

Carlos pidió ir al tribunal de Francfort (Alemania), donde es juzgado Klein, pero el Ministerio francés de Justicia invocó razones de seguridad para rechazar su viaje.

Según el terrorista venezolano, el comando que condujo la operación contra la conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) estaba compuesto por seis personas, entre ellas una mujer, Gabriele Kroescher–Tiedemann, alias ‘‘Nada’’, hoy fallecida.

Klein, de 52 años, acusado de tres cargos de asesinato y tres de intento de asesinato por el ataque a la OPEP, niega haber disparado contra alguno de ellos: un empleado de la OPEP, un guardaespaldas iraquí y un policía austriaco.

Carlos dijo ayer al tribunal que Klein disparó contra el iraquí que estuvo a punto de detener a la joven ‘‘Nada’’.

‘‘Klein se giró hacia ‘Nada’ y disparó una bala en la cabeza al guardia’’, explicó Carlos a los magistrados alemanes.

‘‘Es Klein, es evidente’’, repitió, precisando no haber visto la escena personalmente, pero sí haber oído el relato de varias fuentes, incluyendo del propio Klein.

Durante el ataque, Klein fue herido de bala en el estómago. Los terroristas tomaron a 70 rehenes y, después de negociar su fuga con las autoridades austriacas, viajaron en un avión a Argelia con 35 de aquellos. Klein y Carlos desaparecieron y, según se cree, se refugiaron en el Medio Oriente.

Klein evitó su captura hasta su arresto el 8 de septiembre de 1998 en una aldea en la región normanda de Francia, donde había vivido con nombre falso durante cinco años. Al parecer, izquierdistas alemanes lo apoyaron financieramente hasta que fue extraditado a Alemania para ser sometido a juicio.

Klein fue un radical conocido en Francfort, Alemania, en los años 70, en un grupo que alguna vez incluyó al hoy legislador europeo Daniel Cohn–Bendit y el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Joschka Fischer.

Por su lado, El Chacal cumple una sentencia a prisión perpetua en Francia por el asesinato de tres personas inermes, dos agentes secretos franceses y un informante libanés en 1975.

Ramírez empezó su declaración con una prolongada justificación de sus acciones para la resistencia palestina, tal como lo ha hecho a menudo en presentaciones anteriores. Cuando el presidente del tribunal le dijo que acelerase su testimonio, respondió que el tiempo no le interesaba.

‘‘Puedo pasar tres días parado sin agua y sin dormir’’, afirmó Carlos.

Carlos dijo haber matado a 83 personas antes de su captura. Entre otros ataques resonantes en la era de la Guerra Fría, el revolucionario marxista fue vinculado al secuestro de un avión de Air France a Entebbe, Uganda, en 1976.

Comentó toda la historia de Palestina, la creación del Estado de Israel, su respeto por el presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, y el papel de un ‘‘jefe de Estado autoproclamado’’. ‘‘¿No será [el dirigente libio Muammar] Kadhafi, por casualidad?’’, preguntó la presidenta. ‘‘Es demasiado pronto para decirlo’’, respondió Carlos.

Ramírez fue capturado en Jartún, Sudán, el 14 de agosto de 1994, y conducido a París por agentes franceses. Había sido condenado en ausencia por los tres asesinatos en 1975, pero la ley francesa dispone nuevo juicio una vez capturado.

‘‘Conozco la operación como la palma de mi mano’’, dijo al tribunal, ‘‘Yo la planifiqué’’.

Cuando el juez alemán Heinrich Gehrke le preguntó si conocía al acusado Klein o a Rudolph Schindler, otro supuesto cómplice, Ramírez replicó que estaba ‘‘muy decepcionado’’.

‘‘Pensé que ustedes querían conocer los motivos de la operación’’, dijo al tribunal.

Consejo de Rectores evalúa las carreras universitarias

JOSE QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com

El Consejo de Rectores de Panamá, organismo que aglutina a los máximos representantes de las universidades estatales y privadas, inició un estudio para determinar las carreras prioritarias para el desarrollo nacional, según se informó en un desayuno–taller realizado en esta capital.

Al dirigirse a los participantes, la presidenta del consejo y rectora de la Universidad de las Américas (UDELAS), Berta Torrijos de Arosemena, indicó que las universidades panameñas, públicas y privadas, tienen grandes objetivos, a pesar de que el pueblo considere que están de espaldas a las necesidades del país.

‘‘Tenemos mucho interés en trabajar y aportar al país’’, dijo la educadora, tras añadir que su deseo es convertir las universidades en fuentes de desarrollo y creatividad, sobre todo porque Panamá es un país que ha luchado mucho para ‘‘autodeterminarse’’.

Al evaluar los factores que motivan este estudio, Angela Arrue, rectora de la Universidad del Istmo, describió un panorama poco alentador de nuestra educación superior en los albores del siglo XXI.

Según el informe, las actuales ofertas de carreras universitarias no responden a las necesidades del país porque el contenido de los planes de estudio es deficiente, hay poca vinculación de las carreras con el plan de desarrollo nacional y hay una administración poco efectiva para la transferencia de tecnología.

La baja calidad de la educación y su masificación son también producto de la apertura que se dio en la década del 70.

Frente a ello, precisó que la misión futura que el consejo se ha trazado es formar docentes con visión y sentido crítico y una actitud de productividad en todo sentido. Los profesores deben convertirse en investigadores para aportar a la solución de los problemas del país.

Agrega que los nuevos docentes deben ser profesionales capaces de absolver consultas, pro–activos y positivos para que se produzcan los cambios que se requieren. Estos cambios, planteó Arrue, son necesarios para construir una democracia efectiva, una mejor justicia y equidad social.

Además, citó entre los objetivos prioritarios exaltar y fortalecer en el estudiante los valores éticos en la era de la globalización, las actitudes y las destrezas, la cultura de paz frente a la violencia, la cultura nacional para enriquecer la identidad panameña y formular una política del sistema universitario en general.

El plan de acción incluye establecer un banco de datos, la profesionalización del docente universitario, elevar el porcentaje de nivel académico con postgrados, maestrías y doctorados, actualizar los currículos e incrementar el dominio de idiomas (no solo español e inglés).

Además, fortalecer el conocimiento de la informática, aprender a trabajar más en equipo, que se sepa negociar y llegar a consenso, que el estudiante adquiera una cultura emprendedora y no se conforme con esperar un puesto de trabajo, sino que genere su propia empresa.

En el estudio participan el Consejo de Rectores, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la empresa privada y los trabajadores, el IFARHU, el Instituto Nacional de Formación Profesional, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación.

Piden agilizar caso Estrellamar

Hay pruebas suficientes para que el procurador Sossa actúe de oficio

RAFAEL PEREZ G.
rperez@prensa.com

Un grupo de derechohabientes afectados con el colapso de The Providence Corp. y Estrellamar S.A. pidió al procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, que ‘‘imprima mayor velocidad’’ a las querellas interpuestas contra esas empresas y a su representante legal, Sebastián Méndez.

Estas querellas –estiman– muestran posibles responsabilidades que competen a la Superintendencia de Bancos, a la Comisión Nacional de Valores y al Ministerio de Comercio e Industria en su Departamento de Empresas Financieras.

Asimismo considera urgente que se determine eventuales responsabilidades de carácter legal y moral, en el sentido de la obligación de estas entidades gubernamentales de velar por la protección de ciudadanos panameños ‘‘que ahora se sienten desamparados de todas las autoridades competentes’’.

Tal petición está basada en las notas provenientes de la superintendente bancaria, Delia Cárdenas, que reposan en el despacho del procurador Sossa y otra suscrita por los comisionados de la Comisión Nacional de Valores, Ellis Cano, Roberto Brenes y Carlos Barsallo.

En la nota enviada por los referidos comisionados se explica claramente la preocupación de esos funcionarios por los informes suministrados verbalmente por la superintendente bancaria, Delia Cárdenas, en reuniones celebradas los días 5, 6 y 7 de octubre pasado.

De estas reuniones, indicaron, tuvo conocimiento el procurador Sossa a través de la nota del 9 de octubre del año en curso firmada por los comisionados Cano, Brenes y Barsallo.

Solicitan igualmente al procurador Sossa que actúe de oficio de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2026 del Código Judicial, y pidieron asimismo que investigue las razones que forzaron la salida ‘‘inesperada’’ de Rafael De Sousa de la Superintendencia de Bancos. De Sousa, dijeron, mantuvo una trayectoria profesional ‘‘intachable’’ en la referida entidad.

De este modo, opinó Marisín Villalaz de Arias, una de las derechohabientes afectadas, se llegará a conocer ‘‘con mayor certeza cuáles fueron los hechos que se dieron entre la Superintendencia de Bancos y el Banco DISA desde el 15 de mayo hasta el 9 de octubre del 2000’’.

A su juicio, hay suficientes pruebas y querellas penales para que el procurador Sossa actúe de oficio, y le recordó al jefe del Ministerio Público que el 75% de más de 400 personas que confiaron sus ahorros a Sebastián Méndez, representante legal de las empresas colapsadas, es jubilados y personas de la tercera edad.

Fiscalía ordenará conducción de once concejales de Colón

JOSE OTERO
jotero@prensa.com

La Fiscalía Auxiliar ordenará el próximo lunes la conducción de los concejales del Municipio de Colón que aún no han rendido indagatoria sobre el caso de la emisión fraudulenta de 300 millones de dólares en bonos sin el aval del Estado.

Fuentes del Ministerio Público dijeron que el fiscal auxiliar, Carlos Augusto Herrera, programa citar a 11 ediles colonenses para que se presenten a su despacho junto con sus respectivos abogados, toda vez que no han acudido en forma voluntaria.

Hasta el momento solo se le ha tomado indagatoria a los concejales Marcos Hughes, del corregimiento de Limón; Daniel Ortega, de Nuevo San Juan, y a Juan Mitre, de Buena Vista, todos del PRD quienes tienen una medida cautelar de casa por cárcel.

Faltan por ser indagados los perredistas Felipe Daniels (Barrio Norte); Walter Chiari (Barrio Sur); Jaime Luna (Escobal); Felipe Barrios (Puerto Pilón); Adán Vásquez (Salamanca), así como los arnulfistas Carlos Villarreal (Santa Rosa); Gerardo Rentería (Cativá); Ismeño Avila (Cristóbal).

Además de los liberales Domingo Santos (Ciricito), Clinton Rodríguez (Nueva Providencia) y el independiente Edilberto Ballestero (Sabanitas).

A la alcaldesa separada de Colón, Matilde Rosales de Ardines, al tesorero municipal José Mercedes Brown, al asesor legal Luis Banqué y al empresario Víctor Rivera también se les dio casa por cárcel luego de ser indagados.

A su vez los abogados Víctor Almengor y Carlos Carrillo informaron de que interpondrán sendos recursos de Habeas corpus contra la supuesta orden de conducción que pretende girar el fiscal Herrera contra los integrantes del Municipio de Colón.

Analizarán resultados de lucha contra el hambre

ROMA, Italia. (EFE). –La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) celebrará el año próximo una cumbre mundial en Roma, para evaluar los resultados en la lucha contra el hambre, anunció el organismo.

Los 180 países miembros de la FAO aprobaron por unanimidad la propuesta de su director general, Jacques Diuf, de convocar una conferencia internacional que analice los resultados de la Cumbre Mundial de la Alimentación, celebrada en Roma en 1996.

‘‘Cumbre mundial de la alimentación: cinco años después’’, será el nombre de la reunión que, en noviembre del 2001, deberá establecer si se está cumpliendo el plan de acción al que se comprometieron 186 países para reducir a la mitad, antes del 2015, los 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo.

El Consejo de Gobierno de la FAO, que pretende ‘‘reafirmar’’ aquel compromiso e ‘‘intensificar los esfuerzos’’ para alcanzar la meta propuesta, tiene la intención de ‘‘movilizar la voluntad política para cumplir las promesas realizadas en Roma en 1996’’.

Según la resolución aprobada por el consejo, es ‘‘apropiado y deseable que la evaluación se lleve a cabo al más alto nivel político’’ –Diuf ya ha anunciado su intención de invitar a los jefes de Estado y de Gobierno– así como a ‘‘representantes de la sociedad civil’’.

Según explicó el director general de la FAO al consejo al formalizar su propuesta, el estado actual de la situación alimentaria en el mundo ‘‘requiere un acción que va más allá de lo habitual’’, pues diversos factores han creado ‘‘un ambiente que está haciendo difícil alcanzar los objetivos’’ de la cumbre de 1996.

Diuf explicó que la producción agrícola ha aumentado solo el 1.2% en el 2000 respecto al incremento del 2% de 1999, mientras ‘‘el número de personas afectadas por el hambre disminuye en solo 8 millones cada año, en lugar de los 20 millones necesarios’’.

‘‘Tenemos que reaccionar e implicar a las más altas instancias políticas de nuestros países para hacer frente a este estado de cosas’’, añadió el máximo dirigente de la FAO.

Según las previsiones del organismo de la ONU –y a menos que se lleven a cabo esfuerzos extraordinarios para acelerar los progresos en la lucha contra el hambre– el objetivo de reducir el número de hambrientos a la mitad no se alcanzará hasta el 2030, 15 años después de lo previsto en la Cumbre Mundial de Roma.