Una investigación puntual, técnica, y con conclusiones precisas es lo que la ciudadanía espera como resultado de la denuncia interpuesta por la dirección del IDAAN por los daños causados a una tubería de 66 pulgadas en el área de Alcaldedíaz. Los hechos conocidos parecen indicar que la rotura se produjo como resultado de un movimiento de tierras realizado por la sociedad Inmobiliaria Likar, S.A., empresa constructora que desarrolla un proyecto habitacional en dicha área. Si el dictamen de los peritos confirma esta hipótesis, entonces procede hacer un cálculo de los perjuicios causados al Estado, que van desde el costo de los trabajos de reparación –los ya hechos y los que aún quedan por hacer– hasta el valor de los millones de galones de agua potable desperdiciados en la fuga. Un aspecto de los daños ocasionados que será difícil determinar es el de los terceros afectados. El sector productivo, en su conjunto, sufrió perjuicios económicos, pero algunas empresas tuvieron pérdidas cuantificables como resultado directo de la interrupción del suministro de agua. Como dicha falta no fue causada por un evento natural, hay que concluir que la lesión sufrida por unos debe ser indemnizada por quienes la causaron. Aunque parezca irónico, es en situaciones como ésta que se prueba la libertad de empresa, es decir, cuando se les exige responsabilidad por sus actos. Y es importante que el Gobierno le dé a esta investigación una transparencia total, para que no quede sombra de duda de su imparcialidad como administrador de la cosa pública.