La
capital se queda sin agua
El
IDAAN pide calma y uso adecuado del líquido
WILFREDO
JORDAN S.
Y
MANUEL DOMINGUEZ
planas@prensa.com
 |
| Una fuerte
corriente de agua fluye de la tubería rota de 66 pulgadas,
mientras una retroexcavadora realiza trabajos de remoción
de tierra en el área de Ciudad Bolívar, donde ocurrió el daño
que ha dejado sin agua a casi un millón de personas. LA PRENSA
/ Demóstenes Angel |
Desde
las 8:00 de la noche de ayer casi un millón de panameños no cuenta
con el servicio de agua potable, debido al grave daño que la empresa
constructora Inmobiliaria Likar, S.A. ocasionó en la tubería que
conduce el agua desde la planta potabilizadora de Chilibre hasta
el tanque de abastecimiento de Tinajitas, en San Miguelito.
El IDAAN informó anoche que el suministro de agua fue suspendido
por 24 horas. Además, reveló que alrededor de 15 millones de galones
de agua potable se pierden diariamente como resultado del daño
ocasionado por esa constructora el pasado domingo, en la tubería
de 66 pulgadas.
La ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, dio a conocer anoche
que el ministerio bajo su administración dejaba a discreción de
los directores de las escuelas públicas y particulares impartir
clases o suspenderlas por la falta de agua potable.
Todo dependerá, dijo, de las condiciones en que estén las escuelas,
muy en especial sus sanitarios.
Esta situación ocurrió luego de que la empresa efectuara un relleno
de tierra sobre el conducto en la servidumbre del IDAAN, en el
sector de La Cabima, corregimiento de Alcaldedíaz.
Las áreas que contarán con el normal suministro de agua son El
Chorrillo, San Felipe, Calidonia, La Exposición, Bella Vista,
La Locería y parte de La Alameda, porque la planta de Miraflores
es la que abastece estos lugares.
Rafael Reyes, subdirector de la institución y encargado de su
parte técnica, comunicó anoche que se puso en práctica el ‘‘plan
de contingencia T–66’’, concebido para cuando la tubería de 66
pulgadas sufra daños como los ocasionados en La Cabima.
El plan consiste en realizar cierres en circuitos específicos
para llevar agua a lugares determinados. También contempla la
distribución del líquido mediante carros cisternas.
En el caso de los centros médicos y las instituciones de servicio
social, el IDAAN prometió que garantizará el suministro de agua.
A su turno, el director del IDAAN, Carlos Sánchez, explicó que
la presión del relleno de tierra hecho por la inmobiliaria afectó
la tubería que fue colocada hace 25 años. El conducto está sepultado
a una profundidad de tres metros, pero el relleno que se le colocó
encima tiene una altura de 12 metros, lo que significa una considerable
presión sobre la tubería.
Para sacar el material colocado sobre la tubería, el equipo de
trabajadores utilizó 15 camiones volquete, cuatro palas mecánicas,
tres tractores y otros equipos que ha tenido que contratar el
Gobierno para llevar a cabo los trabajos.
En las labores participa personal del Ministerio de Obras Públicas,
del IDAAN, del Fondo de Inversión Social y del SINAPROC, además
de un técnico mexicano que envió la empresa que colocó la tubería.
Las autoridades determinaron suspender el servicio de agua potable
a la ciudadanía a partir de las 8:00 p.m. de ayer, y se calcula
que los trabajos de reparación de la tubería tomarán aproximadamente
24 horas, aunque no se descarta que el tiempo que se necesite
para realizar las labores sea mayor.
Por el momento, dicha institución llevó a cabo un trabajo de agrimensura
y determinó que la empresa violó los 15 metros de servidumbre
que debió guardar a ambos lados de la carretera.
El ministro de Salud, José Terán, adelantó que el Gobierno establecerá
algún grado de responsabilidad sobre esta situación, ya que no
se respetaron los 15 metros de servidumbre y se procedió a hacer
el relleno, lo que ocasionó un grave problema a la población.
Congreso
peruano destituye a Fujimori por ‘incapacidad moral’
GUSTAVO
GORRITI
planas@prensa.com
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Alberto
Fujimori
|
Luego
de un enconado debate de más de 12 horas, el Congreso peruano
acordó anoche rechazar la renuncia de Alberto Fujimori a la Presidencia
de la República y declaró, en cambio, la vacancia de la Presidencia
por ‘‘permanente incapacidad moral’’.
El momento culminante del debate se registró cuando la bancada
fujimorista amenazó con retirarse si no se votaba primero la carta
de renuncia a la Presidencia de Fujimori, enviada desde Japón,
antes de la moción que declaraba la vacancia. La mayoría, sin
embargo, decidió empezar la votación por la declaratoria de vacancia
moral. La bancada fujimorista se retiró del Congreso en ese momento.
‘‘Esos son los nuevos vientos que soplan ahora’’, dijo al irse
la congresista Martha Chávez.
La votación fue de 62 votos a favor y ocho en contra. Hubo ocho
abstenciones, entre ellas la de Francisco Tudela, el ex vicepresidente
de Fujimori.
A las 10:43 minutos de la noche, el Congreso peruano votó por
declarar ‘‘la permanente incapacidad moral’’ del ex presidente
Alberto Fujimori y la vacancia consecuente de la Presidencia de
la República.
La bancada mayoritaria y las galerías, abarrotadas de público,
prorrumpieron en aplausos, coreando el lema de: ‘‘y ya cayó, la
dictadura ya cayó’’.
‘‘Es
un día de sentimientos encontrados’’, declaró Susana Higuchi,
la ex esposa de Alberto Fujimori y actual congresista opositora,
‘‘pero es a la vez un día de reivindicación moral para mí y para
el Perú’’. La congresista Higuchi sostuvo, no obstante, que el
proceso no podía darse por terminado hasta que Vladimiro Montesinos
y Alberto Fujimori respondan ante la justicia por los hechos cometidos
y los bienes expoliados a la nación.
La celebración se trasladó prontamente a las calles, donde diversos
grupos de manifestantes corearon consignas de la oposición democrática.
‘‘Este es un día histórico’’, dijo la congresista opositora Anel
Towsend, ‘‘pero no es un día de venganza, sino de justicia’’.
El presidente del Congreso, Valentín Paniagua, cerró la sesión
apenas terminó la votación y convocó a una nueva reunión hoy en
la mañana, en la que se votará la renuncia del segundo vicepresidente
Ricardo Márquez, lo que se da por descontado, y la elección de
Paniagua a la Presidencia del Perú, para dirigir el proceso de
transición hacia la democracia, que debe culminar el próximo 28
de julio, cuando asuma su cargo el próximo presidente constitucional
del Perú, elegido en las elecciones generales de abril próximo.
Hasta que Paniagua sea elegido como presidente, quien permanece
técnicamente a cargo de la nación es el vicepresidente Márquez,
cuya gestión durará apenas unas pocas horas.
Márquez había dejado saber su disposición de hacerse cargo de
la Presidencia, pero desistió de su empeño luego que el Gobierno
de Estados Unidos le hizo saber que no lo apoyaba.
Sin embargo, Márquez pasó al retiro a 10 generales vinculados
con Montesinos durante su corta gestión. Montesinos, por su lado,
sigue prófugo.
Ese hecho no parecía figurar mucho, sin embargo, en la mente de
los peruanos que, al filo de la medianoche, continuaban celebrando
el momento histórico del fin de la dictadura fujimorista.
Corte
de Florida ordena aceptar recuento manual
TALLAHASSEE,
EU. (Servicios internacionales). –La Corte Suprema de Florida
ordenó anoche aceptar el recuento manual de votos para la elección
presidencial en Estados Unidos, pero fijó límite hasta el 26 de
noviembre para finalizar dichos recuentos.
El dictamen de la Corte revierte la decisión de la secretaria
de Estado de Florida, Katherine Harris, por considerar que ‘‘el
derecho de los electores’’ a que su voto sea tomado en cuenta
es de suprema importancia, anunció el portavoz del alto tribunal,
Craig Waters.
El vocero señaló que el veredicto completo tiene 42 páginas.
La decisión de la Corte Suprema puede determinar el triunfo del
vicepresidente demócrata, Al Gore, en las elecciones presidenciales
de Estados Unidos, si el recuento manual de votos le permite obtener
suficientes sufragios para sobrepasar la ventaja actual de 930
votos que le lleva el aspirante republicano George W. Bush, gobernador
de Texas.
El candidato que venza en Florida, con sus 25 grandes electores,
ganará la Presidencia de Estados Unidos.
Compuesta por siete jueces, la Corte Suprema de Florida, que ordenó
anoche aceptar el recuento manual de votos para la elección presidencial
en ese estado, es la más alta instancia judicial de ese estado.
Fundada a mediados del siglo XIX, es una de las más antiguas de
Estados Unidos y se reúne dos veces por año en Tallahassee, capital
de Florida.
Se encarga de velar por la conformidad de las leyes a la Constitución
estatal y a los principios establecidos por la jurisprudencia
de los tribunales anglosajones.
Los miembros del tribunal son nombrados por el gobernador a propuesta
de una comisión de nueve personas, integrada por autoridades locales,
abogados y representantes de los ciudadanos.
Ordenan
detención de Posada C.
El
Salvador podría ordenar la extradición de Luis Posada Carriles
JOSE
OTERO
jotero@prensa.com
El
Ministerio Público ordenó ayer la detención de Luis Posada Carriles
y de otros tres cubano–americanos acusados de fraguar un plan
para asesinar, en Panamá, al presidente cubano Fidel Castro, informó
el director de la Policía Nacional, Carlos Barés.
El jefe policial dijo que los detenidos fueron puestos a órdenes
del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que se concreten
los trámites de extradición solicitada por el Gobierno de Cuba,
por los cargos de terrorismo. En Cuba el terrorismo se paga con
la pena máxima de fusilamiento.
Unas
horas antes de la inauguración de la X Cumbre Iberoamericana,
el pasado 17 de noviembre, Posada Carriles, de 71 años de edad,
fue arrestado con un pasaporte salvadoreño, con el nombre falso
de Franco Rodríguez Mena. Junto con él también fueron detenidos
Manuel Díaz, de 65 años, del que se piensa que su verdadero nombre
es Gaspar Jiménez, otro con prontuario de terrorista internacional.
De igual forma se detuvo a Pedro Remón y Guillermo Nomo, dos cubanos
con pasaportes estadounidenses. Un quinto cubano, César Matamoros
y el panameño José Hurtado, conductor de Posada Carriles, también
fueron aprehendidos.
Barés aclaró que la Policía Nacional ha sido comisionada para
brindarle custodia a Posada Carriles, Díaz, Nomo y Remón, mientras
concluya el trámite diplomático de extradición. Los otros dos
detenidos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Auxiliar.
Dijo que el Ministerio Público está realizando en forma paralela
las investigaciones sobre la denuncia hecha por Fidel Castro sobre
un complot para asesinarlo en Panamá por este grupo y lo relacionado
con un cargamento de ocho kilos de explosivos plásticos descubierto
en Tocumen hace dos días, que guarda relación con el presunto
atentado contra el presidente cubano.
El fiscal auxiliar, Carlos Augusto Herrera, inició ayer la indagatoria
al panameño José Hurtado, de quien se presume fue la persona que
enterró, junto con otros vecinos suyos, los explosivos encontrados
en Tocumen. Además llevó a Posada Carriles a realizar un recorrido
por la Universidad de Panamá, sitio donde Castro pronunció uno
de sus discursos en Panamá.
Por su parte, el ministro del Interior de El Salvador, Mario Acosta,
dijo que su Gobierno podría solicitar la extradición de Posada
Carriles, si se comprueba que en efecto utilizó un nombre ficticio
para obtener un pasaporte salvadoreño, según publicó el periódico
La Prensa Gráfica de San Salvador.
Otro funcionario salvadoreño, el ministro de Seguridad Pública
y Justicia, Bertrand Galindo, envió a Panamá toda la documentación
migratoria de Posada Carriles, en la que consta que el acusado
había salido de El Salvador por última vez el pasado 3 de noviembre
con rumbo a Costa Rica y que al parecer luego se trasladó a Panamá
dos días después.
A su vez, Miguel Henderson Mora, abogado de los cuatro anticastristas,
indicó que todavía no ha podido tener acceso al expediente relacionado
con el caso, porque las autoridades le han dicho que el mismo
aún no está foliado.
Señaló que hasta ayer se dio permiso a sus clientes para bañarse
y poder llamar por teléfono a sus respectivos familiares.
Proyecto
de jubilaciones para docentes está casi terminado
MARIO
A. MUÑOZ
andresm@prensa.com
El
proyecto de jubilaciones anticipadas ‘‘autofinanciables’’ de los
docentes se encuentra casi terminado y luego de algunos cambios
se podrá votar y aprobar en primer debate en la Comisión de Trabajo,
según confirmó su presidente, el legislador Carlos Smith.
Según el presidente de la comisión, ‘‘el proyecto ya tiene una
forma definida y aceptable por todos los representantes de los
gremios y de los funcionarios de Gobierno que han participado
en la discusión en primer debate’’.
Uno de los puntos que todavía no se ha definido se refiere a quién
deberá cubrir el déficit en el caso de que se produzca, si los
educadores y el Gobierno –a partes iguales– o solo los educadores.
Según los representantes de la Contraloría presentes en la discusión
del proyecto, lo recomendable sería que los gastos debieran asumirlos
ambas partes, pero los representantes del Ministerio de Economía
y Finanzas se niegan.
Si el Gobierno mantiene esa postura, el artículo sería eliminado
y el problema de un eventual déficit lo resolverán, en su momento,
los representantes de ambas partes, según el secretario general
de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA),
Luis López.
Según López, lo importante es que se cumpla con la ley y se resguarden
los fondos y esto lo garantizará, entre otras cosas, los estudios
actuariales certificados que hará la Caja del Seguro Social (CSS),
por lo menos cada dos años.
Los recursos del plan de retiro anticipado de los docentes serán
administrados a través de un fideicomiso por la CSS, en condición
de fiduciario, según se informó.
La responsabilidad del fiduciario abarca la administración de
los bienes, el registro de cuotas, pago de las pensiones con los
fondos del fideicomiso, llevar una contabilidad de las sumas del
fondo –separada de los programas del Seguro Social– y ordenar
revisiones actuariales por lo menos cada dos años.
En el documento se deja además bien claro que el fondo que cubrirá
las pensiones de los educadores constituye un patrimonio separado
de los bienes de la CSS, y estos no podrán usarse para cubrir
programas de la entidad.
Otro de los aspectos que se establecen en el proyecto de ley acordado
entre los docentes con el Ejecutivo, es el reconocimiento que
las pensiones de retiro anticipado corresponden, en primera instancia,
a la ‘‘comisión del plan de retiro anticipado autofinanciable’’
que integran funcionarios de la CSS, del Ministerio de Educación
y cinco docentes.
Henríquez
es el primer candidato a ‘ombudsman’
RAFAEL
PEREZ G.
rperez@prensa.com
El
demócrata cristiano Milton Henríquez se convirtió ayer en el primer
aspirante a la Defensoría del Pueblo que presentó oficialmente
la documentación requerida para el cargo, ya que el período del
actual ombudsman, Italo Antinori, culminará el próximo
31 de marzo.
Henríquez, al igual que su copartidaria Maritza Royo, el sociólogo
Raúl Leis y la fiscal superior del cuarto distrito judicial de
Herrera y Los Santos, Nedelka de Castillo, retiró el respectivo
formulario de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa
el pasado 30 de octubre.
Pese a advertir que cada ombudsman le imprime su estilo
y personalidad al cargo, Henríquez creyó prudente que en la Defensoría
del Pueblo se haga ‘‘más énfasis en el campo de la mediación,
de la conciliación. Creo que el defensor debe jugar un papel de
amigable componedor; no debemos buscar culpables, debemos buscar
soluciones’’, dijo el ex legislador.
Tras perder la curul legislativa, Henríquez incursionó en la televisión
panameña como jefe de servicios informativos en RPC Canal 4.
En esa misma empresa condujo un programa formato revista y ejerció
meses después y por poco tiempo la dirección del diario El
Universal.
Ahora, en sus horas libres, Henríquez se presenta como contador
de chistes en un programa de humor que aparece todos los viernes
en Canal 4.
Horas después, se presentó a la Comisión de Derechos Humanos Juan
Antonio Tejada hijo, actual fiscal primero superior del Ministerio
Público, quien retiró el formulario con la finalidad de postularse
a defensor del Pueblo.
Tejada hijo, quien antes de ocupar el cargo de fiscal militó en
la Democracia Cristiana, señaló que entre las razones por las
que aspira a ese cargo figura el hecho de que, al igual que en
el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo se preocupa por
el tema de los derechos humanos.
Aseguró que con esta primera acción recoge la invitación de la
Asamblea, en el sentido de que los ciudadanos participen en el
‘‘gran debate’’ que será la escogencia del nuevo defensor del
Pueblo.
Entre los aspirantes a ese cargo que retiraron el formulario se
encuentran el ex procurador Jorge Ramón Valdés, el docente universitario
Ulises Pittí, los ex legisladores Roberto Will Guerrero y Rodrigo
Arosemena, los comunicadores sociales Juan de Dios Hernández,
Bosco Ricardo Vallarino y Panangel Kurouklis.
Igualmente los abogados Ramón Castellano, Pablo Azael Tsimogianis,
Jaime Fábrega, Omar Dieppa Pérez, Luis Ramírez, Sarai Blaisdell,
Raúl González, Percy Román, Ramón del Río Mong, Claudia Bárcenas,
Miriam Sánchez y Abdul Khabeer Muhammad.
También retiraron la documentación el médico Arles Caballero De
León, el cirujano maxilofacial Daniel Constable, el criminólogo
James Woolford Correa, el médico cirujano Raúl Durán, Kevin Harrington,
quien junto con Eduardo Tamallo y a Manuel Caballero se identificó
como independiente, y los educadores Juan de Dios Caballero, Florencio
Puga y Enelda Rosales.
Incendio
deja cuatro muertos
Los
bomberos tuvieron dificultad para apagar el fuego por la baja
presión de agua en el lugar
JAHIRO
POLO
japolo@prensa.com
 |
| Una víctima
del incendio es rescatada por unidades del Cuerpo de Bomberos
de Panamá. Especial para La Prensa / Eliécer Santamaría
|
Cuatro
personas perdieron la vida y otras 12 fueron recluidas en centros
hospitalarios de la localidad, a consecuencia de un pavoroso incendio
que destruyó por completo una pensión ubicada en el tercer piso
del edificio No.13–93 de la Avenida Central, localizado entre
los almacenes El Machetazo y El Chapulín.
El incendio empezó hacia las 5:00 de la madrugada de ayer en el
interior de uno de los cuartos de la pensión La Tahona, mejor
conocida por el mote de ‘el laberinto’. Las llamas se extendieron
rápidamente al cuarto contiguo, porque las paredes de división
no eran más que planchas de plywood sujetas con viejos tablones
de madera.
Las llamas llegaron en forma casi inmediata al techo y las paredes
de la única entrada de acceso a esta pensión, cuyos residentes
comenzaron a sofocarse por la gran cantidad de humo y gases que
se acumularon en el lugar que tampoco contaba con un mínimo de
ventilación.
Uno de los residentes de esta pensión, de nombre Carlos Martínez,
narró que tras despertarse a causa de los gritos de ‘‘¡fuego,
fuego!’’, trató de buscar una salida y así escapar de las llamas,
pero al ver que la única puerta de acceso al lugar estaba copada
por escombros ardientes, no tuvo otra alternativa que abrir un
orificio en una pared por el que logró salir junto con la mayoría
de sus vecinos.
Varios carros–bomba del Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP) del
Cuartel Ricardo Arango llegaron al lugar en cuestión de minutos,
pero se vieron impedidos de rescatar rápidamente a los afectados
en este incendio, porque la salida de emergencia que daba al piso
siniestrado había sido clausurada con bloques de cemento y un
enrejado.
Los bomberos también tuvieron dificultad para apagar el fuego
debido a la baja presión de agua en el lugar.
Isabel Aftfal, Josefina González, Jorge González y una dama de
tez blanca que aún no ha podido ser reconocida y de quien se comentó
que era de nacionalidad colombiana, perdieron la vida tras asfixiarse
y sufrir quemaduras graves. Esta personas aparentemente residían
en los cuartos en los que comenzó el incendio.
A su vez, los ciudadanos Albino García, Gastón Fung, Pedro Correa,
Martín González, Carlos Villamil y un señor de muy avanzada edad
cuya identidad no se pudo conocer, están entre las 12 personas
que fueron trasladadas a los cuartos de urgencia del Hospital
Santo Tomás (HST) y del Complejo Hospitalario Metropolitano de
la Caja de Seguro Social (CSS), tras sufrir de asfixia.
El capitán Eustorgio Márquez, subdirector de la Oficina de Seguridad
para la Prevención de incendios del CBP, explicó que este departamento
se encuentra investigando la identidad del dueño de la pensión
en la que ocurrió el incendio. Al dueño se le indagará respecto
a las razones por las cuales mandó clausurar la salida de emergencia
del edificio.
Por su parte, la Policía Técnica Judicial ha iniciado una investigación
para conocer las causas del fuego, ya que no se descarta la posibilidad
de que haya habido ‘‘mano criminal’’ en el siniestro.
Consejo
capitalino aprueba el presupuesto más alto de su historia
JOSE
QUINTERO DE LEON
jquinter@prensa.com
Por
un monto de 59 millones 400 mil dólares, el más alto de su historia,
el Consejo Municipal de Panamá aprobó en su sesión de ayer el
nuevo presupuesto de rentas y gastos para la vigencia del 2001,
4.2 millones más que el vigente.
La aprobación arrancó los aplausos de la cámara edilicia por cuanto
el nuevo presupuesto incluye un incremento de 20 mil dólares para
cada junta comunal, lo que aumenta a 50 mil dólares los recursos
que recibirá cada representante de corregimiento para su labor
comunitaria.
Hasta el momento, cada uno de los 19 representantes del distrito
de Panamá recibe 10 mil dólares del Gobierno central y 20 mil
del Municipio de Panamá, a lo que se sumarán ahora los 20 mil
para inversiones para campos deportivos, calles, gimnasios, aceras
y otras.
También registra un monto de 60 mil dólares en inversiones para
el Concejo; 80 mil para publicidad (20 mil de aumento) y 294 mil
dólares de aumento a la partida de placas vehiculares.
El próximo programa económico fue aprobado por unanimidad, casi
mes y medio antes del nuevo año. El actual fue aprobado el 21
de diciembre de 1999, lo que refleja la diligencia y celeridad
con que actuó la Alcaldía capitalina al presentarlo a consideración
de los 19 concejales, quienes lo evaluaron y aprobaron en 24 horas.
Al respecto, el alcalde Navarro expresó que este programa contempla
mejorar la cultura, el deporte y la atención al necesitado, el
aseo y el ornato de la ciudad capital, lo que le permitirá seguir
cumpliendo con su plan de gobierno ‘‘Una gran ciudad’’.
Específicamente reveló que 11.2 millones de dólares se destinan
a mejorar el aseo y las medidas de sanidad ambiental para el Vertedero
de Cerro Patacón, además de cumplirse con el aumento salarial
prometido a los obreros de la Dirección Municipal de Aseo Urbano,
a partir de enero.
Nelson Vergara, presidente del Concejo, expresó su satisfacción
porque, a su juicio, el presupuesto llena las expectativas que
se tienen para el trabajo del próximo año.
Aunque el incremento mayor fue para el renglón de inversiones,
Vergara aseguró que no se aumentó el renglón de funcionamiento,
es decir, planillas, ni gastos de representación u otro renglón
que no fuera para trabajo comunitario.
Sin embargo, ello contradice el informe leído por el secretario
general del Concejo, Eduardo Camacho, quien detalló que el nuevo
presupuesto incluye aumentos en concepto de gastos de representación
para el secretario general por 309 dólares mensuales, al igual
que para los directores alcaldicios; mil dólares mensuales adicionales
para el tesorero municipal, así como 500 dólares adicionales por
igual criterio para los directores de Administración Financiera
y Tributaria de Tesorería.
En otro orden, el concejal por Chilibre, Vidal García, manifestó
su inconformidad ante el alcalde Navarro por el hecho de que hay
juntas comunales que reflejan planillas abultadas, las que llegan
a tener hasta 60 funcionarios municipales a pesar de ser corregimientos
pequeños en extensión.
En su caso, dijo que Chilibre es uno de los corregimientos con
mayor extensión territorial y actualmente –afirmó– solo laboran
allí 16 funcionarios para cubrir 60 comunidades e ingentes necesidades
en escuelas y un primer ciclo.
El burgomaestre capitalino se comprometió a revisar la queja formulada
por García y a hacer un estudio serio de las reales necesidades
de personal de las 19 juntas comunales.
Aprueban
ocho artículos de proyecto sobre la CA
LORENZO
ABREGO
labrego@prensa.com
Los
primeros ocho artículos del proyecto de ley 19 que reorganiza
la Caja de Ahorros (CA), y que fue presentado por el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF), fueron aprobados anoche, en segundo
debate, por los legisladores.
El proyecto de ley, que consta de 51 artículos, está siendo discutido
en bloques y los ocho primeros artículos tienen que ver básicamente
con el marco legal que crea el ‘‘banco de la familia panameña’’.
El documento presentado por el MEF busca reafirmar la función
social de la CA y garantizar la autonomía de la institución, al
igual que su personería jurídica, administrativa y presupuestaria.
En el proyecto se estipula, además, que la Caja de Ahorros queda
sometida a la supervisión de la Superintendencia de Bancos, y
a las normas y reglas que rigen la actividad bancaria en el país.
Otro de los aspectos que se aclaran en el documento es que el
Estado es subsidiariamente responsable de las obligaciones que
contraiga la entidad, sin embargo se le da potestad a la junta
directiva de la CA para que pueda reformar su capital de acuerdo
con los fondos de reserva.
Según el gerente general de la CA, Carlos Raúl Piad, este mecanismo
permite que la entidad tenga mayor agilidad y pueda brindar un
mejor servicio en un momento en el que deba recurrir a modificaciones
para aumentar o disminuir su capital.
Con la reorganización de la CA, los legisladores también buscan
que los directivos de la entidad puedan brindar un informe a la
Asamblea Legislativa anualmente de sus operaciones después de
cada ejercicio fiscal.
Uno de los aspectos medulares de la reorganización de la CA es
permitirle al gerente general que pueda aprobar préstamos por
la suma de 100 mil dólares, porque actualmente solo lo puede hacer
hasta por la suma de 30 mil dólares.
El
MEF declara confidencial toda su información interna
HERMES
SUCRE S.
hsucre@prensa.com
El
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró como ‘‘confidencial’’
toda la información de archivo relacionada con los servidores
públicos, los resultados de las actividades ministeriales y demás
documentos internos.
‘‘Se
considera que un dato confidencial ha sido divulgado cuando el
mismo llega a conocimiento de otra u otras personas no autorizadas
para conocerlo, mediante intención, descuido o negligencia por
parte del servidor o servidores responsables de su custodia’’,
señala el nuevo Reglamento Interno del MEF.
El reglamento –publicado en la Gaceta Oficial No.24,180
del pasado 14 de noviembre– dispone que ‘‘ningún servidor público
puede solicitar datos o informaciones confidenciales que no sean
de su competencia, a nombre de la unidad administrativa donde
labora, sin autorización previa de su superior inmediato’’.
Respecto
al renglón de administración de recursos humanos, el reglamento
establece que no podrán trabajar en la misma unidad administrativa
servidores públicos hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.
‘‘En
caso de nepotismo sobreviniente, se reubicará a uno de los servidores
para evitar que preste funciones en la misma unidad administrativa
o en unidades con funciones de dependencia relacionada una con
la otra’’.
Las
nuevas disposiciones prohíben el cobro o descuento de cuotas o
contribuciones para fines políticos a los servidores públicos,
aun con el pretexto de que son voluntarias.
Igualmente, quedó prohibido exigir la afiliación o renuncia a
un determinado partido político para poder optar por un puesto
público o como condición para permanecer ejerciéndolo.
El MEF sancionará a los jefes que ordenen a sus subalternos la
asistencia a actos políticos de cualquier naturaleza; utilizar
con este fin vehículos o cualesquiera otros recursos del Estado
y que impidan la asistencia de los servidores públicos a este
tipo de actos fuera de horas laborables.
CENA
aprueba 19.7 millones para equipar hospitales
Diversos
hospitales, centros de salud y laboratorios serán beneficiados
con los equipos médicos
WILFREDO
JORDAN S.
wjordan@prensa.com
El
Consejo Económico Nacional (CENA) aprobó el proyecto de contrato
por 19 millones 799 mil 965 dólares para el suministro de equipo
médico y no médico a diferentes hospitales, laboratorios y centros
de salud de la red de servicios de salud de la república de Panamá.
Estos dineros proceden de un contrato–préstamo con el Gobierno
de la república de Corea, por 20 millones de dólares, firmado
por el ex ministro de Economía y Finanzas, Víctor Juliao, y el
embajador de Corea en Panamá, Keun–Seop Ohn. Dicho préstamo tendrá
un plazo de 25 años y una tasa de interés anual promedio del 3%,
con un período de gracia de siete años.
Según lo aprobado, se comprará tomógrafos, unidades fijas de rayos
X, unidades móviles de rayos X, brazos en C, procesadores de radiografías,
mamógrafos, unidades radiográficas para fluoroscopia, sillones
dentales completos, lámparas, mesas de parto, máquinas de anestesia
y una unidad de crioterapia, entre otros.
Estos equipos serán distribuidos entre los hospitales del Niño,
Nicolás Solano, Rafael Hernández, Luis Fábrega, Las Tablas, Bocas
del Toro, Anita Moreno, José Domingo de Obaldía, Aquilino Tejeira,
Instituto Oncológico y una gran cantidad de centros de salud.
Los equipos están detallados en un listado confeccionado por la
Dirección Nacional de Provisión de Servicios de Salud del Ministerio
de Salud.
En este listado aparecen tres hospitales nacionales, cinco hospitales
regionales, cuatro hospitales del área, tres hospitales infantil–maternal,
un centro de trauma, un centro de rehabilitación infantil, 13
laboratorios regionales, un laboratorio central y 13 de cuidado
de diagnóstico maternal.
Igualmente el CENA emitió concepto favorable al proyecto de contrato
a suscribirse con el Club Activo 20–30, para la construcción del
nuevo edificio que albergará la maternidad del Hospital Santo
Tomás, por un monto de 2.7 millones de dólares aportados por el
Estado.
Calificadoras
de riesgos deberán hacer informes a Comisión de Valores
HERMES
SUCRE S.
hsucre@prensa.com
Toda
empresa calificadora de riesgos que inicie operaciones en Panamá
debe remitir a la Bolsa de Valores toda la información para el
conocimiento del público inversionista, de manera que conste en
un archivo de Referencia Pública.
La Comisión de Valores estima necesario que los agentes que intervienen
en el mercado de valores cuenten con información veraz y completa
para la toma de decisiones, para que factores tales como la transparencia,
competencia y confianza sean los elementos clave para el buen
funcionamiento de esta actividad financiera.
Estos criterios están contenidos en la Opinión No.19 de la Comisión
–publicada ayer en la Gaceta Oficial– firmada por Ellis Cano,
comisionado presidente; Roberto Brenes, comisionado vicepresidente,
y Carlos Barsallo, comisionado.
Las empresas calificadoras de riesgos son sociedades anónimas,
cuyo objeto primordial es la calificación de riesgo de los valores.
Estas empresas remitirán a la comisión los siguientes datos: constitución
de la sociedad, directores, dignatarios, ejecutivos principales,
descripción del negocio, consideraciones generales sobre la metodología
de calificación y cualquier otra información que estimen conveniente
para que el público tenga una idea clara de la empresa.
Por otro lado, la Comisión de Valores considera imperante la realización
de una amplia campaña de capacitación y educación a todos los
participantes del mercado, con el objetivo primordial de prever
conflictos por desconocimiento de los nuevos procedimientos, requisitos
y contratos o convenios que es necesario poner en práctica.
De acuerdo con el artículo 261 del Decreto Ley No.1 de 8 de julio
de 1999, la Comisión Nacional de Valores está facultada para adoptar
acuerdos en situaciones de urgencia que impliquen un peligro para
el público inversionista.
EU
ayudará a Ecuador con los desplazados colombianos
QUITO,
Ecuador. (AFP). – Estados Unidos financiará programas sociales
en la frontera de Ecuador con Colombia ante el desplazamiento
de colombianos que huyen de la escalada de violencia que se registra
en la región amazónica de Putumayo, indicó ayer la embajadora
estadounidense en Quito, Gwen Clare.
La diplomática dijo, en declaraciones a la prensa, que Washington
está colaborando con Ecuador por la presencia de colombianos que
han salido de su país por los combates que desde hace dos meses
libran guerrilleros y paramilitares en la zona cocalera de Putumayo.
Señaló que la violencia que se produce en Putumayo no tiene nada
que ver con el Plan Colombia, delineado por el Gobierno de Bogotá
para luchar contra el narcotráfico y que recibirá ayuda militar
y económica de Estados Unidos por mil 300 millones de dólares.
Clare manifestó que guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC, marxistas) y paramilitares de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) tienen ‘‘peleas enormes’’
en la región putumayense.
Apuntó que ante esa situación, civiles colombianos están ingresando
a Ecuador por la provincia amazónica de Sucumbíos, vecina a Putumayo,
para escapar hacia áreas seguras.
‘‘Estamos
dispuestos y estamos ayudando’’, expresó Clare, y recalcó que
Estados Unidos suscribirá un convenio con Ecuador, para entregar
fondos para obras sociales en la frontera con Colombia. Empero,
la embajadora no citó cifras.
Vienen
otros tres cruceros a Colón
Hoy
llegará uno de los cruceros, el viernes viene otro y el tercero
arribará el lunes
GIONELA
JORDAN V.
gjordan@prensa.com
Tres
cruceros con más de 5 mil pasajeros en total, entre turistas y
tripulación, llegarán a partir de hoy al puerto Colón 2000, que
se perfila como la nueva ruta en este tipo de desarrollo turístico.
Steven
Tarazi, presidente de Colón 2000, dijo que hoy llegará a ese muelle
un crucero con 2 mil 100 pasajeros, y que para este viernes atracará
otro con mil 800 turistas. Igualmente el próximo lunes se prevé
la llegada de un crucero con un total de mil 400 personas.
Tarazi hizo estas declaraciones durante una reunión organizada
por los miembros del Club Kiwanis de Panamá, en la que participó
como orador de fondo sobre el proyecto de cruceros Colón 2000.
De acuerdo con el empresario, las aspiraciones de la empresa que
preside es convertir a Panamá, principalmente a la provincia de
Colón, en el nuevo ‘‘puerto– casa’’ para las líneas más importantes
de cruceros que hay en la actualidad.
En este sentido, destacó que proyectan desarrollar en Panamá varias
rutas de siete días hacia Centroamérica, Suramérica, el Caribe
e inclusive una combinación de esos tres destinos.
El presidente de Colón 2000 manifestó que para enero del próximo
año darán inicio a una nueva operación con la compañía Celebrity
Cruises, por medio de la cual los pasajeros abordarán en Colón
para luego hacer una travesía de aproximadamente 14 días.
Estudios realizados –destacó Tarazi– reflejan que un pasajero
de cruceros gasta diariamente aproximadamente 150 dólares, en
tanto que los miembros de la tripulación gastan unos 60 dólares.
El destino más importante en la industria de cruceros en el Caribe
–que abarca el 65%– es la isla de Santo Tomás, debido a la cercanía
que tiene con el estado de la Florida, y Puerto Rico, ya que es
un centro de venta de mercancía libre de impuesto (duty free),
indicó Tarazi. Además, detalló que en 1999 la industria de cruceros
aportó a la economía de ese país mil millones de dólares.
El primer crucero que llegó a aguas territoriales de Panamá fue
el Crown Princess, el pasado 6 de noviembre, y el 14 de noviembre
llegó otro crucero.
Recientemente el Gobierno panameño suscribió un acuerdo con la
Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), para que
líneas que integran esa asociación atraquen en los puertos panameños.
Corte
pide investigar a magistrado
RAFAEL
PEREZ G.
rperez@prensa.com
La
Corte Suprema de Justicia pidió al Ministerio Público que inicie
una investigación penal para determinar si las actuaciones denunciadas
contra Dulio Arrocha, magistrado del Tribunal Superior del Cuarto
Distrito Judicial de Panamá, que incluye las provincias de Herrera
y Los Santos, constituyen delito.
Tal decisión está contemplada en una resolución del pleno de la
Corte, en la que no admite una queja interpuesta por el ciudadano
Elías Samuel Solís Domínguez contra el magistrado Arrocha por
supuesta conducta irregular.
Solís rindió una declaración jurada ante el Juzgado Segundo del
Circuito Penal de Herrera, en la que señaló que a inicios del
pasado junio, aproximadamente, se presentó a su residencia el
magistrado Arrocha en compañía de un agente de la Policía Técnica
Judicial (PTJ) que, según dijo, se apellida Fernández.
El magistrado Arrocha – aseguró en su declaración Solís– lo presionó
con la finalidad de que involucrara en situaciones ‘‘deshonestas’’
y de ‘‘corrupción’’ a Hernando Velasco, quien ejerce el cargo
de juez segundo del Circuito Penal de Herrera.
Según Solís, el magistrado Arrocha y Fernández le propusieron
que se prestara para ‘‘buscar la manera de encontrar alguna irregularidad’’
o alguna actitud deshonesta que les permitiera presentar una denuncia
contra el juez Velasco, quien –a su juicio– es un profesional
serio.
Días después de esta proposición, recordó Solís, el miembro de
la PTJ retornó a su residencia para señalarle que el magistrado
Arrocha esperaba la respuesta, según refiere el propio quejoso.
Solís aseguró haberse negado a tales pretensiones y, contrario
a ello, acudió al referido juzgado en el que se le tomó una declaración
jurada.
Por los hechos que se exponen, indicó el magistrado ponente José
Troyano, se está ante una queja de tipo disciplinaria, aunque
advirtió que la misma no cumple con los requisitos formales exigidos
para este fin.
A juicio de la Corte, en esta queja no concurren los presupuestos
básicos que la ley establece para proceder a enjuiciar la supuesta
conducta irregular del servidor judicial denunciado, razón por
la cual ‘‘no resulta viable seguir con su tramitación’’.
Troyano consideró, sin embargo, que los hechos denunciados ‘‘pudieran
justificar el inicio de una investigación penal, cuyo impulso
correspondería al Ministerio Público’’.
Por ello, dijo el magistrado Troyano, ‘‘se debe compulsar las
copias pertinentes a la Procuraduría General de la Nación, a fin
de que proceda con lo que corresponda’’ en este caso.
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