Panamá, 5 de octubre de 2000
 
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Tormenta impide viaje de Moscoso a España

Aeropuerto de Miami se vio obligado a cancelar todos sus vuelos

HERMES SUCRE S.
hsucre@prensa.com

Una mujer no identificada espera ser evacuada de la capota de su auto en Hialeah, Florida. Fuertes lluvias que cayeron en la parte sur de La Florida, el martes, convirtieron las calles en ríos y dejaron miles de residencias a oscuras. LASERFOTO / AP

La presidenta, Mireya Moscoso, no pudo cruzar ayer el Atlántico para asistir a la exposición real ‘‘CARLOVS V’’ en Toledo, España, debido a que una fuerte tormenta azotó el estado de La Florida y obligó al aeropuerto de Miami a cancelar todos los vuelos.

Moscoso, quien tenía programado regresar al país el 6 de octubre, presentó excusas al rey Juan Carlos por no poder asistir a la conmemoración del V centenario del natalicio del emperador Carlos V, monarca que jugó un papel protagónico en el dominio de las Indias Occidentales.

Un portavoz del Palacio de las Garzas informó a La Prensa que la mandataria viajó ayer hasta Miami en su avión presidencial, en compañía de la jefa de Protocolo, Cindy Pereira. Luego de la escala, debían unirse en Madrid al viceministro de Relaciones Exteriores, Harmodio Arias, y a la embajadora de Panamá en España, Vicentina Rodríguez de Fernández Figares.

‘‘Durante el día de hoy (miércoles) se hicieron esfuerzos por conseguir un vuelo oportuno que permitiera estar a tiempo para la ceremonia de aniversario en Toledo, pero esto no fue posible. Madrid tiene siete horas más que Miami’’, señaló un boletín de noticias de la Presidencia.

Toledo es una provincia de España de la comunidad autónoma de Castilla–La Mancha, rodeada por el río Tajo. Es una ciudad imperial histórica con hermosas regiones de clima continental, productora de cereales, vid, olivo, algodón, tabaco y con ganadería industrial. Es famosa por su arte, su arquitectura árabe y sus imponentes monumentos, como el Alcázar de Toledo y la casa del pintor español El Greco. Toledo fue un histórico asentamiento judío.

Moscoso iba a viajar a España como única representante de los jefes de Estado de América, en consideración a que Panamá será sede –el 17 y 18 de noviembre próximo– de la X Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.

La visita de Moscoso a España coincidía con la reunión del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que hoy analizará los avances que se han registrado en la lucha contra el lavado de dinero del narcotráfico.

Igualmente, se revisará nuevamente la llamada ‘‘lista negra’’ que incluye a los países –entre ellos Panamá– que supuestamente no colaboran en la represión del narcotráfico y los delitos de lavado de dinero.

Una fuente ligada al Ministerio de Economía y Finanzas reveló que había la posibilidad de que la presidenta aprovechara su presencia en España para hablar de las recién aprobadas leyes ‘‘antilavado’’, recomendadas por el GAFI para reubicar el nombre de Panamá en una ‘‘lista blanca’’.

La Oficina de Divulgación de la Presidencia informó que no se tiene conocimiento de la llegada de la presidenta Moscoso a Panamá. Por ahora lo único oficial es que el mal tiempo echó por tierra la gira por España.


Panamá se promueve en foro de Madrid

LINA VEGA ABAD
Enviada especial

MADRID, España. –Bajo el lema ‘‘Panamá, un valor seguro’’, se llevó a cabo en Madrid ayer un foro de promoción de la inversión en nuestro país, con la participación de miembros del Gobierno español.

Afortunado o no, el foro coincide con dos acontecimientos relacionados con Panamá en la capital española. Por un lado, simultáneamente se están dando reuniones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que pretende revisar la inclusión de países ‘‘no cooperadores’’ en la lucha contra el blanqueo de dinero, entre los que se cuenta Panamá. Por otro, la presidenta Mireya Moscoso estaba invitada por el rey Juan Carlos –en representación de la Comunidad Iberoamericana– a los actos de celebración del V centenario del reinado del emperador Carlos V, que se dan en Toledo.

La embajadora de Panamá en España, Vicentina Rodríguez, considera un honor que Panamá represente a todo el continente americano en los actos de Toledo. Lamentablemente, la presidenta Moscoso quedó varada en Miami debido a una tormenta tropical que impidió la salida de su vuelo a Madrid, y no asistió a los actos.

La embajadora también aseguró a La Prensa que la coincidencia de fechas fue una casualidad. Según Rodríguez, el foro había sido organizado –con muchos meses de antelación– en seguimiento de otro similar llevado a cabo en Portugal.

El foro de negocios contó con la participación del vicepresidente Arturo Vallarino; el vicecanciller, Harmodio Arias; el viceministro de Comercio Exterior, Melitón Arrocha; el embajador en Italia, Roberto Alfaro; el administrador de la ARI, Alfredo Arias; Fátima Pérez Polo, directora de PROPRIVAT, y la embajadora española para asuntos económicos en Europa, Queenie Altamirano, quien organizó el acto.

Empresarios como José Luis Esteban Viejo, vicepresidente ejecutivo de Unión Fenosa (mejor conocida en Panamá como EDEMET–EDECHI), y Miguel Angel Martín, de la cadena de radio Intereconomía, dieron fe de las oportunidades de negocio que ofrece Panamá a partir de su propia experiencia.

Según el representante de Radio Intereconomía –que está abriendo oficinas en el edificio del Banco Exterior en la Avenida Balboa–, ‘‘en Panamá se respira un importante clima de negocios; es un foco de atención periodística, y es la puerta de entrada al importante mercado de cerca de 30 millones de consumidores de Centroamérica’’.

Como era de esperar, en el foro no se hizo referencia a las sesiones que muy cerca, en el Palacio de Convenciones y Congresos de Madrid, celebran los miembros del GAFI a puertas cerradas, y que, para Panamá, tienen una gran importancia.


Nuevas acusaciones de corrupción afronta el Municipio de Colón

LORENZO ABREGO
Y LIDIA FRANCO
planas@prensa.com

Las denuncias por corrupción contra las autoridades municipales de Colón continúan con nuevas acusaciones que las involucran, supuestamente, en los delitos de coimas, extorsión y fraude.

Al respecto, ayer circuló una nota pública atribuida a Mario Hoyte, enlace comercial de un comerciante asiático interesado en unos manglares de esa provincia, en la que se indica que las autoridades municipales recibieron varios miles de dólares para aprobar el arrendamiento, por 20 años, de unas nueve hectáreas de manglares adyacentes a Isla Margarita a la Constructora El Cañón.

De acuerdo con la nota, que tiene características de informe, la empresa Gold King Investment Inc. estaba interesada en adquirir las tierras, pero los ediles y las demás autoridades municipales exigían ‘‘coimas’’ exageradas para aprobar su arrendamiento.

Tanto el presidente del Concejo, Felipe Daniels, como el abogado de la alcaldesa de Colón, Luis Banqué, negaron haber recibido dinero y advirtieron que se trata de una patraña para ‘‘descabezar’’ el municipio colonense.

Según Banqué, la empresa Gold King Investment Inc. solo ofrecía pagar al municipio 25 mil dólares mensuales y la empresa El Cañón, 30 mil y, por esa razón, los concejales aprobaron el acuerdo.

Después que se destapó el escándalo de la emisión de 300 millones de dólares en bonos sin el aval del Estado, se denunció la supuesta extorsión, por 2 millones de dólares, contra los directivos de la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración, para la instalación de una planta procesadora.

De acuerdo con los denunciantes, los concejales, encabezados por el ex vicepresidente de la cámara edilicia, Adán Vásquez, pedían 2 millones de dólares para darle el visto bueno a la compañía.

El representante de Salamanca, Adán Vásquez, negó que hayan querido extorsionar a la empresa que, según él, no quería pagar los impuestos al instalar la planta incineradora.

En tanto, en el escándalo de arrendamiento de tierras adyacentes a Isla Margarita, en la nota que se le atribuye a Mario Hoyte –quien fue denunciado por calumnia e injuria ante el Ministerio Público– se precisa que los concejales Walter Chiari, Felipe Daniels y el entonces tesorero José Mercedes Brown recibieron 10 mil dólares.

También el asesor legal del Concejo, Tomás Mudarra, la secretaria del Concejo, Hermelinda May, y el abogado de la alcaldesa, Luis Banqué, recibieron 10 mil dólares. Se denuncia que la alcaldesa Rosales de Ardines recibió una fuerte suma de dinero no precisada.

Según el abogado de la alcaldesa, Luis Banqué, algunas personas estafaron al representante de la empresa Gold King Investment Inc., el asiático Sir Pai Leng Tung, pero ahora quieren involucrar a los concejales porque no consiguieron que se les arrendara el manglar cerca de la Isla Margarita.

Sobre el escándalo de los bonos, La Prensa pudo conocer que los mismos fueron confeccionados por la compañía A.A. Technology World, S.A., cuyo gerente es Alfonso Edwards Jr., por orden del tesorero José Mercedes Brown, quien está de vacaciones.


Denuncian que firmas panameñas fueron usadas por Montesinos

Investigaciones periodísticas afirman que sirvieron de ‘puente’ para sacar millones de dólares de Perú

MANUEL DOMINGUEZ
mdoming@prensa.com

Al menos tres empresas constituidas en Panamá son señaladas en Perú como instrumentos que el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos ha utilizado para ‘‘sacar’’ de su país una gran cantidad de dinero a través de la compra y venta de inmuebles.

Las empresas Elway Overseas, S.A., y Alliance Stichting Corp., cuyo agente residente en Panamá es el bufete Alemán, Cordero, Galindo y Lee; al igual que la compañía Long View Corporation, con la firma Galindo, Arias y López como agente residente en Panamá, son manejadas en Lima junto con otro grupo por cercanos colaboradores de Montesinos, entre ellos Alberto Venero y Antonio Garrido Montesinos.

De acuerdo con investigaciones periodísticas en Perú, el otrora hombre de confianza del mandatario peruano Alberto Fujimori habría utilizado estas empresas como ‘‘puente’’ para sacar millones de dólares de Perú en los últimos 10 años, por medio de la compra y venta de inmuebles.

En enero de 1997, por ejemplo, Alliance Stichting Corp. compró un hotel ubicado en el 285 de la Calle Alcanfores, en Miraflores, Lima.

La empresa pagó 2 millones 502 mil dólares por el edificio, pero tan solo dos meses después lo vendió en 5 millones 650 mil dólares a la sociedad Heniker Holdings Corp.

Otros dos meses después, Heniker traspasó esta propiedad a la Caja de Pensión Militar Policial a cambio de otro inmueble localizado en la cuadra 36 del Paseo de la República.

Esta estructura, a la vez, fue vendida a Elway Overseas, S.A. en 2.5 millones de dólares.

En cuestión de meses Elway traspasó este inmueble a su sucursal peruana International Properties que, enseguida, lo vendió por 3.5 millones de dólares al Ministerio del Interior.

Consultado sobre la relación de su bufete con estas sociedades, el abogado Jaime Alemán, hermano del canciller José Miguel Alemán e integrante del bufete Alemán, Cordero, Galindo y Lee, afirmó que no tiene ninguna relación con Montesinos o con empresas de sus allegados.

‘‘Eso es completamente falso –añadió–. No hemos vendido ninguna sociedad anónima al señor Vladimiro Montesinos; él no es cliente de nuestra firma de abogados, ni hemos constituido ninguna sociedad para él’’, dijo Alemán.

En el caso Long View Corporation, empresa propiedad del general José Villanueva Ruesta, jefe del Ejército del Perú y amigo de Montesinos, se ha logrado determinar que a través de esta firma se compró lujosos bienes (casas y autos), pese a que Villanueva Ruesta no es conocido en Lima precisamente por su solvencia económica.

El asesor presidencial Mario Galindo Heurtematte, de Galindo, Arias y López, que aparece en el Registro Público como agente residente de Long View, aseguró ayer que desde hace 10 años no atiende clientes extranjeros porque está parcialmente retirado de la firma. Subrayó igualmente que no es abogado ni de Montesinos ni de Fujimori.


Licitarán diseño de puente sobre el Canal en fecha establecida

WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com

Representantes de diferentes empresas interesadas en elaborar los diseños del segundo puente sobre el Canal de Panamá solicitaron que se pospusiera la licitación, programada para el 24 de octubre próximo, pero el Gobierno mantiene su decisión de llevar a cabo el acto público en esa fecha.

El ingeniero Alvaro Juliao Gelonch, consultor técnico en proyectos especiales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), contestó ayer las preguntas de algunos de los representantes de las empresas y consorcios internacionales interesados en presentar propuestas para el diseño de la obra.

Según el MOP, hasta el momento más de 20 empresas de Estados Unidos, Francia, España, Japón, Italia, Colombia, Bahamas, Dinamarca, Inglaterra, México y Panamá han adquirido el pliego de cargos que contiene todos los detalles del diseño del puente.

Las propuestas se recibirán en sobres cerrados el 24 de octubre, de 1:00 a 2:00 de la tarde, en el salón del despacho superior del MOP, donde se realizará la licitación.

Juliao Gelonch contestó de manera tajante que las peticiones de prórroga de la licitación provienen de ‘‘un sector minoritario’’ de las empresas que han retirado el pliego de cargos para participar en el acto público, y no son representativos de las empresas que están listas para participar.

Indicó que esta reunión previa a la licitación no es obligatoria, pero lo establece la ley como un requisito para los aspirantes que tienen preguntas específicas.

Una vez que se realice la licitación para el diseño del segundo puente, se convocará a la licitación para la construcción de la obra, que podría ser en marzo del 2001.

El costo de la construcción del segundo puente sobre el Canal se estima entre 70 y 90 millones de dólares, y entre los requisitos se establece que la estructura debe durar aproximadamente 100 años.


Cochez evita hacer comentarios de sus relaciones con los Zayed

RAFAEL PEREZ G.
rperez@prensa.com

El abogado Guillermo Cochez evitó hacer comentarios respecto a la publicación de dos cartas supuestamente suscritas por su persona en las que reclama a la familia Zayed, empresarios de la Zona Libre de Colón, el pago de honorarios por las ‘‘innumerables gestiones’’ que les brindó.

Sendas cartas aparecieron publicadas ayer en el diario El Siglo y, en una de ellas, Cochez le pregunta a los Zayed que si ellos se ‘‘olvidan quiénes eran los que me llamaban a altas horas de la noche a mi residencia o es que se olvidan quiénes desesperadamente nos pidieron que evitáramos el inminente cierre de Importadora Samir en Zona Libre’’.

Igualmente anota Cochez en la carta que ‘‘casi llorando’’ le pidieron en repetidas ocasiones que evitara que los trasladasen al centro penitenciario La Joya, el Renacer o a La Modelo, y que también le llamaban en reiteradas ocasiones los fines de semana a su casa de campo ‘‘para pedirme tal o cual cosa’’.

Consultado al respecto, Cochez advirtió que no acostumbra manejar sus ‘‘asuntos profesionales’’ en los medios masivos de información, y que evitaría hacer comentarios en torno a la aludida publicación.

Interrogado que si su actitud debería ser interpretada como que los documentos referidos eran auténticos, el abogado aseguró no estar en capacidad de negarlo o afirmarlo, porque ‘‘ni siquiera se había molestado’’ en leer la nota. ‘‘No voy a comentar nada al respecto’’, dijo el abogado.

A finales del año pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia condenatoria de 30 meses de prisión contra Walid Zayed, a quien se le acusó de lavar dinero producto del narcotráfico.

Tras culminar una misa de acción de gracias, Zayed expresó su inconformidad con la ‘‘justicia selectiva’’ que opera en Panamá, en referencia a que al ex mandatario Ernesto Pérez Balladares, cuya campaña política fue salpicada por dinero del narcotráfico, se le absolvió, mientras que él fue condenado.


Detienen a director de centro de rehabilitación para drogadictos

JOSE OTERO
jotero@prensa.com

Daniel Henderson Mora, abogado de la Fundación Teen Challenge, explica a los medios de comunicación la forma en que arman una mesa con los desperdicios (proveedores de Mini–Max). Al fondo aparece Camilo Pérez, secretario general de la fundación. LA PRENSA/ Omar Batista

El reverendo Carlos Nieto, director y miembro fundador del centro de rehabilitación para adictos Teen Challenge, y dos de sus asistentes permanecen detenidos tras la incautación realizada por la Policía Nacional esta semana de pertrechos de armas de guerra en dos locales de esta fundación.

Además del reverendo Nieto, también están arrestados Carlos Castillo, encargado del campamento de Teen Challenge en Felipillo, Pacora, y Gabriel Saucedo, uno de los líderes espirituales de esta organización. Los detenidos rendirán una declaración jurada hoy en la Fiscalía Auxiliar.

En un operativo policial realizado este martes en ambos locales de esta fundación, se encontró unos 50 bultos que contenían gran cantidad de piezas y pertrechos para ensamblar subametralladoras “Mini Max”.

Miguel Henderson Mora, abogado de esta fundación, espera que se libere al reverendo Nieto y a sus dos asistentes, toda vez que no se trata de un arsenal, sino simplemente de hierros viejos.

Explicó que los directivos de Teen Challenge desconocían que estos hierros viejos eran piezas de armas de guerra y que, de haberlo sabido, con anterioridad los hubieran devuelto a las autoridades.

Afirmó que los retazos de hierro los utilizaban para fabricar patas de mesas y refuerzos para lámparas y otros artefactos que necesitaban en los distintos campamentos ubicados en el país.

En tanto, Camilo Pérez, secretario nacional de esta fundación, indicó que las piezas las obtuvieron a manera de donación, después de una jornada de limpieza a un local ubicado en La Locería, donde funcionaba la antigua Compañía Istmeña de Ensamblaje S.A. (CIDESA), administrada por el argentino Federico Spengler.

Pérez agregó que recibieron hace un año una llamada anónima que les indicó que podían hacer la limpieza en el local y se podían quedar con una serie de abanicos, lámparas y hierros viejos que resultaron ser las piezas de armas.

Por su parte, Carlos García aclaró que nada tiene que ver con un supuesto tráfico de armas de subametralladoras “Mini Max” hacia la guerrilla colombiana, y en el que se menciona como uno de los responsable al colombiano de origen libanés Ali Zakai Hege Jail. García y Ali Zakai solo mantenían una relación amistosa, y así quedó demostrado en las investigaciones.


Periodista holandés denuncia que Gobierno impide su labor

Corrección contesta que los periodistas violaron las condiciones previamente acordadas con ellos

RAFAEL PEREZ G.
rperez@prensa.com

El periodista holandés Okke Ornstein, de la cadena de televisión RTL4, quien realiza en Panamá un documental sobre la holandesa Tjje Moear, detenida aquí tras vinculársele en el trasiego de la droga ‘‘éxtasis’’, en cuya organización participa presuntamente el panameño Oscar Osorio, también detenido, denunció que funcionarios de Gobierno y Justicia impiden su labor periodística.

Ornstein, según una carta abierta dirigida a las autoridades correspondientes, aseguró que la Dirección de Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno y Justicia le autorizó inicialmente a filmar durante tres días en el Centro Femenino de Rehabilitación bajo ciertas condiciones.

Pese a que se comprometió a presentarles las escenas fílmicas antes de transmitirlas, dijo Ornstein, el permiso le fue retirado después del primer día de filmación, con el argumento de que intentó ‘‘entrar a la prisión durante la noche’’.

Esta razón ‘‘tan ridícula’’, opinó el periodista holandés, es probablemente la razón por la que ‘‘nadie se molestó’’ en notificarle que el permiso le había sido revocado. Contrario a ello, dijo, ‘‘hicieron correr rumores irrisorios en la prisión’’, que no precisó.

Desde entonces, indicó Ornstein, las autoridades encargadas del sistema penitenciario han impedido la continuación del trabajo periodístico. Estas medidas, a su juicio, violan los derechos básicos de una prensa libre.

Ayer Concepción Corro, directora del sistema penitenciario, rechazó las versiones del periodista holandés, y lo acusó de haber intentado filmar durante la noche las instalaciones del Centro Femenino de Rehabilitación, en abierto desafío a las normas de seguridad establecidas en Panamá.

La dirección bajo su responsabilidad, dijo Corro, mantiene buenas relaciones con los representantes de los medios masivos de información de todas las nacionalidades aunque, por asuntos de seguridad, se establecen ‘‘ciertas restricciones’’ al momento de ingresar a los centros penitenciarios.

Corro aseguró que a los periodistas del equipo de Ornstein se les facilitó el permiso respectivo para que llevaran a cabo sus labores. ‘‘Ellos [los periodistas] realizaron no menos de cinco filmaciones del centro’’ y, en una ocasión, se presentaron en horas de la noche con la intención de tomar escenas del penal.

‘‘Abusaron de la oportunidad y facilidades que les brindamos, y no voy a permitir que se hayan dado de vivos. Aquí en Panamá nadie anda con taparrabos’’, replicó Corro, quien insistió en señalar que los periodistas violaron las condiciones previamente acordadas con ellos.


Cancillería dice que destituidos no cumplían requisitos

WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com

Diez de los 17 funcionarios destituidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores no cumplían con los requerimientos que establece la Carrera Administrativa, mientras que el resto era de libre nombramiento y remoción, informó la Cancillería.

Diana Barés Varela, directora de Administración y Finanzas de la Cancillería, dijo a La Prensa que las destituciones se ajustan a recomendaciones de la Dirección de Carrera Administrativa y ninguno de los despedidos pertenece a la Carrera Diplomática, creada mediante Ley 28 del 7 de julio de 1999.

La funcionaria explicó que el 24 de agosto pasado, la Cancillería envió a la Presidencia de la República los decretos para destituir a algunos funcionarios y nombrar a sus reemplazos, en base a la comunicación que hizo la Dirección de Carrera Administrativa sobre el listado de desacreditación y rechazo de recursos de apelación.

A los funcionarios destituidos se les comunicó la medida entre el martes y el miércoles de esta semana. Entre este grupo hay funcionarios que tenían varios años de laborar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una fuente dijo que Xiomara Romero tenía 30 años de ejercer, mientras que Araminta Torres contaba con más de 20 años de antigüedad.

Igualmente Julia Mckay, quien era jefa de la Unidad de Autenticaciones, fue destituida porque no cumplía con los requisitos exigidos para ocupar ese cargo, como contar con más de tres años de experiencia profesional.

Sin embargo, a Carmen Avila, quien por muchos años ha sido la secretaria de los asesores, se le nombró en el puesto de manera permanente, como un reconocimiento al trabajo que ha realizado.

Uno de los decretos deja sin efecto el nombramiento de Carmen Girones como cónsul honoraria en Barcelona, España, designada en ese cargo por el gobierno anterior. Hay casos de funcionarios de Carrera Diplomática como Víctor Manuel Barletta, a quien se le removió de la Embajada de Egipto para trasladarlo a otra posición dentro de la Cancillería.

También se designó a Sara Meliza Montenegro subdirectora de Política Exterior y a Alfredo Castillero Hoyos, director.

Abraham Martínez, quien era el cónsul de Panamá en Cuba desde el gobierno pasado, fue destituido para nombrar en su reemplazo ‘‘a una persona de confianza del Gobierno’’, según Barés Varela.

‘‘Nosotros no botamos [despedimos] a los funcionarios que sirven; estamos botando a la gente que en realidad no tiene funciones’’, respondió Barés Varela, al referirse a varios empleados de la Cancillería que, a pesar de no cumplir con los requisitos de la Carrera Administrativa, permanecen en sus puestos.


Armadores de barcos no podrán cesar a marineros sin causa justificada

Corte declara ilegal artículo del Decreto Ley No.108 del 26 de febrero de 1998

HERMES SUCRE S.
hsucre@prensa.com

El pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo 102 del Decreto Ley No.108 del 26 de febrero de 1998, en el que se autoriza a los armadores a despedir a los marineros sin que medie causa justificada y sin necesidad de preaviso.

Según el pleno, el artículo 102, que preceptúa que el armador podrá dar por terminada una relación de trabajo, por tiempo indefinido, sin que medie causa justa prevista en la ley, es una norma que transgrede de forma inequívoca no solo preceptos básicos en materia laboral, sino el elemental principio de supremacía constitucional.

La consulta de inconstitucionalidad fue presentada ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia por la abogada Berta Alicia Aguirre, presidenta de la Junta de Conciliación y Decisión No.3. Dicha consulta se hizo dentro del proceso laboral que adelanta ese tribunal tripartito, instaurado por Edgardo Rivera Rosales contra Naviera Viceitas, S.A.

El artículo 102 impugnado señala que ‘‘en las relaciones de trabajo en naves de pesca y de servicio interior, el armador podrá dar por terminada la relación de trabajo por temporada o por tiempo indefinido, antes de su expiración natural o la relación de trabajo por tiempo indefinido, sin que medie causa justificada prevista por la ley y sin necesidad de preaviso, pagando al tripulante la indemnización señalada en el artículo 56 del presente Decreto Ley’’.

La consulta de Aguirre plantea la posible infracción del artículo 70 de la Constitución Nacional, que dispone lo siguiente:

‘‘Ningún trabajador podrá ser despedido sin causa justa y sin las formalidades que establezca la ley. Esta señalará las causas justas para el despido, sus excepciones especiales y la indemnización correspondiente’’.


Bajan precios de la gasolina y el ‘diesel’

La rebaja se aplica desde hoy y deberá mantenerse hasta el 18 de octubre

MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com

Todos los precios de los combustibles bajaron, según un informe oficial que precisa que el galón de las gasolinas con plomo, sin plomo y regular disminuyó 8 centésimos, mientras que el galón de diesel bajó 5 centésimos.

Esta variación se refiere a los precios que ofrece Refinería Panamá, S.A. a las cinco petroleras que distribuyen los derivados del petróleo, lo que debe traspasársele a las estaciones de gasolina y éstas, a su vez, al público consumidor.

La variación debe hacerse efectiva desde hoy, 5 de octubre, y debe mantenerse hasta el próximo día 18.

Algunos usuarios han expresado su molestia porque las estaciones solo cambian los precios cuando suben, pero cuando bajan no traspasan la rebaja al consumidor con la excusa de que tienen en reserva combustible comprado más caro.

Las autoridades han explicado que la rebaja debe hacerse prácticamente de manera voluntaria de parte de los dueños de las estaciones, porque en Panamá se liberó el mercado de combustibles en 1991.

También el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Refinería han recomendado a los consumidores ahorrar combustible y preferir aquellas estaciones que ofrezcan los mejores precios.

A nivel internacional, el precio del petróleo bajó de nuevo ayer en el mercado de Nueva York al aumentar las reservas en Estados Unidos y empezar la administración a colocar los barriles de crudo de la reserva estratégica que prometió entregar.

El precio para noviembre de los contra del Petróleo Intermedio de Texas, que es el de referencia en Estados Unidos, bajó ayer 0.64 centésimos de dólar hasta los 31.43 después de perder 11 centésimos el día anterior.

Con ello, el precio del crudo se encuentra ya 6 dólares por debajo de los máximos en 10 años que marcó hace dos semanas, antes de que el presidente Bill Clinton decidiera poner a la venta parte de las reservas estratégicas del país para mejorar la situación.


Envían a La Joya a detenidos por caso de armas

JOSE OTERO
jotero@prensa.com

Al centro penitenciario La Joya, en Pacora, fueron enviados 15 detenidos vinculados a las incautaciones de armas de guerra ocurridas en septiembre pasado en Chame y Colón, informaron ayer fuentes policiales.

Mientras que la única mujer detenida por este caso, la panameña María de Jesús Nicota, fue trasladada al Centro Femenino de Rehabilitación.

Una fuente oficial señaló que los detenidos fueron ubicados en celdas de alta seguridad, localizadas en La Joyita y en La Joya. Estos estaban detenidos en la prisión preventiva de la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP).

El primero de los operativos se realizó el 8 de septiembre en Chame, donde se incautaron 270 fusiles AK–47 y hubo nueve detenciones; luego en Salamanca y Zona Libre en Colón se encontró otro arsenal bélico, y en un tercer allanamiento en Arraiján se descubrió otro lote de armas de guerra.

Cuatro personas implicadas en esta investigación continúan prófugas de la justicia.


Solicitan al Gobierno que revise nombramientos diplomáticos

GIONELA JORDAN V.
gjordan@prensa.com

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa solicitará al canciller, José Miguel Alemán, una reunión para conversar sobre la puesta en práctica de la Ley No.28 de 1999 que establece la carrera diplomática y consular, la que, a pesar de haberse aprobado hace más de un año, no se ha implementado.

Docentes, estudiantes y representantes del Colegio Nacional de Diplomáticos de Carrera participaron ayer en una reunión con los comisionados de Relaciones Exteriores de la Asamblea donde, entre otras cosas, pidieron al Gobierno hacer una revisión de los nombramientos de personal subalterno que labora en las sedes diplomáticas y consulares para que se conozca ‘‘quién está al margen de la ley’’.

Bolívar Perigó, director de la Escuela de Relaciones Exteriores de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá, indicó que ‘‘debe revisarse el personal subalterno para que se conozca quién está al margen de la ley, [para que] la Presidencia de la República los declare insubsistentes’’.

Destacó que los nombramientos políticos en el servicio exterior únicamente son permitidos por la referida disposición a nivel de los jefes de misión, por lo que el personal subalterno no debe incluirse en esa categoría, porque para eso está ‘‘la Escuela de Relaciones Internacionales formando el personal’’.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea, Héctor Alemán, manifestó que esa dependencia transmitirá al canciller de la República –quien tiene la potestad de tomar las decisiones al respecto– las propuestas surgidas durante el desarrollo del citado encuentro.

La Ley 28 precisa que el ingreso a la carrera diplomática y consular se hará a partir de la categoría del tercer secretario por medio de concurso público, en el que solo podrán participar quienes tengan título universitario en relaciones internacionales.

Agrega que en el caso de otras profesiones con título universitario, los interesados deberán tener post–grado en relaciones internacionales, ciencias políticas, derecho internacional o comercio internacional.


TE analiza caso de Joaquín Vásquez

MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) analizan si hay méritos para indagar al representante de Ancón, Joaquín Vásquez, por solicitud del fiscal electoral, Gerardo Solís, y como parte de la investigación sobre supuesto traslado ilegal de unos 140 electores en las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en 1999.

Consultado acerca del estado de esta investigación, Solís dijo que solicitó la indagatoria de Vásquez, pero su representante legal, el abogado Mario Velásquez, presentó un recurso de ‘‘incidente de controversia’’ para evitar que su cliente vaya a declarar.

Sin embargo, Solís explicó que se presume que las personas que hicieron cambio de residencia fueron instigados por Vásquez, y que como fiscal tiene la facultad de ordenar su conducción y practicar la diligencia de indagarlo, pero esperará la decisión del tribunal por ‘‘cortesía profesional’’.

Por su parte, Vásquez minimizó la investigación del fiscal Solís y aseguró que forma parte de una campaña que intenta empañar su imagen que comenzó cuando comparó, ante los medios de comunicación, al ex presidente Ernesto Pérez Balladares con el ex mandatario Guillermo Endara.

‘‘Cuando Pérez Balladares envió una carta pública para achacarle a Martín Torrijos la derrota del 2 de mayo, yo fui el único que salió a defenderlo’’, aseguró.

‘‘Mi puesto no está en duda, yo gané con más de 2 mil votos en las elecciones de 1999 y por más de 600 votos el 25 de octubre en las primarias del PRD y, por lo tanto, estos 144 votantes, aunque queden inhabilitados no modificarían el resultado’’, expresó el representante Vásquez.

El edil dijo que 100 de esos votantes, que supuestamente votaron en Ancón siendo de otro distrito, ya demostraron que residían en el lugar o que tenían algún vínculo porque estudian, trabajan o tienen familiares en el lugar.

En tanto, los restantes 44 todavía no han sido citados a declarar, según Vásquez, por lo tanto ‘‘no ha habido ni un solo llamamiento a juicio porque no han encontrado ningún motivo’’.

Vásquez señaló que la Fiscalía Electoral tiene más de 2 mil expedientes en investigación, pero al parecer ‘‘solo mi caso es noticia’’, en referencia a que el fiscal se ha pronunciado solo sobre esta investigación en los medios de comunicación.


Transportistas temen perder sus buses si no se aumenta el pasaje

MARIO A. MUÑOZ
andresm@prensa.com

Dirigentes transportistas reunidos ayer en asamblea general analizaron las consecuencias de no poder aumentar el pasaje a un precio unificado de 25 centésimos, y algunos expresaron su temor de perder los buses al no poder pagar las letras de sus préstamos.

‘‘Estamos comenzando a perder buses a manos de las financieras porque algunos transportistas no pueden cumplir con sus pagos’’, expresó el secretario de organización del Sindicato de Conductores del Transporte Colectivo (SICOTRAC), Aristides Wilson.

Las agrupaciones de transportistas reunidas en la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA), prevén entregar hoy al ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, un informe que sustenta la unificación del pasaje a 25 centésimos, informó el secretario de defensa, Esteban Rodríguez.

Consultado sobre qué medidas tomarán los transportistas si el Gobierno rechaza la propuesta, Rodríguez dijo que esperarán 15 días para que el Ejecutivo se pronuncie y entonces decidirán qué hacer.

Rodríguez expresó su agradecimiento a algunos usuarios que de manera voluntaria están pagando 25 centésimos para solidarizarse con la causa de su gremio, porque, según dijo, ‘‘son personas conscientes de cuánto costaban las cosas hace 20 años y cuánto cuestan ahora’’.

Los transportistas chiricanos también quieren aumentar sus pasajes.

Según el presidente de la Terminal de Transporte de Chiriquí, Neftalí Guerra, desde hace 20 años no se revisa la tarifa en esa provincia y ya se hizo un estudio técnico que respalda un aumento de unos 30 centésimos en cada una de las rutas.

Los problemas de los transportistas de Chiriquí se refieren a la competencia de parte de personas que han recibido hace poco cupos de operación, el incremento del diesel que actualmente se acerca a los 2 dólares el galón y otros gastos.


Alcaldía saneará su cartera morosa

HERMES SUCRE S.
hsucre@prensa.com

El alcalde de Panamá, Juan Carlos Navarro, contratará los servicios de la empresa Transtools S.A. para recuperar la cartera morosa que mantienen los contribuyentes del municipio capitalino hasta el 31 de agosto de 1999, que asciende a 83 millones de dólares.

Navarro fue autorizado por el Consejo Municipal para hacer una contratación directa con Transtools, la única compañía que, según la comisión evaluadora del acto público convocado el pasado 8 de septiembre, llenó los requisitos para lograr la recuperación de la cartera morosa (impuestos, contribuciones, gravámenes).

El proyecto de acuerdo presentado por el alcalde tiene el propósito de suscribir un contrato de seis meses prorrogables. Entre las empresas que participaron en el acto público de presentación de cotizaciones figuran la sociedad Rivera, Bolívar y Castañedas, Transtools, S.A., Solcomsa y Gestión, y Recobros, S.A.

Según el artículo 4 de la Ley No.106 del 8 de octubre de 1973, modificado por las leyes No.52 de 1984 y el Decreto Ley No.21 del 21 de septiembre de 1989, el alcalde está facultado para adquirir bienes y servicios, siempre que esté autorizado por el Consejo Municipal.

Por otro lado, el Consejo Municipal aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo presentado por el alcalde Juan Carlos Navarro, en el que solicita contratar directamente la adquisición del edificio condominio Hatillo para reubicar la Alcaldía de Panamá y demás dependencias municipales.

El alquiler de las 39 fincas que componen el edificio Hatillo, ubicado entre las calles 35 y 36 en Avenida Justo Arosemena, se daría bajo la modalidad llave en mano, en la que el arrendatario pasa a ocupar directamente el bien inmueble arrendado.

 
     

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