Una prolongada desavenencia salarial

Sin acuerdo, trabajadores y empresarios dependen, ahora, de la decisión del Gobierno para fijar el salario mínimo

DEIDAMIA BATISTA C.
dbatista@prensa.com

No bastaron siete meses de negociaciones para que trabajadores y empresarios lograran un consenso. Pasada la fecha límite y sin un acuerdo entre ambas partes, corresponderá ahora al Ejecutivo fijar el salario mínimo.

Ello, sin embargo, no parece contentar a todos, especialmente después de que Mireya Moscoso declarara el pasado jueves que no será de 500 dólares.

Pero aun cuando haya pasado el ‘‘peligro’’ de que se impongan los 500 dólares, con el efecto inmediato que ello podría tener en una posible reducción de personal, las cosas no terminan de aclararse. Y es que, como quien dice, ‘‘lo mejor –o lo peor– está por venir’’.

Los trabajadores, tras conocer la decisión de Moscoso, anunciaron una serie de protestas a partir de hoy, lunes, y aún queda pendiente el paro laboral del próximo 26 de julio.

Los empresarios, por su parte, no se animan a cantar victoria, porque tampoco saben de cuánto será el aumento que determine el Gobierno.

Aun cuando el Ejecutivo rechace –como ya hizo Moscoso– la propuesta inicial de los trabajadores, hay empresas de mano de obra intensiva que no soportarían en sus finanzas ni siquiera un incremento salarial del 10%.

Según muchos empresarios, las implicaciones económicas de un incremento mayor a lo pactado en 1998 (8 centavos por hora) serían ‘‘catastróficas’’, especialmente para el sector servicios.

En resumidas cuentas, ‘‘el trauma que va a causar la imposición de un salario mínimo [por parte del Gobierno] va a ser muy grande’’, opinó Manuel Paredes, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá.

Los perjudicados

Como se sabe, la semana pasada un grupo de dirigentes sindicales y ocho capítulos de la Cámara de Comercio –que no incluye al capítulo de Panamá– presentaron al Gobierno un documento en el cual proponen un aumento salarial que oscila entre uno y 12 centavos la hora.

Pero para empresas como Prosegur, que destina el 90% de sus costos operacionales en el pago de salarios, un aumento salarial de sólo un 8% pondría en jaque sus estados financieros. Y es que, de los mil 600 trabajadores que tiene esta agencia de seguridad, un 70% recibe el salario mínimo, que es de 224 dólares mensuales.

‘‘Nuestro ‘producto’ es el guardia [de seguridad]. Nosotros no generamos nada más que seguridad’’. Por ello, un aumento en el salario mínimo repercutiría ‘‘inmediatamente’’ en un ajuste en las tarifas del servicio. ‘‘Si el cliente no acepta nuestras nuevas tarifas, tendremos que reducir personal’’, subrayó José Vivas de Prosegur.

Este sector emplea a unas 15 mil personas en el país. El 10% trabaja en Prosegur. Para Vivas, un aumento de un 14% o de un 123% podría ser ‘‘igual de caótico’’, porque los estados financieros de la empresa, que el año pasado facturó 10.4 millones de dólares, registran una ganancia neta de apenas un 2.8%.

‘‘Si yo moviese una ganancia del 25% o 30%, y me aumentan el salario en un 14%, podría decir: ‘okey’’. Pero cualquier empresa que tenga un margen de ganancias por debajo de lo que vaya a representar el aumento, al tiempo que sus gastos operativos se vayan sobre todo en personal, como Prosegur, ‘‘no lo podría afrontar’’.

Industrias Everfit, con 226 trabajadores, es otra empresa intensiva de mano de obra que se puede ver en apuros.

La empresa, líder en la confección de medias y calcetines en Panamá, destina un 40% de su producción a la exportación y tiene entre 30 y 50 trabajadores que reciben un salario mínimo. De darse un aumento salarial mayor al 8% –dijo Joe Esses, gerente de la empresa–, no sólo tendrá que prescindir de ese grupo de personas, sino que, además, los problemas económicos de la empresa podrían recaer sobre el resto del personal.

‘‘Nosotros no podemos recibir un [aumento del] 18% o 19% de costos laborales sin hacer cambios drásticos. Esos cambios drásticos –explicó Esses– podrían ser reducción de personal e incluso sustitución de producción por importación’’.

En la industria hotelera, otro sector que depende mucho de la mano de obra, la situación no parece ser mejor.

Una espinosa decisión

Fijar el salario mínimo, al mismo tiempo que complace a obreros y patronos por igual, hará pasar un mal rato al Gobierno

DEIDAMIA BATISTA C.
dbatista@prensa.com

Los voceros del sector hotelero, además de no estar de acuerdo con la propuesta de los trabajadores, consideran que, debido a que sus costos laborales son más altos que en otras industrias, se les debe excluir de cualquier aumento en el salario de mínimo.

De los 10 mil trabajadores que laboran en el sector hotelero, entre un 30% y un 40% reciben salario mínimo. Ello –según Eric Paz, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL)– significa que ‘‘un 30% de la planilla se va a reducir’’.

Paz va más allá. Como dueño del hotel del Valle de Antón, dada la baja ocupación actual, este empresario vive en carne propia la incertidumbre que significa no saber cuánto aumentará el salario mínimo. De los 12 empleados que laboran en su hotel, ocho devengan un salario mínimo. ‘‘Con una ocupación del 30% –aseguró–, no podría afrontar el aumento del salario mínimo’’.

La industria hotelera, que tiene ‘‘particularidades muy propias’’ –trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año–, no está atravesando uno de sus mejores momentos. En 1999, por ejemplo, la ocupación de las habitaciones fue de un 47%. El porcentaje representa un bajón considerable, si se considera que en 1996 la ocupación fue del 78%. No es que haya descendido el número de visitantes, al revés; lo que pasa es que ha aumentado aún más la cantidad de habitaciones disponibles. Pero esa es otra historia.

Este año no es muy prometedor tampoco. En el primer trimestre ha habido una disminución de la ocupación del 5.3%, en comparación con el mismo periodo del año pasado. De modo que, con un aumento de salario mínimo al acecho, pocas parecen ser las posibilidades de recuperación.

Los directivos de APATEL han calculado el efecto que tendría cualquier aumento en el salario mínimo. Por ejemplo, en un hotel de cuatro o cinco estrellas, con 200 ó 300 habitaciones y un 70% de ocupación, un aumento de salario mínimo de un 100% o 50% le dejaría pérdidas de un 18.8% y 6.9% en sus ingresos antes de impuestos. Por contra, en un hotel con un 55% de ocupación,

con un incremento salarial del 2%, las pérdidas serían de un 2.6% antes de impuestos.

Lo que se espera

Tanto Manuel Paredes, como los empresarios Jorge Vivas, Eric Paz y Joe Esses están de acuerdo en que los trabajadores merecen un aumento de salario. Pero –según Esses–, ‘‘un aumento por arriba del 8% no podría ser absorbido por la economía en estos momentos’’.

Según algunos economistas, la economía no creció en el segundo trimestre del año, con lo que el país podría estar al borde de una recesión. El Gobierno, sin embargo, es más optimista. Espera que al final de año la economía crezca en un 4%. En Panamá, la tasa de desempleo afecta al 11.6% de la población económicamente activa (PEA), según datos oficiales. En tanto, el 37.1% de los panameños vive en condiciones de pobreza, y el 21.6%, en extrema pobreza. (Ver cuadro).

‘‘Yo no puedo vivir con 224 dólares [de salario mínimo actual], pero me quito el sombrero ante la gente que lo hace’’, dijo Paredes. ‘‘Creo –agregó– que a esas personas hay que ayudarlas, pero no puedes ayudarlos a costilla del resto de la sociedad’’.

Y estas personas son muchas. En 1999, de los 391 mil asalariados del sector privado, unos 137 mil reciben un salario inferior a 250 dólares mensuales, lo que representa un 35% del total de trabajadores en la empresa privada, según datos del Ministerio de Trabajo.

Tras el fracaso de las negociaciones entre trabajadores y empresarios –en 40 años de conversaciones solo una vez, en 1998, ambas partes han logrado llegar a un acuerdo–, solo queda esperar la decisión del Ejecutivo. Al respecto, los entrevistados coincidieron en señalar que se debe dar un aumento en el salario mínimo que no exceda el 8%, es decir, unos 240 dólares mensuales.

Pero en el momento de fijar el salario mínimo, el Gobierno debe ser consciente de que el problema principal de este país no es el que tiene un empleo, sino el que carece de él, opina Esses. ‘‘Lamentablemente, ese grupo no participó en las negociaciones’’.

Las listas y la letra de la ley

Carolina Freire
cfreire@prensa.com

No en una ni en dos, sino en tres ‘‘listas negras’’ internacionales es que figura Panamá como país no cooperador en la lucha contra el blanqueo. Y aunque cuenta, según algunos, con las leyes adecuadas para hacer frente al problema, todavía está por detener y juzgar a algún ‘‘lavador’’ o desarticular una red de lavado. Después de ser señalado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como un país ‘‘no cooperador’’ en la lucha contra el lavado de dinero y por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos como ‘‘deficiente’’ en la prevención de dicha actividad ilícita, ahora Panamá figura en una nueva lista.

El Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó un análisis el pasado miércoles sobre el lavado de dinero producto del narcotráfico en América Latina, y señaló que el problema afecta principalmente a siete países. Uno de ellos es Panamá.

A medida que se acumulan las acusaciones, hay quienes aseguran que Panamá es uno de los países más avanzados en materia legislativa contra el lavado de dinero. Por lo menos eso opina Ricardo Alba, autor del libro Programa y Manual Uniforme para la Prevención del Lavado de Dinero en Panamá, quien asegura que ‘‘las normas legales establecidas por [Panamá] cubren aproximadamente 25 aspectos del combate al lavado de dinero’’, por lo cual el país está ‘‘a la altura de los países más avanzados del mundo en esta materia’’.

Las normas

Entre las reglamentaciones antilavado de mayor trascendencia está el deber –impuesto por el Decreto Ejecutivo 486 de 1994– de los abogados que brindan servicios de incorporación y administración de sociedades anónimas (S.A.) de practicar la ‘‘diligencia debida’’ previo a la incorporación de sociedades a clientes nacionales y extranjeros. La norma requiere el ‘‘conocimiento del cliente’’ por parte de los abogados, con el fin de identificar adecuadamente a los individuos o personas jurídicas que requieren de sus servicios, conocer el origen de sus fondos y analizar las transacciones que realizan. De iniciarse una investigación, el abogado panameño tiene el deber de revelar la información relacionada con la sociedad escrutada, so pena de desacato.

Asimismo, la ley No.46 de 1995 exige a los bancos ejercer ‘‘diligencia debida’’, identificar a los clientes bancarios y solicitarles información sobre depósitos, retiros o cambios de dinero en efectivo o instrumentos monetarios.

De acuerdo con esta misma ley, los bancos y las instituciones financieras deben advertir sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero por parte de sus clientes y, en caso justificado, reportar estas transacciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), creada mediante el Decreto Ejecutivo No.136 del 9 de junio de 1995 para la prevención del delito de lavado de dinero producto del narcotráfico.

En lo referente a las instituciones bancarias, la Superintendencia de Bancos debe asegurar el cumplimiento de estas normas.

Según Alba, las normas legales sobre el tráfico ilegal de drogas y delitos conexos, como el blanqueo, ‘‘han reforzado el esfuerzo de colaboración judicial entre Panamá y otros países, por la vía bilateral o multilateral’’.

Aquellos instrumentos de colaboración judicial incluyen el intercambio de información entre organismos de investigación policial, como es el caso de la afiliación en INTERPOL, a través de la Policía Técnica Judicial (PTJ). Por su parte, la Procuraduría General de la Nación está obligada a brindar asistencia judicial internacional debido a sus compromisos multilaterales como la Convención de la ONU contra el tráfico de drogas ilícitas y substancias sicotrópicas –Convención de Viena– ratificada por Panamá mediante la ley 20 de diciembre de 1993.

En el campo de esta colaboración, Panamá ha acordado Tratados de Asistencia Legal Mutua con Estados Unidos, el Reino Unido, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay y los países de Centroamérica con el objetivo de agilizar las solicitudes de colaboración jurídica internacional cuando se trata de delitos de drogas.

Sin embargo, como se sabe, el procurador, José Antonio Sossa, se ha negado a investigar casos como el del empresario Marc M. Harris o el ex candidato presidencial Alfredo Oranges, ambos vinculados por entidades de inteligencia extranjeras con lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Proyectos de ley antilavado

El congreso de EU ha propuesto varios proyectos de ley para reforzar la lucha contra el lavado de dinero

Redacción de La Prensa
negocios@prensa.com

Aunque es difícil determinarlo con exactitud, se calcula que cada año 100 mil millones de dólares derivados del narcotráfico se ‘‘lavan’’ solamente en el sistema financiero estadounidense.

Con el fin de presionar a los centros financieros internacionales para que combatan el lavado de dinero con más seriedad, desde el año pasado varios proyectos de ley han sido presentados en el congreso estadounidense para imponer restricciones a transacciones que bancos en Estados Unidos pueden realizar con bancos en los llamados ‘‘centros financieros off–shore’’.

Ley contra el lavado internacional de dinero

El subsecretario de Tesoro, Stuart Eizenstat, presentó un proyecto de ley ante el congreso norteamericano el pasado mes de marzo que –de ser aprobado–permitirá a Estados Unidos castigar a países que a su criterio sean ‘‘demasiado laxos’’ en su política contra el lavado de dinero.

La ley contra el lavado internacional de dinero [International Counter–Money Laundering Act] prohibirá a las instituciones financieras estadounidenses mantener cuentas en países que sean destinos o centros de lavado de dinero.

La ley pone a disposición del secretario de Tesoro una serie de ‘‘herramientas flexibles’’ que puede emplear de manera ‘‘escalonada’’ y ‘‘gradual’’ contra estos países.

Estas medidas son, de menor a mayor severidad:

* Elaborar una lista anualmente con aquellos países e instituciones de ‘‘preocupación primaria’’ en el lavado de dinero.

* Requerir informes más completos sobre transacciones con el país o la institución en la lista.

* Requerir que se identifique a las personas que usan cuentas [payable through] pagaderas a través de un banco extranjero.

* Requerir que se identifique a las personas que usan cuentas de corresponsalía de un banco extranjero.

* Prohibir o restringir que instituciones financieras estadounidenses abran o mantengan cuentas de corresponsalía con los países o instituciones financieras de un país considerado centro de lavado de dinero.

Aunque Panamá no es considerado por el Congreso como una ‘‘fuente prominente de fondos ilícitos’’ –como Rusia, Colombia, México, Nigeria, Dominica, Lichtenstein, Chipre y Nauru–, ha sido catalogado por el Departamento de Estado como un ‘‘paraíso tributario’’ de larga trayectoria, y un país de ‘‘preocupación primaria’’ con respecto al lavado de dinero.

Ley de integridad bancaria y prevención del lavado de dinero

Este proyecto de ley propuesto por cuatro representantes demócratas tiene como objetivo eliminar el lavado de dinero del sistema bancario privado y obligar al Departamento de Tesoro a tomar medidas en contra de países donde haya una concentración de actividades de lavado de dinero.

La ley propone fortalecer el papel de la Policía estadounidense en el curso de las investigaciones criminales al exigir a las instituciones financieras estadounidenses que mantengan documentación acerca de las cuentas off–shore.

También duplica las sanciones –ya sean de multa o encarcelamiento– para los crímenes de lavado de dinero.

Acta de Designación de Narcotraficantes Extranjeros (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act)

Esta ley –aprobada por el presidente Bill Clinton el 3 de diciembre de 1999– figura entre los esfuerzos más recientes por parte del Gobierno estadounidense de controlar el lavado de dinero. La ley castiga a los narcotraficantes atacando sus fuentes de ingresos y frustrando sus esfuerzos por lavar las ganancias del narcotráfico.

Esta ley requiere que el presidente presente al Congreso una lista de los traficantes internacionales de droga más peligrosos en junio de cada año.

Además, prohíbe a estadounidenses y a extranjeros residentes en ese país realizar transacciones de negocios o financieras con los sujetos incluidos en la lista. Finalmente, requiere el bloqueo de activos en Estados Unidos vinculados a los narcotraficantes y sus organizaciones.

El incumplimiento de la ley se traduce a sanciones de hasta 10 años en prisión y multas de 10 millones de dólares.

Siguen los ataques a los ‘paraísos’

Mientras jurisdicciones como la de Islas Caimán se pliegan a las exigencias de la OCDE, Panamá comienza a dar tímidos pasos para evitar sanciones

Redacción de La Prensa
negocios@prensa.com

Estados Unidos, que encabeza una campaña internacional contra el lavado de dinero, dio esta semana orden a sus instituciones financieras de que mantengan ‘‘un escrutinio severo’’ sobre sus transacciones con 15 países y territorios –entre ellos Panamá– considerados ‘‘poco colaboradores’’ en la lucha contra el blanqueo.

Las advertencias, divulgadas por la división contra delitos financieros del Departamento del Tesoro de EU, parecen ser la primera medida dentro del esfuerzo estadounidense. El Congreso también está considerando una nueva legislación, que posiblemente incluya sanciones contra bancos y países que permitan a los ‘‘capos’’ del narcotráfico ocultar sus fortunas.

El anunció coincidió con una reunión en Japón del Grupo de los 7 (G–7), que incluye a las naciones más desarrolladas del mundo, en la que se pidió reducir las transacciones con aquellas naciones que tienen regulaciones flojas contra el lavado de dinero y movimientos de dinero de dudosa procedencia.

En los últimos dos años, se han formulado advertencias de ese tipo, una en 1996, contra las islas Seychelles, y la otra el año pasado –y que todavía está vigente– contra Antigua y Barbuda.

Los 15 países fueron incluidos en una ‘‘lista negra’’ divulgada el 22 de junio por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que es un ente especializado en combatir el lavado de dinero y que forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además de Panamá, en la lista también está el Líbano, las Islas Cook, Filipinas, las islas Marshall, Nauru, Niue, Dominica, St. Kitts y Nevis, las Bahamas, las Islas Caimán y San Vicente y las Granadinas.

La OCDE confeccionó una segunda lista de 35 paraísos fiscales, a los que les ha dado un ultimátum para que cambien su legislación y reformen sus sistemas fiscales. Los países caribeños también constan de forma prominente en esta lista de advertencia.

Entretanto, un análisis sobre blanqueo de dinero producto del narcotráfico en América Latina divulgado esta semana por la OEA pone a siete países –entre ellos, Panamá– entre los afectados. Los otros son México, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela y la República Dominicana.

Se trata de un trabajo del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la OEA (Organización de Estados Americanos).

El informe observa que Panamá, vecino de Colombia, ‘‘necesita demostrar la efectividad de su política contra el lavado del dinero con el encausamiento de los acusados, a ninguno de los cuales se les ha sometido a juicio en los últimos tres años’’.

Los territorios reaccionan

Por ahora, los territorios evaluados por el GAFI –que tuvieron oportunidad de negociar con el organismo– han reaccionado de formas diferentes.

Algunas jurisdicciones offshore quedaron fuera de las ‘‘listas negras’’ tras plegarse a sus exigencias. Entre estas, por ejemplo, levantar la protección del secreto bancario de clientes sobre los que existen sospechas de evasión de impuestos en Estados Unidos a partir del 2003.

En estas jurisdicciones existía el temor de que las medidas sembraran el pánico entre sus inversionistas; pero las autoridades de las Islas Caimán, por ejemplo, salieron al paso diciendo que sus 580 bancos no dependen de los depósitos de los evasores, y mucho menos de los narcotraficantes o lavadores, como informa The Wall Street Journal. El centro bancario de estas islas maneja 500 mil millones de dólares.

La concesión realizada por estas jurisdicciones marca un hito en la batalla –que ya dura años– de Estados Unidos y Europa contra sus evasores de impuestos, proclama el diario. Para las Islas Caimán y las otras cinco jurisdicciones que se han plegado significa ‘‘una apuesta calculada’’ de que estar en el lado de ‘‘los buenos’’ será excelente propaganda, y de que sus competidores no tendrán otro remedio que seguirles.

Por el momento, un abogado comentaba que la noticia de la imposición de una regulación más dura en las seis jurisdicciones competidoras ha caído muy bien en algunos sectores en Panamá. Cuando se supo que éstas se habían plegado a las exigencias de dichas organzaciones en el Caribe –dijo–, ‘‘algunos clientes comenzaron a dar vueltas como pollos descabezados’’.

La inclusión en las ‘‘listas negras’’ ha suscitado, entretanto, muchas quejas, pero pocas propuestas dirigidas a evitar sanciones.

Esta semana hubo una reunión preliminar en la que participaron abogados, jueces, funcionarios públicos y banqueros, durante la que se expusieron diversos puntos de vista. ‘‘La solución no es rechazar la medida [la condena internacional]’’, dijo José Javier Rivera, de la firma Rivera, Bolívar & Castañeda. ‘‘Debemos detectar cuáles son las áreas débiles, tomar nota de lo que están haciendo los demás países y buscar un acercamiento con estas instituciones’’.

Centroamérica y Panamá agilizan negociaciones

La tercera ronda se extenderá hasta el miércoles

SAN JOSE, Costa Rica. (ACAN-EFE). –Panamá y sus vecinos de Centroamérica comenzarán hoy lunes, en San José, la tercera ronda de negociaciones para suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC) y crear una zona de 34 millones de habitantes que el año pasado concretó exportaciones por más de 18 mil millones de dólares.

En San José, se espera consolidar el ‘‘relanzamiento’’ del TLC entre Centroamérica y Panamá, y cuyas negociaciones de su componente normativo se espera estén concluidas antes de fines de año, declaró ayer a ACAN-EFE, Amparo Pacheco, jefa de Negociaciones del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX).

‘‘Esperamos un avance sustancial’’ en las negociaciones, que incluye, entre otras, disposiciones sobre reglas de origen y procedimientos aduaneros, inversiones, servicios, compras del sector público, medidas antidumping, medidas sanitarias y fitosanitarias y mecanismos de solución de controversias’’, explicó Pacheco.

La tercera ronda, en la que participan los equipos técnicos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, comenzará el lunes en un hotel de la capital costarricense y se extenderá hasta el miércoles, cuando se reúnan los viceministros de Comercio de la región.

La nueva cita en San José tiene como base el texto del TLC que Centroamérica negoció con Chile, suscrito por los presidentes en octubre pasado en Guatemala, y se procurará ‘‘alcanzar un libre comercio de manera inmediata’’, con un listado de productos que serán excluidos del convenio por cada país, explicó Pacheco.

Según el esquema de negociaciones, los aspectos normativos serán negociados de manera conjunta (en bloque centroamericano), pero el acceso a mercados se hará de manera bilateral.

El hecho de que se trate un texto muy similar al que los centroamericanos negociaron con Chile y con República Dominicana, hace prever un ‘‘avance ágil’’ de las conversaciones, lo mismo que la reciente suscripción de un TLC entre Guatemala, Honduras y El Salvador con México.

El objetivo de la reunión en San José ‘‘será lograr un avance integral del Tratado y concretar resultados específicos en la mayor cantidad de capítulos posible’’, dijo el COMEX.

Fuentes de ese Ministerio recordaron que las economías de Panamá con sus vecinos centroamericanos son complementarias, por el gran desarrollo de los servicios (financieros, telecomunicaciones, transportes) en Panamá, y la producción agrícola centroamericana que puede ser colocada en su socio dueño del Canal interoceánico.

En julio de 1998, los países centroamericanos acordaron junto con Panamá un calendario y metodología tendentes hacia una negociación para un TLC, pero el proceso decayó, y finalmente fue suspendido por Panamá.

Al llegar al Gobierno la nueva presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, definió a Centroamérica entre sus prioridades de relaciones comerciales, por sobre las negociaciones que ese país tenía planteadas con México y Chile.

Tras el ‘‘relanzamiento’’ de las conversaciones comerciales, la primera ronda se realizó en abril pasado en Guatemala, y la segunda en junio último en Panamá.

La reunión en San José superó un primer obstáculo, un problema de ingreso a las exportaciones lácteas de Costa Rica a su vecino Panamá y que amenazó con retrasar las negociaciones del TLC.

El ministro costarricense de Comercio Exterior, Tomás Dueñas, dijo el viernes que el anuncio panameño de remover los obstáculos a las exportaciones de leche ‘‘allana’’ las negociaciones para un TLC que comenzarán en San José.

México impulsa tratados de libre comercio

Iniciará el siglo con nueve tratados y 800 millones de consumidores

MEXICO. (EFE). –México comenzará el nuevo siglo con nueve tratados de libre comercio con 27 países y el acceso a un mercado potencial de 800 millones de habitantes en el mundo.

Este país es el único con acceso preferencial a los mercados más grandes del mundo, lo mismo en Norteamérica que en Europa, y con nueve naciones de América Latina y uno en Oriente Medio.

Las autoridades mexicanas confían en que los beneficios y oportunidades que brindarán los tratados comerciales permitan invertir recursos para solucionar problemas sociales y combatir la pobreza.

Los acuerdos darán buenos resultados en la medida en que los empresarios de México, Europa, América e Israel exporten e importen mercancías y servicios y hagan inversiones para abrir nuevas fuentes de empleo, coinciden los analistas.

El pasado 1 de julio entraron en vigor los acuerdos que México firmó con la Unión Europea (UE) e Israel, los cuales permiten a los empresarios mexicanos vender sus productos en un mercado de unos 382 millones de consumidores con un alto poder adquisitivo.

‘‘México tiene una profunda relación histórica con las naciones que integran la UE, región que constituye uno de los mercados más grandes del mundo’’, afirmó ayer sábado el presidente mexicano, Ernesto Zedillo.

Agregó que los nueve tratados comerciales que ha suscrito su país en los últimos años contribuirán al crecimiento de la economía mexicana, la creación de más empleos y el alza de las exportaciones.

‘‘México entrará al siglo XXI con reglas claras para el libre comercio con 27 países que, en conjunto, fabrican más de la mitad de todo lo que se produce en el mundo’’, destacó Zedillo.

La seriedad de sus empresarios, la calidad de sus trabajadores y la consolidación de la economía mexicana han fortalecido la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, indicaron analistas.

Según Zedillo, en los últimos años su país ha intensificado su participación en los mercados mundiales mediante el libre comercio.

‘‘México dejó de ser una economía muy cerrada’’ para convertirse en uno de los países que impulsan el libre comercio en los últimos años, puntualizó el presidente.

En opinión de Zedillo, el libre comercio alienta la protección de los recursos naturales, porque los consumidores exigen que los productos sean fabricados sin dañar el ambiente.

El libre comercio requiere que los trabajadores estén bien preparados, ‘‘por lo que también impulsa la educación y la capacitación como ha estado ocurriendo en México’’, indicó el gobernante mexicano.

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para Norteamérica, integrado por Canadá, Estados Unidos y México.

Este acuerdo ha permitido a México acceder a inversiones de origen estadounidense por unos 20 mil millones de dólares anuales, según datos de la Cámara Americana de Comercio, de la cual forman parte más de 2 mil 500 empresas de Estados Unidos.

En enero del año 2001 entrará en vigor el noveno Tratado de Libre Comercio que México firmó con Guatemala, El Salvador y Honduras (el llamado Triángulo del Norte de Centroamérica) que beneficiará a más de 150 millones de habitantes.