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La Prensa - Ciudad de Panamá, 2 de junio de 2000

El BID niega denuncia de legisladores oficialistas

No me pueden probar absolutamente nada, asegura G. Chapman

REDACCION DE LA PRENSA
planas@prensa.com

El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá, John Hastings, negó las denuncias hechas por un grupo de legisladores oficialistas sobre el supuesto cobro millonario de comisiones por préstamos internacionales durante el pasado gobierno.

Hastings aseguró que esos pagos son ‘‘cargos financieros’’ que se incluyen en todos los empréstitos que tramita esa institución.

Los referidos cargos, explicó Hastings, son pagos que se realizan por ‘‘inspección y vigilancia’’ y los mismos se descuentan directamente del préstamo otorgado.

Este procedimiento, dijo, es moneda de uso diario en el BID y se ha llevado a cabo en los empréstitos que se hicieron durante las administraciones de los ex presidentes Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares y se operó, de igual forma, en los préstamos suscritos en diciembre pasado con el gobierno actual.

‘‘No hay nada de comisiones; tiene nombre de comisión, pero no hay ningún pago. Nunca, jamás, ha habido y nunca se hará un pago a nadie en Panamá para aprobar esos préstamos’’, replicó Hastings en declaraciones a la cadena RPC.

Por otro lado, Guillermo Chapman, ex ministro de Economía y Finanzas de la administración de Ernesto Pérez Balladares, calificó de ‘‘infundadas’’ las acusaciones vertidas por los legisladores arnulfistas.

Chapman señaló que ‘‘los pagos [de las comisiones] se hacen a los bancos, y bajo ningún concepto a ministros u otros funcionarios’’. Además, dijo que ‘‘los pagos los deducen los bancos directamente del monto del préstamo, de manera que no son siquiera manejados por el país’’.

‘‘Me siento absolutamente tranquilo, porque no importa lo que digan, no me pueden probar absolutamente nada’’, insistió Chapman.

Por otro lado, los legisladores del PRD rechazaron ayer las denuncias hechas por la bancada arnulfista, en el sentido de que el gobierno de Pérez Balladares cobraba millonarias comisiones ‘‘indebidas’’ por préstamos de bancos e instituciones financieras internacionales.

Las operaciones realizadas por el gobierno de Pérez Balladares, según el jefe de la bancada del PRD Manuel de La Hoz, estuvieron a cargo de los bancos que tienen suficientes grados de inversión y son los que determinan los tipos de comisiones que cobrarán y que dependen de la naturaleza de la operación.

Según De la Hoz, las entidades bancarias cobran comisiones de manejo, gastos de cierre, de suscripción, de colocación y por servicios de pagos los bancos cobran una comisión.

Además, aclaró que en los organismos financieros internacionales existe lo que se denomina comisión o pago por fondos no desembolsados, los que generalmente oscilan entre 0.25% a 0.50%.

Por su parte, el legislador Miguel Bush, también del PRD, señaló que las denuncias son parte de una campaña de distracción, ya que el Gobierno pretende entregar el Fondo Fiduciario al Banco del Istmo, de Alberto Vallarino, cuyo banco es el único con grado de garantía para guardar esos dineros.

El legislador arnulfista Francisco Reyes no desistió de sus acusaciones y señaló que en el caso del Decreto de Gabinete No.46 del 6 de noviembre de 1998, por el cual el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) prestaba a Panamá 61 millones de dólares, se establecía una comisión no especificada de una suma equivalente de 6.1 millones, la cual ‘‘no se sabe dónde fue a parar’’.

Sociedad civil continuará en la Comisión de Reformas Electorales

WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com

Las organizaciones de la sociedad civil, con excepción del Colegio Nacional de Abogados, continuarán participando en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, con el fin de dejar sentada su posición en cada uno de los temas que se discutan.

Esta decisión aparece en un comunicado que respaldan la Universidad Santa María La Antigua, el Comité Ecuménico, la Comisión de Justicia y Paz, la Universidad Interamericana de Educación a Distancia, la Universidad de Panamá, el Comité Panameño por los Derechos Humanos, Transparencia Internacional y la Coordinadora Nacional de Trabajadores Organizados.

‘‘Creer que las reformas electorales son un asunto exclusivo de los partidos políticos, es una visión equivocada y antidemocrática’’, enfatiza la nota emitida ayer.

El manifiesto de las organizaciones invita a la ciudadanía a ejercer plenamente sus derechos civiles y políticos, para opinar sobre cada uno de los temas de las reformas, además de participar en los foros y debates públicos que organizarán las universidades y otras organizaciones cívicas.

De esta manera, añade, ‘‘ejerceremos presión ciudadana y advertiremos al Tribunal Electoral (TE) y a los partidos políticos que las actuales reglas del juego electoral nos afectan sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas de este país’’.

También reconocen como valiosa la posición del Partido Solidaridad y Demócrata Cristiano que se atrevieron a resaltar la importancia de la participación de la sociedad civil y a señalar como contraproducente la posición intolerante y de menosprecio hacia los ciudadanos por parte de los otros partidos políticos.

Panamá insta a Colombia a pedir liberación de panameño secuestrado

JOSE QUINTERO
y JOSE OTERO
planas@prensa.com

El Gobierno de Panamá instó ayer al de la república de Colombia a asumir su responsabilidad en la liberación del panameño Nicolás Pérez, secuestrado en suelo colombiano el 12 de abril de 1999 por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), junto con otros 75 pasajeros que viajaban en un vuelo comercial de Avianca.

La reacción del ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Alemán, se genera luego de haber recibido una carta de Pérez, que dijo haberle conmovido, y en la que este con firmeza le pide que interceda ante el gobierno del presidente Andrés Pastrana para que se responsabilice de su liberación y se dejen de ‘‘tanta retórica’’.

‘‘El Ministerio de Relaciones Exteriores comparte la opinión del señor Pérez, de que el Gobierno colombiano debe asumir su responsabilidad por este acto de fuerza en perjuicio de un ciudadano panameño, que ocurrió en territorio colombiano’’, puntualizó Alemán.

Informó que con el propósito de comunicarle este punto de vista, citó ayer a su despacho al embajador colombiano, Ramón Martínez, y se giraron instrucciones en tal sentido a la Embajada de Panamá en Santafé de Bogotá. El canciller prometió insistir en el tema cuando encuentre a su colega colombiano, Guillermo Fernández De Soto en la próxima cita en Windsor, Canadá, el 4 de junio.

Indicó que en reiteradas ocasiones le ha solicitado al canciller colombiano, Guillermo Fernández De Soto, gestionar la intervención de las autoridades colombianas para lograr la liberación de Pérez y que la embajada panameña en Bogotá ha adelantado gestiones similares.

Pérez, de 43 años de edad, señala en su carta que ‘‘no entiendo cuál es la gestión de la embajada panameña aquí en Bogotá sobre este asunto. Qué interés le ha puesto, lo desconozco, siendo un panameño de nacimiento’’.

La misiva de Pérez consta de seis páginas manuscritas y la misma tiene fecha del 25 de mayo de este año. Destaca como punto de referencia las montañas de Colombia.

Declaran culpables a los asesinos de Oristela Batista

ALCIBIADES CORTES
Especial para La Prensa
planas@prensa.com

LAS TABLAS, Los Santos. –Dos de los tres acusados por el crimen de Oristela Batista Barba fueron encontrados culpables anoche, por un jurado de conciencia integrado por cuatro hombres y tres mujeres.

Los acusados Frank Pascual Lucer Pardo y Carmen Gisela Moreno Vega escucharon la decisión del jurado, que fue leída por el magistrado sustanciador, Manuel Batista, a las 9:15 de la noche, en el Salón de Audiencias del Cuarto Distrito Judicial con sede en Las Tablas, que estuvo colmado de amigos, parientes y vecinos de la familia Batista Barba.

‘‘Viste Carmen, por culpa tuya y de Sandy me han condenado a mí, siendo inocente’’, fue la primera reacción de Frank, mientras que Carmen Gisela se mantuvo cabizbaja al escuchar la decisión del jurado.

El otro implicado, Sandy Patrick Lucer Pardo se acogió a un juicio en derecho, y el veredicto estará por determinarse dentro de un mes.

Mottley renunció por ‘dignidad’

Asegura que no podía trabajar con el procurador

JOSE OTERO
jotero@prensa.com

Jorge Mottley

El ex jefe de la INTERPOL de la Policía Técnica Judicial (PTJ) Jorge Mottley aclaró ayer que no fue destituido del cargo, sino que renunció por ‘‘dignidad’’ porque no podía trabajar con el procurador, José Antonio Sossa.

Mottley era considerado uno de los hombres de confianza del ex director de la PTJ Alejandro Moncada, quien fue separado de su cargo por el jefe del Ministerio Público a finales de abril pasado, después que estos dos últimos funcionarios mantuvieran discrepancias personales por más de dos años.

Al ser nombrado Emilio De León nuevo director de la PTJ, se efectuó una serie de destituciones y traslados de personal en la institución, específicamente de los más allegados colaboradores de Moncada.

Mottley también recalcó que el procurador Sossa no había cumplido con el requerimiento hecho por las autoridades antimafia italianas sobre la investigación del caso Malocchio, en el que se involucraba al empresario y político panameño Alfredo Oranges.

Dijo que era indispensable para completar esta investigación, que los fiscales italianos que llevan este caso puedan venir a Panamá para tomarle –en conjunto con el Ministerio Público– una declaración a Oranges como habían solicitado las autoridades de ese país europeo.

El jefe de la INTERPOL– Panamá también expresó desconocer que el nombre del procurador Sossa haya sido incluido en una lista de personas buscadas por esta policía internacional.

Mottley fue sobreseído el pasado mes de abril de una acusación hecha por el procurador Sossa, en la que se le acusaba de haber suministrado a las autoridades italianas información clasificada del Consejo Nacional de Seguridad –relacionada con el caso Malocchio– sin la autorización correspondiente.

Panamá y EU firman pacto sobre trato y protección de la inversión

JOSE QUINTERO
jquinter@prensa.com

El embajador de Estados Unidos, Simón Ferro (Izq.), y el canciller panameño, José Miguel Alemán (Der.), firman el protocolo de enmienda sobre el trato y protección de la inversión.LA PRENSA/ Omar Batista

El protocolo de enmienda al Convenio sobre trato y protección de la inversión, que data del 27 de octubre de 1982, fue suscrito ayer por el embajador de Estados Unidos, Simón Ferro, y el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, José Miguel Alemán, en el Salón Bolívar de la Cancillería.

La enmienda o corrección permitirá a las empresas panameñas y estadounidenses llevar al arbitraje sus disputas con ambos gobiernos en una instancia internacional reconocida, como es el Centro internacional para el arreglo de las controversias en las inversiones.

En su intervención, el embajador Ferro expresó que la firma de este protocolo de enmienda refleja que en Panamá se respeta la inversión extranjera, y que existe en su gobierno la mejor intención de aplicar las mismas reglas tanto para los empresarios locales como para los extranjeros.

A su vez, el canciller Alemán mostró su satisfacción por la adopción de este mecanismo para resolver controversias, como la recientemente suscitada con las empresas panameñas exportadoras de azúcar a Estados Unidos, y aseguró que los afectados pueden ahora utilizar esta herramienta.

Alemán recordó que actualmente operan en nuestro medio empresas estadounidenses que vienen ejecutando grandes proyectos como es la rehabilitación del Ferrocarril de Panamá, el proyecto hidroeléctrico Estí, y se espera que para octubre la poderosa línea de cruceros Carnival Cruises adopte como bandera de conveniencia el registro panameño.

Hace dos meses, Panamá suscribió con Estados Unidos un acuerdo a través de la Organización para el Comercio Internacional (OPIC), que significa otro paso valedero en las relaciones comerciales entre Panamá y el país norteño.

Obreros juegan ‘al gato y al ratón’ con la Policía

Iglesia está dispuesta a servir de mediadora en el conflicto

JAHIRO POLO
y WILFREDO JORDAN
planas@prensa.com

Grupos de obreros afiliados al Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) mantuvieron en jaque a las unidades de la Policía del Tránsito, la Policía Metropolitana y la Unidad de Control de Multitudes, que ayer debían impedir cualquier tipo de protesta que implicara el cierre de calles en la capital.

Varios agentes policiales se ubicaron ayer frente al sitio de construcción del proyecto Century Tower, en la intersección principal de la Vía Ricardo J. Alfaro a la altura de los silos de Harinas Panamá, S.A., ya que los miembros del SUNTRACS que allí laboran habían anunciado el cierre de esa vía a las 12:30 del mediodía.

Sin embargo, los trabajadores no salieron a protestar y los agentes policiales tuvieron que retirarse del área porque otro grupo de obreros había bloqueado el libre tránsito en la Vía de la Amistad a la altura del almacén Rebajamoda, de El Dorado.

Cuando los agentes de la Policía del Tránsito y la Policía Metropolitana llegaron al lugar, los obreros ya estaban despejando la vía pues, según ellos, solo la cerrarían por cinco minutos, pero en ese preciso momento los obreros del proyecto Century Tower salieron a cerrar la Vía Ricardo J. Alfaro, obligando a los uniformados a regresar a toda velocidad.

Al volver al lugar del que habían partido unos minutos antes, los agentes del orden se llevaron la sorpresa de que los manifestantes ya estaban desalojando la vía, hecho que molestó a un miembro de la Policía quien comentó que los obreros ‘‘están jugando al gato y al ratón con nosotros’’.

Y en ese preciso momento, un tercer grupo de trabajadores salía a protestar en la Avenida Nacional a la altura del antiguo edificio Chesterfield por un breve lapso.

La Prensa pudo conocer que la Unidad de Control de Multitudes había desplegado a varias de sus unidades en las cercanías de la Vía Ricardo J. Alfaro, con el fin de actuar con rapidez si los manifestantes se rehusaban a suspender sus medidas de fuerza, hecho que fue comprobado minutos después tras presenciar a por lo menos cinco radiopatrullas de la Unidad de Control de Multitudes cargadas con agentes antidisturbios en los predios de la carretera Transístmica.

Por otro lado, varios miembros de la directiva de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) cerraron dos de los cuatro paños de la Calle 50 frente a las oficinas de la Defensoría del Pueblo, en protesta por el despido de unos 12 mil funcionarios por parte del Gobierno.

Leandro Avila, secretario general de la FENASEP, indicó que las autoridades ‘‘le están mintiendo al pueblo panameño al negar que no han realizado despidos en masa de servidores públicos, cuyos puestos de trabajo están siendo ocupados ahora por miembros del Partido Arnulfista’’.

El defensor del Pueblo, Italo Antinori, medió con algunos oficiales de la Policía Nacional para que permitiesen a los manifestantes realizar su protesta por espacio de cinco minutos, al cabo de los cuales los miembros de la FENASEP se retiraron de la vía, no sin antes anunciar que hoy harán un piqueteo ante la sede del Ministerio de Trabajo, en la Vía Ricardo J. Alfaro, a las 4:30 de la tarde.

Entre tanto, el obispo José Luis Lacunza dijo que la Iglesia católica estaría dispuesta a mediar entre el Gobierno y los grupos obreros que diariamente obstaculizan las calles ‘‘siempre y cuando una de las partes lo solicite’’.

El sacerdote manifestó su interés en que las partes logren un acuerdo para evitar acciones que afectan a terceras personas. Indicó que las personas que participan en una protesta no tienen derechos sobre otros, ya que la Constitución establece que todos tenemos derecho a transitar libremente.

Lacunza manifestó que ambas partes deben buscar una fórmula para lograr un entendimiento entre las aspiraciones que demandan y las respuestas que pueda ofrecer el Gobierno.

Aprueban funciones de la junta que manejará el Fondo Fiduciario

GIONELA JORDAN V.
gjordan@prensa.com

Las funciones de la junta directiva que manejará los activos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) fueron aprobadas ayer, en primer debate, por la Comisión de Hacienda de la Asamblea, a pesar de que los representantes del opositor PRD aseguraron que esas funciones tienen visos de inconstitucionalidad.

Cuatro votos a favor y tres en contra fue el resultado de la votación por la que se aprobó el quinto artículo del proyecto de ley No.43, que contiene la estrategia financiera oficial.

Esa disposición precisa que la directiva del FFD tiene la potestad para ‘‘transformar los activos del Fondo para mejorar el rendimiento global del mismo, de acuerdo con las metas fijadas por la junta directiva y previa realización, estudio y divulgación de los análisis financieros pertinentes’’.

De acuerdo con el proyecto de ley, para aprobar la anterior prerrogativa se requerirá de una mayoría calificada de la junta directiva y de la aprobación del Consejo de Gabinete.

Establecer las directrices generales para el funcionamiento eficiente y transparente de la administración del Fondo, y supervisar el cumplimiento por parte del Banco Nacional de Panamá (BNP) de las decisiones y directrices de la junta directiva, también figuran entre las funciones del máximo ente jerárquico propuesto para administrar el FFD.

Asimismo, se le otorgó la facultad para escoger a los miembros de la junta directiva de las empresas de generación y distribución eléctrica y de telefonía que correspondan, en calidad de tenedor de acciones de estas empresas.

Sobre el punto anterior, el legislador perredista Jerry Wilson dijo que cuando se le asignan funciones a una junta directiva, que de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución son privativas del presidente de la República, ‘‘estamos dándole facultades del Organo Ejecutivo’’ a ese ente.

‘‘Esa parte, a mi modesto criterio, considero que es evidentemente inconstitucional’’, enfatizó.

Respecto a la potestad que se le otorga a la junta directiva para transformar los activos del FFD, Wilson dijo que con esa decisión el Gobierno se desprende de una función que es de su competencia para otorgársela a un tercero.

Y a criterio de Wilson, ‘‘esa facultad de enajenar bienes nacionales, muebles, inmuebles, es una facultad privativa del Consejo de Gabinete, según lo establece el artículo 195, numeral 3 de la Constitución’’.

Hasta el momento la Comisión de Hacienda ha aprobado, en primer debate, los artículos primero, referente al traspaso gratuito al FFD del 49% de las acciones que el Estado mantiene en la empresa Cable & Wireless; el segundo, que trata del traspaso también al Fondo de las acciones que el Estado tiene en las empresas de generación y comercialización de energía eléctrica.

El artículo tercero ordena que el FFD será administrado por una junta directiva y el cuarto establece quiénes serán los integrantes de ese ente jerárquico.

Aprueban autonomía financiera del TE

La Comisión de Gobierno aprueba en primer debate el proyecto

GIONELA JORDAN V.
gjordan@prensa.com

La Comisión de Gobierno aprobó ayer, en primer debate, el proyecto de ley que busca fortalecer la autonomía financiera del Tribunal Electoral (TE) y de la Fiscalía Electoral.

El documento señala que para fortalecer la autonomía que le consagra el artículo 136 de la Constitución al TE, el presupuesto de esa entidad como el de la Fiscalía Electoral, excluyendo el subsidio a los partidos políticos, no será inferior a ocho décimos del 1% de los ingresos corrientes del Gobierno central.

En años de elecciones o consultas populares y en el inmediatamente anterior a éste, el proyecto de ley No.93 ordena que el presupuesto adicional solicitado por el TE y la Fiscalía tendrá prioridad dentro del presupuesto del sector público.

También se autoriza al TE para establecer los costos de los servicios que presta y para administrar tanto los fondos que recauda como los que el Organo Ejecutivo deba poner a su disposición, según la ley de presupuesto general del Estado, los cuales serán asignados a esa entidad mensualmente de acuerdo con sus necesidades.

En caso de urgencias evidentes que le impidan al TE seguir los trámites ordinarios de la contratación pública, la que deberá declarar mediante una resolución aprobada en Sala de Acuerdos, la entidad podrá arrendar, contratar servicios y adquirir materiales y equipos directamente para las labores inherentes a sus funciones.

Entre esas funciones prioritarias se incluyen las del Registro Civil, Cedulación, Padrón Electoral y la organización y celebración de elecciones y referendos.

Rubén Arosemena, presidente de la Comisión de Gobierno, aseguró que el ‘‘proceso electoral es parte fundamental del sistema democrático; y si no contamos con un proceso electoral transparente, el sistema democrático puede colapsar’’.

Uso de partida discrecional se conocerá a fin de año

WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com

El informe sobre la utilización de la partida discrecional de 3 millones de dólares que maneja la presidenta de la República, Mireya Moscoso, será divulgado al final del ejercicio fiscal reveló el contralor, Alvin Weeden.

Recientemente el ex presidente Guillermo Endara denunció que el Gobierno trataba de pasar ‘‘agachado’’ para evitar que se le fiscalizara el uso de la partida discrecional asignada a la mandataria.

Para Weeden, la Contraloría no puede estar interrumpiendo a la presidenta Moscoso cada dos o tres meses para revisar la ejecución de la partida discrecional incluida en el presupuesto.

Como fiscalizador de las finanzas públicas, aseguró que tiene una funcionaria de la Contraloría permanentemente trabajando en el uso de la partida que utiliza la señora presidenta.

A juicio de Weeden, a esa partida no se le debería llamar ‘‘discrecional’’, porque la Contraloría fiscaliza permanentemente su uso; lo único es que se trata de una partida sin definición presupuestaria.

Manifestó que la partida cuenta con 3 millones de dólares que la presidenta utiliza para casos de emergencia, como el accidente que sufrió recientemente un menor de edad en un incendio que se registró en El Chorrillo.

Cuestionado sobre la diferencia entre la partida discrecional de la mandataria y la del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, el contralor dijo que se trata de que anteriormente era de 6 millones y ahora se rebajó a 3 millones por iniciativa de la gobernante.

También se invierte en entrenamiento para deportistas, personas que requieren de máquinas de hemodiálisis, entre otras emergencias importantes que se solicitan al Ejecutivo.

En caso de que esta partida de agote antes de que finalice el año, señaló Weeden, la única opción es que se solicite un crédito extraordinario, ‘‘cosa que no creo que vaya a ocurrir, ya que la posición permanente es de evitar los créditos extraordinarios’’, expresó.

El ‘diesel’ aumentó 4 centésimos

MARIO A. MUÑOZ
mmunoz@prensa.com

Después del anuncio oficial sobre fijación de precios, el diesel aumentó 4 centésimos por galón, por lo cual los consumidores lo compran a un precio promedio de 1 dólar con 54 centésimos en las gasolineras del país, mientras que los precios de las gasolinas se mantuvieron en un precio promedio de 2 dólares el galón.

Hace 14 días las gasolinas registraron un aumento de 14 centésimos, y como esta vez no hubo variación, las empresas petroleras cobran 1 dólar 90 centésimos por galón de gasolina como promedio a las estaciones de gasolina. Refinería Panamá, S.A. cobra 1 dólar 5 centésimos por el galón de gasolina super, 1 dólar 6 centésimos por el galón de gasolina sin plomo y 1 dólar 2 por la regular.

Las petroleras Esso, Shell, Texaco, Delta y Accel, que distribuyen los combustibles a las estaciones, según un comunicado, cobran en promedio 1 dólar 90 en la super, 1 dólar 91 en la sin plomo y 1 dólar 82 en la regular.

Estos precios incluyen un impuesto estatal de 60 centésimos por galón en esos tres derivados del petróleo.

El galón de diesel, que registró el aumento de 4 centésimos, quedó establecido en 88 centésimos por Refinería, mientras que las petroleras cobran como promedio 1 dólar 30 centésimos y las estaciones de gasolina piden a los consumidores 1 dólar 54, como promedio.

Los precios actuales se mantendrán hasta el 14 de junio próximo.

A nivel internacional, el precio del barril de crudo registró ayer un importante aumento en el mercado de Nueva York (EU), debido al descenso de las reservas de gasolina, lo que coincidió con el comienzo de un mayor consumo de la época estival en Estados Unidos.

El precio de los contratos futuros para el próximo mes de julio del Petróleo Intermedio de Texas, el de referencia en EU, aumentó 1 dólar con 13 centésimos y quedó a 30 dólares con 14 centésimos el barril al cierre de la sesión.

Según previeron los analistas, el comportamiento de la sesión estuvo determinada por los datos que se conocieron hoy sobre las reservas de crudo, gasolina y otros productos energéticos, que reflejaron un importante descenso de las reservas de gasolina.

El Departamento de Energía informó de que las reservas de gasolina descendieron en 2.5 millones durante la pasada semana, mientras que el Instituto Americano del Petróleo (API) situó la bajada en 2.2 millones de barriles.

Las cifras constataron que las existencias almacenadas de este producto son inferiores en un 10% al nivel que alcanzaban en igual período del año anterior.

Falta de recursos impide aplicar ley del adolescente

RAFAEL PEREZ G.
rperez@prensa.com

La falta de recursos ha imposibilitado la ejecución de la ley sobre el régimen especial de responsabilidad penal para el adolescente e igual situación enfrenta el Organo Judicial, explicó José María Castillo, secretario general de la Procuraduría General de la Nación.

Meses atrás, el procurador José Antonio Sossa expresó su preocupación porque la ley le ordena nombrar un fiscal por cada juez penal del adolescente, pero las partidas presupuestarias necesarias para hacerlo no fueron aprobadas.

A juicio del procurador, debido a que la referida ley exige como garantía de los derechos del adolescente la creación de fiscalías especiales, ‘‘no podemos suplir la ausencia de estas fiscalías con las ordinarias’’, por la acumulación de trabajo que tienen esas agencias de instrucción.

En carta enviada a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Mirtza Franceschi de Aguilera, el procurador Sossa le informó en aquella oportunidad que estaba obligado ‘‘a postergar la ejecución de la ley hasta tanto se cuente con los recursos indispensables’’.

Una semana después de esta comunicación, la procuradora suplente Mercedes Araúz de Grimaldo presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley dirigido a posponer, para enero del 2001, el nombramiento de jueces, fiscales y defensores de oficio para adolescentes en la provincia de Panamá.

Según Castillo, la situación no ha variado en lo absoluto con respecto a la insuficiencia de recursos humanos y económicos para poner en marcha esta ley que, entre sus puntos, establece que a los adolescentes no se les puede investigar ni juzgar por autoridad distinta a la fijada en este régimen.

‘‘Esa situación [de falta de presupuesto] no es exclusiva del Ministerio Público, sino también del Organo Judicial que enfrenta ese problema’’, subrayó Castillo.

Se disipa amenaza de huelga en El Machetazo

JOSE QUINTERO
jquinter@prensa.com

Una de las empleadas del almacén El Machetazo deposita su voto para decidir si los trabajadores de la sucursal de la Avenida Central se van a la huelga. LA PRENSA/Omar Batista

Las amenazas de huelga hechas por el Sindicato de Trabajadores del Almacén El Machetazo, de la Avenida Central, se disiparon ayer al mediodía, después que el conteo efectuado por inspectores del Ministerio de Trabajo reflejó que 254 trabajadores rechazaron la huelga, mientras que 142 sí la apoyaban.

No obstante, los resultados no fueron aceptados por la dirigencia sindical que encabeza Antonio Santos Guerra, quien se dirigió al Ministerio de Trabajo a interponer una serie de impugnaciones por supuesto fraude en las planillas usadas en el conteo y a pedir un arbitraje para resolver las quejas.

Boris Barrios, secretario de defensa del sindicato, admitió que el proceso de conteo se realizó en forma pacífica y en orden, pero se quejó de que a muchos compañeros con largos años de trabajo se les impidió votar.

Barrios contó que los empleados de las secciones de carnicería, panadería, embutidos y todo el personal de mantenimiento pertenecen al sindicato.

El dirigente sindical culpó a la empresa del fracaso de la huelga, porque hace tres días trasladó a El Machetazo de La Central al personal incondicional que labora en Calidonia y San Miguelito para abultar las cifras en su favor.

‘‘Nosotros esperamos que el ministro de Trabajo, quien ha dicho que es imparcial y que le da la razón al trabajador si la tiene, revise el proceso de conteo y brinde una buena respuesta’’, indicó.

Tras el conteo no se produjeron reacciones de fuerza de parte de los perdedores. Barrios y sus compañeros instaron a los demás a volver al trabajo.

Los esfuerzos por implantar una huelga se derivan, según la dirigencia sindical, al rechazo del sector empresarial a permitir un sindicato independiente en este centro de trabajo y a la persecución que se aplica a todo aquel que simpatice con el gremio laboral.

Una de estas represalias, informó Barrios, es la supresión del viático de alimento y transporte a todo aquel que se une al gremio; el irrespeto al fuero maternal; la no entrega de copia del contrato al trabajador; mantener como temporal a personal con muchos años de servicio; inconformidad con el régimen salarial y otras.

La Prensa intentó obtener una reacción de los empresarios de El Machetazo, pero se nos informó que se encontraban en las oficinas organizando el retorno a las actividades, y que posteriormente brindarían una respuesta.

‘Dejen tranquilo al cerro Ancón’

HERMES SUCRE S.
De La Prensa

El cerro Ancón, con sus 66 especies de animales y su bella flora, está en peligro. Sus pocos chorrillos no serán secados por la bota del soldado extranjero, sino por las orugas de los tractores panameños. Ya los ecologistas salieron en defensa del fiel centinela del Canal.

Un vecino de Quarry Heights cuenta que el año pasado un ‘‘apurado’’ conductor de una 4x4 atropelló un venado que cruzaba la vía. Mientras en sus estertores de muerte el animal raspaba el pavimento con sus cuernos, el despreocupado automovilista revisaba su camioneta.

Expertos de la Asociación Panameña para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) han descubierto venados atravesados con flechas disparadas con ballestas. En 1999 fueron recogidos 560 animales, entre heridos y extraviados.

La vegetación tampoco se salva. Los aficionados a las bebidas medicinales cortan la corteza de los árboles y dejan los troncos a merced de los hongos. Poco a poco se va muriendo el bosque.

Oscar Vallarino, director ejecutivo de ANCON, está promoviendo la creación de un Centro Interactivo Ambiental para la educación ambiental, preservación de las especies y conservación de la naturaleza. El centro, que sería administrado por un patronato, contará con miradores para el público, comederos para los animales y exposiciones.

No obstante, los residentes de Quarry Heights y Harry Heights se oponen a cualquier obra en el cerro. ‘‘Paren el proyecto y dejen tranquilo al Ancón’’ es el clamor de todos. Según ellos, el proyecto terminará con la tranquilidad del lugar, aumentará el flujo vehicular y la visita de extraños.

Rimsky Sucre mostró fotografías del movimiento de tierra (sin permiso) en las entrañas del cerro, árboles quebrados y caminos en construcción. Pidieron la suspensión de las obras para evitar mayores conflictos, porque nadie tiene derecho a desgarrar este pulmón de la ciudad.

Ellos recomiendan que el centro se construya por la entrada de ‘‘Mi Pueblito’’. También se opondrán a los planes que tiene la ARI de hacer otros proyectos. Igualmente, recomiendan un estudio objetivo de impacto ambiental. Por ahora, el asunto quedará sujeto a consultas con la comunidad y grupos ecologistas.

Cuando Amelia Denis De Icaza lloraba porque los forasteros la despojaron de su ‘‘idolatrado Ancón’’, nunca pensó en el refrán que dice: ‘‘No hay peor cuña que la del mismo palo’’.

Presentan presupuesto del Canal

Este sería el segundo presupuesto presentado ante la Asamblea Legislativa

MARIO A. MUÑOZ
mmunoz@prensa.com

Ricardo Martinelli

El ministro de Asuntos del Canal, Ricardo Martinelli, presentó anoche el presupuesto para el año 2001 de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), considerado el segundo presupuesto bajo administración panameña, y que asciende a 198 millones 338 mil dólares en concepto de inversiones y de 539 millones 168 mil dólares en concepto de operaciones.

El Consejo de Gabinete aprobó este proyecto el pasado 31 de mayo, y ahora solo falta que el pleno de la Asamblea Legislativa dé su visto bueno para que entre en vigor el presupuesto del período fiscal del 1 de octubre del 2000 al 30 de septiembre del 2001.

‘‘Este presupuesto ayudará a resolver y a aumentar en un futuro los ingresos del Canal, porque estamos terminando nuestro plan de inversiones por más de mil millones de dólares en total. Muy pronto terminaremos el ensanche del Corte Culebra’’, señaló Martinelli.

El Canal de Panamá le brinda al Estado panameño, según el funcionario, aproximadamente 198 millones de dólares anuales, y otros 29 millones de dólares a entidades estatales en pago por servicios.

Martinelli recordó que todo el dinero del Canal se depositaba antes en la oficina del Tesoro estadounidense, sin ningún interés, en cambio ahora los dineros del Canal se depositan en bancos y devengan intereses.

‘‘Estamos seguros de que este presupuesto será aprobado por todas las bancadas de la Asamblea Legislativa’’, expresó.

Se contempla que la Asamblea Legislativa debe aprobar, antes del 30 de junio, el presupuesto del Canal porque ‘‘si no se aprueba antes de esa fecha estaríamos en problemas’’, dijo Martinelli.

Greenpeace denuncia a empresa

JAHIRO POLO
japolo@prensa.com

El grupo ecologista Greenpeace denunció ayer en conferencia de prensa, que la compañía inglesa British Nuclear Fuels se prepara para hacer transitar un buque especial de transporte de desechos nucleares vitrificados a través del Canal de Panamá.

Según señaló Damon Moglen, portavoz de Greenpeace, este embarque partirá de Francia con rumbo a Japón, por lo cual el Gobierno panameño ‘‘tiene ahora la oportunidad de valorar por sí mismo si acepta o no la amenaza que suponen estos peligros y evitar que esta embarcación transite por el Canal de Panamá’’.

Sin embargo, Jaqueline Clarke, portavoz de la British Nuclear Fuels, negó que algún buque de esta empresa esté siendo alistado para este tipo de travesía, y agregó que ya dos embarcaciones de este tipo transitaron por el Canal en enero y una tercera a finales de mayo ‘‘sin ningún tipo de percance’’.

Igualmente, Roxana Caine, portavoz de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), negó que esta agencia esté preparando el paso de alguna embarcación de transporte de carga nuclear dentro de los próximos 12 meses.

Salud licitará 90 proyectos en 90 días

WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com

El Ministerio de Salud programa licitar 90 proyectos en 90 días para invertir 12.6 millones de dólares en equipamiento, mejoramiento, rehabilitación y ampliación de los centros y puestos de salud de la red primaria de todo el país.

En conferencia de prensa, el ministro José Manuel Terán anunció que la planificación se ha organizado para que cada día haya una licitación sobre proyectos de reposición y equipamiento de puestos de salud en Las Marías, Ipetí Kuna, Ipetí Chocó, entre otros.

En este orden, el titular de Salud explicó que la institución a su cargo tiene presupuestado para el 2000 un total de 60.3 millones de dólares en inversión, de los cuales se han ejecutado 24.1 millones de dólares, que representan el 39.8%.

Una gráfica mostrada por el ministro Terán indica que de 1994 a 1998 nunca se llegó a ejecutar la totalidad del presupuesto de inversión en el Ministerio de Salud. En 1996 solo se utilizó el 34.3%, pero la peor ejecución del presupuesto de inversión fue la de 1997, que únicamente alcanzó el 17.9%.