La balcanización de Colombia

Sabrina Bacal

Las noticias que llegan de Colombia parecen haber traspasado ya todos los límites de gravedad. Al reporte cotidiano de secuestros, ataques y asesinatos, se suman ahora las más palpables evidencias de la maduración del proceso que ha permitido el ilimitado florecimiento de tantos crímenes: la volatilización del Estado colombiano.

A pesar de que hace tiempo que la debilidad de las instituciones estatales del país vecino le impide detener la perpetración de estos delitos, ahora resulta que sus facultades se han visto reducidas a un nivel de mayor insignificancia. Ya no se trata únicamente de la incapacidad para garantizar la vida, la libertad o el patrimonio de los ciudadanos, sino también de la imposibilidad para albergar la exclusividad en la emisión de leyes y decretos o la recolección pública de los tributos. Los mismos grupos frente a los que ha ido perdiendo el monopolio de la fuerza, le han ido arrebatando sus pocas condiciones estatales vigentes, hasta el punto que se puede sostener que el Estado en Colombia ha dejado de existir como tal.

La lectura ante los medios de comunicación de la Ley 002 sobre la tributación firmada por el pleno del estado mayor de las FARC, en la que se advierte a las personas naturales o jurídicas que posean un patrimonio mayor de un millón de dólares que de no presentarse a pagar un impuesto al grupo guerrillero serán retenidas indefinidamente, representa mucho más que el haber puesto por escrito un hecho incontrovertible en la realidad. Porque si bien las FARC retienen a diario a decenas de inocentes para financiar su guerra –y no solamente a los que tienen más de un millón de dólares– ahora legitiman la práctica del secuestro apoyándose en recursos de poder gubernamentales, como lo es el control de un territorio enmarcado en la legalidad bajo la creación de la zona de distensión.

Algunos objetarán que la llamada zona de distensión en que se negocia con las FARC, así como la zona de encuentro en que se dialogará con el ELN, son mecanismos transitorios para pactar la paz, y por medio de ésta, devolverle la fortaleza y legitimidad al Estado colombiano. No obstante, habría que preguntarse si aquellas son las verdaderas intenciones de grupos irregulares que no han enseñado en ningún momento su voluntad para detener el desangramiento del país. La visión más realista de la situación actual conduce a pensar que el gobierno de Pastrana es esclavo de su propio proceso de paz, y que este aprisionamiento lo está pagando con las últimas facultades que definían al Estado que representa.

Junto con la aterradora Ley 002, las FARC han anunciado la creación del Movimiento Bolivariano, supuestamente el brazo político de su organización. Cuesta creer, sin embargo, que la estructura recién creada tenga mucho de política, sobre todo cuando su lanzamiento contó con miles de guerrilleros fuertemente armados como telón de fondo. Parece más bien que la conformación pública de este grupo que actuará en la clandestinidad, es un nuevo acto de demostración de fuerza dentro de la estrategia bélica de las FARC, que estaría respondiendo a la aprobación por el senado estadounidense de más de mil millones de dólares para el Ejército colombiano.

El origen militar del partido guerrillero no invalida, empero, el argumento de que las FARC cuentan en la actualidad con todos los requisitos para retar la posición del Estado colombiano y para hablarle en una postura de igual a igual. Esta realidad, aunada a la existencia de otras fuerzas que –actuando por fuera de la ley y beneficiándose de las ingenuas orientaciones que este gobierno le ha dado– pudieran concretar una situación similar, abre la puerta a la posibilidad de una verdadera coyuntura de caos y desgobierno en el país contiguo.

Hace unos años el proceso de balcanización de Colombia parecía una exageración de los analistas que lo proponían. Hoy día, la evolución de los hechos hace que tal escenario cobre peligrosos visos de realidad. Ojalá no sea demasiado tarde.

Estadistas o politiqueros de pueblo

Rafael Mezquita

El estancamiento de la economía tiene preocupada a mucha gente. El entorno se ha enredado por las contradicciones en las señales de la política económica del nuevo gobierno; por la tardanza en definirla, y ahora por la negativa a construir consensos. La gente empieza a desesperarse y empieza a percibir que el estancamiento – sin serlo absolutamente– es culpa de la incapacidad gubernamental, ya que el tema del Fondo Fiduciario nos tiene enredados desde hace varios meses. El Gobierno y las fuerzas productivas no se dedican a la prioridad nacional: la generación de empleos. La calificación de regular que le dio la opinión pública a la gestión gubernamental en la última encuesta conocida, confirma la apreciación anterior.

Eso pasa porque la gente ha visto al Gobierno insistir en su estrategia financiera original, aun sabiendo que no tiene el consenso legislativo necesario; percibiendo también que descuida el resto de la agenda nacional. La terquedad tiene una sola lógica: el gobierno quiere lograr lo máximo, para lo cual acusa a la oposición de impedirle la totalidad de sus deseos. ¿Por qué? No ha existido el mínimo interés gubernamental por sentarse a negociar nada con la oposición que, para la coyuntura, forma mayoría en la Cámara.

Veamos los distintos escenarios:

1- El Gobierno logra el acuerdo con el FMI, negocia con las fuerzas políticas opositoras para aumentar la rentabilidad y generación de recursos por parte del Fondo y la no venta o venta parcial de las acciones de Cable & Wireless, así como el depósito de la totalidad del producto de la transacción en el Fondo. Esta opción representará llevar el déficit fiscal del año 2000 al 1%/PIB y la contención del gasto público. El Gobierno dispondrá así de recursos adicionales y podrá utilizar los más de mil millones de dólares contratados y disponibles para la inversión pública de parte de las IFI. Podrá también salir cómodamente al mercado a refinanciar la deuda que se vence este año y a promover nuevas inversiones extranjeras. El país empezará a estabilizarse macro económicamente y los resultados permitirán sortear las dificultades financieras del año 2002 y mantener –o mejorar– en el mediano plazo la percepción del riesgo país.

2- El Gobierno insiste en que la Asamblea apruebe la versión original de su estrategia financiera y es derrotado. Rechaza o pospone su negociación con el FMI, lo que implica la muerte lenta de la economía al no disponer de los recursos de las IFI, siendo mayor el costo del refinanciamiento de la deuda (si lo lograse), agravándose la percepción del riesgo país y dificultándose su promoción en el exterior. Esta situación nos llevará a la imposibilidad de enfrentar las dos deudas pendientes: la social y la externa, pero supondrá la posposición del difícil paquete de medidas impuestas por el FMI.

3- Una variante a esta última alternativa es que el Gobierno salga derrotado en la Asamblea, pero negocie con el FMI. Los resultados serán muy parecidos a los del primer escenario, pero el Gobierno no contará con los fondos adicionales propuestos por la oposición a través de una mayor rentabilidad del Fondo Fiduciario. No contará pues con los recursos para mitigar socialmente el paquete económico negociado con el FMI (CSS, BHN, etc.). Sin embargo podría refinanciar los vencimientos de la deuda externa, promover las inversiones extranjeras y contar con los recursos de las IFI para la inversión pública.

4- Otra variante es que el Gobierno logre construir consensos legislativos alrededor de su estrategia financiera sin llegar a acuerdos con el FMI, posponiendo la aplicación de las medidas de contención del gasto.

Desde el punto de vista político, el primer escenario le supondrá al Gobierno la necesidad de enfrentar el tema del Seguro Social que, si bien difícil, podría concitar el respaldo de un amplio sector de las fuerzas políticas y sociales. También supondría el rechazo de parte del sector perjudicado de su alianza, tanto por las medidas de contención del gasto como de política económica; pero a mediano plazo y dependiendo de la coherencia en el manejo del tema, el Gobierno podría recibir el apoyo social necesario para culminar un buen período presidencial.

El segundo escenario supondría la generación de fuertes tensiones sociales y la desestabilización política del país. Ojo al año 2002, cuando a causa de los altos volúmenes de deuda por vencerse, a la contracción económica, a la poca generación de empleo y al alto riesgo país, podríamos enfrentar situaciones realmente explosivas. Las variantes tercera y cuarta podrían manejarse políticamente a menor costo social y político.

Las decisiones que pronto tomará la administración Moscoso definirán el rumbo de la nación para los próximos meses. Entonces, veremos si quienes nos gobiernan son estadistas o meros politiqueros de pueblo.

Los dos tercios del primer año

Guillermo Márquez Amado

Son algo más de 240 los días que han pasado desde la toma de posesión del nuevo gobierno –dos tercios del primer año– y, salvo la buena voluntad reiteradamente expresa por la presidenta y hasta enaltecedores actos que la reflejan, en el plano de las ejecuciones el ambiente es de empantanamiento y falta de coordinación.

No hay contracción económica, pero las inversiones parecen limitadas. Algunos factores totalmente ajenos al Gobierno tienen incidencia en esto y, entre ellos, el de una clase media con una capacidad de crédito casi copada, producto de las excesivas ofertas habidas durante los últimos años; la reducción del circulante con motivo de la salida de las últimas unidades estadounidenses que permanecían en nuestro territorio y que gastaban con los patrones propios de sus ingresos –apreciablemente más altos que los nuestros– y, añado yo, la incertidumbre que viven por no estar seguros de su continuidad, los asalariados del más importante de los empleadores nacionales: el Gobierno.

Ya es tiempo de que se hubiesen tomado medidas para propiciar un ambiente de seguridad económica; que sepamos si en verdad se promoverán o no las inversiones extranjeras y que se haga algo al respecto; que a los funcionarios públicos se les den seguridades de que lo hecho hasta ahora ‘‘hecho está’’, y de que no habrá más cambios por razones políticas; que se concreten esfuerzos en la lucha contra dos flagelos que constituyen las más serias amenazas a nuestra sociedad: la criminalidad y la pobreza.

Soy de los que creen que a la presidenta no le falta carácter, pero ha de hacerlo sentir particularmente entre sus propios seguidores cuando actúan sin eficacia, sin coordinación o en asuntos dudosos; así sea para que simplemente aclaren y se contagie la idea de que su compromiso contra la corrupción es firme.

En el caso de este gobierno –no me cabe ya duda– estos serán sus principales problemas: la impulsividad, la corrupción y la incompetencia entre sus funcionarios; problemas que, por otra parte, no afectan exclusivamente a su partido, sino que pululan en nuestro medio. En la medida en que los atienda y controle, cosechará éxitos y proyectará simpatías. En la medida en que no lo haga, y si además los personeros del Gobierno resultan omisos en sus respectivos campos de responsabilidad, se desacreditará el arnulfismo.

Panamá es una maravilla de país. Muchos factores contribuyen a que seamos privilegiados en cuanto a posibilidades de crecimiento y desarrollo, al punto de que ni siquiera un gobierno malo y muy largo como el de los militares –del que justo es admitir que hasta 1982 tuvo algunas cosas buenas– es capaz de postrarnos. No, Panamá, seguirá creciendo y desarrollándose. Con frecuencia he oído que Panamá es como un corcho que jamás se hunde, pero es que no tenemos que compararnos con la superficie del agua. Hay que ponerle alas y motor al corcho; no es difícil ni tan pesado como para no volar.

Hacerlo volar no significa repartir dinero ni tener indicadores económicos buenos, sino tener una sociedad en que los más pobres tengan acceso a los servicios de salud, oportunidad de educación para sus hijos y comida tres veces al día bajo un techo decente. Salud y buena educación brindada por el Estado como producto de las recaudaciones de la riqueza que se genera día a día (no de ahorros); la comida y el techo porque el propio ciudadano –en una economía de empresa privada– disponga de un trabajo digno con ingresos decorosos, u obtenga sus ingresos por su propia iniciativa y habilidades.

Ya vendrá el momento de las calificaciones, que por ahora no parecen prometedoras.