el lápiz de RAC

Educación: ¿Quo Vadis?

Surse Pierpoint

He leído con sumo interés un análisis chileno sobre las razones por las que, a pesar de la apertura agresiva al sistema neoliberal de libre mercado, aún persiste la brecha de ingresos entre los que menos ganan y los que más ganan (Wall Street Journal 24/4/00 pag. 1, The Outlook). Cómo corregir esta situación constituye un asunto de singular importancia para los gobiernos latinoamericanos, ya que durante la década del 90 el 20% de la población más pobre se llevaba solo un 4.5% del ingreso nacional, mientras que el 20% de la población más rica se llevó el 53%.

Esta realidad nos trae visiones de las grandes oligarquías que controlan la mayor parte de la economía. Pero como todo argumento generalizador, hay que buscar más a fondo.

En el caso chileno se da el fenómeno de que en el grupo de los más ricos se encuentran los que más educación tienen.

En las economías de hoy se requiere empleados capacitados, pero la gran realidad latinoamericana es que la educación se ha quedado atrás al no poder generar la cantidad de trabajadores calificados que los negocios modernos requieren.

El BID destaca que en el caso chileno, los que más ganan son los profesionales que reciben altos salarios por sus también altos niveles de educación y experiencia. Algunos economistas chilenos estiman que los egresados de carreras de administración de empresas ganan salarios de hasta un 30% más alto en Chile –donde escasean– que en Estados Unidos.

Y no es que Chile no haya invertido en el sector social. A partir de los años 90, los gobiernos democráticos duplicaron los presupuestos de educación y salud, lográndose importantes avances en los índices de pobreza.

En un estudio hecho por Harald Beyer para el Centro De Estudios Públicos (www.cepchile.cl) Educación y desigualdad de ingresos: una nueva mirada, se indica que ni el fuerte crecimiento del PIB ni las políticas aplicadas por varios gobiernos han logrado disminuir la brecha social.

La multinacional moderna busca aminorar sus costos mediante el uso intensivo de la tecnología. Para lograr su efectiva aplicación se requiere de trabajadores capacitados que sepan manejar esta tecnología.

En Chile hay una alta demanda de gente capacitada, pero la oferta es baja debido a un sistema educativo que no puede generar lo que el mercado requiere. Los 5.9 millones de trabajadores chilenos tienen en promedio unos nueve años de estudios y solo un 9% se ha graduado de la universidad. Un 24% ha terminado secundaria, pero el sector comercial considera la preparación tan pobre que no está dispuesto a pagar significativamente más por ellos. Un graduado de secundaria solo gana un 30% más que un graduado de 5to. grado, cuando en Estados Unidos uno puede ganar un 100% más.

En el mercado chileno se busca a personas con universidad para los puestos más básicos, y una mejora en la calidad de la educación secundaria permitiría que los puestos más elementales fueran ocupados por graduados de secundaria (la mayoría) en vez de universitarios, mejorando así la distribución de ingresos.

Al respecto señala Beyer en su informe, ‘‘Si Chile no es capaz de mejorar la calidad de su educación, no podrá avanzar con la reducción de la brecha social’’.

Podríamos aplicar esta dura verdad al resto de las economías latinoamericanas. Ante esta realidad, sentencia Harald Beyer, los efectos de cualquier otra política social será marginal.

El autor es comerciante de la Zona Libre

La paz en Colombia y Darién

Jorge Iván Mora

Da la impresión que sin la presencia militar estadounidense, la sensación de orfandad se está convirtiendo en pánico para algunos voceros de la sociedad civil panameña, quienes lanzan mensajes apocalípticos como que Darién requiere de una fuerza multilateral, o que fuerzas irregulares (paramilitares o guerrilleros) van a invadir Panamá. Los años de lucha de este país por conseguir su plena soberanía no pueden ser festinados, darienizando el tema de la seguridad nacional y, de paso, las relaciones entre Colombia y Panamá.

Es razonable que exista preocupación acerca de dicha frontera. ¿Pero qué es lo que sucede? Se habla, desde muchos años atrás, que los guerrilleros se van de playa o toman pausa y se aprovisionan de víveres de este lado, irrespetando la soberanía territorial. Se comenta que los paramilitares –con sus tácticas de terror– amenazan a moradores vecinos, masacran y provocan desplazamientos masivos.

Un despistado e irresponsable lector de noticias denunció la presencia de 8 mil hombres irregulares armados pisando territorio panameño. Eso es como si dichos actores armados hubieran decidido tomarse el poder en Panamá y no en Colombia.

Se denuncia que por allí se trafica armas, drogas y migrantes de todas las nacionalidades. En fin, se ha dicho que Darién es la tragedia del olvido. No en vano monseñor Emiliani –así como las organizaciones religiosas y cívicas– ha llamado la atención sobre la necesidad de inversión social y planes de desarrollo para las distintas comunidades que por allí viven o sobreviven. De manera que a falta de seguridad en las apreciaciones sobre la realidad darienita –en buena parte– y claridad en los comentarios, resulta oportuno sugerir que esa ingeniosa teoría de la neutralidad panameña se divulgue por todos los rincones del planeta, promocionándola como una gran producto no limitado a la cuestión canalera. Se debe extender a las relaciones con los demás Estados, especialmente a las relaciones fronterizas.

La neutralidad puede ser, en esta coyuntura, el argumento jurídico y político que obligue a los actores del conflicto interno colombiano a asumir públicamente la decisión de respetar la tranquilidad del pueblo panameño y sus históricos logros.

¿Utopía? Hay un proceso de paz en Colombia, con aspectos más positivos que desaciertos. Al menos ya se están celebrando audiencias públicas en las que todos los sectores de la sociedad están conversando sobre el país que quieren. Con Venezuela, la situación fronteriza ha evolucionado favorablemente en cuanto a orden público y seguridad, porque ha habido acuerdos, sean tácitos o discrecionales.

No resulta utópico pensar entonces que si hay preocupación, confusión y desinformación, haya que trabajar en función de la tranquilidad, la claridad y la información. La comunidad colombiana residente en Panamá estará celebrando en julio las fiestas patrias. Me atrevo, como parte de los actos culturales, a promover el foro o conferencia con analistas tanto panameños como colombianos, para hablar del proceso de paz en Colombia y su influencia en las relaciones de los dos países.

Hay que conocer de cerca lo que está sucediendo allá y aquí. Las conclusiones pueden divulgarse en el suplemento Colombia, que circulará como publicación independiente en este diario el próximo 20 de julio. Hay que contar, en todo caso, con el aval de la sociedad civil panameña, la comunidad colombiana residente en Panamá y, desde luego, con los medios de comunicación. Algo hay que hacer por Panamá y Colombia, y la idea – aunque carente de la sabiduría del estadista, el político, el experto en seguridad o el futurólogo– me parece sensata.

El autor es el director del suplemento Colombia

Fe de Erratas

En el artículo de Bolívar Eduardo Franco que apareció en la sección de Opinión de La Prensa, el lunes 1 de mayo, se le asignó por error la profesión de abogado, cuando en realidad el señor Franco es sociólogo.

En el artículo denominado ‘‘Descubriendo a Jean–Claude Carrire’’, del servicio internacional del New York Times, publicado en la sección Perspectiva de La Prensa, el 1 de mayo pasado, se cometió un error en la forma de escribir el apellido del destacado guionista europeo. La forma correcta de su apellido es Carriere.

Cambio de mando

John Almillátegui

Vemos con mucha satisfacción la culminación de la crisis que existía en el Ministerio Público, entre el entonces director de la Policía Técnica Judicial, Alejandro Moncada, y el procurador General de la Nación, José Antonio Sossa.

El origen de la disputa es la reforma a la Ley de la Policía Técnica Judicial, ocurrida en 1997, y que le quitó autoridad al procurador General para nombrar o destituir al director de esa institución pública.

Existen diversos recursos para mantener la autoridad sobre un subordinado y uno de ellos es tener a disposición su cargo; si no se tiene ese derecho, es claro que puede ocurrir insubordinación –como creemos que hubo–, cosa que confirmó la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.

El director actual de la Policía Técnica Nacional, señor Emilio De León, debe efectuar cambios en la estructura de la institución a su cargo, renovando todo el personal de confianza del anterior director, para que exista una armónica colaboración entre ellos y el procurador de la Nación.

Es de todos conocido que estos cambios fueron aprobados apresuradamente por el Gobierno anterior para darle estabilidad a sus allegados en puestos de relevancia, sin pensar en el beneficio general. Creemos que por ahora el conflicto ha sido subsanado, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? Lo que hay que hacer es cambiar la ley a su texto original, para que el director de la PTJ sea nombrado por el procurador General de la Nación.

El autor es abogado

Crisis fiscal: desespero de los países pobres

Guillermo Quijano Jr.

Cuando una persona se encuentra desesperada, busca refugio y consejo en su familia, iglesia o amigos. Es así como los hombres y mujeres que sufren adversidades salen adelante sin llegar a la destrucción personal. Gracias a Dios aún vivimos en un mundo donde hay sensibilidad humana y aunque plagado de injusticias sociales, sabemos responder cuando toca a nuestras puertas la necesidad humana.

¿Por qué entonces las IFI son tan insensibles e inhumanas ante el dolor y sacrificio de los pueblos y no dan la mano a los gobiernos que quieren salir adelante otorgándoles una moratoria en su deuda, en lugar de hacer nuevas exigencias?

Panamá está siendo asfixiada por estas instituciones, al imponer medidas con el objeto de que seamos nuevamente sujetos de crédito y continuar así el proceso de endeudamiento.

No tengo mayores detalles de lo que se ha o se está negociando. Solo me hago eco de lo dicho en los medios.

Comprendo que las IFI son instituciones que deben formular acciones dirigidas a mejorar las finanzas públicas, fiscalizando el buen uso de los fondos asignados. En principio, estoy de acuerdo. Pero para ello, se necesita tener autoridad moral.

La génesis del problema de la deuda externa de Panamá no es responsabilidad de este gobierno y no podemos sacrificar al pueblo por los desaciertos que las propias instituciones financieras cometieron en el pasado. No quiero entrar en los detalles de si estos prestamos fueron correctamente utilizados o no y si estas instituciones, a sabiendas del mal uso que le estaban dando a los fondos, seguían prestando sin mayores obstáculos. Se trata de analizar lo que puede suceder en Panamá si aceptamos nuevas exigencias.

Las IFI nos están exigiendo poner en cero nuestro déficit fiscal a muy corto plazo y, a pesar de estar de acuerdo, pienso que debemos rechazar el método que nos sugieren.

Son pocas las fórmulas que existen para reducir el déficit fiscal: reducir el gasto público, aumentar los impuestos, o promover la inversión.

Pero, a diferencia de otras naciones, Panamá tiene una oportunidad muy particular. Tenemos un Fondo Fiduciario que no está rindiendo los frutos adecuados, así como unas acciones que, de venderse, pueden representar un ingreso extraordinario.

De allí que el país debe manejar con mucho cuidado las exigencias de las IFI y no aceptar medidas cuyas consecuencias pudieran ser desastrosas.

Evidentemente la economía está desacelerada y si bien aún no estamos en una recesión económica, como han manifestado distintos economistas, la percepción general es que caminamos hacia ella por diversas razones, algunas ajenas a nosotros.

Disminuir el gasto público significa reducir la burocracia estatal o disminuir el programa de inversión; pero un país con una alta tasa de desempleo no puede reducir la planta laboral del Estado. Se puede sí, eliminar las botellas y puestos innecesarios que desmoralizan al buen empleado público.

Reducir el programa de inversión en un país tan pequeño como el nuestro, implicaría aportar leña al fuego de la recesión económica en gestación. Lo que sí debe hacer la Contraloría es llevar un control estricto de las inversiones –incluyendo las partidas circuitales– para que las obras se ejecuten sin despilfarro y enriquecimiento ilícito. Paralelamente, el Ejecutivo debe asegurar que los ministros y directores de instituciones ejecuten el presupuesto de inversión asignado para dar un impulso a nuestra economía.

La segunda alternativa que tiene el Estado para reducir a cero su déficit fiscal es hacer una amplia reforma tributaria. Pero ejecutar esta medida ahora, sería ponerle pimienta a la herida, afectando todos los sectores, el productivo, el de servicio y el laboral. Esta reforma solo traería como resultado un balance ficticio del presupuesto, pues las inversiones tan necesarias para el desarrollo del país y la creación de nuevo empleo se frenarían, incrementando el desempleo y aumentando aún más el grado de pobreza y desesperación del pueblo.

La mejor alternativa para reducir el déficit fiscal está en promover la inversión extranjera promocionando adecuadamente a Panamá, ofreciendo los incentivos necesarios sin la creación de impuestos adicionales, facilitando los trámites burocráticos, y con absoluta intolerancia ante la corrupción.

Países como Francia, España, Méjico y Estados Unidos, que han sido históricamente imanes naturales para atraer a los turistas, pueden darse el lujo de establecer cualquier tipo de impuesto en los hoteles y en los restaurantes; pero en Panamá, donde apenas se está impulsando esta industria, nuevos impuestos pueden frenarla, lo que sería catastrófico. No destruyamos lo que hoy con mucho esfuerzo se quiere levantar.

Con iniciativa podemos desarrollar un país, impulsar el empleo y la riqueza, y evitar el caos social.

El autor es ingeniero y ex ministro de Vivienda

Nuevo Casco Viejo

Rodrigo Guardia

El Casco Viejo ha vuelto a enamorarnos. De manera contundente y en poco tiempo, se han multiplicado los lugares a donde ir a tomar sangría o café, y comer desde un bocadillo hasta una cena completa. A veces parece un multiplex de la Dolce vita en cinco salas, ya que la disipada alegría que uno ve en los cafés en las plazas y la espontaneidad y sensualidad del ambiente en los restaurantes donde escuchamos ritmos panmediterráneos nos es familiar solo en la ficción del cine. Fumar narguiles en una mesa al fresco, ver los reflejos de las luces de la ciudad en la pantalla negra ondulante que es el mar, son nuevas experiencias para el panameño promedio.

Pero no se trata solo de esto, hay muchas otras cosas; un mercado inquilinario mixto y predominantemente joven y algo bohemio (en el buen sentido). La renovación y valorización de muchas propiedades, la interesante heterogeneidad social. Todo el potencial como experimento del nuevo urbanismo, que plantea volver a este tipo de ciudad más razonable y encantadora. También podemos observar la restauración de la casa Góngora, visitar la exposición permanente del Museo del Canal o asistir a una de sus actividades culturales periódicas como charlas o muestras de arte, como las de la Galería del INAC en Las Bóvedas, que también albergan obras de teatro. Los programas en el Teatro Anita Villalaz y en el Teatro Nacional se han hecho más frecuentes, contribuyendo así a todo este escenario cargado de actividad.

Algunas personas opinan que el tema de las evicciones es muy injusto. En cierto sentido estoy de acuerdo; pero la injusticia no es la que se está haciendo ahora, la injusticia se hizo hace años al reformar la ley inquilinaria, de manera que los dueños no podían sacar a quienes no pagaban la renta, quedando en consecuencia las casas en un limbo, sin que nadie –ni siquiera sus ocupantes– las cuidara. Creo que esta tesis está ampliamente documentada y que está claro que el problema se lo podemos atribuir enteramente al falso populismo de la dictadura de Torrijos que tanto daño hizo y que continúa hoy día con su legado de endeudamientos e intrigas ensombreciendo al país.

Allí están las casas hoy; muchas necesitan solo algunos ajustes superficiales y arreglos sencillos; otras requieren un trabajo extenso, pero los que se aventuren a hacerlo, recibirán la recompensa de vivir en un lugar con alturas de cielo raso superiores, mosaicos de pasta con un sentido del color especial, molduras, frisos, lucetas caladas, rejas y puertas de hierro forjado, y decoraciones de estuco, como parte de una tradición constructiva artesanal que en gran parte se ha perdido y que es casi irrepetible hoy en día.

Otro incentivo a posibles inversionistas es el hecho de que, al ser finita la cantidad de metros cuadrados en el Casco Viejo, la valorización de estos va a ser superior comparado con adquisiciones en cualquier otro lugar de la ciudad.

Si pudiéramos tomar las riendas del crecimiento de nuestra ciudad –en el sentido políticamente correcto de la palabra– lo ideal sería volver al urbanismo típico del Casco Viejo, con muros gruesos y calles que se intersectan en ángulo recto, que erigimos en otra época cuando había menos sofismas y era más fácil dejarse guiar por el sentido común.

El autor es arquitecto

Agenda del próximo rector

Roberto Arosemena Jaén

El 12 de mayo, la Universidad de Panamá elige nuevo rector. Lo hace en un momento crítico para la educación superior estatal. Universidades privadas crecen como hongos para responder a una oferta educativa que la Universidad Nacional, nacida en 1935, no ha sabido canalizar. A pesar de los 100 millones de dólares invertidos en la educación superior, miles de jóvenes tienen que pagar matrículas de miles de dólares para poder obtener un título de pregrado y en la mejor de las hipótesis, un título de posgrado con ribete de educación a distancia. Se diría que las carreras de las nuevas profesiones y de posgrado están monopolizadas por las ‘‘universidades hongos’’ ante la mirada complaciente o cómplice de las autoridades de la Universidad de Panamá.

El próximo rector tiene que revertir la situación. Las nuevas carreras y los posgrados deberán ser impartidos por las universidades oficiales, poniéndolos al alcance de los bolsillos pobres, inteligentes y responsables. El acceso a la educación superior no puede ser un asunto de bolsillo, sino de talento y dedicación. La Universidad de Panamá, para eso, tiene las mejores instalaciones, el mejor cuerpo docente y el presupuesto más holgado de todas las universidades, tanto públicas como privadas. El criterio de la excelencia académica viene dictado por una planta académica de profesores titulares, sujetos a toda prueba. Si las universidades privadas no lo tienen, entonces por qué se han tomado la nueva oferta educativa superior y por qué la Universidad de Panamá no ha sabido responder a este desafío.

Sorprende que la Universidad de Panamá haya permitido la degradación de sus licenciaturas. El único caso excepcional es la de la Facultad de Medicina, que ha sobrevalorado su licenciatura con el título de doctor. Otro tanto podría hacerse con el título de derecho, de 210 créditos. Si la tendencia es a copiarnos el modelo de educación superior estadounidense y a dejar el modelo sincretista adoptado, en donde los estudios superiores concluidos lo constituía una licenciatura, entonces, empecemos a reducir las licenciaturas a tres años y suprimamos las licenciaturas de cuatro, cinco o seis años de carreras por lo demás moribundas, sea por falta de matrícula o de dinamismo de un cuerpo docente ya fatigado.

Con licenciaturas de tres años, empecemos a llenar la Universidad de Panamá de maestrías y de doctorados que eleven el nivel de excelencia y competencia académica, y ofrezcan opciones académicas más serias y más económicas que las que puedan ofrecer las improvisadas ‘‘universidades hongos’’.

La Universidad de Panamá tiene 65 años de historia. Es cierto que desde 1968 renació intervenida y al interno de un proyecto antinacional de masificación de la educación superior. Podemos mencionar el cuerpo de rectores que ha tenido desde 1968 y calibrar su proyección académica, y tendremos que concluir que el mote de la Universidad de Octavio Méndez Pereira es únicamente resultado de la mediocridad de sus rectores en los últimos 32 años y a la existencia de gobiernos más pendientes del ejercicio arbitrario del poder que de la adecuada educación de sus ciudadanos.

La Universidad de Panamá es la llamada a ser la rectora del sistema de educación superior. La cacareada Ciudad del Saber no se puede improvisar como una ‘‘universidad hongo’’ más. Para eso se tiene la Universidad de Panamá, pero no con la andadura de las últimas tres décadas. La Universidad de Panamá tendrá que empinarse sobre sus talones para echarse sobre sus hombros la moralidad que le falta a la nación. Es una tarea titánica que siento que los candidatos a rector no logran entender y los poquísimos que dejan entrever que algo han entendido, carecen en este momento de calor electoral.

La agenda del próximo rector, sin embargo, no se agota en liderar la educación superior logrando ofrecer nuevas profesiones y una pluralidad de posgrados a precios asequibles y atractivos, sino en garantizar al Estado nacional la adecuada administración de los recursos que recibe presupuestariamente y los que puede generar en los proyectos que podría adelantar con instituciones como la Caja del Seguro Social, la Autoridad del Canal, la Autoridad de la Región Interoceánica y el Fondo de Inversión Social entre otros. La Universidad de Panamá es una institución que tiene que rendir cuentas por los 100 millones de recursos presupuestarios que recibe y los millones que puede generar al contar con la mejor plana de los recursos profesionales del país. Rendir cuentas es administrar adecuadamente su plana académica de profesores. Devengar 3 mil dólares de salario, después de 25 años de servicio docente, esforzado y disciplinado, no es una gran cosa para un profesor titular, pero es una asignación presupuestaria que debe rendir frutos para la sociedad. Con ese personal cuenta el próximo rector para ser el líder académico –moral y científico– del país. La Universidad está organizada en base a departamentos especializados en áreas del saber universal. Estas unidades organizativas pueden moverse con gran flexibilidad para estructurar las carreras de las nuevas profesiones que requiere el país. No es un problema de escuelas ni de estructuras docentes, que hay que completar cada semestre, lo que tienen que afrontar las próximas autoridades universitarias. La escuela y la estructura docente semestral es un problema de técnica administrativa y logística que tendrá que manejar cada decano y cada director de escuela, pero no es el problema de la Universidad y mucho menos la problemática de la educación superior que el Estado pone en manos de sus universidades oficiales.

El clientelismo electoral que ha salido a relucir en el actual período electoral para elegir al rector de la Universidad de Panamá, podrá hacer crisis en los próximos años y derrumbar una institución que la década nacionalista de acción popular hizo realidad con Harmodio Arias Madrid en 1935. El próximo voto por rector tendrá que ser depositado por la alternativa que le haga menos daño a la Universidad. Esta alternativa tendrá que plantearse críticamente la actual problemática de la educación superior y la mejor forma de administrar y rendir cuentas por los recursos que el Estado panameño le está asignando a la Universidad.

El próximo rector tendrá que jurar cumplir con las funciones de su cargo, tendrá que someterse a las leyes y a los estatutos universitarios y tendrá que echarse sobre sus hombros la educación superior de la nación panameña para el actual milenio. Nosotros profesores y estudiantes universitarios tendremos que estar vigilantes para no dejarnos aconductar de la ineficacia universitaria de las últimas décadas.

El autor es profesor de filosofía y estudiante de derecho de la Universidad de Panamá