Panamá, 3 de mayo del 2000
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Especial para La Prensa/Boris Gomez

Momentos cuando el grupo organizado de estudiantes se enfrenta a la mayoría que desea entrar a la UNACHI para recibir sus clases.

Estudiantes de la UNACHI se enfrentan

Solicitan al
contralor que entregue
informe de
auditoría

BORIS GOMEZ y
SANDRA RIVERA
Especial para La Prensa

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) fue ayer escenario de enfrentamientos verbales y forcejeos entre un minúsculo grupo de estudiantes organizados que cerraron por una hora la entrada al campus universitario, y la mayoría que exigía que se les permitiera asistir a clases.

La medida de fuerza fue implementada de 7:00 a 8:00 de la mañana por una docena de estudiantes, miembros del Movimiento por la Excelencia Académica y Administrativa Frente de Acción Reivindicadora Estudiantil (FARE), que exigía que la Contraloría General de la República revele los resultados de la auditoría que se viene haciendo en esta institución.

Los manifestantes pretendían cerrar los portones indefinidamente hasta que el contralor, Alvin Weeden, viniera a la UNACHI, pero la presión de la mayoría –que los superaba ampliamente en número– los obligó a una rápida retirada y a refugiarse en la rectoría.

La presión obligó a los manifestantes a entregar las llaves de los candados que se habían puesto para cerrar los portones. EStos otorgaron un plazo de 24 horas a las autoridades de la Contraloría para que entregue el informe o de lo contrario se irán a huelga y cerrarán la Interamericana.

Así lo dio a conocer Manuel Beitía, de la Facultad de Humanidades y secretario general de FARE, quien encabezó el grupo que procedió al cierre de la Universidad que posteriormente fuera obligado –luego de una hora– a abrir el paso. Beitía luego se encadenó en la Gobernación de la provincia para solicitar que sean escuchadas sus exigencias. En tanto, el gobernador Miguel Angel Fanovich prometió darle respuesta hoy en la tarde.

Por su parte, Davis González, del Movimiento por la Excelencia Académica y Administrativa, solicitó la intervención del Gobierno en la universidad para investigar supuestos actos de corrupción bajo la administración de Virgilio Olmos.

A las 9:00 de la mañana, se hizo una asamblea convocada por la Rectoría, en la que estudiantes y profesores pidieron una sanción para las personas que cerraron la entrada a la UNACHI.

Al respecto, el candidato Virgilio Olmos dijo que este era un acto orquestado por el grupo que lo adversa y que estas acciones de fuerza para llamar la atención no hacen más que demostrar que no hay respeto por la autonomía universitaria.

Por su parte, el rector encargado de la UNACHI, Feliciano Batista, indicó que se podría aplicar un tipo de sanción para aquellos estudiantes que procedieron a cerrar la universidad, debido a que esta acción no está permitida.

Sin embargo, Beitía aduce que no cabe la sanción, porque ellos estaban protestando de manera pacífica.


Declaran paro en colegio de Ocú

VIELKA CORRO RIOS
Especial para La Prensa

OCU, Herrera. –Unos mil estudiantes del Colegio Rafael Quintero de Ocú declararon un paro indefinido de clases para exigir a las autoridades educativas el pronto nombramiento del personal administrativo.

Los estudiantes marcharon ayer por las principales calles de Ocú, al tiempo que coreaban consignas en contra del director regional de Educación de Herrera.

El pasado 12 de abril, los estudiantes del Rafael Quintero hicieron una asamblea general en la que dieron un plazo de dos semanas a las autoridades del Ministerio de Educación para que nombraran 12 funcionarios administrativos en el plantel; solicitud que vienen reclamando desde 1998.

Sin embargo, Elvis Rodríguez, vocero de los estudiantes, aseguró que en 20 días que han transcurrido las autoridades educativas no se han preocupado por atender sus reclamaciones.

Tras indicar que han sido muchas las notas cursadas al director regional de Educación de Herrera, Moisés Escobar, y a la propia ministra Doris Rosa de Mata, los estudiantes no están dispuestos a seguir siendo engañados porque hasta la fecha no se ha nombrado ningún funcionario.

Dos secretarias, tres trabajadores manuales, dos bibliotecarias, un conductor, dos inspectores y una enfermera falta por nombrar.

‘‘No es posible que se hable de modernización en el sistema educativo cuando los estudiantes de este plantel ocueño no pueden ni siquiera hacer investigaciones ni trabajos en la biblioteca, porque no hay quien les atienda’’, dijo el estudiante.

Se quejó de que pese a que hablan tanto del hanta virus no hay suficiente trabajadores manuales para que mantengan limpio el colegio.

En tanto, el director regional, quien se presentó al colegio, dijo que la falta de personal administrativo no es razón para que los estudiantes se vayan a paro indefinido.

Por su parte, Patricio Guevara, director del Rafael Quintero, confirmó que la falta de personal administrativo es grave, y que las únicas dos secretarias, que eran pagadas con los fondos del colegio, y la contable ya no están trabajando porque los fondos del plantel se agotaron.

Además de no contar con secretarias, comentó Guevara, tampoco tienen bibliotecarias.

En cambio, Escobar desconoce la razón por la cual suspendieron a las dos secretarias y la contable, pese a que llenaban su cometido.

El funcionario no pudo prometerle a los rafaelitas en qué tiempo serán cumplidas sus reclamaciones y dijo que para el Ministerio de Educación prioritario era el nombramiento de los docentes.

Por ahora, falta por llenar aquellas direcciones de las escuelas como la Tomás Herrera, John F. Kennedy y el Instituto de Artes Mecánicas, donde no hay director titular sino un profesor encargado a través del Resuelto 257, dijo el funcionario.

Después de ello, dijo, se procederá a elaborar los cuadros de personal administrativo para que a nivel nacional se nombre los funcionarios que faltan, no solo en el Rafael Quintero sino en el resto de los planteles.


Protestan en Río Congo

URANIA C. MOLINA
Especial para La Prensa

LA CHORRERA, Panamá. –Moradores de la comunidad Río Congo, en el distrito de La Chorrera, exigieron ayer a las autoridades que suspendan las operaciones de la empresa termoeléctrica PanAm Generating Ltd., por el exceso de ruido y humo que ocasiona malestares a los habitantes de la comunidad.

Los moradores cerraron por espacio de cinco horas la vía principal de la comunidad e impidieron que vehículos del transporte colectivo y de fincas privadas realizaran su recorrido habitual.

Johana Carrera, vocera de la comunidad, explicó que cerraron la vía porque hace un mes que les prometieron minimizar los ruidos y el exceso de humo que produce el búnker que utilizan para crear energía eléctrica, y aún no toman ningún tipo de medida.

Esta es la segunda vez que moradores de esta comunidad cierran la vía para protestar por la presencia de la empresa. La primera fue a principios de abril y ese día James Glenward Holland, gerente de la empresa, les prometió que investigaría las denuncias para luego poner los correctivos necesarios.

No obstante, Carrera indicó que la situación no mejoró, porque los ruidos siguen con decibeles mayores a los que establecen las normas ecológicas, las casas se siguen rajando por las vibraciones que producen las máquinas al realizar su labor y el humo produce soñolencia y mareo a las personas.

La protesta de los moradores de Río Congo se inició a las 7:30 a.m. y concluyó a las 12:00 mediodía, luego de que se presentaran al lugar el director de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Carmelo Martino, y un funcionario de la regional de salud en Panamá oeste, quienes acordaron reunirse hoy con los ejecutivos de la empresa.


Arraijaneños exigen soluciones

El Gobierno no ha
resuelto sus problemas
de aguas negras y
calles en mal estado

URANIA C. MOLINA
Especial para La Prensa

ARRAIJAN, Panamá. – Un piqueteo a las instalaciones del Consejo de Representantes del distrito de Arraiján realizaron ayer moradores del corregimiento Arraiján-cabecera, en protesta por el ‘‘abandono’’ en que los gobiernos central y municipal mantienen a esta región de Panamá Oeste.

Sin alcantarillado
para aguas negras

Dora Colsby, residente en la barriada Thatcher, denunció que en su comunidad la falta de alcantarillados provoca que con las lluvias se desborden las aguas negras de los tanques sépticos y estas a su vez inunden sus viviendas, como ocurrió el pasado lunes 1 de mayo.

De hecho, un fuerte olor a excremento y agua sucia se sentía ayer en las calles de esta barriada, donde también se encuentra la Policlínica de la Caja de Seguro Social del distrito de Arraiján.

Colsby explicó que este problema data de 1986 y se le planteó en una reunión al entonces presidente Ernesto Pérez Balladares en junio de 1998; sin embargo, pasaron dos años, cambió el gobierno y los moradores se han quedado con el problema sin resolver.

Por su parte, el representante del corregimiento Arraiján-cabecera, Fausto Araúz, explicó que se han hecho gestiones ante la gerencia del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) sin obtener, por el momento, respuestas positivas.

A su vez, el alcalde de Arraiján, Jaime Barroso, manifestó que comprende las molestias de estas comunidades, pero aclaró que el municipio no está en capacidad de resolver estos problemas porque son males que deben ser resueltos por ministerios y direcciones estatales del gobierno central.

La fábrica de bloques

Por otro lado, Ana María González, residente de Loma del Río, denunció que una fábrica de bloques ubicada en la comunidad vecina de San Agustín, está perjudicando a unos 600 moradores de este sector.

González explicó que el equipo pesado que utiliza la fábrica para trasladar sus productos dejó sin calle a la comunidad.

Además, denunció que los propietarios de esta empresa desviaron el afluente de una quebrada, lo que provocó que varias casas se inundaran durante el último aguacero.

González señaló que la crecida de la quebrada dejó incomunicados por varias horas a los residentes de San Agustín Abajo y destruyó parte del puente de la comunidad.

Se trató de conversar con el propietario de la fábrica de bloques, de apellido Lu, sin embargo, se retiró del área al notar la presencia de los periodistas.

Entre tanto, Florina de Trujillo, residente de la comunidad Bajo Las Palmas, se unió a las denuncias de sus vecinos y explicó que en su comunidad se construyó un puente que no se terminó, cuyos cabezales están mal hechos y al llover, el agua lo sobrepasa y produce inundaciones.

Trujillo explicó que por la ausencia de cunetas, las aguas servidas se desbordan y los obliga a caminar entre estos residuos podridos.

Las manifestantes, en su mayoría madres de familia, coincidieron en señalar que se sienten abandonados por las autoridades, sobre todo las del Gobierno central.

Las mujeres invitaron a la presidenta Mireya Moscoso a dar una mirada al distrito de Arraiján, porque en este lugar ‘‘también viven seres humanos’’.


Arrestan a sospechosos de crimen

ALCIBIADES CORTES
Especial para La Prensa

EL CARATE, LOS SANTOS .–Unos cinco miembros de la banda Los Pitufos fueron arrestados por estar presuntamente involucrados en el homicidio del deportista Diógenes Cortés Frías, hecho ocurrido el fin de semana pasado en la bodega Dos Hermanos, en el corregimiento de El Carate de Las Tablas.

El asesinato fue repudiado por los vecinos de dicho corregimiento, quienes denunciaron que este grupo se ha radicado en la comunidad para sembrar el terror.

Según los moradores, la banda conocida como Los Pitufos está integrada por unas 15 personas con edades entre los 18 y 30 años, los cuales se dedican a crear trifulcas y cometer robos con arma blanca dentro de la comunidad.

El fiscal del circuito de Los Santos, Humberto Collado Castillo, detalló que el asesinato de Cortés Frías se produjo –de acuerdo con las investigaciones– en medio de una riña, en la que dos personas se enfrentaron a un grupo de cinco, resultando una de aquellas con una mortal puñalada en el pecho.

Durante el fin de semana el pueblo tableño fue sorprendido con otro homicidio con arma blanca, que ocurrió el domingo 30 de abril en la barriada Santa Cruz del corregimiento cabecera de Las Tablas, donde también murió de una puñalada el ciudadano José Díaz, de 22 años de edad.

 

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