La solicitud que ha hecho el Ministerio Público a la Asamblea Legislativa para que se reforme la ley que establece un proceso especial para juzgar a las personas menores de edad que cometen un delito, es un reconocimiento franco de que desde que la ley entró en vigencia, la jurisdicción de menores funciona al margen de la ley. No se siguen los procedimientos establecidos ni se respetan los derechos que la ley otorga, porque las instituciones no han sido creadas. ¿La razón? No hay presupuesto. No deja de ser curioso que fue la Asamblea Legislativa la que aprobó la ley, propuesta por el Ejecutivo, y fue la Asamblea Legislativa la que recortó el presupuesto del Organo Judicial de modo que la ley no ha podido implementarse. En conclusión, se trata de una irresponsabilidad en masa de los tres órganos del Estado, los mismos que ahora quieren exigir a los adolescentes responsabilidad por sus actos. Si la Corte Suprema de Justicia reconoce que una de sus funciones es la ‘administración’ de la justicia, entonces debe liderar un movimiento para que la ley sea reformada con miras a una puesta en práctica de modo ordenado. Si la Corte no puede dar respuesta, si la Asamblea no puede dar respuesta, y tampoco lo hace el Ejecutivo, entonces hay que preguntarse cuál es el ejemplo que nuestras autoridades transmiten a las generaciones más jóvenes: el peor de todos, el exigir responsabilidades a los más vulnerables, cuando los que tienen poder no están a la altura de las suyas.

Recuerdan el Holocausto

Dos actrices caminan por la Avenida Ghetto de Varsovia, en la ciudad de Panamá, vestidas como aquellas mujeres que eran conducidas, hace 57 años, a los campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial. Durante la conflagración murieron millones de judíos, no sin antes ser víctimas de graves torturas.

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