Panamá, 3 de abril del 2000
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Los rostros de Auto Fin

Más de 50 clientes de Auto Fin han dado la cara para quejarse

Carolina Freire y Miren Gutiérrez
De La Prensa

Son decenas; vienen de Puerto Armuelles, Volcán, Colón, San Miguelito; son maestros, funcionarios públicos, desempleados, amas de casa; pero tienen mucho en común: todos cuentan con escasos recursos, todos dicen haber sido estafados tras firmar un contrato con la empresa de financiamiento Auto Fin Internacional. Son las caras de Auto Fin.

Después de la publicación de dos notas sobre las actividades de Auto Fin (ver La Prensa del 27 y del 28 de marzo), algo más de 50 clientes de la financiera acudieron a las instalaciones de este diario el miércoles pasado con la intención de que sus voces fueran escuchadas.

Estas personas entregaron a Auto Fin (que fue allanado esta semana) decenas de miles de dólares en los últimos meses. El número de clientes supuestamente estafados podría ser mucho mayor, ya que Auto Fin se creó en 1997. Aunque todas las historias muestran un patrón común y terminan en la misma queja colectiva, la supuesta estafa tuvo diferentes manifestaciones.

‘La solución’

Quizás Ricardo Barría, un comerciante de 27 años de edad, personifica como nadie el desamparo de alguien que quiso levantar cabeza, para hundirse más. Barría perdió su trabajo cuando se dio cuenta de que Auto Fin no le proporcionaría de inmediato la camioneta para cuya compra ahorró un año y medio.

El 5 de julio de 1999, Barría recibió de Gloria Tejada, una ejecutiva de Ventas de la financiera, una oferta que parecía irresistible: por un abono de sólo 638 dólares, la promesa de un vehículo, financiado con un préstamo de 8 mil. ‘‘Yo dije: ésta es mi solución’’, recuerda. ‘‘En el mismo día, yo le pagué el contrato’’. Tejada -dice- le prometió que le llamaría en un plazo de 15 días para avisarle de dónde y cuándo se daría la subasta en la cual recibiría su automóvil, ‘‘porque ya tenía tres letras adelantadas’’. Ricardo esperó. Y esperó. Un mes después se dirigió a Auto Fin para exigir una explicación. Raquel Castillo, actual gerente de Ventas, le prometió, una vez más, que lo llamaría antes de la subasta. ‘‘Hasta la fecha de hoy, nunca me han llamado’’, dice molesto casi un año después. ‘‘Siento que me robaron. Ellos no están estafando a gente de plata, sino a humildes’’.

Auto Fin ofrece financiamiento de casas, automóviles o terrenos con dos opciones de crédito -de 5 mil y 8 mil dólares, o combinaciones de ambos-, sin pedir ‘‘fiadores ni carta de trabajo’’, según la gerente Castillo. Para participar, se debe pagar una cuota de inscripción y tres mensualidades (lo que representa 350 ó 638 dólares -para muchos clientes de Auto Fin, más de lo que perciben en un mes- según el préstamo a que se opte). Ese pago solo da derecho a participar en una subasta, donde decenas de personas se disputan un crédito pujando con ofertas de letras.

Como Barría, otros tampoco tuvieron oportunidad de pujar, puesto que nunca les avisaron sobre dónde sería la subasta.

Ana Avila, por ejemplo, tuvo tantas dudas nada más por abonar los 638 dólares que, una hora y media después de firmar el contrato con Auto Fin, trató, sin éxito, que le devolvieran su dinero. ‘‘De una forma grosera’’, según Avila, la gerente Castillo se avino a reemplazar el contrato de 8 mil por otro de 5 mil dólares. Sintiéndose engañada, Avila se despidió de Auto Fin deseando ver a sus responsables ‘‘algún día en la cárcel’’. Nunca la llamaron.

Yamileth Santia tampoco llegó a la subasta. Le pareció extrañísimo que el vendedor de Auto Fin estuviera dispuesto a darle un recibo sin haber pagado, así que decidió llevar el contrato a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), donde le recomendaron que se lo pensara dos veces. ‘‘Prefiero andar a pie’’, dice ahora a pesar de estar embarazada.

‘La adjudicación’

A excepción de estos casos, la mayoría de los descontentos que hablaron con La Prensa fueron citados a una ‘‘reunión de adjudicación’’ en la que tenían entendido que recibirían el ‘‘bien’’ que deseaban, porque –dicen– nunca se les habló de una venta pública al mejor postor.

‘‘Yo estaba consciente de que no era un vehículo de paquete, sino de segunda, pero jamás pensé que era una estafa’’, se lamenta Alcibíades García, haciéndose eco de decenas de otros casos. El 3 de febrero de 2000 Miguel Mora -otro representante de Ventas de la empresa- le aseguró, dice, que en 45 días le convocaría en una ‘‘reunión de adjudicación’’, y que, si ofrecía tres letras adicionales, recibiría su automóvil 10 días después. El 25 de marzo, García llegó al salón Guaymí del Hotel Soloy en busca de su carro. ‘‘A los cinco minutos nos dimos cuenta de que no se trataba de adjudicaciones, sino de una puja’’, recuerda enojado.

Las historias se repiten. A Héctor Arosemena, de Veracruz, le dijeron que ‘‘no tenía que hacer más nada’’ que firmar el contrato para recibir su automóvil. A José Alvaro Cáceres le prometieron que 72 horas después de hacer el abono, el carro que quería estaría estacionado en el garaje de su casa. ‘‘Leí el contrato después de pagar’’, asegura por su lado Mitsila de Catuy, quien se dio cuenta de lo que había hecho demasiado tarde para rectificar. Muchos coinciden.

Pero la reunión del Hotel Soloy del 25 de marzo no fue como otras, cuentan. Durante la sesión -que, al parecer, no duró más de 15 minutos-, un supuesto cliente de Auto Fin ofreció 27 mensualidades, cuando ninguna oferta superaba las diez. Incapaces de competir y frustrados por la diferencia de ofertas, los participantes se fueron encima de los empleados de Auto Fin. Según dicen testigos presenciales, la Policía arrestó a cuatro empleados de la empresa ante el temor de que los lincharan. Fueron liberados al día siguiente.

Esa misma noche, José Catuy –uno de los clientes de Auto Fin que había pagado un total de 3 mil 528 dólares a Auto Fin– interpuso una denuncia en la Policía Técnica Judicial. La queja se suma a otras que se han ido acumulando desde mayo de 1999.

¿Qué pasa ahora?

Desde la maraña de pasillos, oficinas y archivos de la PTJ, el inspector Gustavo Chong-hon, del Departamento de Crímenes contra la Fe Pública, investiga actualmente el caso de Auto Fin. Como punto de partida, Chong-hon cuenta con ‘‘documentos varios, copias de contratos’’ incautados en dos allanamientos hechos en las oficinas de Auto Fin el pasado jueves.

A pesar de ser un caso en el que hay ‘‘arriba de 150 personas’’ y de que comenzó la investigación hace solo tres días, Chong-hon considera que se ha avanzado ‘‘mucho’’. Además del material, ya se ha entrevistado a una veintena de personas y se está llamando a los descontentos a un ritmo de entre cinco y nueve personas al día para que rindan sus declaraciones.

La PTJ trabaja sobre la hipótesis de que las subastas de Auto Fin están amañadas, por lo que trata de localizar a las personas que supuestamente recibieron ‘‘bienes’’ de manos de Auto Fin con el fin de determinar si tienen alguna relación con los promotores de la empresa. Una vez ‘‘construido’’ el caso, la PTJ lo remitirá a la Fiscalía Auxiliar, que ‘‘dictamina judicialmente cómo se va a proceder’’.

Pero aunque se logre determinar que Auto Fin violó el Código Penal, Chong-hon admite que la pena ‘‘no va a ser mucha’’, ya que ‘‘las leyes son muy leves’’ en los delitos contra la fe pública. Los responsables podrían ir a la cárcel durante entre dos y cinco años por delito de falsedad.

Entretanto, los esfuerzos de los clientes de Auto Fin caminan por otros derroteros. ‘‘Las personas dispuestas van a presentar una demanda [civil] de protección al consumidor para pedir la nulidad del contrato y la devolución del dinero’’, informó el abogado José Juan Ceballos. ‘‘Voy a presentar una demanda civil porque es un contrato de adhesión, o sea, es un contrato que no se discute, sólo hay que llenar datos’’.

Los derechos del consumidor, recogidos por la Ley 29, señalan que, si se demuestra que las cláusulas de un contrato de adhesión son excesivamente favorables a la empresa, se puede anular dicho contrato.

Sin embargo, queda mucho camino por delante, y nada está garantizado como han aprendido a las duras los clientes de Auto Fin. Y es que, según Ceballos, quien entra en Auto Fin, entra ‘‘en una especie de laberinto que no tiene salida’’.

Para realizar este reportaje, se trató de hablar repetidas veces con algún representante de Auto Fin, cuyo teléfono en las oficinas en Plaza Concordia (Vía España) no fue contestado desde el lunes pasado.


El laberinto de denuncias

Las quejas contra Auto Fin se acumulan.
Mientras, la PTJ avanza en su investigación

Redacción
De La Prensa

Desde 1998, la Policía Técnica Judicial (PTJ), la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) vienen reuniendo denuncias por supuesta estafa contra Auto Fin. Hasta el momento, ninguna de ellas ha prosperado. Las puertas de Auto Fin siguen abiertas, y hasta el sábado pasado todavía se realizaban subastas.

6 de abril de 1998 a 18 de mayo de 1999

La CLICAC reunió los expedientes de 46 personas que, entre estas fechas, presentaron quejas contra la empresa Auto Fin. El documento fue enviado el 20 de mayo de 1999 al Fiscal Quinto de ese entonces, Roberto Murgas, para que se realizara una investigación. La Fiscalía Quinta asegura haber remitido el documento a la Procuraduría.

13 de mayo de 1999

Rosella Stagnaro, Anays Alvarez y Débora Isabel Fernández Mendoza de la Defensoría del Pueblo asistieron a una reunión con Ramiro G. Jarvis, subdirector general de la PTJ, para tratar Auto Fin. Jarvis dijo conocer una sola denuncia en contra de Auto Fin antepuesta en la PTJ el 11 de mayo de 1999. La denuncia fue clasificada como posible estafa por la Fiscalía Auxiliar.

Fernández Mendoza dijo conocer 11 casos que se presentaron en la Defensoría del Pueblo en busca alguna solución para recuperar su dinero. Algunos habían puesto denuncias en la PTJ. La Defensoría del Pueblo manifestó su “preocupación” por la cantidad de personas afectadas.

15 de septiembre de 1999

Ricardo Barría Delgado presentó una denuncia por estafa contra la empresa Auto Fin ante la PTJ el 15 de septiembre de 1999. La denuncia, con número 3-470-99, fue recibida por la inspectora Melida Arjona del Centro de Recepción de Denuncias del Ministerio Público.

25 de marzo del 2000

José Nemis Catuy Codrington presentó una denuncia por estafa contra la empresa Auto Fin el sábado 25 de marzo ante la PTJ. La denuncia, de número 3-109-2000, fue recibida por el Roniel Ortiz, del Centro de Recepción de Denuncias de la PTJ. Aunque Catuy acudió a la PTJ con varios otros afectados, solamente se admitió su denuncia.


El polifacético Omar Aguilar

Redacción
De La Prensa

Durante la reunión en este diario el miércoles pasado, los clientes de Auto Fin identificaron a varios de los vendedores de Auto Fin. Entre ellos, Raquel Castillo -con quien La Prensa habló-, Miguel Mora, Yaremi Palmer y Aura Mora de Lewis. ‘‘Son vendedores sumamente hábiles, capaces de vender el Puente de las Américas’’, dice el abogado José Juan Ceballos, que está representando a 80 quejosos.

Uno de ellos, a quien describieron como ‘‘barrigoncito, de pelo acholado, bajito, de unos 40 años’’, es Omar Adalid Aguilar. Aunque en Panamá quizás no sea muy conocido, en Costa Rica dejó una huella indeleble. Allá promovió desde oro brasileño, hasta petróleo iraní, pasando por cemento ruso, de acuerdo con Irene Vizcaíno, periodista de La Nación. Pero como se hizo verdaderamente famoso fue con la estafa de ADCONSA.

Según la cobertura realizada por el diario costarricense entre el 31 de mayo de 1995 y el 9 del abril de 1996, Adalid Aguilar -de origen hondureño- entró en mayo de 1994 a Costa Rica, donde vivió a partir de entonces con su esposa, de nacionalidad brasileña, y sus hijos. Aparte de sus actividades promocionales, allá estableció la empresa Administradora de Consorcios, S.A. (ADCONSA), en Pérez Zeledón y en San José, que hacía dinero ofreciendo préstamos con intereses entre 4.2% y 4.6% anual. Adalid Aguilar trabajaba con 29 representantes, a quienes ofrecía comisiones de 1.75% sobre las cuotas pagadas por cada cliente. En un escalofriante parecido con Auto Fin, los préstamos de ADCONSA se otorgaban de dos maneras: individualmente y mediante ‘‘asambleas en las que salen favorecidas dos personas’’.

Una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica llevada a cabo en 1995 vinculó a ADCONSA con la estafa de cientos de particulares, que aparentemente nunca recibieron el dinero que se les prometió en préstamo, informa La Nación. El 30 de mayo de 1995, se descubrió que ADCONSA operaba sin permiso de la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF) de Costa Rica.

Según una fuente panameña que prefirió mantenerse en el anonimato, Adalid Aguilar escapó de Costa Rica rumbo a Panamá por Paso Canoas tras el cierre de ADCONSA en Semana Santa de 1996. Antes de llegar, ya lo esperaban en Panamá su esposa y sus hijos, que habían llegado por el aeropuerto de Paitilla. La información coincidiría con la de un artículo publicado por La Nación el 9 de abril de 1996, en el que Vizcaíno señala que Adalid Aguilar citó a sus clientes a las oficinas de ADCONSA el 8 de abril para retirar los préstamos solicitados. Estos, sin embargo, ‘‘sólo encontraron la casa vacía y la propietaria molesta porque a ella también la dejaron con deudas de teléfono y alquiler’’. Adalid Aguilar ya se había dado a la fuga.

De acuerdo con la fuente anónima en Panamá, tras su huida, Adalid Aguilar buscó socios inversionistas para montar la empresa en Panamá que se convertiría en Auto Fin.

De acuerdo con el Registro Público, la directiva de AMFIN Investments, S.A. (Auto Fin) era originalmente presidida desde el 5 de marzo de 1997 por Idelcarmen Pérez de Palma, quien también era la representante legal. Mirgia Díaz Schiffino actuaba como secretaria y Grace Jiménez Díaz de tesorera (que, como gerente general de Auto Fin, habló con La Prensa en mayo de 1999). El 22 de septiembre de 1997, Manuel de Jesús Cárdenas sustituyó a Pérez de Palma como presidente y Juana Janeth García fue nombrada secretaria. Omar Adalid Aguilar no aparece en el Registro.

El paradero de Adalid Aguilar es incierto. A Marcos Pérez, uno de los clientes de Auto Fin, se le informó en la empresa el pasado lunes 27 de marzo de que Omar Adalid Aguilar ya no estaba laborando en ella; pero el 2 de febrero del 2000, José Alvaro Cáceres -otro cliente- firmó un contrato con el hondureño. ¿Su último contrato con Auto Fin?


Empresas tradicionales pierden valor comercial

Deidamia Batista C.
De La Prensa

Conocidos titanes empresariales, como Coca Cola, Gillette y McDonald’s, están que tiemblan frente al ‘‘despepitado’’ valor comercial que han alcanzado recién llegados como Cisco, Microsoft y Oracle, según una nota de Business Week.

Y es que las compañías tradicionales han visto cómo, ante sus mismas narices, las compañías de alta tecnología y las ‘‘punto-com’’ han aumentado su valor comercial en los últimos años. Cisco, por ejemplo, subió su valor comercial en 293 mil 300 millones de dólares desde el primero de mayo de 1999 hasta el 9 de marzo pasado.

Pero eso no es todo. Cisco, que se creó hace 14 años en el campus de la Universidad de Stanford, en California, y salió a la bolsa en 1990, se convirtió el martes pasado en la corporación más valiosa del mundo al superar en capitalización bursátil a Microsoft.

Las acciones de Cisco se negocian a un precio que supone 136 veces sus ganancias. Desde 1997, los títulos de la empresa han subido su valor en un 762%, según un artículo del diario El Pais. Ello, en parte, gracias a la creciente importancia de internet, que se ha convertido en el motor de la revolución tecnológica.

Pero no es la única.

El valor de mercado de Oracle –en el mismo periodo– se calculó en 198 mil 100 millones de dólares; seguido en valor por Intel, con 192 mil 500 millones de dólares, y Nokia, con 161 mil 200 millones de dólares. En total, el valor comercial de las 10 mayores empresas de alta tecnología y de internet en el periodo evaluado fue de 1.5 millones de millones de dólares.

Del otro lado de la moneda se encuentran las 10 mayores empresas que registraron pérdidas en su valor comercial, como Coca Cola y Bank of America, cada una con pérdidas de más de 50 mil millones de dólares. En su conjunto, los gigantes tradicionales han enfrentado una pérdida en su valor de mercado de 284 mil 300 millones de dólares en los últimos 10 meses.


El oro en las reservas

Redacción de La Prensa

Las reservas en divisas extranjeras de Japón -que incluyen divisas, derechos especiales de retiro y posiciones de reserva en el Fondo Monetario Internacional-, que están valoradas 260 mil millones de dólares, son mayores que el total de las reservas de los 11 países del ‘‘área euro’’, destaca una nota de The Economist.

Japón sobrepasa el total de las reservas oficiales de los países de la zona euro en 3 mil millones de dólares. Ello, sin embargo, no incluye las reservas de oro de los europeos. Si se contabilizan sus reservas de oro, entonces los 11 países de la zona euro tendrían mayores reservas oficiales que el país nipón.

Por su parte, las reservas oficiales de Estados Unidos y Alemania están valoradas en 62 mil millones de dólares, respectivamenmte. Pero si se cuentan las reservas de oro de Estados Unidos, éstas doblarían el valor de las alemanas. En el cuarto y quinto lugar, se encuentran las reservas de Francia, con unos 48 mil millones de dólares y España, con unos 46 mil millones de dólares, respectivamente.


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