En el caso Sossa: Comisión incumple con el Reglamento de la Asamblea, dice su secretario general

La Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa no ha cumplido aún con el requisito de presentar a la presidencia de este órgano del Estado, el informe que entregaron a la Procuraduría de la Administración, en el que solicitaban que se investigara al procurador, José Antonio Sossa, por supuestas actuaciones irregulares en el ejercicio de sus funciones.

Así lo informó el secretario general de la Asamblea, José Gómez, quien destacó que se trata de un requisito obligante, tipificado en el artículo 83 del Reglamento Interno del Organo Judicial y que debe ser cumplido por los miembros de la Comisión de Drogas.

Los comisionados entregaron el pasado 19 de enero a la Procuraduría de la Administración, un informe sobre supuestas actuaciones negligentes cometidas por Sossa en investigaciones relacionadas con lavado de dinero. Por ello, los comisionados pidieron la separación del cargo del jefe del Ministerio Público.

Sin embargo, el equipo de asesores legales de la Asamblea consideró que los miembros de la Comisión de Drogas ‘‘se inmiscuyeron en asuntos que son de privativa competencia de otros órganos del Estado’’, en este caso.

Paralelamente un grupo de abogados independientes, encabezado por Víctor Martínez, denunció que los comisionados habían incurrido en violaciones a la Constitución Nacional, Código Penal y el Reglamento Interno de la Asamblea al redactar este informe contra Sossa.

Explicó Gómez que la presidencia de la Asamblea le pidió al comisionado presidente, legislador José Muñoz, una copia de este informe remitido a la Procuraduría de la Administración sobre el caso Sossa, pero el mismo fue entregado con defectos de forma y con la ausencia de algunas firmas, por lo que el documento fue devuelto para su corrección.

Señaló el funcionario legislativo que se trata de un requisito tipificado en el artículo 83 del Reglamento Interno de la Asamblea que señala que: ‘‘Las comisiones que hayan despachado sus asuntos, los entregarán por conducto de su presidente al secretario general. El presidente de la Asamblea Legislativa le dará el curso reglamentario’’.

En tanto los abogados Guillermo Cochez y Víctor Martínez se presentaron ayer a pedir este informe, y denunciaron que no pudieron tener acceso al mismo porque los comisionados no habían cumplido con lo exigido por el reglamento interno.

Cochez indicó que en el documento se le mencionaba como amigo del procurador Sossa y abogado de Alfredo Oranges, por lo que estaba solicitando el documento para tomar medidas legales.

De igual forma, Martínez destacó que pretende presentar una demanda contra los integrantes de la Comisión de Drogas por actuaciones irregulares, pero necesita conocer el contenido del referido informe para presentarlo como base de su acción legal.

Afirma legislador Blandón: Gobierno debe adoptar plan anticorrupción

El ex contralor Rubén Darío Carles pidió a los funcionarios ‘‘buenos ejemplos, austeridad y buena fiscalización’’ para combatir la corrupción, mientras que el legislador arnulfista José Blandón Figueroa fue más allá y recomendó al Gobierno adoptar, cuanto antes, una estrategia nacional anticorrupción, en cuya elaboración participen las fuerzas civiles y políticas.

A juicio de Carles, este problema no se resuelve con legislaciones especiales. ‘‘No es posible legislar -opinó- tipificando cada metida de pata; quizá no falten nuevas leyes’’.

Desde su punto de vista, en la lucha contra la corrupción hay tres aspectos primordiales para tomar en cuenta.

Primero, pasó a explicar el también ex candidato presidencial, que la Contraloría debe cumplir sus funciones. En segundo término, añadió, que los tribunales apliquen verdaderas sanciones sin demoras y complicaciones, e insistir en el cumplimiento de las leyes existentes.

Y en tercer lugar, concluyó, que los funcionarios de más alta jerarquía brinden ejemplos de austeridad y honestidad en el manejo de los bienes y recursos públicos.

A su turno, Blandón Figueroa insistió en que urge adoptar una estrategia anticorrupción que, primordialmente, ‘‘llene algunos vacíos legales como la inexistencia de normas que regulen lo que tiene que ver con el conflicto de intereses, con los regalos a funcionarios públicos, y además mejorar las legislaciones existentes’’.

El legislador arnulfista coincidió con Carles en que antes de aprobar más leyes para combatir la corrupción, es preciso unificar criterios al respecto.

‘‘Lo importante -planteó- es que lleguemos a una instancia en la que podamos coincidir la Asamblea Legislativa, las instituciones, los partidos y la sociedad civil, para que nos pongamos de acuerdo en elaborar una estrategia anticorrupción’’.

Para César Guevara, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), es importante destacar que tan corrupto es el funcionario que comete el acto como aquel que lo propone.

‘‘Aquí en este país pareciera que solamente es el funcionario el que accede a la corrupción, y no se investiga qué empresario, qué persona natural es la que está en esa corrupción’’, sostuvo el abogado.

Es importante, sugirió Guevara, consultar no solo a los partidos políticos, sino a la propia sociedad civil, es decir, los clubes cívicos, los sindicatos, los gremios profesionales y entidades como Transparencia Internacional’’.

Por su parte, la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, reconoció que ‘‘todavía existe un estado de corrupción en nuestro país, el cual sigue existiendo aunque estamos combatiéndolo’’.

La funcionaria dijo, durante el acto de inauguración del programa de reparación de más de 700 escuelas en el país, que la corrupción se encuentra en el mismo sistema económico y en el sistema administrativo, pero que se están dando acciones y se van a seguir dando para combatirla.

‘‘Los dolos deben ser penalizados con firmeza’’, y para eso indicó que ‘‘es importante que la ciudadanía colabore formulando denuncias concretas para erradicarlos de la gestión pública’’.

Aunque la entrevistada no quiso mencionar las medidas correctivas contra los manejos turbios porque, según dijo, no le atañen directamente, explicó que el flagelo es un arrastre originado por la pérdida de valores como la responsabilidad, la honradez y la honestidad.

Aclaró la ministra que aún dentro del Ministerio de Educación ha encontrado casos, pero ‘‘desde luego hemos hecho todo para corregirlos y como un aporte a una solución general, a nivel del ministerio queremos introducir materias que vuelvan a la vigencia los valores universales’’.

Le causa heridas leves: ‘Diablo Rojo’ embiste auto de monseñor Dimas

Monseñor Dimas Cedeño sufrió ayer un accidente de tránsito que le causó heridas leves, tras ser embestido por un autobús del transporte colectivo a la altura de la principal intersección de calles del sector de Carrasquilla, en la ciudad capital.

Según agentes de la Policía de Tránsito, el accidente ocurrió entre las 2:30 y las 3:00 de la tarde de ayer lunes, cuando el autobús de la ruta Río Abajo-Veranillo, con placa 055693, chocó el automóvil Nissan Sentra de color rojo y con placa 167075 que conducía monseñor Cedeño.

Una ambulancia trasladó al jefe de la Iglesia católica panameña al Hospital San Fernando, donde su estado de salud fue declarado como ‘‘estable’’ por los médicos que le atendieron.

Este hecho causó mucha preocupación entre los miembros de la Iglesia católica panameña, y más que nada, entre los miles de fieles que asistieron a la procesión de San Juan Bosco, que se celebró ayer en los alrededores de la Basílica Menor Don Bosco, donde monseñor Dimas Cedeño ofició una misa en honor al llamado ‘‘Santo de Panamá’’ en horas de la mañana.

De acuerdo con datos oficiales de la Policía Nacional, el año 1998 cerró con 534 muertos por accidentes de tránsito, en su mayoría causados por vehículos del transporte colectivo y selectivo, mientras que 1999 terminó con una cifra de muertos cercana a los 500, lo que pone un crespón negro a las calles y avenidas de esta capital, principalmente.

Incluso la propia Iglesia católica ha llamado a los conductores a respetar la vida, porque es un don de Dios que solo él puede dar y quitar.

Las cifras son alarmantes si se toma en cuenta la cantidad de víctimas fatales por accidentes de tránsito en relación con la población de este país, que no alcanza los 2.8 millones de habitantes.

Juicio en Corte Interamericana: Endara se ‘equivoca’ al cuestionar mi actitud, dice canciller Alemán

El canciller, José Miguel Alemán, afirmó ayer que el ex presidente Guillermo Endara está ‘‘equivocado’’ al cuestionar su actitud en la audiencia contra el Estado panameño realizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Costa Rica, pero lo felicitó por su actuación como testigo, en defensa de los intereses del Estado.

El pasado fin de semana, Endara envió una carta al canciller Alemán en la que lo llamó ‘‘pusilánime’’ y lo cuestiona por ‘‘haberle quitado el piso’’ al tratar de llegar a un arreglo económico amistoso con los 270 trabajadores que fueron despedidos por medio de la Ley 25 de 1990.

A juicio del canciller Alemán, Endara está equivocado porque ningún ministro establece la política del Gobierno, a pesar de que mantiene la tesis de que ‘‘los panameños deben resolver sus problemas internamente’’.

Continuó diciendo que le dolía observar cómo ‘‘jueces extranjeros’’ tenían que resolver las diferencias que se presentan entre los propios panameños, en lugar de ventilarlas en los tribunales locales.

No obstante, reconoció que Endara tiene derecho a opinar sobre cualquier tema, pero en este caso ‘‘no percibe correctamente lo que está pasando’’. En cuanto a la audiencia, dijo, evitó hacer juicios a priori, pero ‘‘el Estado panameño está muy confiado con los resultados y en parte se debe a la presentación del ex presidente Endara’’, subrayó Alemán.

Sobre este mismo caso, una fuente de la Cancillería reveló que el ex segundo vicepresidente de la República y entonces ministro de Gobierno y Justicia Ricardo Arias Calderón fue invitado a participar como testigo, pero se negó a hacerlo.

La misma fuente recordó que fue precisamente el Partido Demócrata Cristiano (PDC), del cual fue presidente Arias Calderón, el que aportó la mayoría de votos para aprobar la Ley 25. (El PDC, como aliado de gobierno, contaba entonces con 28 legisladores).

En tanto, los trabajadores despedidos por medio de la Ley 25 de 1990 expresaron que el Gobierno debe someterse a los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para evitar una condena por violación a los derechos humanos de segunda generación (aspectos sociales y económicos).

Según se informó, las consecuencias de una condena provocaría que los organismos crediticios internacionales le cerraran todos los créditos, apoyos y préstamos económicos a Panamá, mientras el Estado no haya resarcido en su totalidad los perjuicios ocasionados a los 270 afectados.

Aun cuando se llegue a una solución ante la Corte, los trabajadores sentarían un precedente para el resto de los países latinoamericanos de castigo por despidos masivos injustificados de trabajadores.

Panamá ha sido el único país que ha sentado un precedente, ya que todos los Estados que habían perdido los casos en las audiencias terminaron aceptando que violaron los derechos humanos. Tal fue el caso de Surinam, Venezuela y Guatemala.

Transportistas piden préstamos blandos

Los transportistas del sector público buscan que el Banco Nacional de Panamá (BNP) y la Caja de Ahorros (CA) les otorguen ‘‘préstamos blandos’’ para poder mejorar la flota de buses y evitar, de esta forma, que el pasaje suba a 40 centésimos, reveló ayer el secretario de defensa de la Cámara Nacional del Transporte (CNT), Esteban Rodríguez.

Los dirigentes del transporte intentaron incrementar la tarifa a 40 centésimos a partir de enero de este año, pero se dieron cuenta de la ‘‘impopularidad’’ de esta medida, confesó Rodríguez.

Señaló que vienen conversando con el director de la Autoridad del Transporte, Carlos Rodríguez, sobre los diversos problemas del sector, pero tienen intención de reunirse con la mandataria, Mireya Moscoso, para plantearle la necesidad de que se les otorgue préstamos con intereses bajos a través de los bancos estatales.

‘‘Estamos interesados en mejorar el sistema del transporte, pero los buses cuestan más de 100 mil dólares y los intereses que cobran las financieras están por el orden del 14% y 18%, lo que es impagable’’, indicó.

Explicó que no están interesados en transferirle todo el costo del mejoramiento del transporte a los usuarios, y para ello esperan que el Gobierno ‘‘no se quede con los brazos cruzados’’.

Esteban Rodríguez dijo que estos préstamos se les otorgaría a las empresas del transporte y lo que buscan es que puedan pagar intereses más bajos.

Asesinos de Takashi Ota llegan hoy a Panamá

Luego de siete años de estar fuera del alcance de la justicia panameña, los hermanos Horacio y Humberto Chang Wong serán extraditados hoy desde Nicaragua para cumplir una condena de 20 años de prisión, por el homicidio del empresario japonés Takashi Ota, perpetrado en 1992.

El fiscal cuarto superior, Dimas Guevara, dijo que los hermanos Chang Wong llegarán hoy a las 6:00 p.m. vía aérea a territorio panameño y de inmediato serán puestos a órdenes del Segundo Tribunal de Justicia.

Cuatro funcionarios de la Policía Técnica Judicial (PTJ) viajaron este lunes a Managua para trasladar a los dos detenidos, quienes serán enviados a las celdas de máxima seguridad de la cárcel La Joyita, en Pacora.

El homicidio de Ota, un ejecutivo de la empresa Citizen ubicada en la Zona Libre de Colón, ocurrió en marzo de 1992, luego de haber sido secuestrado cuando cenaba en un restaurante en la ciudad capital. Su cadáver fue encontrado calcinado en un sector selvático en Chepo.

El Segundo Tribunal de Justicia sentenció, en ausencia, a Horacio y Humberto Chang Wong a la pena máxima de 20 años por los delitos de secuestro, asociación ilícita y homicidio. Mientras que su hermano mayor, Héctor, fue condenado a 12 años de cárcel como cómplice secundario y cumple su pena en la cárcel El Renacer.

Estaban protegidos por ‘padrinos’: Garrido ha despedido a unos 60 funcionarios

El presidente de la Asamblea Legislativa, Enrique Garrido, confirmó que ha despedido a unos 60 funcionarios de este órgano del Estado, los cuales, según dijo, estaban protegidos por ‘‘padrinos’’ que les permitían hacer ‘‘lo que les daba la gana’’.

Sin embargo, el legislador perredista Miguel Bush denunció que se trata de destituciones ‘‘políticas’’, para darle cabida a militantes de los partidos de la alianza oficialista, principalmente de la Democracia Cristiana y la denominada Bancada Popular.

Garrido indicó a La Prensa que las destituciones eran necesarias porque se trataba de funcionarios que ‘‘hacían lo que les daba la gana y llegaban a la hora que querían a laborar, porque tenían sus ‘padrinos’ que los apoyaban’’.

Destacó el presidente de la Asamblea que no se trata de destituciones políticas, sino de una acción para acabar con ‘‘el padrinazgo’’ en este órgano del Estado.

También la presidencia de la Asamblea -agregó- ‘‘necesita trabajar con gente de su confianza y por eso es que estamos haciendo cambios, traslados y destituciones’’, añadió Garrido.

Por su parte, Bush destacó que lo peligroso en este caso, es que se trata de trabajadores permanentes los que fueron despedidos, incluyendo a varios periodistas. Otros, incluso, añadió, tenían hasta diez años de laborar en la Asamblea Legislativa.

Entre los periodistas despedidos figuran Sandra Martínez, que laboraba en la Asamblea desde hacía tres años en la Dirección de Medios.

Dijo Bush que la mayoría de los despedidos son miembros del PRD, nombrados durante el período comprendido entre 1994 y 1999 cuando el PRD estaba en el poder.

Anunció que abogados del PRD brindarán asesoría jurídica a todos los funcionarios de la Asamblea Legislativa que han sido despedidos en forma ‘‘masiva’’ bajo la administración de Garrido.

Fuentes de la Asamblea indicaron a La Prensa que las destituciones podían ascender a unas 100, luego de que aún en horas de la tarde de ayer se estaban entregando las cartas de despido firmadas por Garrido.

Sobre este y otros casos, la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) ha llevado a cabo en los últimos meses varios cierres de calle, para protestar por lo que consideran ‘‘despidos masivos’’ de funcionarios desde que asumió el poder el actual gobierno, el pasado 1 de septiembre.

El Gobierno, por su parte, ha insistido en que ha encontrado muchas ‘‘botellas’’ [funcionarios que cobran sin trabajar] y que por ello ha sido necesaria la depuración en diversas instituciones para poder trabajar por el país.

Artola se opone a que se instaure una segunda vuelta electoral

El ex legislador bocatoreño Francisco Artola dijo que está opuesto a la instauración de una segunda vuelta electoral en Panamá, pero abogó por la elección de los legisladores provinciales.

Añadió que las reformas que plantea el Tribunal Electoral (TE) son ‘‘necesarias y obligantes’’, pero en vez de instaurar una segunda vuelta se debe promover que los electores acudan masivamente a las urnas.

‘‘La segunda vuelta se presta para las componendas de último momento’’, comentó Artola, al coincidir de esta forma con los criterios expresados por el constitucionalista César Quintero y los directivos del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Hasta el momento los partidos que se han mostrado a favor de la segunda vuelta son Solidaridad, Democracia Cristiana y Cambio Democrático.

El presidente de la comisión de reformas electorales del TE, Erasmo Pinilla, precisó la semana pasada que el próximo 10 de febrero comenzarán a discutir con los diferentes partidos políticos las modificaciones al Código Electoral para tratar de llegar a un consenso.

Sobre la elección de los legisladores provinciales, destacó que aunque es más costoso para los partidos políticos, permitiría a los candidatos tener una proyección nacional.

Empresa pide a la Corte rechazar demanda promovida por Weeden

Moisés Israel, representante de la empresa KMRG, S.A., ex concesionaria del Estado, pidió a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que rechace de plano la demanda promovida por el contralor, Alvin Weeden, quien solicitó declarar nula la resolución que autorizó la indemnización de 2 millones 306 mil dólares en beneficio de la aludida compañía.

A través del abogado Carlos Carrillo Gomila, la empresa en mención pidió igualmente que se niegue la solicitud de suspensión del acto expedido por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), antigua Autoridad Portuaria Nacional.

Weeden interpuso un recurso de nulidad contra la resolución de la AMP que autoriza el pago en concepto de indemnización arriba expuesto, debido a que la empresa KMRG dejó de operar en 1994 y, pese a ello, la administración pasada de Ernesto Pérez Balladares le otorgó ese beneficio.

Conforme a las disposiciones legales y a los parámetros preestablecidos en la Resolución J.D No.004-99 del 9 de julio de 1999, dijo Carrillo, se determinó el monto de la indemnización que le correspondía, y mediante resolución del Consejo de Gabinete se autorizó el pago respectivo debido a la terminación anticipada por parte del Estado del contrato de concesión.

Núñez F. niega aspiración a dirigir el Ente Regulador

El asesor del Ministerio de Gobierno y Justicia, Fernando Núñez Fábrega, quien se menciona junto con Gonzalo Córdoba y Leonidas Aragón para reemplazar a José Guanti en el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), dijo que ‘‘está feliz’’ en el cargo que ocupa y que no aspira a ocupar esa posición.

‘‘Yo estoy feliz en el Ministerio de Gobierno y Justicia, pero iré a donde me mande la señora presidenta’’, señaló Núñez Fábrega.

El funcionario explicó que si el nuevo comisionado tiene que salir del sector eléctrico, el ingeniero Córdoba ha demostrado una gran capacidad en ese ámbito.

Núñez Fábrega manifestó que se considera capacitado para realizar una labor en el ERSP que tenga que ver con el sector de las telecomunicaciones.

Señaló que si se concreta la solicitud del Ministerio de Gobierno y Justicia para que la jurisdicción de la regulación de los medios de comunicación regrese a este ministerio, lo que se necesita para el ERSP es a un comisionado que atienda el aspecto eléctrico.

Moradores de La Playita demandan a ICA por 30 millones

Moradores de Boca La Caja, Coco del Mar, La Playita, San Sebastián, Campo Lindberg, Ciudad Radial, Villa Las Acacias y Pacora demandaron civilmente a la constructora Ingenieros Civiles Asociados (ICA) por 30 millones de dólares, ‘‘a causa de los daños y perjuicios provocados por el macroproyecto vial’’ del Corredor Sur.

Según los demandantes, el gobierno anterior ‘‘dejó al arbitrio de ICA el diseño de la obra, sin que los planos finales hayan sido entregados aún al Ministerio de Obras Públicas (MOP)’’.

A raíz de ello, agregaron, ‘‘otras instituciones, como la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), carecieron de los elementos finales técnicos respecto a las implicaciones ambientales del proyecto’’.

La demanda, presentada por la firma Morgan & Morgan, exige a ICA ‘‘resarcir e indemnizar, moral y materialmente a los demandantes, ya que el desarrollo de esta obra ha afectado negativamente la limpieza de las aguas negras crudas que se vierten en la zona costera de la bahía de Panamá, obstaculizando la libre circulación de aguas pluviales y servidas en el tramo de tierra firme’’.

Félix Wing, portavoz de los demandantes, explicó que la indemnización que se exige cubre los daños materiales, que incluyen las devaluaciones que han sufrido las propiedades de los afectados por los distintos impactos que ha provocado la construcción del Corredor Sur.

En cuanto a las reclamaciones por los supuestos daños morales, Wing sostuvo que ‘‘muchas personas tuvieron que aguantarse el ruido muy por encima de los niveles tolerables para el oído humano, inclusive de los niveles reglamentarios que establece el Decreto 345 de 1971 para el ruido entre 6:00 de la tarde y 7:00 de la mañana, que es de 30 decibeles’’.

Mediciones independientes, explicó, registraron durante la construcción del corredor hasta 100 decibeles.

Cinco consorcios están interesados en Howard

Cinco consorcios internacionales, con enlaces comerciales en Asia, Europa, Norte y Sur América, están interesados en desarrollar un moderno Centro Multimodal para la Industria, el Comercio y Servicios (CMICS) en la antigua base militar de Howard, reveló la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI).

Las empresas son ICF Kaiser International, con zonas procesadoras de exportación en Corozal; Latin American Finance S.A. (Panamá-Howard Consortium), Hilwood Development Corporation, asociada al empresario estadounidense Ross Perot Jr; Evergreen International Aviation Inc. y Sener, Ingeniería y Sistemas S.A. de FCC Dragados.

Más que un centro de trasbordo convencional, con un costo superior a los 300 millones de dólares, el CMICS está diseñado para apoyar las expectativas técnicas de los servicios de logística del siglo XXI y de las prácticas de gerencia de cadenas de proveedores que pudieran servir para atraer a fabricantes y ensambladores multinacionales.

La base de Howard cuenta con una pista aérea de 2 mil 591 metros de longitud y 45 metros de ancho, con luminarias en buen estado. Además, cuatro hangares para reparación de aviones, un helipuerto, una terminal de pasajeros y de tráfico aéreo, torre de control, estación de bomberos, laboratorio de turbinas, oficinas, planta de emergencia, talleres y depósitos.

También cuenta con 708 unidades de vivienda, dormitorios tipo barraca para 927 personas, una iglesia, una gasolinera, supermercado, cancha de bolos, gimnasio, teatro, piscina, centros recreativos y campos de deportes al aire libre.

Para los amantes de la ecología, el cambio de administración dejó una manada de ‘‘gatosolos’’ semidomésticos que estaba acostumbrada a recibir alimentos en los patios de las casas de los soldados y civiles.

La ARI convocará a una licitación internacional para adjudicar Howard. El esquema sería a través de una asociación estratégica con un consorcio internacional mediante un contrato por 20 años renovables. Así el Estado no arriesga las propiedades en caso de que la operación no sea rentable. La empresa concesionaria se compromete a darle mantenimiento a todas las instalaciones.

El centro se establecerá en un área de mil 250 hectáreas, ubicadas cerca del puerto de Balboa y el futuro puerto de Farfán. También cuenta con la ventaja de la carretera Interamericana y de un pista aérea en perfecto estado. A los consorcios les interesa participar en el desarrollo del CMICS porque constituye un punto estratégico de enlace rápido entre los mercados de Asia, Europa, Centroamérica y el Caribe, Norte y Sur América.

Según un estudio realizado por la firma Nathan & Associated-CIESA, el complejo de Howard se vislumbra como una red de producción global, con zonas manufactureras, transporte multimodal, telecomunicaciones avanzadas, manejo de materiales sofisticados y servicio de apoyo logístico de alta tecnología.

El propósito es acelerar desde el CMICS el traslado de materiales y productos, entre instalaciones industriales, aviones, naves, camiones, vagones de ferrocarril, puertos y aeropuertos. Los estudios recogen experiencias de Seatle-Tacoma en Estados Unidos, Vancouver en Canadá, Singapur, Dubai y Vladivostok (Rusia).

El estudio determinó que un fuerte activo de apoyo al CMICS es la Ciudad del Saber, que se desarrolla en la antigua base militar de Clayton.

En La Ciudad del Saber se instalarán centros de investigación y tecnología enfocados a sistemas de manufacturas y exportación. Esta semana se iniciaron los trabajos de la zona procesadora de exportación de Albrook, con una inversión de 10 millones de dólares y una generación de 6 mil empleos.

El CMICS dotará a Panamá de un sistema de transporte multimodal (reforzado por el nuevo ferrocarril que construye la Panamá Canal Railway) con la sistematización de los sitios de carga, los sistemas de comunicación compartidas, el acceso al apoyo comercial, educación y capacitación.

Además, la ARI reveló que las proyecciones para un proyecto de la magnitud del CMICS establecen que la carga aérea mundial se expandirá en promedio del 5.4% en los próximos 18 años, triplicando los ingresos por tonelada kilómetro. El servicio expreso aéreo internacional crecerá un 18% en los próximos años debido a que el mercado mundial demanda la rápida entrega de piezas, componentes y productos terminados.

Los potenciales usuarios del CMICS son compañías de carga y transporte aéreo, consolidadores de carga y compañías de logísticas a terceros, operadores de carga marítima y otras compañías de transporte aéreo, lo mismo que embaladores automotrices, electrónicos, alimenticios, farmacéuticos, cosméticos, textileros y equipos de computación.

En lo que respecta a carga marítima, independientemente del Canal, que mueve un 4% del tráfico mundial, el centro contará con una moderna infraestructura portuaria en el área canalera que convertirá a Panamá en un moderno centro mundial del trasbordo de contenedores.

Pese a la caída de las economías asiáticas, se espera que tanto los tránsitos como el tonelaje aumenten un 2% en los próximos años. La Japan International Cooperation Agency (JICA) reveló que hay un gran crecimiento en toneladas métricas de exportaciones e importaciones desde y hacia Panamá.

Este año, los modernos puertos de Manzanillo International Terminal de Stevedorig Service of America y Colon Container Terminal, operado por Evergreen de Taiwan, moverán un millón de contenedores, cifra que se duplicará en los próximos dos años con la incorporación del puerto de Hutchison Whampoa y el nuevo puerto de Farfán, en el Pacífico.

De acuerdo con el estudio de Nathan & Associated-CIESA, algunos productos que se embarcan a través del Canal, la Zona Libre de Colón y las zonas procesadoras de exportación del Atlántico y del Pacífico, tendrán potencial de transporte aéreo; pero Panamá puede desarrollar una intermodalidad mar-aire eficiente, lo que podría atraer carga adicional por medio de naves rápidas.

Howard es una de las principales áreas revertidas recibidas por Panamá. Es una zona que tiene todo a su favor. Pero todavía nadie ha dicho qué se hará con las zonas pobladas de los alrededores, en especial el complejo turístico popular de Veracruz, que durante los fines de semana sirve de área recreativa para los habitantes de la capital.

Esperan a mil 500 estudiantes en congreso de comunicación

La situación de las democracias latinoamericanas, los crímenes contra los periodistas, la revolución tecnológica en la comunicación y los valores éticos y morales, son algunos de los puntos que se tratarán en el ‘‘Congreso Comunicación Joven XI’’, que se realizará en Panamá en septiembre próximo con la participación de unos mil 500 estudiantes de comunicación social de América Latina y Europa.

Radamés Larrazábal, presidente de la Federación Latinoamericana de Estudiantes de Comunicación Social (FELECS), informó ayer en rueda de prensa celebrada en la USMA que el congreso se celebrará del 4 al 11 de septiembre en el domo de la Universidad de Panamá, en Curundú, con expositores panameños, cubanos, europeos y suramericanos.

Durante las sesiones se presentarán videos sobre la situación política de los países participantes, ponencias estudiantiles, problemática profesional, sindicalismo, la globalización y la comunicación, los retos del nuevo milenio, la modernización de los medios, adecuación tecnológica y la consolidación de las redes estudiantiles de información computarizada.

A la conferencia de prensa asistieron el rector de la USMA, Stanley Muschett; la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la USMA, María Eugenia de Alemán; la directora de Comunicación Social de la USMA, Edilma González; la presidenta de la Asociación Panameña de Estudiantes de Comunicación Social (APECS), Sinsore Urriola, y Nicole Cano, coordinadora general del XI Congreso Latinoamericano de Comunicación Social, que este año tiene como lema ‘‘Comunicación, un nuevo siglo, un nuevo reto’’.

El congreso cuenta con la organización y respaldo de la USMA, la Universidad de Panamá, los medios de comunicación social y la empresa privada.

Juzgan hoy a Endara por calumnia

El ex presidente Guillermo Endara, miembro del Partido Arnulfista (PA), será sentado hoy en el banquillo de los acusados para ser juzgado por el delito de calumnia e injuria en perjuicio del actual ministro de la Autoridad del Canal, Ricardo Martinelli.

La audiencia de fondo estará presidida por el juez quinto penal, Enrique Paniza, por el Ministerio Público actuará el fiscal primero de circuito, Manuel Sucari, y la defensa del ex mandatario estará a cargo de Miguel Batista.

Martinelli interpuso en 1996 la demanda por calumnia en injuria contra Endara, cuando fungía como director de la Caja del Seguro Social (CSS) dentro del gobierno del perredista Ernesto Pérez Balladares.

Como se recordará, la demanda por calumnia en injuria se dio luego de que Endara denunció a Martinelli como responsable directo de 16 muertes de pacientes con afecciones renales tratados en la sala de hemodiálisis de la CSS, en una carta publicada en distintos medios locales en abril de 1996.

También había asegurado el ex presidente, que Martinelli sabía que las soluciones dialíticas que se les aplicó a los pacientes de hemodiálisis estaban vencidas y a pesar de ello se utilizaron.

El 19 de agosto de 1997, en la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, se efectuó la audiencia preliminar de este caso, en la que Endara fue multado con 25 dólares por desobedecer una orden del juzgado que le prohibió leer un libro durante el proceso.

Martinelli, quien forma parte del gobierno que preside la arnulfista Mireya Moscoso, ha señalado que no retirará la denuncia en contra de Endara.

Por su parte, Endara ha dicho que está dispuesto a ser encarcelado, y que se reafirma en que hubo negligencia en el tratamiento que se le dio a varios pacientes de hemodiálisis que fallecieron en aquella época.

Vista aérea de la pista de la antigua base de Howard, una de las últimas instalaciones militares estadounidenses entregadas a Panamá. Actualmente hay cinco consorcios internacionales, con enlaces comerciales en Asia, Europa, Norte y Sur América, interesados en desarrollar un moderno Centro Multimodal para la Industria, el Comercio y Servicios.